Cuando a comienzos de 2016, después de las elecciones del 20D de 2015, Pablo Iglesias, tras la ronda de contactos iniciada por Pedro Sánchez, al haberse producido la espantá de Rajoy en la primera ronda con el jefe del Estado, salió diciendo que quería una vicepresidencia, varios ministerios y el control del CNI y RTVE para apoyar a Sánchez, quedó meridianamente clara su estrategia: o yo gobierno o seguirá la derecha. Y efectivamente, el fracaso para encontrar gobierno nos llevó a las elecciones de 2016, a la defenestración de Sánchez en el PSOE, a cuenta del NoEsNo, y, finalmente, al gobierno de Rajoy con la abstención socialista.

Ahora, en 2019, el PSOE ha ganado las elecciones, el PP ha sufrido el mayor batacazo al perder la mitad de sus escaños, Ciudadanos ha ganado un buen número de ellos y Vox ha entrado en el Parlamento. Ah, y Podemos y su líder Pablo Iglesias han sufrido un importante descalabro.

Y ahora, otra vez, nos encontramos al amado líder encamado con la ilusión de ser vicepresidente del gobierno y reclamando ministerios sociales si el PSOE quiere gobernar en coalición, si el PSOE quiere sus escaños.

Nada de permitir un gobierno a la portuguesa, con los socialistas en solitario, y buscando los apoyos necesarios (incluidos los de Podemos) para la investidura. Pablo Iglesias, otra vez, despejando las piedras del camino para facilitar una vuelta rápida de la derecha al gobierno.

Sostiene Iglesias que su presencia en el gobierno es la garantía de políticas de izquierdas, de políticas sociales, sin tener en cuenta que para que esas políticas sociales puedan ser llevadas al BOE (quien lo controla tiene el control del gobierno) necesitarán en muchas ocasiones más de los 165 votos que suman PSOE y Podemos. No hay que olvidar que en 2016, cuando Rajoy volvió al gobierno, PSOE+Podemos sumaban 156, y en 2015, cuando Iglesias se invistió como director del CNI, la suma era 157.

La garantía de las políticas de izquierdas pasa por conformar un gobierno estable, un gobierno que permita políticas para la mayoría social (¿o cree el líder amado que todos los trabajadores beneficiados por la subida del SMI les han votado a ellos o al PSOE?), un gobierno que necesita estabilidad para afrontar la necesaria y urgente reforma de la financiación autonómica, o que acometa, de una vez por todas la reforma del Senado por la vía de la reforma constitucional del Título VIII, avanzando hacia el Estado federal. Cuestiones estas que, claramente, siguiendo la teoría política del ideólogo mundial referente en las izquierdas, podrían acometerse mediante un Real Decreto, o un RDL que fuera convalidado por el Congreso.

Las reformas necesarias de temas como la financiación de las CCAA, o de la propia Constitución, necesitan acuerdos amplios, más allá de una mayoría simple parlamentaria, y esos acuerdos no pueden alcanzarse cavando trincheras entre gobierno y oposición, entre gobierno central y gobiernos autonómicos.

Ya ha dicho Pedro Sánchez que la mejor opción para revertir la reforma laboral de Rajoy pasa por la formulación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, una ley básica, que requerirá una mayoría reforzada que la suma de las izquierdas (siendo benévolos, incluyendo a ERC en ellas) no da y que por tanto requerirá de pactos, de acuerdos que lleven a los grupos más moderados de la derecha (si los hubiera, ya que ahora mismo, las tres derechas son una ideológicamente hablando) a sumarse a ellos.

Gobernar cuando no hay mayorías claras, requiere de capacidad de acuerdo por todos los grupos, empezando por el que forme el gobierno, o los que formen el gobierno.

Aspirar a tener una vicepresidencia que “controle” los ministerios sociales, es abrir una grieta desde el mismo momento en que un gobierno se formara con ese criterio, por cuanto las competencias de los ministerios suelen ser transversales, y para eso está la figura del presidente del gobierno, para actuar de manera que se coordinen TODAS las competencias. Tenemos visto muchas veces que declaraciones de unos ministros chocan con las de otro, y señalamos enseguida que eso supone que hay fisuras en el gobierno. Si desde el mismo momento de la toma de posesión de un gobierno trazamos una línea social/no social (según criterio de Iglesias), estamos abocados a un gobierno inestable y, por ello, poco eficaz.

Vale.

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Ninguna línea trazada en el plano es inocente, ni ninguna ciudad es inmutable. Ni siquiera sus más fosilizados barrios. Y Cáceres tampoco lo es. Aunque muchas veces parezca una ciudad casi muerta, reaparece en otros espacios físicos casi viva.

Los barrios que en los años 50 y 60 acogieron población joven, provenientes en muchos casos de inmigración interior, son ahora barrios llenos de personas mayores: sus hijos han buscado otros aires, al norte o al sur de la ciudad. Y sus casas, envejecidas, solamente toman un soplo de aire fresco cuando en la primavera, algunos años, se encalan sus fachadas.

Pero no solamente son las casas las que envejecen, se deterioran y modifican sus fachadas con carteles de se vende. Sus espacios abiertos, donde jugaban los entonces niños al guá, al pañuelo, al hilo negro, son ahora espacios inertes, en contraste con el neolenguaje de las áreas de juego infantiles, tan contadas y constreñidas que solamente permiten el juego que puede hacerse en mobiliario de pvc endurecido, de bordes romos, coloreados.

Existe en Cáceres un espacio que a lo largo del tiempo ha sufrido alguna escasa modificación y que ahora ha quedado arrinconado a ser lugar de reuniones cada vez menos numerosas de adolescentes y jóvenes. Los más mayores de los edificios colindantes, los que vieron como sus nuevos pisos de los años 50 y 60 rodeaban un erial en pendiente muy pronunciada, en el que sus hijos jugaban y corrían, haciendo resbaladeras por las que, a modo de tobogán, se lanzaban sobre la tierra mojada con los orines de todos. Y ojo con perder el equilibrio, que llenabas las calzonas de barro.

Aquel erial en pendiente pronunciaba fue sometido a cirugía mayor, y su pendiente convertida en bancales, como si de terrenos frutales de una sierra se tratara. Y entre los bancales, pasos de escaleras por los que los vecinos más antiguos ya no pueden adentrarse. Las dificultades de movilidad han reducido esos bancales a uso muy restringido.

Entre las calles Médico Sorapán y Reyes Huertas, con una pendiente muy pronunciada, ahora denominada Cuesta del Palancar, y cerrado por una promoción de las llamadas Viviendas protegidas y otra conocida como las 104, se encuentra el Parque Bosnia, denominado así, no oficialmente, sino porque su mayor esplendor coincidió con su conversión en bancales y porque en él se reunían, a veces casi clandestinamente, adolescentes y jóvenes grafiteros, cuando “la guerra de Bosnia”.

De aquel Parque Bosnia aún quedan vestigios de grafitis, con alguno relativamente nuevo, pero sin la fuerza con la que quienes trazaron los primeros a golpe de spray, expresaron en las paredes sus anhelos, sus inquietudes, su creatividad.

Hoy, muchos de esos grafitis son paredes desteñidas, pinturas erosionadas junto con los morteros de cemento en los que se pintaron. Pero sigue siendo el Parque Bosnia, por cuyas escaleras los vecinos de las protegidas y las 104 no pueden moverse y que, desde las ventanas de sus casas asisten a un deterioro progresivo.

Los grafiteros de hace unos años ya no han vuelto por allí, y solamente alguno se atreve a sustituir los originales dañados por otros nuevos.

Vale.

A medida que se van acercando las fechas de constitución de los Ayuntamientos y gobiernos autonómicos, más nítidas se han de ir haciendo las estrategias. Algunas, parece que ya lo están. Y digo solo parece, porque hasta el rabo, todo es toro.

Parece que a nivel nacional, el PSOE va a optar por un gobierno a la portuguesa, basado en los 123 diputados que tiene en el Congreso, y que deberá contar con un número de votos favorables y/o uno determinado de diputados que se abstengan. En el gobierno podría haber independientes, cercanos a Podemos, aunque no parece que ningún dirigente cualificado de la formación morada (Pablo Iglesias, Mayoral, Irene Montero…) se siente en el Consejo de Ministros.

La madre de todas las batallas está en el reparto (Comunidad Autónoma, Ayuntamiento) de Madrid… como si el resto de España no existiera. Ni siquiera Barcelona, donde la cuestión está en que Ada Colau se decante por meter a los antiguos izquierdistas de ERC o en hacer un gobierno con el apoyo de PSC, Ciudadanos.

Pero el resto de España existe. Existen capitales de provincia donde se juega un reparto de poder menos visible para los medios “de Madrid”, pero mucho para los habitantes de esas provincias.

En Extremadura, por ejemplo, no hay cuestión en lo que se refiere a la Comunidad Autónoma, donde la mayoría absoluta del PSOE es clara. No pasa así en las dos capitales de provincia o en alguna ciudad importante (Almendralejo, Navalmoral de la Mata).

El ejemplo de Extremadura podría ser determinante para que Rivera, ansioso de ostentar poder, de ejercer más poder que el PP, se decantara por alianzas con el PSOE. Si lo hace, podrá ser visible su hegemonía en la derecha, ya que el PP, además de los diputados perdidos en la Asamblea, solamente conserva el gobierno de una de las 10 ciudades más importantes.

Que concejales de Ciudadanos aparezcan en las fotografías de los órganos de gobierno de Badajoz, Cáceres, Almendralejo, Navalmoral y otras localidades, relegarán al Partido Popular solamente a la fotografía de Plasencia. Muy poco pastel para tanto reparto de egos.

Extremadura sería un ejemplo claro de cómo, tras la victoria del PSOE en las generales del 28A y en las Europeas, Autonómicas y Locales del 26M, a la derecha solamente le queda aceptar entrar en un reparto de poder menguante, en ver quién tiene más capacidad de gobierno frente a quien solamente puede aspirar a ser oposición.

La aparición de Vox en varios ayuntamientos, a mi juicio, no deja de ser un ingrediente que se arrojarán los partidos en las negociaciones, de manera que Ciudadanos pueda “amenazar” al PSOE con irse a la derecha y entregar las capitales de provincia a los caprichos de los seguidores de Abascal y sus secuaces.

Porque Ciudadanos, en ciudades de Extremadura y en otras muchas, solamente tiene la carta de Vox como chantaje, para forzar a tener más peso en gobiernos autonómicos y locales alentando el fantasma del gobierno a la andaluza.

En esa estrategia, mientras Rivera siga blandiendo el hacha de Vox frente al PSOE, irá dando aire, mucho aire, a un Partido Popular que camina sin rumbo, y que ahora, su máxima preocupación es que no se televise en directo el juicio por los discos duros de Bárcenas, de donde puede volver a salir condenado. Y esa condena ya no sería un peso sobre Mariano Rajoy, que ya se comió la corrupción de los gobiernos de Aznar, sino sobre Pablo Casado, que se terminará comiendo la corrupción de los gobiernos de Rajoy.

Si Rivera pretende salir en más fotografías de mando que Casado, ahora tiene la oportunidad. Si no lo hace, en cuatro años puede verse otra vez camino del desierto. Y en el desierto, como en la oposición, puede hacer muchísimo frío.

Vale.

Tras las elecciones generales del 28 de abril, el histrión Rivera se autoproclamó líder auténtico de la oposición, frente a un Pablo Casado autor del mayor hostión de la derecha. Al mismo tiempo, reafirmó, ya como líder carismático de la derecha, su oposición al sanchismo con el cordón sanitario a todo lo que pudiera venir del presidente del gobierno Pedro Sánchez. A pesar de ello, de su histriónica dureza, no ha dejado de ser una de las derechitas cobardes para Abascal y sus compinches.

Ahora, tras las autonómicas y municipales del 26 de mayo, parece que la cosa puede cambiar. El autoproclamado jefe de la oposición no ha conseguido con su partido dar el sorpasso al PP y continúa siendo la tercera fuerza política. Conviene plegar velas, donde pueda, y desplegar otras en las que encontrar viento favorable. La veleta es lo que tiene, que se mueve según le da el aire, aunque en el caso de Rivera, ha terminado pareciendo más un molino de viento.

Los resultados electorales pueden llevar, si es que Rivera fuera capaz de marcar una estrategia más allá del siguiente café con Susanna en Espejo Público, a plantearse el sorpasso al PP por la vía de las esferas de poder. En muchos sitios (CC.AA., ayuntamientos)  su condición de tercera fuerza política aboca a Ciudadanos a formar trifachitos como el andaluz, con la particularidad que ahora Vox reclamará cuotas de gobierno y ser apoyo aéreo. Esta situación hace que el PP refuerce, si se consuman los trifachitos, su poder frente a Cs, y que Casado pueda decir que tiene más poder territorial que Rivera.

El sorpasso de Cs al PP puede venir por la vía de limitarle esas cuotas de poder que a histriónicos como Rivera le pueden subir el ego. Además, con el valor añadido de que el PP, tras perder la mitad de sus diputados en el Congreso, si sigue perdiendo gobiernos autonómicos y ayuntamientos, el hambre canina entrará por la puerta de Génova, 13. Y ahí, en esa magra economía popular puede estar la victoria de Rivera sobre Casado.

También es preciso tener en cuenta que el hecho de que Vox ahora reclame entrar al reparto de cuotas de poder y no solo a tutelar desde fuera (como en Andalucía) los gobiernos autonómicos y municipales tiene mucho que ver con los números: en las generales del 28A consiguieron 2,27 millones de votos. En las europeas del 26M, 1,38 millones, y en las municipales del mismo día, unos 650.000 votos. Es decir, que buscan llevar a consejerías y ayuntamientos a sus fieles en la perspectiva, nada clara a cuatro años vista de que su implantación, pudiera no ser la deseada.

El histrión Rivera tiene hasta el día 15 de junio, cuando se constituyan los ayuntamientos, para levantar el cordón sanitario al PSOE y tragarse unas cuantas dosis de ricino en forma de declaraciones que querrían hacer desaparecer de las hemerotecas. Si por el contrario, decide continuar en la senda andaluza, terminará siendo un correveidile de Casado, y teniendo en el cogote el resoplar de Vox.

Las tres derechas, en realidad una sola hasta ahora, puede disolverse, puede dejar de ser un solo muñeco con trajes intercambiables y abrirse en canal, dejando pasar el aire entre ellas.

Para Rivera, cualquier día será lunes otra vez si mantiene la veleta en punto fijo.

Vale.

Situado en el número 13 de la Plaza del Duque (de Abrantes, of course) este inmueble aparece, con el número 32 del Plan Especial de Cáceres, actualmente en revisión. En el Plan Especial se hacía mención a su mal estado interior y exterior. Sin embargo, su reforma, para albergar una residencia femenina de estudiantes, bajo la dirección y cuidado de las “monjas de Cristo Rey”, rescató el inmueble.

Por los datos que se conocen de la residencia femenina, su régimen interno parecía más del siglo XIX, por lo que poco a poco fue perdiendo internas, hasta dejar de ser un negocio (de eso se trataba, no de otra cosa) y llevar a su cierre.

Actualmente, sin uso, se han publicado en alguna ocasión “reportajes” sobre empresas hoteleras o de restauración muy interesadas en su adquisición, pero que no han fructificado. Reportajes que más parecían un anuncio a ver si alguien, realmente, picaba.

No tenía intención de traer este inmueble a esta serie sobre Cáceres, cerrado por falta de uso si no fuera por un pequeño detalle. Normalmente, de cada inmueble que he ido incorporando a ella, lo primero ha sido, como será en este caso, incluir su ficha catastral, que puede consultarse en la sede electrónica del Catastro del Ministerio de Hacienda en abierto. El detalle al que me refiero ha surgido porque al volver a darle una vuelta me he encontrado con una pestaña igualmente abierta sin restricción: “expedientes abiertos”.

El inmueble, según la ficha catastral, cuenta con una superficie construida de 2.734 m2, sobre una parcela de 1.500 m2. No consta, en la ficha pública del Catastro ninguna referencia a la profunda rehabilitación y reforma a que fue sometido para convertirlo en residencia femenina de estudiantes.

El edificio tiene una notable presencia, en una fachada gótica del Siglo XVI, construido extramuros de la ciudad monumental, muy próximo, por un lado, a la Plaza Mayor y por otro a la Iglesia y Convento de Santo Domingo.

En enero de 2017 se supo que las religiosas de Cristo Rey abandonaban el inmueble, sin que hasta el momento haya aparecido comprador.

Su singularidad en Cáceres estriba en que en su capilla se encuentra una reliquia, el Lignum Crucis, un fragmento de la cruz de Cristo, sobre cuya traída a Cáceres forma parte, como otras muchas reliquias en otros muchos lugares, de una leyenda con tintes eclesiásticos, de espionaje, favores reales…

Ahora que parece que el también próximo Palacio de Godoy va a convertirse en Hotel de 5* y otras inversiones hoteleras anunciadas, no sería extraño que este inmueble pase a estar en los circuitos de los inversionistas, aunque la reforma que se realizó para residencia femenina de estudiantes, de modo relativamente reciente, conlleve que su transformación pudiera resultar más complicada desde el punto de vista de adaptación al planeamiento y a unos posibles usos turísticos.

Vale.

En estos dos meses electorales, y desde la moción de censura que presentó y gano el PSOE de Pedro Sánchez, es recurrente que diversos dirigentes de la derecha (de la derecha de recortables) tilden tanto al líder socialista como a otros (últimamente le ha tocado a Manuela Carmena) de okupas, sí, con k.

El llamar okupa a quien ocupa un espacio de poder al que ha llegado legítimamente, tiene dos connotaciones. Y las dos, negativas. La primera es que la k define al cuestionado como radical, como extremista. Y la segunda, de un profundo pensamiento que señala no solo la ilegitimidad de la okupación con respecto a las leyes, sino que es ilegitimidad es contra el derecho divino del poder y la propiedad.

La derecha, en España, la de los tres cromos recortables, tiene interiorizado que el poder les pertenece por derecho natural cuando no por derecho divino. Y quien no lo entienda así, está actuando en contra de las leyes naturales y divinas que inspiran el ser de ¡España!

Utilizar el sustantivo okupa contra Pedro Sánchez, Manuela Carmena o cualquier otro cargo público legítimo forma parte del argumentario ideológico de Casado, de Rivera… y cuando son subordinados en el escalafón de ellos mismos, el sustantivo pretende convertirse en insulto.

La indigencia ideológica y moral de las tres derechas les lleva a la exageración en cualquier asunto con el que pretenden atacar a los que legítimamente ostentan el poder.

Casado, Rivera, Abascal y sus comepollas mediáticos parece que han desempolvado los viejos libros de formación del espíritu nacional y bucean en su mierda tratando de llevar al subconsciente colectivo aquellas “enseñanzas” que nacían de flechas y pelayos que hicieron una profesión de ellas.

El origen divino del poder es lo que une, como un cordón umbilical, a las derechas con la iglesia más rancia, con la iglesia que bendice las barbaridades que, de momento, solo de palabra cometen sus monaguillos políticos.

El origen natural del poder, el derecho natural a ejercer el poder, les corresponde a ellos, a quienes representan la selección natural de ricos contra pobres. Si buscamos un ejemplar en esta especie en extinción más significativo, lo encontramos en Iván Espinosa de los Monteros. Él, más que ningún otro, representa el pedigrí de quienes acuden al origen natural del poder y de quienes, para avalarlo, muestran sus vínculos con la jerarquía eclesiástica.

Pero el poder político, y lo saben aunque les duele en las entrañas, ya se sabe y se asume por la mayor parte de la ciudadanía, no tiene un origen divino, ni tampoco proviene del derecho natural. Quienes todavía apelan a este origen no están sino diciendo que el poder les pertenece por selección natural, porque son los más fuertes (el poder económico los sustenta), y porque la mayor parte de los ciudadanos somos piezas de caza a los que como los guepardos y leones asestan sus colmillos al acercarnos a la orilla buscando agua, como los ñus.

Vale

En marzo de 2016 finalizaba la concesión, a la Agrupación Cacereña de Industriales de Carne, del matadero municipal. Es evidente que el Ayuntamiento conocía ese vencimiento y lo lógico es que con antelación suficiente se hubieran preparado los pliegos técnicos y administrativos y licitada una nueva concesión. Pero… nada. Nada de extrañar, por otra parte, dada la ineficacia, inoperancia e incompetencia del gobierno del Partido Popular, sustentado en los votos de los gorrillas.

Lejos de iniciar un nuevo proceso por el vencimiento del contrato, el Ayuntamiento decidió, unilateralmente, mediante Resolución de la Alcaldía, y sin acuerdo previo con la concesionaria del servicio, la prórroga del contrato. Esta prórroga suponía para todos y cada uno de los miembros de la agrupación (incluido alguno ya fallecido) la imposibilidad de resolver el aval bancario prestado en su día y cuyos importes económicos debían seguir abonando.

Con anterioridad a 2016, la mayoría de los integrantes de la concesionaria original (la Agrupación Cacereña de Industriales de Carne) habían decidido que todas las acciones, derechos y deberes de la agrupación, en lo concerniente al contrato de concesión, fueran gestionados por uno solo de sus miembros, lo que fue elevado a escritura pública y presentada dicha escritura en el Ayuntamiento.

A todo esto, el Partido Popular en el gobierno continuaba sin redactar los pliegos para una nueva licitación, seguramente a la espera de la entrada en vigor de la Reforma del Régimen Local impulsada por dicho partido, y que tenía, entre otras consecuencias, que los municipios dejaban de tener, como en el caso de Cáceres, la competencia de matadero municipal, entre otras.

Por parte de la mayoría de los miembros de la Agrupación concesionaria se intentó en diversas ocasiones la resolución del contrato, sobre todo para la recuperación de unos avales que resultaban cada vez más gravosos. Sin éxito.

Sin embargo, esta situación de puesta a disposición de uno solo de sus miembros por el resto de carniceros de la agrupación, no impidió, por ejemplo, que en su momento, la alcaldesa asistiera a la “reinuaguración” del matadero, de lo que dan testimonio diversas publicaciones en prensa. Para los miembros de la Agrupación de carniceros, la opción de trasladar derechos y obligaciones a solamente uno de sus miembros, era la única salida posible, por cuento el fallecimiento de alguno de los integrantes de la concesionaria original, resultaba un impedimento para su disolución legal.

Desde marzo de 2016, en que la alcaldesa Elena Nevado resolvió la prórroga unilateral del contrato de concesión, en diversos edictos emitidos por la concesionaria del suministro de agua aparecía como morosa a las arcas municipales la Agrupación de carniceros por cuantías de más de 2.000 € en cada ocasión. Cantidades que no eran satisfechas por el único administrador del matadero municipal, y sin que esa condición de deudor a la hacienda pública local tuviera consecuencias. Consecuencias que sí lo fueron para los integrantes de la Agrupación, con un acuerdo del pleno por el que se les prohibía la contratación con el Ayuntamiento en su condición de deudores.

Todo ello, constando en el propio Ayuntamiento el acuerdo suscrito por los carniceros con el único administrador del matadero. Además de la prohibición, siguieron pesando sobre los miembros de la agrupación los avales y sus cuantías correspondientes.

Por fin, ya con la nueva legislación en materia de régimen local en vigor, el PP consiguió resolver que el matadero dejaba de ser una competencia municipal y que podría ser adjudicado mediante un contrato con la tipología de concesión demanial. Y se realizó todo el procedimiento, incluido el depósito de la fianza por parte del nuevo adjudicatario…

Pero… siendo el Ayuntamiento de Cáceres gobernado por el PP cualquier cosa podría esperarse. Y así sucedió.

Cuando el nuevo adjudicatario intentó hacerse cargo de las instalaciones (propiedad municipal) para poner en marcha su contrato de concesión… no pudo. El matadero había sido desmantelado, tal cual.

La respuesta, por el nuevo adjudicatario, resolver el contrato. Y del Ayuntamiento, aceptar esa renuncia y decir, en los periódicos, que reclamarían los daños causados.

En marzo de 2019, el pleno municipal elevó a definitiva la resolución contractual. A día de hoy se desconoce si se ha iniciado alguna acción judicial por parte del Ayuntamiento por los daños causados.

Sin embargo, en las informaciones de prensa se omite (seguramente por ignorancia o por abulia) un detalle: si las instalaciones del matadero objeto de licitación han sido desmanteladas, la responsabilidad no puede atribuirse solo a quien las haya desmantelado, sino al propio ayuntamiento, por cuanto se trata de un bien patrimonial cuyo estado de uso y mantenimiento corresponde al propio municipio constatar cuando sea preciso. Y más cuando se estaba en proceso de licitación.

Lo que se llama “responsabilidad de culpa in vigilando”, que recae exclusivamente en el propietario del bien patrimonial público (Ayuntamiento) con independencia de otras responsabilidades que hubiera. Si el Partido Popular en el Ayuntamiento denunciara a la Agrupación concesionaria hasta 2016 (o antes, cuando se produjo el traspaso de derechos y obligaciones a un único miembro de la agrupación) de los daños causados en las instalaciones, un buen abogado conseguiría culpar de las mismas a quienes incumplieron sus obligaciones e hicieron dejaciones de su responsabilidad in vigilando.

Vale.

En un debate organizado por alumnos de 1º de ESO de un colegio concertado de Cáceres, tres de los cuatro portavoces de los partidos que se presentan a las elecciones municipales del 26 de mayo se han pronunciado abiertamente en contra. Se trata de los portavoces del Partido Popular, actualmente en el gobierno municipal, del PSOE y de Cáceres Tú, la marca local de Podemos. El cuarto partido invitado, Ciudadanos, se ha referido al asunto como un proyecto que habrá que estudiar, con todos los informes técnicos, etc.

Mientras que PP, PSOE y CáceresTú se oponen frontalmente al proyecto, por razones de dos tipos, combinadas: por motivos medioambientales (incluida la salubridad de la población, por la proximidad de la mina) y porque la información conocida hasta la fecha no arroja ninguna expectativa clara y contundente de beneficios en materia de empleo.

Las dos posiciones, en contra y “ya se verá”, son las que vienen definiendo el asunto cada vez que salta a los medios. Y ahora, con la cita electoral tan próxima, saldrá a menudo.

La reducción del asunto de la mina de litio en San José de Valdeflores (San Jose Infinity Lithium Project) a términos como el empleo futuro (indefinido, y por tanto, una carta al azar que una ciudad como Cáceres no se puede jugar), a cuestiones medioambientales o, como dice Ciudadanos, a “un estudio más detallado del proyecto” y “a esperar a lo que digan los técnicos”, no desatasca el peligro cierto de una herida en la tierra en un entorno tan cercano a la población.

Y no lo desatasca porque la vigente legislación en materia de minas y en materia medioambiental recoge, como otras muchas normas, la existencia de “medidas correctoras” que, sin duda, los técnicos de la empresa australiana, podrán llevar al papel.

Tampoco es una solución la pretendida declaración de zona especialmente protegida, o de parque periurbano, o cualquiera otra figura medioambiental propuesta que se adoptara, por cuanto no tendría vigencia ya que cuando se iniciaron los trabajos no existía ninguna de ellas. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión: el principio de seguridad jurídica.

Si realmente PP, PSOE y CáceresTú, se posicionan radicalmente en contra del proyecto, no deberían perderse en cuestiones como las enunciadas en el debate, al menos lo conocido a través de los medios, sino en disponer de una herramienta que permita hacer frente a un proyecto cuyo valor económico puede ser muy sustancioso. Esa herramienta será que el Ayuntamiento pueda hacer frente, precisamente, a cualquier demanda que no deje ningún resquicio a la inseguridad jurídica.

En el vigente planeamiento, el PGM aprobado en 2010, y sobre los terrenos en que se asienta el proyecto minero, no prevé la prohibición expresa de actividades extractivas. De hecho, la empresa minera presentó una propuesta de modificación del PGM para que se incluyeran dichas actividades extractivas, lo que fue resuelto en contra por el Ayuntamiento.

El refuerzo de esa decisión municipal de no modificar el PGM ha de ser el punto de partida en el que anclar la seguridad jurídica de que no habrá proyecto minero. Y eso no puede hacerse desde la división política, sino desde el acuerdo entre los partidos que optan al gobierno municipal.

Cambiar las reglas del juego como proponen organizaciones conservacionistas o plataformas ciudadanas no son la más eficaz defensa, aunque sí pueden catalizar una opinión pública favorable a impedir el proyecto minero.

La denegación de la modificación del PGM ya producida, no es suficiente, puesto que los titulares de los derechos mineros pueden tramitar otra propuesta de modificación, en términos no exactamente iguales a la denegada, para forzar a llevar a los tribunales la resolución definitiva. Y esos derechos mineros, en el caso de San José de Valdeflores, son anteriores al derecho urbanístico reflejado en el PGM. Es decir, la empresa no reclamaría la inclusión de las actividades extractivas entre las que puedan llevarse a cabo en los terrenos, sino a incluir en el PGM el reconocimiento expreso de los derechos mineros, existentes con anterioridad a 2010.

Conseguir un acuerdo político y fundamentarlo jurídicamente sería un paso. Ciudadanos quedaría como el único partido que juega a dos bandas, a saber por qué, y ese acuerdo político y jurídico debería ser el primer asunto a asumir, en el primer pleno municipal tras el 26 de mayo, por los tres partidos que se oponen al proyecto minero.

Vale.

La dura campaña electoral para las elecciones generales del 28 de abril, ha supuesto un revés importante para la derecha, que se presentaba con tres vestidos diferentes, pero con un único muestrario de argumentos, simples, falsos y endebles. El mayor damnificado ha sido el PP, liderado por el sinsorgo Casado, que ha perdido 71 escaños y ha quedado, como segunda fuerza política en el Congreso con 66, uno menos de la mitad de los que ha obtenido el PSOE encabezado por Pedro Sánchez.

La debacle de la derecha ha obligado a los tres muñecos que representaban cada uno de los vestidos a fijar posiciones: Albert Rivera se ha autoproclamado, a lo Guaidó, como jefe de la oposición, cuando por matemática parlamentaria ese honor le corresponde al PP. Santiago Abascal, con unos resultados mucho más cortos de los que sus sirenas le zumbaban en los oídos, ha apostado, en principio, por mantenerse inmóvil en su caballo.

Pero todo se vino abajo cuando Pablo Casado, empujado por su corte (de la que ha expulsado al lanzador de pipos de aceituna y a Javier Maroto), decidió cometer dos errores: el primero, desplazar hacia la izquierda a Ciudadanos, a los que calificó de socialdemócratas, y dejar a Vox como única ultraderecha. Además, de paso, recordó a Pelayo Abascal sus miles de euros en mamandurrias gracias a que estaba en el PP.

La campaña electoral que se jugaban los tres monigotes de la derecha parecía que se habían dedicado a arrojarse unos contra otros, aplicándose entre ellos la misma política de tierra quemada que los tres han aplicado, a su vez, contra Pedro Sánchez (“cordón sanitario”).

Lo que el domingo 28 de abril por la noche parecía una situación de tierra quemada contra el PSOE, se ha vuelto por obra y gracia de los mismos tres petimetres, en una durísima batalla que puede resultar cruenta. De momento, Casado “libera” a los candidatos de su partido a hacer campaña sin el paraguas de las siglas. Seguramente, muchos ya han entendido que las siglas PP están agotadas.

Afirmar que Vox es la ultraderecha única y verdadera (y de paso, llamar pancista a Santiago Abascal durante sus años de mamandurria y chiringuito populares) ha tenido el efecto de hacer temblar la silla de Juanma Moreno, que no sabe si la amenaza de quien le dio el gobierno andaluz va en serio o no, pero que tiene la virtualidad de que nos hará pasar un mes de mayo, hasta la noche del 26, subidos en un tobogán de amenazas y recados mafiosos sobrevolando San Telmo.

Rivera, autoproclamado jefe de la oposición, podría, aunque es más que improbable, esperar como los guepardos de La 2 antes de atacar a su presa cuando se acerque a beber el día que se constituyan el Congreso y el Senado. Entonces, volverá a blandir su gran y superfluo ego.

Y seguimos en campaña, y volveremos a encontrarnos, en cada municipio, en cada comunidad autónoma, con los mismos mensajes de la derecha, lanzados por los tres muñecos que la encabeza y volverán a ahondar tajos entre ellos, porque con las animaladas que dicen parecen perros marcando territorio.

De todas formas, los supuestos navajazos entre las tres derechas pueden saltar por los aires si antes del 26 de mayo algún juez determina, informe de la UCO en ristre, que la reina de las ranas debe pasar por sede judicial a deponer como investigada. Entonces, la derecha (incluido Ciudadanos, que ha engordado sus listas con ratas huidas del PP) entrará en shock. Los tres muñecos aparecerán manchados con mamandurrias y chiringuitos.

Y la tierra quemada los sepultará.

Vale.

La Junta de Extremadura, por Decreto de 10 de marzo de 1992 (D.O.E. de 17 de marzo), aprobó la declaración para la Plaza de Toros de Cáceres como Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento. El vigente Plan General Municipal recoge esta Declaración en el Catálogo de Bienes protegidos.

La declaración de un bien con esta categoría conlleva el deber de protección, mantenimiento y conservación, que, al tratarse de un inmueble de titularidad pública, hace recaer sobre el titular dominical, o, en su defecto, en la propia Junta de Extremadura.

Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura establece en su artículo 22.2. que “los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre los bienes integrantes del Patrimonio Histórico y Cultural extremeño están obligados a conservarlos, protegerlos y mantenerlos adecuadamente para garantizar la integridad de sus valores, evitando su deterioro, pérdida o destrucción”.

Asimismo, el apartado 1 del artículo 23 de mencionada Ley determina que “la Consejería de Cultura y Patrimonio podrá ordenar a los propietarios, poseedores o titulares de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico y Cultural extremeño la ejecución de las obras o la adopción de las medidas necesarias para conservar, mantener y mejorar los mismos, sin perjuicio de obtener las autorizaciones o licencias que correspondan de otras Administraciones”.

Extraña, en plena campaña electoral para las elecciones generales del 28 de abril, y precampaña, dura precampaña, para las elecciones municipales y autonómicas de 26 de mayo, que el Partido Popular no haya atizado el debate sobre la ausencia, debida, fundamentalmente, a su incapacidad para aprobar los presupuestos municipales, de espectáculos taurinos con motivo del patrón San Jorge (23 de abril) y de las ferias y fiestas de mayo. Máxime teniendo en cuenta que la “defensa” de la tauromaquia es un punto elevado de debate, de manera que solamente se es buen español quien la defiende y la promueve, en tanto que los demás no lo son.

Claro, que viendo cómo se encuentra la cubierta de la Plaza de Toros, es impensable que en ella pudieran celebrarse espectáculos taurinos, o de cualquier otra clase.

En el post anterior recogía imágenes, obtenidas con teléfono móvil, del mal estado de la cubierta. Ahora, con apoyo gráfico más definido, se aprecia, en la vertiente de la cubierta hacia el exterior que prácticamente desde la primera hilada de tejas desde la limatesa, la cubierta se haya vencida, lo que produce un desplazamiento de las tejas hacia el alero, que, si no se resuelve con prontitud, podría derivar en la caída de las mismas hacia el acerado. Hoy, de modo extraoficial, me informan que el vallado perimetral existente en todo el contorno del inmueble se debe a que se han estado eliminando las pintadas que se hicieron con motivo de la huelga general del 8 de marzo. Si esto es así, al día de hoy no hay rastro de dichas pintadas, por lo que el vallado debería haberse suprimido.

Dado que desde el exterior no se aprecia más que una vertiente de la cubierta, ignoro si la vertiente interior presenta los mismos fallos, los mismo descuelgues de las tejas, dejando solamente, sin aparente daño la limatesa.

El deber de conservación del patrimonio histórico y cultural, en lo que respecta a la Plaza de Toros de Cáceres, va más allá de que se le pueda dar uso escasísimos días al año, lo que agrava además su estado de conservación, dado que no se realizan las tareas propias de mantenimiento.

Sería muy interesante, de cara a la próxima legislatura, que los partidos políticos que optan a gobernar la ciudad, aclararan qué medidas reales y con qué presupuestos reales están dispuestos a mantener y conservar el patrimonio histórico.

La Plaza de Toros no puede ser un bien abandonado, por lo que su uso, incluso sin tener en cuenta su origen, ha de determinarse para que sea patrimonio, además de histórico y cultural, de todos los ciudadanos y pueda tener un mejor aprovechamiento.

Vale.