Archivos para Miguel González

Ayer, 17 de marzo, el diario El País hacía público un vídeo en el que un grupo de militares, al parecer pertenecientes a la Agrupación “Plus Ultra”, patea a unos irakíes detenidos en la base de Diwaniya. El vídeo es la muestra de un comportamiento execrable, cuyos responsables por acción (los ejecutores de la agresión), por omisión (los que no pusieron los medios para evitar que se produjera la agresión) y por complicidad (los que, si conocieron los hechos, no adoptaron las decisiones de mando que correspondía tomar).
También ayer, cuando el asunto comenzó a tomar cuerpo en la red, especialmente en twitter y facebook, se pudieron apreciar dos cuestiones que conviene diferenciar para colocar el asunto en sus justos términos. En primer lugar, la información pura y dura, y, en segundo lugar, la cascada de estereotipos y lugares comunes.
En el primer caso, la exclusiva de Miguel González, periodista de El País especializado en cuestiones de Defensa y Seguridad, no es, propiamente, una exclusiva ex nuovo, sino la continuación de múltiples noticias publicadas en dicho medio desde la muerte de 7 agentes españoles del CNI en un atentado en Irak, la guerra de Irak en la que el irresponsable Presidente del Gobierno, José María Aznar, y sus ministros y diputados aplaudidores, metieron a nuestro país. De aquel ataque que sufrieron los 7 agentes del CNI resultó la detención del iraquí Al Mayali, que trabajaba de traductor de español. Al Mayali fue detenido por las tropas española, y entregado posteriormente a la autoridad militar norteamericana.
Una de las primeras crónicas sobre Al Mayali que llegó a España fue la remitida por el periodista Gervasio Sánchez y publicada en El País en 2004. Desde entonces, fueron bastantes las informaciones publicadas por dicho medio, entre ellas, las peticiones de Al Mayali de que fuera investigada su detención y también las torturas que le fueron infligidas.
Ayer, con la publicación del vídeo, el periodista Miguel González destacaba en su cuenta de twitter que era la primera vez que existían pruebas de lo que reclamaba Al Mayali, y que lo había hecho incluso por la vía de Amnistía Internacional. Con independencia del modo en que González haya tenido acceso al vídeo, se trata de un testimonio informativo de primer orden. A esta exclusiva respondió, también por twitter, el periodista Gervasio Sánchez, que acusó a El País y a Miguel González de cierta hipocresía, al haber publicado la información 9 años después de que ocurriera. La red se convirtió en un rifirrafe entre ambos periodistas, sumando adeptos en mayor número Gervasio Sánchez, extraordinario profesional, que trabaja de freelance, frenta Miguel González, también reconocido profesional, pero en la plantilla de El País (mejor dicho, todavía en la plantilla del periódico de PRISA).
De esta polémica resultamos ganadores los que buscamos información. Y la encontramos en las múltiples crónicas sobre el asunto publicadas en El País, y los datos “contra crónica” que mueve Gervasio Sánchez.
En el segundo caso, la cascada de estereotipos y lugares comunes sobre torturas, maltratos, fuerzas armadas y soldados en un país como el nuestro en el que la memoria colectiva de un ejército intervencionista no ha desaparecido (como tampoco ha desaparecido el franquismo sociológico que permite que esté gobernando un partido fascista con mayoría absoluta). Sobre estos estereotipos o lugares comunes nada que objetar. La realidad, sin embargo, es otra.
Los hechos denunciados por El País requieren, ya lo hemos dicho, investigación y castigo con agilidad y transparencia. Porque de una adecuada gestión de estos hechos conocidos ahora dependerá que muchos estereotipos puedan caer. Quien más interesado debe estar es el Ejército de Tierra. La Agrupación “Plus Ultra” estaba compuesta en su mayoría por efectivos de la Brigada Mecanizada XI, de la Base General Menacho, en Badajoz. El jefe de la Agrupación era el General de Brigada Fulgencio Coll, al mando de la BRIMZ XI y que tuvo a su cargo, posteriormente, la creación de la UME y ascendió al cargo de Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME).
La investigación debe ser transparente, ágil y alcanzar a todos los comportamientos, no solamente este caso, si los hubiera, porque será el camino para que quienes tienen marcados elementos en absoluto veraces ni reales, puedan tener la tranquilidad de que los hechos se castigan, y que se ponen los medios para evitar que se repitan.
La realidad, para quienes tenemos algún conocimiento del trabajo que hacen las fuerzas armadas españolas en las misiones internacionales es de un comportamiento general justo, eficaz y que tiene el horizonte del respeto a los derechos humanos marcado en todas sus instrucciones.
Esperar a una investigación “siguiendo los caminos del conducto reglamentario” será el pasaporte definitivo a consolidar estereotipos y tópicos que tanto perjudican el trabajo de los soldados. Hacer que la investigación sea rápida, eficaz, transparente y real será una vacuna doble: contra nuevos accesos de maltratadores y para poner sordina a tanto daño nacido, en muchas ocasiones, de la falta de información.
Vale.

Decía en mi entrada en este blog de 29 de junio que para saber, definitivamente, el futuro del Centro de Formación de Tropa número 1, Cefot de Cáceres, habría que estar atentos al calendario de decisiones de política económica que faltan. Una de esas decisiones era el techo de gasto que el Gobierno propondrá al Congreso de los Diputados. Algo que debió hacerse antes del 30 de junio, pero que la intervención de nuestra economía por la Unión Europea ha retrasado casi un mes… el tiempo que se ha tardado en dar instrucciones al que dicen gobierno de España.
El viernes, 20 de julio, el gobierno dio a conocer el techo de gasto para 2013, que será mayor que el de 2012 (por el incremento del coste de la deuda), pero que en realidad supone una disminución superior al 6% en el gasto general del conjunto y que para los Ministerios supondrá un recorte real medio de otro 12,2%.
La decisión de “cierre temporal” de la Academia de Suboficiales de Talarn y del Cefot de Cáceres, entre otras cuestiones, fue explicada en su momento por los recortes presupuestarios. Recortes que se han plasmado en la Ley de Recortes, digo de Presupuestos Generales del Estado para 2012, aprobada en junio pasado y que incluían la disminución de 83.000 a 81.000 los efectivos de tropa y marinería. Con esta ley y con el RDL de recortes salvajes de julio, se ha esfumado cualquier posibilidad de que en lo que resta de año se lleve a cabo ninguna convocatoria de plazas de soldados, “materia prima” necesaria para el funcionamiento del Cefot de Cáceres. Incluso, la situación de cierre temporal puede ser la causa por la que el examen de ascenso a cabo, convocado para diciembre, no se celebre en las instalaciones del Campamento de Santa Ana.
Corresponde, debería corresponder, a los dirigentes políticos (el personal militar tiene limitada su capacidad de “reivindicación”) locales, provinciales y regionales del partido que sustenta al gobierno de la nación, hacer las gestiones necesarias para que los recortes que se desprenden del techo de gasto aprobado no terminen finiquitando (como sin duda parece ser la solución final) la continuación del Cefot.
Además, al techo de gasto tan recortado que la Unión Europea a ha obligado al Gobierno de Rajoy a adoptar, hay que añadir las previsiones del documentos “Visión 2025”, elaborado por el JEMAD (Jefe del Estado Mayor de la Defensa) a petición expresa del Ministro. El documento, filtrado (¿interesadamente, para ir allanando el camino?) a El País, y publicado coincidiendo con la comparecencia del Ministro Morenés en el Congreso para informar de la nueva directiva de Defensa, ha sido elaborado por el JEMAD con las informaciones facilitadas, a su vez, por los JEMES de los Ejércitos de Tierra y Aire y por el Almirante General de la Armada.
Las previsiones del documento “Visión 2025” cifran en 20.000 los efectivos (15.000 militares y 5.000 civiles) que deberá suprimir el Ministerio. Según los publicado por el periodista Miguel González, en El Pais, la mayor sangría de personal se llevará a cabo en el Ejército de Tierra, unos 10.000 efectivos. Desde el punto de vista económico (que es de lo que se trata) la mayor disminución, para que sea efectiva, deberá darse en la tropa, entre otras razones porque los mandos son funcionarios y sus retribuciones han de mantenerse, en activo o en la reserva. La alarma causada por la publicación del informe “Visión 2025” ha sido evidente en el ámbito del Ejército de Tierra. Si, como se dice en dicho informe, se disolverán dos brigadas (para entendernos, en Extremadura está la Brigada Mecanizada XI), el número de soldados va a disminuir, y las necesidades de formación de nuevas incorporaciones lastran, de modo definitivo, el futuro del Cefot.
En este panorama, el clamoroso silencio del presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, o del presunto número 3 de la dirección del Partido Popular, Carlos Floriano, son la muestra, la prueba del 9, de que ni quieren defender la continuidad del acuartelamiento de Cáceres, ni pueden. Que no quieran es una decisión personal, pero que no puedan es el sello que fija su incompetencia y su falta de compromiso con la ciudad de Cáceres. Nada puede esperarse de estas dos personas, que carecen de mérito y capacidad para conseguir que el Cefot de Cáceres continúe.
En un segundo escalón de responsabilidades políticas están dos alcasenadores, Elena Nevado, de Cáceres, y Alberto Casero, de Trujillo. La primera, cuando fue informada del cierre por la Subsecretaria de Defensa en 5 de marzo de 2012, calló la información, y solamente cuando tres semanas después fue publicada por El Periódico Extremadura, se sorprendió y reaccionó impulsando lo que en su día fue la plataforma pro-Cimov. Pero lo hizo en defensa propia, como barricada. La pancarta que aún cuelga del balcón de su despacho en el Ayuntamiento es la prueba irrefutable de su incapacidad para haber resuelto favorablemente la continuidad del Cefot. Su condición de senadora debería haberla utilizada para presentar iniciativas parlamentarias que garantizaran el futuro del Cefot. Pero las 225 familias que tienen en el Campamento de Santa Ana su puesto de trabajo les da igual, exactamente igual.
El segundo, el alcalde de Trujillo, también es senador y todavía se está a la espera de que se atreva a presentar alguna iniciativa en favor de la unidad militar, alguna iniciativa para evitar que en cualquier momento se le tenga que poner la cara como un tomate de “colorá” afeándole su silencio. En cualquier momento, por ejemplo, cuando quiera presumir de tener a los militares del Cefot en la Plaza Mayor de Trujillo desfilando para él, para su ego.
Vale.