Consultas populares, inversiones millonarias

Hace unos días, el grupo de Ciudadanos del Ayuntamiento de Cáceres proponía la realización de una consulta popular para definir los usos futuros del Hospital Virgen de la Montaña, que en pocos meses está previsto que deje de funcionar.

Hoy, la asociación AEMECECA, que es guardiana de la memoria histórica de los represaliados por el fascismo franquista, plantea una consulta popular sobre el uso de la prisión provincial, que lleva varios años cerrada.

En ambos casos concurren circunstancias similares: el Hospital Virgen de la Montaña necesitará una notable inversión para usos distintos, los que sean, del actual sanitario. ¿Quién la asumirá? De momento, en una primera aproximación, el “dueño” es la Diputación. La prisión provincial es propiedad del patrimonio del Estado, y cuando en su momento el Ayuntamiento se interesó, los servicios técnicos municipales estimaron en 12 millones de euros los costes para darle usos.

Pero hay aspectos jurídicos que ni Ciudadanos ni la asociación memorialista han tenido en cuenta: el ámbito de las consultas populares. A lo que parece, por lo publicado en los medios, en ambos casos se pretende consultar a los vecinos de Cáceres para que muestren su parecer. Vecinos de Cáceres ciudad. Pero ello no es posible.

La propiedad del Hospital Virgen de la Montaña corresponde a la Diputación Provincial, que es la administración que representa a la totalidad de los vecinos de la provincia. Por tanto, si el futuro del centro sanitario se debería definir en una consulta popular, debería serlo en el ámbito provincial, algo, que sin duda, plantea notables dificultades, tanto logísticas como jurídicas.

La prisión provincial en desuso se construyó sobre unos terrenos adquiridos por el Ayuntamiento de Cáceres, pero la construcción se financió con aportaciones de la propia Diputación y de los pueblos de la provincia, ya que, no en vano, se trataba de una institución de carácter provincial. Y, al igual que en el caso del hospital, realizar una consulta conllevaría notables dificultades logísticas, jurídicas y políticas.

Sería muy conveniente hacer un poco de pedagogía desde las administraciones públicas sobre conceptos como patrimonio público, modo de obtención de ese patrimonio público, consultas populares y otros que son obviados para lanzar propuestas que únicamente pueden obtener titulares en los medios que carecen de capacidad crítica.

Vale