Archivos para Jose Maria Aznar

Ayer, 17 de marzo, el diario El País hacía público un vídeo en el que un grupo de militares, al parecer pertenecientes a la Agrupación “Plus Ultra”, patea a unos irakíes detenidos en la base de Diwaniya. El vídeo es la muestra de un comportamiento execrable, cuyos responsables por acción (los ejecutores de la agresión), por omisión (los que no pusieron los medios para evitar que se produjera la agresión) y por complicidad (los que, si conocieron los hechos, no adoptaron las decisiones de mando que correspondía tomar).
También ayer, cuando el asunto comenzó a tomar cuerpo en la red, especialmente en twitter y facebook, se pudieron apreciar dos cuestiones que conviene diferenciar para colocar el asunto en sus justos términos. En primer lugar, la información pura y dura, y, en segundo lugar, la cascada de estereotipos y lugares comunes.
En el primer caso, la exclusiva de Miguel González, periodista de El País especializado en cuestiones de Defensa y Seguridad, no es, propiamente, una exclusiva ex nuovo, sino la continuación de múltiples noticias publicadas en dicho medio desde la muerte de 7 agentes españoles del CNI en un atentado en Irak, la guerra de Irak en la que el irresponsable Presidente del Gobierno, José María Aznar, y sus ministros y diputados aplaudidores, metieron a nuestro país. De aquel ataque que sufrieron los 7 agentes del CNI resultó la detención del iraquí Al Mayali, que trabajaba de traductor de español. Al Mayali fue detenido por las tropas española, y entregado posteriormente a la autoridad militar norteamericana.
Una de las primeras crónicas sobre Al Mayali que llegó a España fue la remitida por el periodista Gervasio Sánchez y publicada en El País en 2004. Desde entonces, fueron bastantes las informaciones publicadas por dicho medio, entre ellas, las peticiones de Al Mayali de que fuera investigada su detención y también las torturas que le fueron infligidas.
Ayer, con la publicación del vídeo, el periodista Miguel González destacaba en su cuenta de twitter que era la primera vez que existían pruebas de lo que reclamaba Al Mayali, y que lo había hecho incluso por la vía de Amnistía Internacional. Con independencia del modo en que González haya tenido acceso al vídeo, se trata de un testimonio informativo de primer orden. A esta exclusiva respondió, también por twitter, el periodista Gervasio Sánchez, que acusó a El País y a Miguel González de cierta hipocresía, al haber publicado la información 9 años después de que ocurriera. La red se convirtió en un rifirrafe entre ambos periodistas, sumando adeptos en mayor número Gervasio Sánchez, extraordinario profesional, que trabaja de freelance, frenta Miguel González, también reconocido profesional, pero en la plantilla de El País (mejor dicho, todavía en la plantilla del periódico de PRISA).
De esta polémica resultamos ganadores los que buscamos información. Y la encontramos en las múltiples crónicas sobre el asunto publicadas en El País, y los datos “contra crónica” que mueve Gervasio Sánchez.
En el segundo caso, la cascada de estereotipos y lugares comunes sobre torturas, maltratos, fuerzas armadas y soldados en un país como el nuestro en el que la memoria colectiva de un ejército intervencionista no ha desaparecido (como tampoco ha desaparecido el franquismo sociológico que permite que esté gobernando un partido fascista con mayoría absoluta). Sobre estos estereotipos o lugares comunes nada que objetar. La realidad, sin embargo, es otra.
Los hechos denunciados por El País requieren, ya lo hemos dicho, investigación y castigo con agilidad y transparencia. Porque de una adecuada gestión de estos hechos conocidos ahora dependerá que muchos estereotipos puedan caer. Quien más interesado debe estar es el Ejército de Tierra. La Agrupación “Plus Ultra” estaba compuesta en su mayoría por efectivos de la Brigada Mecanizada XI, de la Base General Menacho, en Badajoz. El jefe de la Agrupación era el General de Brigada Fulgencio Coll, al mando de la BRIMZ XI y que tuvo a su cargo, posteriormente, la creación de la UME y ascendió al cargo de Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME).
La investigación debe ser transparente, ágil y alcanzar a todos los comportamientos, no solamente este caso, si los hubiera, porque será el camino para que quienes tienen marcados elementos en absoluto veraces ni reales, puedan tener la tranquilidad de que los hechos se castigan, y que se ponen los medios para evitar que se repitan.
La realidad, para quienes tenemos algún conocimiento del trabajo que hacen las fuerzas armadas españolas en las misiones internacionales es de un comportamiento general justo, eficaz y que tiene el horizonte del respeto a los derechos humanos marcado en todas sus instrucciones.
Esperar a una investigación “siguiendo los caminos del conducto reglamentario” será el pasaporte definitivo a consolidar estereotipos y tópicos que tanto perjudican el trabajo de los soldados. Hacer que la investigación sea rápida, eficaz, transparente y real será una vacuna doble: contra nuevos accesos de maltratadores y para poner sordina a tanto daño nacido, en muchas ocasiones, de la falta de información.
Vale.
Este pasado fin de semana del 6 de junio de 2010, el ex presidente del Gobierno José María Aznar, con atuendo descamisado, lanzó una serie de invectivas, preparadas con suficiente antelación, estudiadas ante el espejo y que, por ello, revelan una actitud que merece la pena ser analizada.
Hasta ahora, no he escuchado más que críticas muy generales con la actitud de Aznar, claramente imbricada en un complejo de inferioridad ideológica que le produce un comportamiento propio de resentidos.
De todos los “argumentos” esgrimidos por el sujeto en cuestión, me llama poderosamente la atención que dijera, mirando de perfil, con ese gesto mal encarado, que le está pudriendo poco a poco, que España es un “Estado políticamente inviable”.
En la analítica política, esa frase, pensada, repensada, no merece otro calificativo que el de golpista, de golpismo fascista. No entiendo cómo los analistas políticos que cuestionan las opiniones de Aznar se hayan centrado en “el conjunto” y no hayan visto el árbol, ese árbol que demuestra que ese fulano que gobernó ocho años España no tiene convicciones democráticas, que no cree en la Constitución sobre la que juró su cargo de presidente del Gobierno.
Podrán hacerse críticas a la política económica del actual Gobierno, todas, podrán echarse pestes del presidente Zapatero, todas, pero lo que no es de recibo es que quien ha gobernado con la Constitución de 1978 afirme, sin rubor y sin que nadie le llame la atención, que España es un “Estado políticamente inviable”.
La catadura política de Aznar, llamando abiertamente al golpismo fascista, quedó demostrada con sus palabras.
Solamente un detalle: ¿comparte Mariano Rajoy, alias Mariano Camps, la posición de Aznar de que España es un “Estado políticamente inviable”?
Vale.
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, en una rueda de prensa celebrada el pasado 24 de abril, se refirió a la existencia de un stock de 700.000 viviendas, a finales de 2009, cuando a finales de 2008 el stock alcanzaba las 613.000. Se trata de viviendas nuevas, sin vender.
Si consideramos el referente de que por cada vivienda en construcción el número de puestos de trabajo necesarios para ello es de 4, tenemos un stock de parados de 2.800.000. Este dato, que no es neto por la influencia del Plan E, sí es suficiente para explicar cuál es la causa básica de que en España el paro alcance prácticamente el doble que en Europa. No hay que olvidad que la capacidad de absorción del mercado español de vivienda está en 200.000 unidades al año, tardaremos 4 años en eliminar el stock existente, pero en ningún caso, si no se cambia de modelo económico, podríamos recuperar el impacto de los 2.800.000 de parados generados por el sector inmobiliario.
Una fórmula, ensayada en varias CC.AA., para disminuir el stock de viviendas nuevas sin vender ha sido su conversión a viviendas a precios tasados. Fórmula claramente insuficiente porque no se tiene en cuenta los factores que intervienen en el precio de la vivienda. El promotor o el constructor pueden disminuir el precio en los elementos que han podido controlar, en la producción. Pero no pueden disminuir el peso del precio del suelo en el final de la vivienda si no quieren incurrir en pérdidas irreparable.
Durante los 8 años de gobierno de José María Aznar, el precio del suelo se disparó hasta límites insospechados, de manera que puede considerarse en muchas promociones una incidencia del 50% del precio final de la vivienda. Este hecho, debido exclusivamente a las decisiones políticas del gobierno de Aznar, pesan como una losa sobre el sector inmobiliario español. Por una lado, porque el stock de viviendas terminadas sin vender se asienta sobre precios del suelo ya pagados y que impiden a los promotores rebajar el producto final, y, por otro, porque muchas operaciones de suelo realizadas en tanto estuvo vigente la Ley 6/1998, hasta la entrada en vigor del la Ley del Suelo de 2007, se asentaron sobre expectativas de precios que garantizaban a sus propietarios unos beneficios desorbitados. Las empresas que se convirtieron en cautivas de una política ultraliberal en materia de suelo, ahora son cautivas de su propia ambición, cuando no víctimas, y extienden su falta de rigor sobre las pequeñas empresas que ven que teniendo suelo en propiedad, prácticamente amortizado por ejercicios económicos solventes anteriores, no pueden obtener financiación para proyectos futuros ni siquiera a precios iguales a la VPO porque las entidades bancarias también son culpables de haber financiado, sin rigor, con la alegría propia de la legislación que se lo permitía y lo aleccionaba, y tienen un índice de morosidad muy elevado en el sector.
Cada vez que en los medios de comunicación de la ultraderecha, o cada vez que algún vocero del PP se refiera con desparpajo al número de parados, hay que recordarles que 2.800.000 parados deben su situación a la política de la derecha, a su interés en hacer ricos a los terratenientes (¿verdad, Esperanza Aguirre?) aún a costa de un modelo económico puramente especulativo.
Vale.
En una entrevista publicada en el día de hoy por El Periódico Extremadura con el presidente regional del PP, José Antonio Monago, se aprecia una perla que no resultará llamativa para los zappings de prensa, pero que resulta clarificadora para analizar la capacidad de quien aspira, según él, a presidir la Junta de Extremadura.

La cita exacta es (http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=450831):
–Una de las ideas de Vara con mayor repercusión nacional es la creación de un foro autonómico sin el Estado, ¿qué le parece?

–Creo que sirve para una foto y poco más. Pienso que para unificar las tarjetas sanitarias y cosas así está el Estado, que debe coordinar las políticas autonómicas. Me parece muy triste que se reúnan las comunidades sin el Estado.

“Me parece muy triste que se reúnan las comunidades sin el Estado”. Se nota que Monago es alumno aventajado de la FAES, seguidor seguro de José María Aznar y discípulo ideológico de Manuel Fraga: no creen en el “Estado de las Autonomías”. Mientras que Manuel Fraga, desde AP pidió la abstención en el referéndum de la Constitución por estar en contra del Título VIII, las Autonomías, José María Aznar, entonces avezado escritor de cartas al director de los periódicos desde Logroño, clamaba contra el mismo título, y, después, cuando fue presidente del Gobierno, trató, por todos los medios, de identificar todos los poderes del Estado en el suyo mismo. Ideología que imparte ahora desde la FAES.

Ignora el señor Monago, al parecer doctor en derecho, qué es el Estado. Confunde, quizá por ignorancia, Estado y Gobierno. Parece mentira que quien aspira a ejercer el poder ejecutivo en una Comunidad Autónoma, no sepa qué es el Estado.

Esa ignorancia no debe venir de sus estudios académicos formales, y menos aún de haber leído, aunque sea de pasada, la Constitución Española de 1978. El Estado es todo: poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Poder ejecutivo es el Gobierno, pero también lo son los gobiernos autonómicos, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. Poder legislativo son las Cortes Generales, Congreso y Senado, pero también los parlamentos autonómicos. Poder judicial son los juzgados de lo social y los de primera instancia, las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia, el supremo, el constitucional… Todo eso es el Estado, ignorante Monago (¿o no tan ignorante?).

Si se reúnen los presidentes de las Comunidades autónomas, se está reuniendo una parte del Estado. Lo mismo que si se reúne el presidente del Gobierno con el presidente de la Junta de Extremadura. Son una parte del Estado, del poder ejecutivo.

Quizás el ignorante Monago no lo es tanto. Sabe perfectamente que un Foro Autonómico es una reunión de una parte del Estado. Pero en su ideología, sigue vigente la segunda legislatura de José María Aznar, cuando ejerció el poder ejecutivo de modo totalitario, ignorando que una parte de ese poder lo ejercen, como Estado, las comunidades autónomas.

En esa frase llena de ignorancia aparente, Monago se está retratando: no cree en las autonomías, no cree en el título VIII de la Constitución, como no creyeron ni creen, Manuel Fraga ni José María Aznar.

Señor Monago: aunque le pese a su ignorancia ideológica, la Junta de Extremadura y la Asamblea de Extremadura son Estado. Y un Foro Autonómico, también es estado. La única tristeza, para usted, es que nunca estará en ese Foro, porque quien no cree en la autonomía no puede ejercer su gobierno.

Vale.