Archivos para Plan de Urbanismo de Cáceres

Según parece, han sido presentadas diversas alegaciones que plantean la clasificación de determinados suelos conforme a las previsiones contenidas en los documentos de aprobaciones anteriores.
Lo que caracteriza a este tipo de alegaciones es que plantean “recuperar” las determinaciones contenidas en los documentos anteriores, ya que consideran que las aprobaciones iniciales y provisionales les otorgan categoría de derechos.
Estas alegaciones no tienen en cuenta que las definiciones del modelo y las normas generales en materia de suelo han sido claramente modificadas con la aprobación de la Ley 8/2007, que elimina aspectos de la legislación de 1998, que son los que inspiran el modelo político que se aprueba inicialmente en 2005 y que no tienen cabida en la norma básica en materia de suelo que será la que esté en vigor en el momento de la entrada en vigor del Plan.
Las expectativas que la aprobación inicial y las aprobaciones provisionales posteriores, hasta la actualmente en curso, no tienen valor ninguno de carácter administrativo y jurídico. Mucho menos, aún, de carácter vinculante para las administraciones que sucesivamente vayan tramitando el documento hasta la aprobación definitiva y entrada en vigor del nuevo planeamiento, de manera que las aprobaciones o los documentos tramitados que no hayan alcanzado la aprobación definitiva no producen derechos que hayan de ser reconocidos.
Respecto del modelo, el documento aprobado inicialmente en 2005 y mantenido en las aprobaciones provisionales de 2006 y 2007, tiene su base en la Ley 7/1998, del Suelo y Valoraciones, de corte liberal que incluso llegaba a considerar urbanizable todo el suelo salvo el sometido a cualquier régimen de protección. De ahí nacía el hecho de que el planeamiento previsto para Cáceres alcanzar un número de viviendas superior a las 65.000, totalmente fuera de la realidad económica y de las proyecciones científicas en materia demográfica.
Igualmente hay que tener en cuenta que la Ley del Suelo de 1998 y el documento de revisión del plan general de Cáceres en sus formulaciones de 2005, 2006 y 2007 tienen un mismo origen: el urbanista Porto Rey, que fue redactor de la Ley y director de las dos primeras aprobaciones de la Revisión del PGM de Cáceres.
Una de las características de la Ley 8/2007, de Suelo, es que elimina las expectativas.
Con independencia de las ventajas que pueda tener la técnica de la clasificación y categorización del suelo por el planeamiento, lo cierto es que es una técnica urbanística, por lo que no le corresponde a este legislador juzgar su oportunidad. Además, no es necesaria para fijar los criterios legales de valoración del suelo. Más aún, desde esta concreta perspectiva, que compete plenamente al legislador estatal, la clasificación ha contribuido históricamente a la inflación de los valores del suelo, incorporando expectativas de revalorización mucho antes de que se realizaran las operaciones necesarias para materializar las determinaciones urbanísticas de los poderes públicos y, por ende, ha fomentado también las prácticas especulativas, contra las que debemos luchar por imperativo constitucional.
Por tanto, la propia Ley 8/2007 establece desde su origen que las expectativas de revalorización carecen de virtualidad hasta que las “operaciones necesarias para materializar las determinaciones urbanísticas” no hayan concluido de ser realizadas por los poderes públicos.
En este sentido, cabe reseñar que el texto recogido con anterioridad, perteneciente al Proyecto de Ley presentado por el Gobierno a las Cortes en septiembre de 2006, se mantiene en su integridad en la Ley publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Esta consideración de las expectativas como carentes de virtualidad, no solamente aparecen en la exposición de motivos de la Ley, sino en su articulado. Así, en el artículo 23, Valoración en el suelo rural, el apartado 2 dice:
2. En ninguno de los casos previstos en el apartado anterior podrán considerarse expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación territorial o urbanística que no hayan sido aún plenamente realizados.
También, la propia Ley, a la hora de establecer los criterios de capitalización del suelo rural recoge una disposición adicional que no deja lugar a dudas en cuanto a la consideración nula de las expectativas en el orden urbanístico.
Disposición adicional séptima. Reglas para la capitalización de rentas en el suelo rural.
1. Para la capitalización de la renta anual real o potencial de la explotación a que se refiere el apartado 1del artículo 23, se utilizará como tipo de capitalización la última referencia publicada por el Banco de España del rendimiento de la deuda pública del Estado en mercados secundarios a tres años.
2. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado se podrá modificar el tipo de capitalización establecido en el apartado anterior y fijar valores mínimos según tipos de cultivos y aprovechamientos de la tierra, cuando la evolución observada en los precios del suelo o en los tipos de interés arriesgue alejar de forma significativa el resultado de las valoraciones respecto de los precios de mercado del suelo rural sin consideración de expectativas urbanísticas.
Todas estas referencias a las expectativas, recogidas tanto en el Proyecto de Ley como en la Ley que finalmente entró en vigor, fueron objeto del debate político en las Cortes Generales, por lo que queda meridianamente clara la voluntad del legislador de eliminar las expectativas en materia urbanística incluso en su variable económica, por lo que las alegaciones presentadas que apelan a las aprobaciones anteriores carecen de fundamento jurídico para ser tomadas en consideración.
Vale.
El Partido Popular de Cáceres había aprobado un plan de urbanismo para 65.000 viviendas nuevas en una ciudad con menos de 95.000 habitantes. Un plan insostenible técnicamente (no hay capacidad de abastecimiento de agua para un volumen de viviendas como el propuesto) e incomprensible ya en el momento en que se produjo esa aprobación, mayo de 2007.
El actual equipo de gobierno (PSOE+IU), con el apoyo del concejal de Foro Ciudadano, sometió a aprobación un plan con un horizonte de 28.800 viviendas nuevas, muchas todavía. El Partido Popular se opuso frontalmente al recorte.
Ahora, PP y FC plantean incrementar, en la fase de alegaciones, la previsión en unas 5.000 viviendas, hasta llegar a las 34.000.
En realidad, el PP sigue empecinado en desconocer la realidad. En una situación de crisis económica mundial, que en España tiene el añadido de la crisis del sector de la construcción. Específicamente, el diferencial español en la crisis no es sino la crisis del sector residencial de la construcción, que ha llevado a los bancos a convertirse en grandes propietarios de viviendas.
Las decisiones políticas adoptadas por el primero gobierno de Aznar en 1996, llevaron a promulgar la Ley 6/1998, de régimen del suelo y valoraciones, que entre otros efectos poco criticados entonces y ahora, especialmente por los medios de comunicación de la derecha, está en que las empresas constructoras contabilizaban los terrenos en función de sus expectativas (especulación), y utilizaban esas contabilidades para que las tasadoras (sin crítica por el Banco de España, que ahora se pone estupendo dando recetas contra la crisis) avalaran con sus valoraciones la concesión de créditos por parte de la banca.
El PP, en lugar de callarse un poquito, en Cáceres continúa en la senda marcada por su gurú neoconsevador en lo económico y ultraderechista en lo político, José María Aznar. Así, el Plan de Urbanismo que planteaban de 65.000 viviendas estaba claramente inspirado en la Ley 6/98, máxime cuando el director del plan, Enrique Porto Rey fue uno de los redactores de dicha Ley. Hoy, Porto Rey está encausado por prácticas corruptas en materia de urbanismo.
Más le valdría al grupo municipal de la derecha explicar a los ciudadanos cómo aprobaron un plan para 65.000 en el que se robaban a la ciudad los derechos urbanísticos de las casi 16 hectáreas de suelo del actual ferial, para mayor gloria de los propietarios de los terrenos circundantes. Esa explicación sería necesaria. Y si no lo hacen, el puro y casto concejal de Foro Ciudadano debería exigirles una explicación antes de echarse en sus brazos y ayudarles a meter en el plan más terrenos de la Montaña, que servirán a sus propietarios para especular y para convertir en euros las herencias recibidas. Si Felipe Vela no exige al PP explicaciones sobre el asunto del Ferial (el PSOE ya lo ha hecho, rescatando para los intereses generales los derechos urbanísticos que le habían sido robados a los ciudadanos), se situará en la situación de cómplice de nuevas tropelías de las que tendrá que dar explicaciones.
Vale.
El jueves, 16 de abril, el Pleno del Ayuntamiento de Cáceres aprobó el Plan General Municipal de Urbanismo, con los votos del PSOE, IU y Foro Ciudadano, y en contra del PP. En realidad, el Plan que se aprobó es una rectificación a tiempo del disparate urbanístico que en la anterior legislatura había pergeñado el PP a mayor gloria de propietarios de terrenos y de empresarios que tenían conformadas opciones de compra basadas en expectativas, y en unos momentos en los que el sector del ladrillo campaba a sus anchas.
El documento que se ha aprobado plantea una conformación urbana más racional, más razonable, como dijo el portavoz socialista al defender la propuesta, y también más sostenible y menos condicionada por determinados intereses de propietarios.
Sin embargo, cabe resaltar dos aspectos. Primero, que el PP sigue esclavo, cautivo, de los intereses relacionados con la operación urbanística que se pretende llevar a cabo en el solar que actualmente ocupa el Colegio de Las Carmelitas: un solar con 12.000 m2 de terreno, donde hay construidos poco más de 7.000 m2 y donde se proyectan un nuevo colegio de 6 plantas y 10.000 m2, un centro comercial de El Corte Inglés de 25.000 m2, 15.000 m2 para viviendas y 10.000 m2 más para oficinas. Estos datos explican por sí mismo la situación de dependencia que el PP tiene a la hora de definirse sobre el planeamiento urbanístico de la ciudad.
El segundo aspecto está en que todos los que durante mucho tiempo han estado zahiriendo sin ningún tipo de escrúpulo a la alcaldesa Carmen Heras, que han estado criticándola sin tasa, ahora se callan, porque el PP ha quemado sus cartuchos. Pero también son significativos los silencios, silencios de quienes, en la órbita sociopolítica de la alcaldesa, dudaban de su capacidad para sacar adelante el Plan. Esos guardan silencio vergonzosamente, silencio que demuestra que, en realidad, no dudaban de la capacidad de Carmen Heras, sino que ansiaban que no fuera capaz de salir adelante en un asunto de tanta trascendencia futura.
El discurso de la derecha sobre el planeamiento futuro de la ciudad ha quedado agotado, finiquitado, como consecuencia de su obsesión en una sola dirección y con el único apoyo de sectores claramente interesados (en el peor sentido del término), pero también ha sido derrotado con estrépito por el trabajo y la constancia de Carmen Heras. A partir de ahora, la gestión del proceso de información pública y de estudio y dictamen de alegaciones, será menos controvertida: algún derrote de la derecha política y los esperables estereotipos de una parte de los empresarios (de esta situación, generada por el propio Partido Popular, saldrá una crisis muy grave en la patronal de la construcción).
En política, en la gestión de la res pública, la constancia, la capacidad del mantenimiento de criterios propios y bien asentados, el diálogo, son mejores avales que ser solamente carteros de lobbys, de grupos de presión obsesionados en la cuenta de beneficios antes de impuestos.
Vale.