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El pasado jueves, 22 de noviembre, nada más conocer la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Impuesto Bancario, el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, convocó a los medios de comunicación para contar el cuento de la lechera de los 240 millones de euros.
El Impuesto Bancario, implantado por el gobierno socialista de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, fue recurrido por el gobierno de la Nación, presidido por Aznar. Por el mismo partido que, ahora, quiere recoger los dineros del impuesto. Aunque no está de acuerdo, la pela es la pela, ¡que collons!
Nada más conocerse la Sentencia del TC no sólo Monago, si no todos, partidos y medios de comunicación se han lanzado a afirmar, sin ningún atisbo de prudencia, los 240 millones de euros que ya están en la caja autonómica… aunque todavía no lo estén.
Cuando un tribunal de justicia dicta una sentencia, lo primero que se hace es comunicarla a las partes. Después, como sucede en asuntos públicos, las partes se pronuncian públicamente. Es decir, dicen aquello de que acatan la sentencia. Y luego, con más calma, comienza el procedimiento de ejecución de la sentencia.
De momento, solamente se ha pronunciado una de las partes, la Junta de Extremadura, que, sin ingresar en caja el dinero, ya lo ha gastado, pagando a sus funcionarios una extra que el gobierno de la Nación ha suprimido. Bienaventurados los funcionarios de la Junta, que de ellos es la planta de juguetes de El Corte Inglés.
En el recurso contra el Impuesto Bancario de Extremadura, la otra parte era, es, el Gobierno de la Nación que, además de afear a Monago su rebeldía de salón, ha manifestado que va a consultar a las instituciones europeas su adecuación a las directivas comunitarias.
Después de conocida la sentencia y posicionadas las partes (una, la recurrente, diciendo que consultará a las instituciones europeas, y, la otra, gastando ya el dinero que no ha recibido) que resolver lo más importante: cómo y cuándo se va a ejecutar la sentencia.
Desde la entrada en vigor de la ley recurrida hasta ahora, el proceso seguido debe haber sido que los bancos hayan presentado las liquidaciones del impuesto y, al no abonarlos por hallarse en trámite el recurso, hayan presentado, como procede, avales por los importes correspondientes. Estos avales, a su vez, habrán generado unos intereses en favor de la Junta de Extremadura. La suma de las liquidaciones, más los intereses de los avales, suponen, parece ser, 240 millones de euros.
¿Cómo actuará la Junta? En principio, con las liquidaciones presentadas y avaladas deberá ejecutar los avales y recibir las liquidaciones. Así de fácil… Así de fácil si los bancos se dejan, claro. Las entidades bancarias cuentan con potentes asesorías jurídicas y fiscales y, sin duda, ejercerán todo tipo de acciones para retrasar la ejecución de la sentencia. ¿O piensa la Junta que, así, sin más, los bancos van a pasar por caja a llevar los euros adeudados?
Los bancos, como es normal, actuarán según sus intereses. Nada más que sus intereses. Si en materia de desahucios ya vemos cómo están actuando, en esta materia no será menor su avaricia.
¿Cuándo pagarán los bancos? En primer lugar, deben recibir una notificación de la Junta de Extremadura en la que, a la vista de la Sentencia del TC, determine que procede la ejecución de los avales y el cobro de las liquidaciones anuales presentadas. Y los bancos pagarán cuando les venga en gana.
O lo que al final viene siendo lo mismo: el jueves, 22 de noviembre, Monago salió a engañar con un artificio de marketing a sus funcionarios (los de Diputaciones y Ayuntamientos extremeños no cuentan) anunciándoles algo que no puede hacer. Pero ya gastó entonces 80 millones como si nada. Y así sucesivamente.
Monago no puede gastar lo que no tiene. No puede gastar lo que no sabe cuándo lo va a tener. Y no depende ni de él ni del TC saber cuándo va a disponer del dinero.
Lo más probable que suceda es, siendo muy optimista, que los bancos retrasen lo que puedan la entrega efectiva de los importes de las liquidaciones avaladas. Ejecutar los avales por la Junta podría ser contraproducente, porque los bancos recurrirían esas ejecuciones por cualqueir prurito jurídico. También es muy probable que los bancos traten de llegar a un acuerdo con la Junta sobre la entrega efectiva de las cantidades adeudadas.
Y en el caso más desfavorable, puede suceder que los bancos retrasen la ejecución de la Sentencia hasta que las instituciones europeas, consultadas por el Gobierno central, se pronuncien. En ese retraso contarían, además, con el apoyo del Partido Popular y de, por ejemplo, su órgano de prensa en Extremadura que ya hoy considera el Impuesto Bancario como obsoleto.
En esta procedimiento que se abre ahora para ejecutar la Sentencia del TC tampoco hay que olvidar el contexto de crisis financiera y bancaria en que nos encontramos y que los bancos, todos o algunos, acuerden pagar de modo inmediato. Y al día siguiente, cierren oficinas y sucursales.
Por ello, en un ejercicio de prudencia, debería estarse a no gastar lo que no se tiene, a no gastar lo que no se sabe cuándo se tendrá, a no gastar lo que no se sabe si finalmente se tendrá.
Vale.
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En la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, un magistrado, Rodríguez Zapata, formula un voto particular en el que, para argumentar que los conceptos jurídicos no pueden modificarse en modo alguno, acude al Génesis bíblico.
Las leyes se traen ante este Tribunal para que controle su conformidad a la Constitución no para que llame con otros nombres los principios, derechos, competencias y potestades que el legislador ya ha creado. Sólo Adán pudo tener ante sí todos los animales del campo y todas las aves del cielo para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviera el nombre que él les diera (Génesis 2, 19).
La conformidad constitucional impide la evolución. Es decir, los principios, derechos, competencias y potestades que el legislador ya ha creado son, de manera permanente e indeleble como el legislador los creó. No cabe evolución, todo es creacionismo. Cuando la iglesia fecha el Génesis, Adán ya había nombrado a todos los seres vivos. Los descubiertos después por la ciencia, tienen nombres bastardos, porque no están en los conceptos bíblicos.
El magistrado se cuida mucho de esconder su adscripción ideológica al creacionismo, en este caso jurídico, y para ello no se plantea que se cambien principios, derechos, competencias y potestades: ni siquiera se plantea que puedan cambiar sus nombres.
El creacionismo integrista como esencia de un modo de interpretar la realidad, tal como ahora se ha extendido, se traslada, por virtud de este voto particular al ámbito jurídico. Llevado al absurdo, gran parte de la economía, de los derechos y libertades de expresión, opinión, creación artística… no tienen cabida en la Constitución. Son todos aquellos elementos que la evolución social, política y económica han ido creándose, por voluntad de los ciudadanos o por avances técnicos y científicos, desde la aprobación de la Constitución. Las nuevas tecnologías a las que el Adán constitucional no pudo dar nombre porque no existían en 1978, están fuera del marco constitucional.
Sólo el Adán constitucional pudo dar nombre a cada ser viviente. Y ese nombre es inmutable. ¿Qué pasa con los nuevos seres vivos? Cada país, cada estado, cada nación, es un ser vivo que se adapta a los cambios, que evoluciona, que crea nuevas formas de relación, de convivencia, de relaciones jurídicas, nuevos conceptos, nuevas realidades, nuevos derechos, nuevas necesidades. Para el magistrado del TC que configura todo ser vivo al pasaje del Génesis en el que se les da nombre, la evolución no existe, los principios jurídicos son inmutables, los derechos ciudadanos son inmutables.
Trasladar una creencia religiosa, válida para el ámbito privado, faltaría más, a un espacio público como es una sentencia judicial que tiene como sujeto a la ley que regula las relaciones ciudadanas, los derechos, las libertades públicas, es la muestra de falta de argumentos jurídicos asentados en el derecho. La religión, las creencias religiosas, forman parte del ámbito individual y privado, o, como mucho, de los que practican una determinada. El derecho es el instrumento que regula la convivencia de todos, incluidos los que practican cualquier religión.
La Biblia no es un texto jurídico y la incorporación de sus principios dogmáticos al derecho elimina cualquier atisbo de evolución.
Vale.

La estrategia seguida por la derecha españolista, ahora representada por el Partido Gurtelar, está planificada por un conspicuo franquista de formación y convicción, Federico Trillo. De ahí que cuando el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia, de la que de momento sólo conocemos el fallo, la cabeza visible del partido, que no su líder, haya plegado velas: la derrota jurídica ha sido espectacular. La derrota jurídica que se ancla en un recurso basado en los principios fundamentales del movimiento (y si se leen determinados párrafos y se los compara con los discursos de los gobernadores civiles de los años 60 y 70, cantan de plano) que ha sido rebatido en la sentencia aplicando la Constitución de 1978 y la legislación y la doctrina emanada desde entonces por el propio TC.

En el año 1977, los profesores Jorge de Esteban y Luis López Guerra publicaron una recopilación de aportaciones de varios autores bajo el título “La crisis del Estado Franquista”. Los profesores de Esteban y López Guerra fueron, con el tiempo, magistrados del Tribunal Constitucional. El mayor elemento de crisis del estado franquista fue su ausencia de instituciones representativas, a pesar de aquellas cortes que lo pretendían con “el tercio de cabezas de familia” e inventos similares.

La forma en que desde la derrota electoral de 2004 (y la forma en que ejerció el poder Aznar entre 2000 y 2004, con mayoría absoluta, ignorando dolosamente dos elementos distintivos de la Constitución: las comunidades autónomas al negarse a recibir a sus presidentes, y el papel arbitral de la jefatura del Estado) la derecha se ha lanzado de modo premeditado a desprestigiar a las instituciones: las fuerzas de seguridad que fueron capaces de esclarecer los atentados del 11-M, la justicia, en todos sus estamentos y muy especialmente a la audiencia nacional, la fiscalía, el propio Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, donde han forzado emisión de informes que no eran de su competencia… Y un largo etcétera.

Esta estrategia está diseñada y puesta en práctica por el responsable político de la muerte de 62 militares en el accidente del YAK-42 (y en cualquier país con instituciones judiciales no ancladas en la misma raíz sociológica que él, sería sin duda responsable penal).

Federico Trillo es franquista por formación, pero sobre todo, por convicción. Su forma de llevar los asuntos jurídicos que acucian a una derecha reaccionaria y corrupta hasta las cejas, tiene un punto de mira: la destrucción del estado constitucional por la vía del desprestigio y de la manipulación de los derechos que la propia Constitución confiere al partido en función de su representatividad.

Lo que Trillo pone en sus recursos, especialmente en el derrotado sobre el Estatuto de Catalunya, lo verbaliza Aznar en sus comparecencias públicas. Sus referencias a un “estado al límite”, “constitucionalmente fallido” no son excesos, están pensadas, porque son leídas en discursos. En ambos casos, Trillo y Aznar persiguen el desprestigio de las instituciones democráticas y lo van consiguiendo porque la respuesta es tibia. Mientras que Artur Mas amenaza a Zapatero, calla ante la posición de la derecha, que no es la que marca Mariano Camps, sino que es la que diseña Trillo y verbaliza Aznar.

La sentencia del TC sobre el Estatuto de Catalaunya, cuando se conozca en sus fundamentos jurídicos debería servir para que se desenmascare, de una vez por todas, los intentos de involución al franquismo que los actos de la derecha plantean.

Los catalanes, especialmente los socialistas que dirigen el gobierno de la Generalitat y los nacionalistas moderados (derecha, no se olvide), deberían ser los más interesados en poner negro sobre blanco cuál es el interés de la derecha franquista para su tierra.

Vale.

Catalunya

cercadelasretamas —  julio 1, 2010 — Deja un comentario
El Tribunal Constitucional, después de varios intentos sin lograr acuerdos mayoritarios entre sus miembros, ha conseguido dictar una Sentencia sobre el recurso interpuesto por el Partido Popular contra el Estatuto de Cataluña, en concreto, contra 124 de sus artículos.
Solamente se conoce el fallo, y es previsible que en la segunda semana de julio se conozca la Sentencia en su integridad, que al parecer tendrá unos 1.000 folios. Conocido el fallo, pero no los argumentos jurídicos, se ha convenido en todos los medios que el 95% del texto normativo catalán es constitucional.
Las reacciones, como era previsible, no se han hecho esperar, y tienen su vértice en la inmediata cita electoral catalana a celebrar en el próximo otoño. El 5% q ue no ha sido considerado constitucional por quienes tienen la última palabra en la interpretación de la norma suprema, ha desatado iras y puesto sordina, según los casos.
Estas reacciones son sincrónicas. Nacionalistas catalanes, incluidos algunos conversos, han montado en cólera. El Partido Popular ha puesto sordina y trata de hacer mutis por el foro.
No he visto interpretaciones diacrónicas. Me refiero a que el texto estatutario fue aprobado hace cuatro años, en un contexto diferente, totalmente, del actual. Contexto económico, social y político. La crisis económica se ha llevado por delante la política, y algunos, como el gobierno socialista presidido por Zapatero y algunos gobiernos socialistas autonómicos, están lentamente recuperando la prevalencia de la política sobre la economía, porque será la política la que tenga que tomar las decisiones que terminen con la crisis. Los mercados (el terrorismo financiero) han creado la crisis para su mejor beneficio, y no pueden ni deben ser ellos los que nos saquen de ella, porque lo harían preparando la siguiente.
La situación económica hace cuatro años era muy diferente a la actual. La política parecía dirigir la orientación de la convivencia, ajena a lo que se fraguaba en los mercados. En aquel contexto, seguramente la sentencia, cuyo fallo conocemos ahora, no habría tenido la respuesta, en muchos casos histérica, que ha tenido ahora.
A los catalanes, a los ciudadanos catalanes les preocupa su estatuto, claro, pero más les preocupa la situación económica y sus derivadas. En una balanza maniquea, los catalanes decidirían que hay que salir antes de la crisis que “resolver” la cuestión estatutaria. Porque no hay solución, no hay otra solución que acatar lo que dice el TC, guste o no. Otra cosa es que se pueda criticar o que, cuando se conozcan los fundamentos jurídicos de la sentencia, se plantee la fórmula para, siguiendo la interpretación que sólo al alto tribunal compete, se puedan recomponer aquellos aspectos en los que ahora, en un pírrico 5%, se ha incumplido la Constitución.
Mal hace el autoproclamado socialista José Montilla poniendo por delante un nacionalismo converso (ya se sabe, los peores son los conversos) de unos problemas económicos, sociales y laborales que la mera aplicación del Estatuto no pueden solucionar. Ahora, cuando Felipe González reclama, con toda la razón, que es la hora de la política, no se puede utilizar la simbología, por muy respetable que sea, que lo es, para quemar fuerzas necesarias, quemar energías que han de aplicarse a resolver problemas reales, de hoy y de mañana, y que afectan a los que debería, por ideología e historia, atender el socialismo.
Pero si para la posición política de José Montilla los cambios económicos producidos en los últimos cuatro años (que nos abocan incluso a un cambio de modelo económico y productivo) deberían hacerle reflexionar, la situación de fracaso e incuria en la que ha quedado el partido que presentó el recurso contra 124 artículos, no es menor. Pero, a diferencia de Montilla, ese partido, entonces llamado Partido Popular y hoy llamado Partido Gurtelar, enfangado de mierda y corrupción hasta las cejas de Mariano, ha tomado una dirección: la de poner sordina a su ridículo. Saben, porque también se presentan a las elecciones en Cataluña, que alimentar polémicas estatutarias les perjudica. No asumen el fracaso, porque la derecha siempre ha sido y será soberbia (no hay más que ver al muñidor del recurso, Federico Trillo), pero aprenden rápido.
En estos cuatro años, el gobierno de Cataluña, impulsor del Estatuto, debería estar aplicando todas sus energías a salir de la crisis económica, a atender a los más perjudicados, los trabajadores. El PSC debería pensar más, ahora, en socialdemocracia y menos en banderas y símbolos. Ya habrá tiempo de retomar esos símbolos, pero poniéndolos por delante, no van a terminar con los EREs de las multinacionales, ni con los despidos de trabajadores en empresas que quieren hacer caja, ni con concursos de acreedores como el de Sacresa.
En estos cuatro años, la derecha más reaccionaria y zángana de Europa ha hecho un gran ridículo con su recurso, y en estos cuatro años ha visto cómo un día sí y otro también los trajes de sus líderes, los coches de sus esposas, la financiación de sus campañas, está subiendo los niveles de hedor por las fachadas de Génova, 13. En estos cuatro años, además, hemos conocido la falta de voluntad de trabajo del presunto líder. Cuando hay que trabajar, el presunto líder de la derecha se borra, se esconde en la esquina de la plaza, a la sombra, no vaya a ser que le vean y le digan que tiene que arrimar el hombro.
En estos cuatro años, mientras que el Tribunal Constitucional era sometido a una presión indecente, asumida por sus miembros, a costa de un recurso de corte franquista de la concepción del Estado, el líder de la derecha ha ido aumentando sus capacidades de indolencia. Hoy ya puede ser considerado el VMR.
Los socialistas catalanes tienen la oportunidad de, acatando el fallo de la sentencia, preparar un programa electoral de futuro para los trabajadores, a los que debería ser capaz de ilusionar por la política y a los que debería ser capaz de ofrecer soluciones reales a una situación, la crisis económica, creada por el capitalismo salvaje, por el terrorismo financiero, y en ningún caso, por decisión del Tribunal Constitucional.
Vale.

Después del lamentable espectáculo servido a lo largo de la legislatura por los magistrados del Tribunal Constitucional, ahora se hacen los dignos.
Después de no tener capacidad de acuerdo, de diálogo, que en quienes ostentan el mayor rango jurídico constitucional debería ser un rasgo ordinario, ahora se hacen los dignos.
Después de no tener agallas ni valor como hombres y mujeres para soportar y acallar los ataques a su “dignidad” personal y profesional que la extrema derecha, incluido el Partido Popular que la representa, les han propinado durante la legislatura, ahora se hacen los dignos.
Después de no ser capaces de defender la dignidad del Tribunal para el que han sido elegidos, ahora se hacen los dignos.
Cuando el Fiscal General muestra su desacuerdo con la absolución de los estafadores Alberto Cortina y Alberto Alcocer (son estafadores, aunque el delito, según los “dignos” magistrados del Constitucional haya prescrito), y dice en voz alta que los estafados, las víctimas, quedan indefensos, ahora se vuelven dignos.
Los magistrados del Constitucional que, todos a la una, firman un escrito dirigido al Presidente del Gobierno quejándose de la crítica del Fiscal General, debieron, muchas veces en la legislatura, haber hecho acopio de la dignidad de la que, con su carta, ahora dicen tener, para que el Tribunal Constitucional no hubiera sido, como ha sido, una cancha de ambiciones personales, de bajezas políticas.
Ninguno de los doce magistrados que firman la carta de queja tienen la dignidad, la mínima dignidad para seguir en sus cargos. Seguramente, la excedencia les permitiría abrir prestigiosos bufetes en los que nos les faltarán clientes como los Albertos y podrán tapar con dictámenes, informes y dossieres las vergüenzas que hoy les han quedado al aire.