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Pandemia

cercadelasretamas —  marzo 13, 2020 — Deja un comentario

El coronavirus o COVID19 se ha convertido en una pandemia, y su gestión, su contención y su superación ya no son solamente tareas de la sanidad. Nos concierne a todos, por supuesto que a cada uno en el grado de responsabilidad que tengamos en un conjunto de 47 millones de habitantes.

Pero concierne a los poderes públicos en primera línea. El Gobierno central está adoptando medidas en lo que parece una graduación “in crescendo” de manera que podría llegar, según las propias palabras de Pedro Sánchez, a la declaración del estado de alarma.

Mientras que la desleal y analfabeta oposición, con Pablo Casado retratándose como lo que es, un inepto, acusa al gobierno de parapetarse detrás de la ciencia, son cada vez más las voces que se refieren a la necesidad de tomar medidas más drásticas. Medidas que se pueden tomar sin llegar al estado de alarma o acompañar a esa declaración.

Me refiero al artículo 128 de la Constitución, esa que tanto quieren los fascistas y que desde hace mucho tiempo usan de papel higiénico. Léase:

Artículo 128

  1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

  2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

Ayer, 12 de marzo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la que no sabe qué hacer si es necesario confinar la comunidad autónoma que preside, habló de medicalizar hoteles. Se supone que sería convertir las habitaciones de hoteles en habitaciones sanitarias, y también que ya vería cómo podrían ayudar los centros sanitarios privados, pero sin tocarlos, solo si ellos quieren.

Creo que la IDA ha visto una oportunidad de negocio para la patronal hotelera eso de ofrecerles, en unas fechas en las que las habitaciones van a estar más que vacías a medida que siga creciendo la curva de la pandemia, unos euros por llevar a sus habitaciones a enfermos de coronavirus. No se me ocurre otra finalidad.

También ayer, a medida que varias comunidades autónomas, entre ellas las históricas País Vasco y Catalunya ejercían sus funciones y ordenaban el cierre escolar, tuvo que el gobierno central el que, en un Consejo de Ministros recomendara a todas las CCAA ese cierre. ¿Qué habrían dicho desde comunidades gobernadas por la derecha si Pedro Sánchez hubiera ordenado ese cierre cuando la competencia en materia de centros y horarios es autonómica? Bastó la recomendación para que todas lo asuman.

En aplicación del Artículo 128, que es muy claro, cristalino, basta con un Real Decreto Ley, que sea avalado por el Congreso, para poner a disposición de la Sanidad Pública todas las instalaciones médicas del país, y muy especialmente todos los servicios de urgencias privados, así como las camas sanitarias necesarias. Un RDL que, en cumplimiento de la propia CE, y tras ser refrendado por el Congreso, sería de aplicación inmediata, y podría y debería ser tramitado posteriormente como Ley para eventualidades futuras, no solamente sanitarias.

Es necesario que desde la izquierda, desde los sindicatos y desde todas las fuerzas sociales progresistas se inste al Gobierno Central y al PSOE a transitar el camino del artículo 128 de la Constitución. Así, entre otras cosas, se cerraría la bocaza a la derecha y se les podría decir, con fuerza, que el ejercicio del Gobierno en esta pandemia se hace siguiendo los criterios de los científicos, que son los que saben, y con la Constitución como ariete para prevenir la salud pública.

Vale.

Cuando ya se ha producido la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, por los representantes del 48,7 de los catalanes, y cuando el Senado ha aprobado la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, Pablo Iglesias, desde su universo, sigue hablando de referéndum pactado, de diálogo y de no sé cuántas vacuidades más.

Y los propios de Pablo en Cataluña siguen defendiendo que Cataluña ya es una República Independiente, sin que el amado líder los desautorice. Y no lo hace porque no puede, porque está atrapado en su misma mismidad.

Lo que nunca ha dicho Pablo es qué clase de referéndum pactado ni cuáles serían los componentes del pacto. Ni para qué.

Porque, para poder plantear su propuesta, debería explicar el objeto del referéndum. Si ese objeto es que pueda votarse la independencia de Cataluña, es decir, la segregación de un territorio del Estado, está claro que debería ser un referéndum en el que toda la población española mayor de edad pudiera votar.

Si lo que plantea es un referéndum que solamente pueda votarse en Cataluña, como mucho, y eso estaría por ver, no podría ser un referéndum, sino una consulta y no tendría carácter vinculante.

También puede plantear, como objeto de ese hipotético referéndum pactado, una modificación previa del artículo 2 de la Constitución, el que habla de la indisolubilidad del territorio nacional. Es decir, que la esencia territorial española que se establece en la CE fuera dinamitada. Y antes de convocar el “referéndum pactado” habría que convocar el de modificación de la Constitución.

Además, no solamente habría que cambiar el art. 2 de la CE. También habría que cambiar el art. 8, que, si se modifica el 2 en el sentido del “referéndum pactado”, quedaría totalmente fuera de lugar, ya que el papel esencia de las Fuerzas Armadas como garantes de la unidad territorial que se consagra en el art. 2, quedaría sin valor.

Otra pata de la que cojea, ostensible y hasta ostentóreamente, la boutade de Pablo Iglesias es por el concepto de pacto. ¿Qué pacto, entre qué actores?

No puede haber un pacto entre el Gobierno de la Nación (en esencia, el poder ejecutivo) y el Gobierno de una Comunidad Autónoma. Puede haber acuerdos, pero no pactos. Los pactos se suscriben entre iguales, y jurídicamente, en la doctrina constitucional, ambos gobiernos no son iguales.

Cuando se estudia el derecho administrativo, se estudia la jerarquía de las leyes, y la Constitución Española lo establece perfectamente. La única Ley Orgánica propia de una Comunidad Autónoma es su Estatuto de Autonomía. No pueden las CCAA (ni las del 151 CE ni las del 143 CE) promulgar leyes orgánicas ni leyes que afecten a la legislación básica del Estado. Ni sus gobiernos ponerlas en práctica.

Lo que sucede con la producción legislativa (Leyes Orgánicas y legislación básica, que radican en el Estado) sucede con el ejercicio del poder ejecutivo. Y no son iguales, por tanto, jurídicamente, el gobierno de una C.A. y el gobierno central.

Si cuando Pablo Iglesias se refiere a referéndum pactado el que pudieran suscribir los distintos partidos políticos en el ámbito del Congreso de los Diputados, sí podríamos hablar de pacto, porque todos los partidos son iguales entre sí, con independencia del peso de sus respectivos resultados electorales. Pero ese pacto entre partidos nos devuelve a lo dicho para el artículo 2, y nos lleva a un callejón sin salida, porque no todos estarían dispuestos a modificarlo, y a modificar el artículo 8 y los demás que están concatenados, sin saber que pactar políticamente una reforma de la constitución que satisficiera los deseos de una sola parte del territorio sería profundamente insolidario e injusto. El artículo 2 habría que modificarlo para que todos los territorios pudieran hacer uso de la capacidad de segregación, de “autodeterminación”.

Probablemente, Pablo Iglesias se haya inoculado el virus de la teoría política, pero no tiene acceso a la vacuna de la realidad. Pactar un referéndum para la autodeterminación de un territorio (aunque luego el resultado saliera en contra) no es justo. Si se pacta, se pacta para todos los territorios. Pero, claro, a Pablo Iglesias eso le supera.

Y mientras el amado líder elucubra sobre su bálsamo de Fierabrás, sus seguidores con cargos en Cataluña siguen empeñados en que la República Catalana es un hecho, sin que él tenga autoridad política y moral para desautorizarlos. Vamos, que el amado líder no lo es tanto cuando no tiene un micrófono de Roures delante.

Vale.

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Seguramente, algunos de los lectores de este post recuerden aquel concepto de la guerra preventiva, que no era otra cosa sino una perversión del lenguaje para el uso de la fuerza militar a conveniencia de intereses políticos e ideológicos concretos.

Ahora, sin que ese concepto “preventivo” esté en boca de los que, sin duda, tienen el ánimo prevaricaridor, volvemos a encontrarnos con la misma idea. El texto en cursiva que encabeza esta entrada es el apartado 1 del artículo 103 de la Constitución Española, esa “cosa” que un día sí y otro también el poder económico y político se pasa por el forro.

Pues ese texto, que obliga a que la la Administración Pública sirva con objetividad, se lo va a fumar el Partido Popular. O lo que es lo mismo, este partido, objetivamente de extrema derecha e ideológicamente fascista en la mayoría de sus conceptos sociales, pretende poner la objetividad constitucional al servicio de un mafioso, Adelson, para que pueda construir casinos y todos los “servicios” que acompañan a este tipo de negocios cuando son gestionados por padrinos de la mafia.

Que el Partido Popular anuncie, sin ningún atisbo de vergüenza ni pudor, que si es preciso se cambiarán las leyes, la de tabaco, la urbanística, las que sean precisas, debería, ya, en cualqueir país serio, la actuación judicial. Porque lo que están anunciando, para que nadie se asuste, es que prevaricarán si les viene bien.¿Nos creeremos que Adelson no pagará, en efectivo, el dinero que haga falta para que el Partido Popular cambie las leyes?

En el futuro, en las facultades de Derecho se incluirá una asignatura que será Derecho Administrativo Preventivo, en el que los futuros licenciados sabrán cómo y qué hay que hacer para que las leyes se acomoden a los negocios. Algo que ya se viene haciendo, pero de manera compleja y complicada (por ejemplo, los convenios urbanísticos, que tantas tardes de gloria están dando a los funcionarios de prisiones sacando al patio a concejales de urbanismo), con estudios y con informes ad hoc que necesitan un largo recorrido administrativo y una permanente necesidad de engranaje con aceite BdE.

Ahora, cuando Adelson respira, los dirigentes del Partido Popular, sumisos, genuflexos ante el poder del dinero mafioso, anuncian (nos previenen) de que se pasarán por el forro las leyes. Y, cautiva y desarmada la ciudadanía, asiste indefensa a un ataque que llenará los bolsillos. También estamos viendo cómo en algunos medios de comunicación se ven algunas críticas y algunas referencias a las prácticas ilegales y mafiosas del viejo padrino yanki. No hay que preocuparse: cuando llegue el momento, las “inversiones” en publicidad engrasarán las redacciones e impregnarán, objetivamente, de tinta verde los negros comentarios de resentidos periodistas.

Que un gobierno, como el del Partido Popular anuncie, sin ningún tipo de empacho, que cambiará las leyes que hagan falta para negocios de lavado de dinero, de tráfico de drogas, de prostitución y trata de blancas (¿o alguien desconoce cómo funcionan los negocios de Adelson?) y la ciudadanía asista inerme a tal ejercicio de despotismo hace que los ciudadanos que conserven, aún, algún atisbo de capacidad crítica, pierdan cualquier respeto institucional y pueda, en justa correspondencia, calificar de mafioso al gobierno que así actúa.

Vale.