Archivos para Porto Rey

//Artículo publicado en el semanario Avuelapluma (www.avuelapluma.es) de 22-03-2010)//
Próximo a entrar en vigor el nuevo PGM de Cáceres, me gustaría plantear una reflexión ciudadana sobre urbanismo. Primero, que el urbanismo no es coto vedado de técnicos y juristas, es, debe ser, ante todo, ciudadanía. En la realidad, todos conocemos cuáles son las dificultades que nos encontramos cada día en nuestro caminar (o conducir) por la ciudad. Segundo, y es donde quiero incidir, que nada en el urbanismo es inocente, ni la primera línea sobre el plano. Ni siquiera la que un ciudadano cualquiera pudiera trazar.
Sobre el plano de la ciudad existente, cualquier nueva línea supone una modificación que tendrá consecuencias en el futuro. Dependerá de quién trace la línea, por dónde la trace, que sectores divida… Y ahí entran en juego intenciones e ideología.
El PGM que al final entrará en vigor plantea un futuro con unas 32.000 viviendas nuevas, que habrá que desarrollar a lo largo de los próximos diez o quince años (o más, si la realidad de un cambio de modelo socioeconómico comienza a implantarse). Es un modelo de crecimiento realmente masivo, pero menor que el documento de partida, que llegaba a las 65.000 viviendas sin un horizonte preciso.
La línea que sobre el plano habían trazado los técnicos de la redacción del PGM, encabezados por Porto Rey, se basaba en un concepto ideológico ultraliberal, propiciado por un gobierno de ultraliberales en lo económico y lo social e integristas y reaccionarios en todo lo demás. La Ley del Suelo de 1998, del gobierno Aznar, uno de cuyos redactores fue Porto Rey partía del supuesto de que todo el suelo que no estuviera expresamente protegido podía ser urbanizable. Así, la línea sobre el plano que determinaba un crecimiento fuera de toda razón no era nada inocente: buscaba que el negocio del suelo se perpetuara para mayor gloria de propietarios, muchos de ellos herederos de tierras ociosas que así verían colmados sus sueños de rentabilizarlas sin haber dado un palo al agua en su vida. Bueno, un palo no, un voto sí, a la derecha.
Ninguna línea en el plano es inocente, pero cuando esa línea se traza con el interés, el único interés económico, despreciando la sostenibilidad y el equilibrio social futuros, deja de ser inocente para convertirse en culpable.
Vale.
De vez en cuando, Aznar El Predicador hace declaraciones o da conferencias como si desde un púlpito medieval se dirigiera a sus fieles: después de mí, ha venido el maligno.
La realidad, la tozuda realidad, es que la situación de crisis mundial tiene en España un hecho diferencial: la dependencia de nuestra economía durante los últimos años del sector inmobiliario (que no de la construcción), causada por la política especulativa diseñada y fomentada por los dos gobiernos de Aznar, entre 1996 y 2004.
Es así porque las modificaciones legislativas, primero por vía de real decreto y luego por ley, partían de un supuesto específicamente diseñado para especular, y que los especuladores, alentados por los bancos, aprovecharon hasta el límite. Para Aznar, sus normas sobre el suelo y las valoraciones de éste partían de un supuesto único: todo el suelo es urbanizable excepto el protegido. Esta filosofía, trasladada a normas legales, fue desarrollada entre otros por Porto Rey, que después fue nombrado Director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid por Esperanza Aguirre, hasta que fue cesado por su implicación en turbios manejos.
El mismo Porto Rey dirigió y orientó ideológicamente, por ejemplo, la Revisión del Plan General Municipal de Cáceres, en el que los primeros documentos planteaban un número de viviendas con capacidad para 325.000 habitantes en una ciudad que a día de hoy cuenta con menos de 95.000. Ese documento, tras sucesivas modificaciones y sometido al criterio de la Comunidad Autónoma ha visto recortadas esas previsiones prácticamente a la mitad (y siguen siendo previsiones muy altas).
Esta economía española amparada por el Predicador Aznar se trasladaba a noticias como aquellas que decían que tal o cual empresa (Martinsa, Fadesa…) habían obtenido créditos milmillonarios basados en que disponían de decenas de millones de metros cuadrados potencialmente urbanizables. Eso explica en gran medida la deuda inmobiliaria acumulada por los bancos, que éstos cifran en 325.000 millones de euros y que pretenden que sean asumidos por “alguien” (vamos, que están intentando endosárselos al Estado). Y eso explica que los bancos, con esa losa, hayan recortado drásticamente las disponibilidades crediticias para particulares en la adquisición de viviendas y para pequeñas empresas constructoras que solicitan hipotecarios para proyectos de suelo consolidado (no para expectativas) y que ven parada su actividad como consecuencia de la desmedida ambición derivada de una política con pies de barro.
Esta situación en la que las empresas tasadoras consideraban como ciertas las expectativas sobre suelos potencialmente urbanizables y que los bancos asumían alegremente, hasta llegar al momento actual, cambió porque el gobierno socialista, con la extremeña María Antonia Trujillo como ministra de vivienda, sacó adelante una nueva Ley de Suelo, en 2007, que de manera taxativa obligaba a que las valoraciones de suelos que no contaran con aprobación de planeamiento (es decir, el suelo vulgarmente conocido como rústico) se incluyeran en los balances de las empresas como tal suelo rústico. Esto hizo que los balances de las empresas con enormes bolsas de terrenos “potencialmente urbanizables” disminuyeran radicalmente y dejaran a los bancos colgados de unos créditos contra nada.
Este modelo, impulsado por el Predicador Aznar es en gran medida (si no en toda) el culpable de que nuestra situación económica sea diferente a la del resto de Europa.
Y todavía ese fulano tiene la desfachatez, propia de la impunidad con la que la extrema derecha sigue campando, de acusar a los demás. Y los bancos, acuciados por créditos sobre expectativas que nunca llegarán a recuperar, aculados en tablas y resoplando en busca del aliento del papá Estado, de ese papá del que el culpable de su situación siempre renegó en beneficio del mercado.
Vale.
Durante gran parte del mandato de José María Saponi al frente de la alcaldía de Cáceres (1995-2007), siempre con mayorías absolutas más que holgadas, la mayor parte de sus defensores a ultranza y de quienes, no siendo fieles seguidores se plegaban a sus decisiones, siempre se referían a su gran capacidad como gestor. Esa capacidad, cuando se trata de ciudades, se ve traducida, con el paso del tiempo, en aquellas realizaciones que repercuten en la calidad de vida de los vecinos y en la mejora de la ciudad como espacio de convivencia, esto es, en los equipamientos.
Más de una vez he planteado a muchos defensores de la gestión de Saponi que me señalen qué elementos de su gestión son los que han mejorado la calidad de vida de los cacereños y en qué elementos físicos, en qué equipamientos se ha traducido su gestión. La ciudad ha crecido, se han extendido los barrios, pero estos crecimientos no son sino realizaciones privadas, con la ejecución por las Juntas de Compensación de los distintos sectores de planeamiento. Equipamientos de titularidad pública, planificados, desarrollados y ejecutados por el propio Ayuntaminto, no existen. Quizá una sede de asociación de vecinos y poco más.
Tras 12 años de gobierno con mayoría absoluta, su recuerdo queda más por la enorme deuda en la que sumió al municipio y en la ausencia absoluta de equipamientos. Y alguna cuestión más que demuestra su incompetencia como gestor público. Veamos algún ejemplo.
El Ferial. La Revisión del Plan General Municipal, tramitada en su mayor parte con gobierno del PP, hasta que la Junta de Extremadura decidió que había elementos inasumibles y obligó a modificarlo a un gobierno municipal en minoría socialista, contenía alguna cuestión que habría de ser explicada.
El actual recinto Ferial de la ciudad tiene una superficie de unas 13 Has., y su entorno es el origen de la Revisión, ya que inicialmente se planteó una modificación puntual, redactada por Manuel Herrero (que luego resultaría director de la Revisión), incluyendo la aportación a las arcas municipales, como contrapartida, de 200 millones de pesetas para la construcción de un pabellón ferial. En los diversos documentos de la Revisión, hasta el aprobado el 4 mayo de 2007, 24 días antes de las elecciones municipales, los terrenos del municipio aparecían tramados en los planos de clasificación del suelo (Plano 3), mientras que en los planos de gestión aparecían sin trama, esto es, como suelo urbano. ¿Qué sucedía? Los terrenos se incorporaban al planeamiento urbano, pero a la hora de la gestión y desarrollo, volvían a ser suelo urbano, por lo que el ayuntamiento no podía obtener derechos urbanísticos (que llevan aparejadas obligaciones, obviamente). O lo que es lo mismo, los redactores del Plan, los libérrmos discípulos de Porto Rey, hurtaban al municipio de su participación con terrenos de propiedad pública, en una equivalencia no menor a suelo con capacidad para 500 viviendas.
Esta pérdida de derechos municipales es atribuible a la gestión de José María Saponi como alcalde de la ciudad, que no se preocupó, en modo alguno, de saber en qué condiciones quedaban en el planeamiento este y otros espacios de titularidad pública, no cómo se podían defender mejor los derechos municipales, es decir, los bienes públicos.
Afortunadamente, esta cuestión ha sido resuelta y así aparece en el documento redactado ya con un gobierno socialista, aunque minoritario, y todavía deberá solventar algún escollo, como la alegación presentada por los antaño generosos propietarios de terrenos circundantes y que ahora regatean todo lo regateable. Cuando plantearon la modificación del plan y ofrecían dinero para un pabellón ferial no eran tan generosos, contaban con la anuencia del gestor Saponi, y ahora, bien asesorados, tratan de torpedear que la ciudad pueda disponer de suelo para equipamientos necesarios, incluido el Pabellón Ferial, el Centro de Ocio, y, sobre todo, de la capacidad de generar recursos económicos para ello. Algo que con el gestor Saponi era inviable.
Vale.
El Partido Popular de Cáceres había aprobado un plan de urbanismo para 65.000 viviendas nuevas en una ciudad con menos de 95.000 habitantes. Un plan insostenible técnicamente (no hay capacidad de abastecimiento de agua para un volumen de viviendas como el propuesto) e incomprensible ya en el momento en que se produjo esa aprobación, mayo de 2007.
El actual equipo de gobierno (PSOE+IU), con el apoyo del concejal de Foro Ciudadano, sometió a aprobación un plan con un horizonte de 28.800 viviendas nuevas, muchas todavía. El Partido Popular se opuso frontalmente al recorte.
Ahora, PP y FC plantean incrementar, en la fase de alegaciones, la previsión en unas 5.000 viviendas, hasta llegar a las 34.000.
En realidad, el PP sigue empecinado en desconocer la realidad. En una situación de crisis económica mundial, que en España tiene el añadido de la crisis del sector de la construcción. Específicamente, el diferencial español en la crisis no es sino la crisis del sector residencial de la construcción, que ha llevado a los bancos a convertirse en grandes propietarios de viviendas.
Las decisiones políticas adoptadas por el primero gobierno de Aznar en 1996, llevaron a promulgar la Ley 6/1998, de régimen del suelo y valoraciones, que entre otros efectos poco criticados entonces y ahora, especialmente por los medios de comunicación de la derecha, está en que las empresas constructoras contabilizaban los terrenos en función de sus expectativas (especulación), y utilizaban esas contabilidades para que las tasadoras (sin crítica por el Banco de España, que ahora se pone estupendo dando recetas contra la crisis) avalaran con sus valoraciones la concesión de créditos por parte de la banca.
El PP, en lugar de callarse un poquito, en Cáceres continúa en la senda marcada por su gurú neoconsevador en lo económico y ultraderechista en lo político, José María Aznar. Así, el Plan de Urbanismo que planteaban de 65.000 viviendas estaba claramente inspirado en la Ley 6/98, máxime cuando el director del plan, Enrique Porto Rey fue uno de los redactores de dicha Ley. Hoy, Porto Rey está encausado por prácticas corruptas en materia de urbanismo.
Más le valdría al grupo municipal de la derecha explicar a los ciudadanos cómo aprobaron un plan para 65.000 en el que se robaban a la ciudad los derechos urbanísticos de las casi 16 hectáreas de suelo del actual ferial, para mayor gloria de los propietarios de los terrenos circundantes. Esa explicación sería necesaria. Y si no lo hacen, el puro y casto concejal de Foro Ciudadano debería exigirles una explicación antes de echarse en sus brazos y ayudarles a meter en el plan más terrenos de la Montaña, que servirán a sus propietarios para especular y para convertir en euros las herencias recibidas. Si Felipe Vela no exige al PP explicaciones sobre el asunto del Ferial (el PSOE ya lo ha hecho, rescatando para los intereses generales los derechos urbanísticos que le habían sido robados a los ciudadanos), se situará en la situación de cómplice de nuevas tropelías de las que tendrá que dar explicaciones.
Vale.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha encargado a la secretaria general, Dolores de Cospedal, que realice una investigación interna sobre el asunto del espionaje en la Comunidad de Madrid. Asuntos internos, como en las películas de policía. No sé qué dirán los estatutos del partido sobre cuestiones como esta, aunque lo más razonable sea que no digan nada, porque es una cosa inaudita, increíble.
Además de la investigación interna, ya hay un juzgado que ha abierto diligencias por apreciar que pudiera haber indicios de delito, por lo que los asuntos internos tienen ya trasunto en asunto judicial. Las informaciones de El País parecen fundadas y no es la primera vez que el mismo periodista, Francisco Mercado, saca los colores al gobierno de Esperanza Aguirre. Fue ese periodista el que destapó los manejos que acabaron con el cese del Director General de Urbanismo, Porto Rey, ideólogo de la ley del suelo del 98 que tan funestas consecuencias ha tenido en un sector desbocado, el del ladrillo, y que ahora agranda en España la crisis económica.
En cuanto a los asuntos internos, la basurilla que dice el yerno Fabra, un tal Güemes, o el ruidito a que se refiere Cristóbal Montoro, se están convirtiendo en una montaña de mierda que terminará engullendo algún que otro detritus político, y en un ruido cada vez más ensordecedor.
Que un partido que es gobierno en una Comunidad Autónoma como la de Madrid, y que a nivel nacional ha sido y aspira a ser gobierno, se vea sacudido por tramas de espionaje (inter-espionaje) para conseguir elementos que destruyan al compañero de carnet, es desolador. Y más aún cuando la dirección nacional encargue una investigación interna que se inicia llamando a declarar a dos supuestamente espiados. Lo es porque si esa dirección nacional es consciente de que hay visos más que evidentes de que el espionaje es un hecho, habrá de cuidarse mucho en resolverlo bien.
En este punto, no sería nada desdeñable que se pudiera abrir una vía de investigación periodística sobre cómo se produjo el tamayazo. O lo que es lo mismo, si el PP de Madrid está en luchas internas para conseguir el poder de Caja Madrid, y para ello recurren hasta espiarse unos a otros, no es de extrañar que para la compra de los traidores del tamayazo dispusieran de esos medios.
Vale.

Cuando parece que se quiere aprobar de una vez la Revisión del PGM de Cáceres, y cuando en sesiones de las comisiones de urbanismo ya se habían llegado a acuerdos, ahora, otra vez el único representante de IU en el Ayuntamiento y miembro del equipo de gobierno, vuelve a echar más madera al horno.
Claro, que a lo mejor esa madera se hace astillas, porque no se puede tensar tanto la cuerda cuando, un par de días antes se publica un artículo en El Periódico Extremadura sobre el asunto recurrente de la ubicación de El Corte Inglés, firmado por un intermediario inmobiliario y dizque promotor (curiosamente, el asunto criticado también cuenta con su intermediario inmobiliario y dizque promotor). Artículo suscribible, sin duda, por el propio Pavón y, probablemente conocido por él antes de su publicación.
Ahora, cuando está pendiente de celebrarse un Pleno Extraordinario solicitado por el Partido Popular sobre la ubicación de la Estación del AVE, que la derecha defiende en el lugar que propuso en la Revisión cuando la aprobó provisionalmente, Pavón salta al ruedo achicando aún más las previsiones de crecimiento de la ciudad.
¿Qué sucede? ¿Por qué Pavón echa más madera en un asunto en el que ya debería haber tomado nota de que forma parte de un equipo de gobierno en el que él es solamente la 1/12 parte? Santiago Pavón no tiene estructura de grupo municipal que le respalde, no tiene tiempo material para estudiar la Revisión del PGM por su cuenta, por lo que sin duda, sin ninguna duda, tiene asesores externos que le aconsejan echar más madera a las negociaciones políticas. Y de esos troncos de madera saltarán las astillas.
El urbanismo es una cosa muy seria para un Ayuntamiento, tanto, que de su buena definición y su mejor gestión depende el futuro, en mucho tiempo, no sólo de la ciudad, sino de la propia economía municipal (mientras no se cambie el modelo de financiación, esta es la realidad).
¿Por qué van unidas las cuestiones de la ubicación de la Estación del AVE y la Revisión del PGM? Está claro que la estación ferroviaria es un elemento esencial en la estructura urbana, en el mapa de las infraestructuras urbanas y tiene gran importancia, pero lo que se está debatiendo políticamente en torno a ella no es eso, aunque sea lo que aparece en la superficie, sino que para el PP se trata de mantener la doctrina ultraliberal de Porto Rey, de que cuanta mayor superficie de suelo urbanizable haya, mejor, y que para los que revolotean alrededor de Pavón se trata de forzar que la estación vaya al sitio donde el PP dice, y que al concejal de IU no le han explicado los motivos.
Vale.