Pandemia

El coronavirus o COVID19 se ha convertido en una pandemia, y su gestión, su contención y su superación ya no son solamente tareas de la sanidad. Nos concierne a todos, por supuesto que a cada uno en el grado de responsabilidad que tengamos en un conjunto de 47 millones de habitantes.

Pero concierne a los poderes públicos en primera línea. El Gobierno central está adoptando medidas en lo que parece una graduación “in crescendo” de manera que podría llegar, según las propias palabras de Pedro Sánchez, a la declaración del estado de alarma.

Mientras que la desleal y analfabeta oposición, con Pablo Casado retratándose como lo que es, un inepto, acusa al gobierno de parapetarse detrás de la ciencia, son cada vez más las voces que se refieren a la necesidad de tomar medidas más drásticas. Medidas que se pueden tomar sin llegar al estado de alarma o acompañar a esa declaración.

Me refiero al artículo 128 de la Constitución, esa que tanto quieren los fascistas y que desde hace mucho tiempo usan de papel higiénico. Léase:

Artículo 128

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

Ayer, 12 de marzo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la que no sabe qué hacer si es necesario confinar la comunidad autónoma que preside, habló de medicalizar hoteles. Se supone que sería convertir las habitaciones de hoteles en habitaciones sanitarias, y también que ya vería cómo podrían ayudar los centros sanitarios privados, pero sin tocarlos, solo si ellos quieren.

Creo que la IDA ha visto una oportunidad de negocio para la patronal hotelera eso de ofrecerles, en unas fechas en las que las habitaciones van a estar más que vacías a medida que siga creciendo la curva de la pandemia, unos euros por llevar a sus habitaciones a enfermos de coronavirus. No se me ocurre otra finalidad.

También ayer, a medida que varias comunidades autónomas, entre ellas las históricas País Vasco y Catalunya ejercían sus funciones y ordenaban el cierre escolar, tuvo que el gobierno central el que, en un Consejo de Ministros recomendara a todas las CCAA ese cierre. ¿Qué habrían dicho desde comunidades gobernadas por la derecha si Pedro Sánchez hubiera ordenado ese cierre cuando la competencia en materia de centros y horarios es autonómica? Bastó la recomendación para que todas lo asuman.

En aplicación del Artículo 128, que es muy claro, cristalino, basta con un Real Decreto Ley, que sea avalado por el Congreso, para poner a disposición de la Sanidad Pública todas las instalaciones médicas del país, y muy especialmente todos los servicios de urgencias privados, así como las camas sanitarias necesarias. Un RDL que, en cumplimiento de la propia CE, y tras ser refrendado por el Congreso, sería de aplicación inmediata, y podría y debería ser tramitado posteriormente como Ley para eventualidades futuras, no solamente sanitarias.

Es necesario que desde la izquierda, desde los sindicatos y desde todas las fuerzas sociales progresistas se inste al Gobierno Central y al PSOE a transitar el camino del artículo 128 de la Constitución. Así, entre otras cosas, se cerraría la bocaza a la derecha y se les podría decir, con fuerza, que el ejercicio del Gobierno en esta pandemia se hace siguiendo los criterios de los científicos, que son los que saben, y con la Constitución como ariete para prevenir la salud pública.

Vale.