En estos días que llevamos de julio, no sé si por las olas sucesivas de calor o porque el exceso de información nos perturba en exceso el intelecto, he podido observar dos cuestiones que han tenido un día, o dos, como máximo de cierto estrellato en algunos medios de comunicación: la intención de Mariano Rajoy de modificar la ley electoral a su gusto y la multa de casi 20 millones de euros que la UE impone a España por el falseamiento de las cuentas de la Comunidad Valenciana.
En ambos casos, estamos ante situaciones que podemos denominar “democracia de baja intensidad”. Que Mariano Rajoy pretenda modificar la ley electoral para que gobierno “la lista más votada” es una previsión que ya tenían en mente sus asesores antes de las elecciones municipales y autonómicas pero que no se atrevieron a plantear abiertamente. Ahora, comprobados los resultados electorales del 24M, es cuando Rajoy cree que ha llegado el momento de plantear la cuestión para conseguir una ley electoral que permita al PP gobernar siempre y en todo lugar. Porque Rajoy y sus secuaces, digo asesores, saben que todo el voto de la derecha lo agrupan y saben que la izquierda está fragmentada y ninguna lista de ningún partido o plataforma podrá superar ni siquiera el suelo electoral del Partido fundado por unos cuantos ministros de Franco.
Rajoy pretende que antes de finalizar la presente legislatura en el ámbito estatal pueda presentar y sacar adelante la ley electoral que le permita en las elecciones locales y autonómicas futuras conseguir que su partido gane, sí o sí. Pretender un cambio electoral en las condiciones en las que la derecha, acuciada por la corrupción, con una mierda que alcanza a todos los despachos del partido, es demostrar que la democracia “de la que disfrutamos” es de baja intensidad. A esta pretensión, los medios de comunicación “convencionales” han dedicado poco o escaso interés o han utilizado su obligación de contrapoder de la política en el sentido de callar o silenciar las pretensiones de Rajoy. Los medios, en una democracia de baja intensidad, están al servicio del poder político y económico. Y su capacidad de ejercicio de la crítica política es nulo si ello contraviene los deseos de quien manda… o puede poner en riesgo la cuenta de resultados.
Otro caso de democracia de baja intensidad es la nula o escasísima respuesta a la decisión de la UE de multar a España con 20.000.000 €. También es cierto que los partidos políticos en la oposición no han hecho el menor esfuerzo en tratar el asunto.
Las cuentas de la Comunidad Valenciana, gobernada por el Partido Popular y sus corruptos, han sido falseadas, como ha demostrado Europa. Y la multa la paga “España”.
¿No debería la Fiscalía Anticorrupción actuar de oficio e iniciar diligencias penales por falsedad en documentos públicos? ¿No es un delito de prevaricación falsificar unas cuentas públicas a sabiendas?
¿Dónde está la Fiscalía? ¿Buscando tuits de hace cuatro años de un concejal en vez de buscar y determinar quiénes son los autores materiales de la falsificación de las cuentas públicas de la Comunidad Valenciana?
Que no se actúe contra quienes falsean cuentas, falsean documentos y perjudican, a sabiendas, y en beneficio (aunque sea electoral) propio, es otra muestra de baja intensidad democrática.
Que todavía el gobierno en coalición PSOE-Compromís en la Comunidad Valenciana, presidido por Ximo Puig no haya presentado una querella criminal contra los autores materiales e intelectuales del falseamiento de las cuentas valencianas, dice muy poco de la intensidad democrática del nuevo gobierno valenciano.
Que como consecuencia de esa “baja intensidad democrática” haya que dedicar 20.000.000 € por los desatinos de un gobierno corrupto, y que los demás partidos hagan declaraciones y no actúen, dice muy poco de los políticos y de nosotros, los ciudadanos (¿o súbditos?), que lo consentimos.
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