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Decía en mi entrada en este blog de 29 de junio que para saber, definitivamente, el futuro del Centro de Formación de Tropa número 1, Cefot de Cáceres, habría que estar atentos al calendario de decisiones de política económica que faltan. Una de esas decisiones era el techo de gasto que el Gobierno propondrá al Congreso de los Diputados. Algo que debió hacerse antes del 30 de junio, pero que la intervención de nuestra economía por la Unión Europea ha retrasado casi un mes… el tiempo que se ha tardado en dar instrucciones al que dicen gobierno de España.
El viernes, 20 de julio, el gobierno dio a conocer el techo de gasto para 2013, que será mayor que el de 2012 (por el incremento del coste de la deuda), pero que en realidad supone una disminución superior al 6% en el gasto general del conjunto y que para los Ministerios supondrá un recorte real medio de otro 12,2%.
La decisión de “cierre temporal” de la Academia de Suboficiales de Talarn y del Cefot de Cáceres, entre otras cuestiones, fue explicada en su momento por los recortes presupuestarios. Recortes que se han plasmado en la Ley de Recortes, digo de Presupuestos Generales del Estado para 2012, aprobada en junio pasado y que incluían la disminución de 83.000 a 81.000 los efectivos de tropa y marinería. Con esta ley y con el RDL de recortes salvajes de julio, se ha esfumado cualquier posibilidad de que en lo que resta de año se lleve a cabo ninguna convocatoria de plazas de soldados, “materia prima” necesaria para el funcionamiento del Cefot de Cáceres. Incluso, la situación de cierre temporal puede ser la causa por la que el examen de ascenso a cabo, convocado para diciembre, no se celebre en las instalaciones del Campamento de Santa Ana.
Corresponde, debería corresponder, a los dirigentes políticos (el personal militar tiene limitada su capacidad de “reivindicación”) locales, provinciales y regionales del partido que sustenta al gobierno de la nación, hacer las gestiones necesarias para que los recortes que se desprenden del techo de gasto aprobado no terminen finiquitando (como sin duda parece ser la solución final) la continuación del Cefot.
Además, al techo de gasto tan recortado que la Unión Europea a ha obligado al Gobierno de Rajoy a adoptar, hay que añadir las previsiones del documentos “Visión 2025”, elaborado por el JEMAD (Jefe del Estado Mayor de la Defensa) a petición expresa del Ministro. El documento, filtrado (¿interesadamente, para ir allanando el camino?) a El País, y publicado coincidiendo con la comparecencia del Ministro Morenés en el Congreso para informar de la nueva directiva de Defensa, ha sido elaborado por el JEMAD con las informaciones facilitadas, a su vez, por los JEMES de los Ejércitos de Tierra y Aire y por el Almirante General de la Armada.
Las previsiones del documento “Visión 2025” cifran en 20.000 los efectivos (15.000 militares y 5.000 civiles) que deberá suprimir el Ministerio. Según los publicado por el periodista Miguel González, en El Pais, la mayor sangría de personal se llevará a cabo en el Ejército de Tierra, unos 10.000 efectivos. Desde el punto de vista económico (que es de lo que se trata) la mayor disminución, para que sea efectiva, deberá darse en la tropa, entre otras razones porque los mandos son funcionarios y sus retribuciones han de mantenerse, en activo o en la reserva. La alarma causada por la publicación del informe “Visión 2025” ha sido evidente en el ámbito del Ejército de Tierra. Si, como se dice en dicho informe, se disolverán dos brigadas (para entendernos, en Extremadura está la Brigada Mecanizada XI), el número de soldados va a disminuir, y las necesidades de formación de nuevas incorporaciones lastran, de modo definitivo, el futuro del Cefot.
En este panorama, el clamoroso silencio del presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, o del presunto número 3 de la dirección del Partido Popular, Carlos Floriano, son la muestra, la prueba del 9, de que ni quieren defender la continuidad del acuartelamiento de Cáceres, ni pueden. Que no quieran es una decisión personal, pero que no puedan es el sello que fija su incompetencia y su falta de compromiso con la ciudad de Cáceres. Nada puede esperarse de estas dos personas, que carecen de mérito y capacidad para conseguir que el Cefot de Cáceres continúe.
En un segundo escalón de responsabilidades políticas están dos alcasenadores, Elena Nevado, de Cáceres, y Alberto Casero, de Trujillo. La primera, cuando fue informada del cierre por la Subsecretaria de Defensa en 5 de marzo de 2012, calló la información, y solamente cuando tres semanas después fue publicada por El Periódico Extremadura, se sorprendió y reaccionó impulsando lo que en su día fue la plataforma pro-Cimov. Pero lo hizo en defensa propia, como barricada. La pancarta que aún cuelga del balcón de su despacho en el Ayuntamiento es la prueba irrefutable de su incapacidad para haber resuelto favorablemente la continuidad del Cefot. Su condición de senadora debería haberla utilizada para presentar iniciativas parlamentarias que garantizaran el futuro del Cefot. Pero las 225 familias que tienen en el Campamento de Santa Ana su puesto de trabajo les da igual, exactamente igual.
El segundo, el alcalde de Trujillo, también es senador y todavía se está a la espera de que se atreva a presentar alguna iniciativa en favor de la unidad militar, alguna iniciativa para evitar que en cualquier momento se le tenga que poner la cara como un tomate de “colorá” afeándole su silencio. En cualquier momento, por ejemplo, cuando quiera presumir de tener a los militares del Cefot en la Plaza Mayor de Trujillo desfilando para él, para su ego.
Vale.

Esta mañana, en el Cuartel General del Ejército, la ministra de Defensa, Carme Chacón ha impuesto la Gran Cruz al Mérito Militar a dos civiles y a un militar. El militar, el Teniente General Gómez Arruche, fue director general de la Guardia Civil, y los dos civiles, Juan José Lucas, expresidente de Castilla y León y del Senado, y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de Extremadura. También ha impuesto la Gran Cruz al Mérito Naval a Gregorio Peces Barba, expresidente del Congreso de los Diputados.
Estas condecoraciones, que en el ámbito de las Fuerzas Armadas suponen el reconocimiento de méritos muy importantes en las personas que las reciben, tienen una especial relevancia cuando esos méritos no lo son por relevantes servicios prestados a las FAS (que también), sino por la contribución que cada uno de ellos, en los ámbitos de su actividad política y ciudadana han realizado en favor de conceptos más amplios como son la Defensa y la Seguridad en su conjunto.
No se trata de unas condecoraciones que pretendan reconocer lo bien que se han portado con el Ejército o con la Armada, sino que reconocen el trabajo político en la consecución de fines de carácter general, bien sea presidiendo el Congreso de los Diputados o el Senado, sedes donde se plasma la soberanía popular, bien presidiendo Comunidades Autónomas para un mejor desarrollo del conjunto del país.
Es indudable que estas condecoraciones pueden chirriar en algunos ámbitos, y que es probable (me atrevo a vaticinarlo, desde ya, que ocurrirá en Extremadura) que desde esferas políticas no se entiendan “los méritos” contraídos por Rodríguez Ibarra para merecerla. El mismo expresidente de la Junta de Extremadura se ha aventurado a interpretar cuáles pueden haber sido esos méritos, en su afán, claro y transparente, de advertir y confrontar sobre nacionalismos que no aportan nada al conjunto del Estado, al conjunto de España.
Desde mi perspectiva, conociendo un poco, sólo un poco, el funcionamiento de la Administración Militar, es muy significativo de cuál es hoy el papel que juegan las FAS y el papel que no juegan, la mayoría de las veces, los partidos políticos respecto a ellas, que unas condecoraciones a personajes políticos significativos, impuestas por el máximo cargo político directo de la Defensa, un hecho simple: el lugar elegido para el acto no ha sido el Ministerio, sino el Cuartel General del Ejército.
Trabajar activa y políticamente en la defensa de unos principios ideológicos, aplicarlos en la ejecución de programas de gobierno, contando con el respaldo de los ciudadanos, es una gran manera de contribuir a forjar conceptos básicos en materia de Defensa y Seguridad, conceptos y acciones que fortalecen, que suman, y es lo que, de las palabras de la ministra Chacón, se desprende que han hecho los merecedores de las distinciones.
En el caso personal de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, además, he tenido la suerte y el honor de ayudar, un poquito siquiera, en que la presencia del Ejército de Tierra en la ciudad de Cáceres haya llegado hasta hoy, tras haber gestionado él y sentado las bases para ello, en unos momentos que fueron muy delicados. Enhorabuena, presidente.
Vale.
El pasado 29 de diciembre, el Ministerio de Defensa emitió una nota de prensa tras la reunión de Carme Chacón con la cúpula militar en la que se puede leer: “entre los temas tratados se encuentra la evolución de las plantillas a lo largo del año que termina, en el que se ha alcanzado la cifra de 86.000 efectivos profesionales de tropa y marinería.”
Algún medio de comunicación, p. ej. El País, se refería en este tema a que los dos factores fundamentales de haber alcanzado la cifra de 86.000 efectivos se debía a la situación económica y a la mejora en los sueldos. Este volumen de efectivos se planteó en 2006 que podría alcanzarse en 9 años.
La consecuencia inmediata será que la oferta de empleo público en lo que respecta a tropa y marinería, para 2010, será que disminuirá considerablemente respecto a 2009, y se circunscribirá a la reposición de bajas, bien por aquellos que no desean renovar el compromiso o aquellos que los Ejércitos no considere que deben ser renovados. Para la incidencia sobre el empleo en general, no creo que se fije una tasa de reposición superior al 15%, alrededor de 13.000, a distribuir entre Ejército, Armada y Aire, y en 11 ciclos de incorporación. Linealmente, se convocarían 1.200 plazas por ciclo.
Para los intereses de Cáceres, donde la existencia de un centro de formación, el CIMOV nº 1, es una fuente económica de primer orden, la disminución de los efectivos a formar para su incorporación tendría efectos negativos inmediatos, ya que cada una de las Academias Militares tiene su propio centro de formación y parecen suficientes para asumir las necesidades que se derivarán de haber alcanzado el techo de 86.000, número marcado en los presupuestos generales del Estado.
Tendría, no tendrá, ya que si bien no han podido aún cumplirse las previsiones recogidas en el R.D 416/2006, las gestiones realizadas a lo largo de 2008 por la alcaldesa Carmen Heras dieron lugar a la firma de un Protocolo General de intenciones, con participación del Ministerio, la Junta de Extremadura y el propio Ayuntamiento, a finales de 2008, y cuya vigencia de un año para firmar un Convenio que amplíe los terrenos del actual Campamento de Santa Ana ha sido prorrogada. Ese protocolo garantiza la continuidad del uso militar de Santa Ana, que, ampliado, deberá ser el Ejército de Tierra el que determine qué unidad militar será la que se instale. Y mientras tanto, el CIMOV nº 1 continuará ejerciendo sus funciones, aunque sean disminuidas.
Vale.