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Y esta es la cuestión: la progresiva implantación de mecanismos informáticos que permitan una mejor gestión de los servicios públicos tiene en la tarjeta sanitaria universal un gran ejemplo.
El Real Decreto 9/2011, de 19 de agosto, una de las últimas decisiones del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, antes de que tirara la toalla ante las presiones “de Bruselas”, determinaba que era preciso mejorar la cohesión del sistema nacional de salud. Un instrumento fundamental sería la tarjeta sanitaria que tuviera validez en todo el territorio nacional.
En septiembre de 2013, el primer gobierno de Rajoy publicó un Real Decreto sobre la implantación de la tarjeta sanitaria individual. En la norma, que recogía todas las características de identificación y contenidos de dicho documento, se establecía un plazo de cinco años hasta su total implantación. El plazo finaliza en octubre de 2018.
Sin embargo, esa implantación parece que lleva para mucho más tiempo. Desde Extremadura se han producido acuerdos de interoperabilidad con las comunidades autónomas de Navarra y Canarias. Cuando se publicó el RD de 2013, la comunidad autónoma andaluza fijó en al menos 12 millones de euros el coste para dicha comunidad el cumplimiento del Decreto.
O lo que es lo mismo. Desde el primer momento la comunidad andaluza, como seguramente hicieron el resto, se acogía a la excepción que el Decreto establecía para la total implantación en cinco años de la tarjeta sanitaria individual: que hubiera causas económicas que lo impidieran.
En la práctica, como señala el blog de María Consuelo, se produce un daño importante en los derechos de los ciudadanos: concretamente en aquellos que están afectados de dolencias crónicas, con tratamiento prolongados. El desplazamiento de una Comunidad Autónoma a otra por algún período de tiempo más o menos prolongado, está supeditado a que los fármacos que están prescritos por los médicos de una comunidad no pueden ser dispensados en farmacias de otra, porque los sistemas informáticos lo impiden.
Que un paciente crónico se desplace, requiere que lleve consigo los medicamentos que necesite y si el desplazamiento supera el plazo de prescripción de cualquier fármaco, no podría obtenerlo si no retorna a la comunidad autónoma de origen.
La necesidad de que la tarjeta sanitaria individual sea operativa en todas las comunidades autónomas requiere un esfuerzo económico de interconexión de los sistemas informáticos de los distintos Servicios de Salud autonómicos, pero también, y puede ser una de las causas fundamentales por las que todavía no se haya producido esa interconexión, que la dispensa de fármacos se pueda producir en cualquier farmacia del territorio nacional, con independencia de la comunidad de origen del paciente.
La interoperabilidad de las tarjetas sanitarias individuales para su uso en cualquier parte del territorio es una necesidad. Y en pacientes con dolencias crónicas, la ausencia de interoperabilidad, produce efectos indeseados.
Los recortes en sanidad no solamente son los que se ven hospitales, en centros de salud, son también los que tienen efectos sobre las personas individuales, impidiendo incluso los intentos de mejora en la calidad de vida. En realidad, las decisiones políticas y económicas, tomadas por dirigentes al servicio del dinero, son decisiones salvajes y demuestran que esos dirigentes acumulan un alto nivel de insensibilidad: tienen comportamientos sociopáticos.
Ahora mismo, un usuario de la sanidad pública de Extremadura, con tratamiento prolongado, no puede hacer uso de su tarjeta para la dispensa de los fármacos que sus médicos le hayan prescrito si se desplaza, por ejemplo, a Andalucía por un tiempo mayor del que un determinado medicamento sale en el sistema. Y más aún cuando en un tratamiento prolongado por enfermedad crónica y su conjunto de síntomas (por ejemplo, la fibromialgia y patologías asociadas) requiere más de un medicamento, disponibles en fechas dispares.
O como dice mi esposa, cuando la maleta de las medicinas “pesa” más.
Vale.
En el día de hoy, el Consejo de Ministros ha acordado el relevo de Federico Trillo de la embajada de España en Londres. Lo ha dicho el portavoz del ejecutivo en la rueda de prensa. El relevo, según ha dicho, es a petición de Trillo.
Mañana, previsiblemente, el B.O.E. publicará el Real Decreto de cese. Si hacemos caso a las palabras del portavoz, el relevo se produce como si la situación fuera normal.
Conviene señalar que aunque el portavoz ha hablado de relevo, en la referencia del Consejo de Ministros que aparece en la web de La Moncloa, no aparece ni el cese de Trillo ni el nombramiento de su sucesor o sucesora. Sí se ha dicho que el gobierno ha solicitado el placet del gobierno británico para la persona que sustituirá a Federico Trillo en la embajada londinense. ¿Quién será? ¿Un miembro de la carrera diplomática o algún ex ministro o similar a quien Rajoy le deba algún favor?
Sin embargo, cuando escribo esta entrada, ignoro, obviamente, el contenido del Real Decreto de cese de Trillo. Porque si nos atenemos a la “normalidad” con la que lo ha revestido el portavoz del gobierno, lo más “normal” será que incluya la coletilla de “agradeciéndole los servicios prestados”. Porque esto tiene su enjundia.
Si después del informe del Consejo de Estado sobre el Yak 42, el gobierno cesa en un Real Decreto firmado por el Jefe del Estado, a Federico Trillo, sería una bofetada, una más, a los familiares muertos por falta de responsabilidad del Ministerio dirigido por él. La coletilla de agradecimiento de los servicios prestados es la que se utiliza en los ceses o dimisiones a petición propi cuando estos se producen dentro de la normalidad. Es decir, que si hoy la rueda de prensa de La Moncloa ha discurrido dentro de esa normalidad, incluidas las manifestaciones de Íñigo Méndez de Vigo, mañana el BOE publicará un R.D. firmado por el Rey en ese sentido.
Podría ocurrir, aunque lo dudo, que el cese del ministro del Yak 42, elimine esa coletilla. Si ello fuera así, sería un desmentido claro y rotundo a lo que ha dicho hoy el portavoz, porque eliminaría el concepto de normalidad en el cese. Y además, equipararía a Trillo en su caída con la caída de Gustavo de Arístequi de su puesto de embajador en la India, investigado por corrupción.
Mañana puede ser un día interesante. Podremos saber que, si el R.D. de cese incluye el agradecimiento de los servicios prestados, estaremos ante una muestra más de la sociopatía de los dirigentes del PP encabezados por Rajoy, y sería una muestra cruel de desprecio a los familiares de los militares muertos en Turquía. Y si ello fuera así, sería la prueba de que Rajoy no ha dejado caer a Trillo, sino que ha pactado su cese. ¿A cambio de qué? El tiempo lo dirá.
Sin embargo, si el cese no va acompañado de la coletilla, sabremos si es verdad que Rajoy ha sido el que ha forzado la marcha del michirón de honor, y lo equipara a corruptos como Gustavo de Arístegui.
Mañana, a leer el BOE.
Vale.
¡Qué cosas!¿Quién nos iba a decir que a estas alturas del Siglo XXI íbamos a volver a hablar de los insumisos! ¿Recuerdan? Sí, aquellos ciudadanos que no querían hacer el servicio militar, que no querían cumplir con su deber constitucional, hasta que un gobierno de derechas, con un ministro muy de derechas, “suspendió” la obligación del servicio militar.
Pues hoy, un gobierno de gentes muy de derechas, muy de orden, muy de exigir el cumplimiento de obligaciones (a otros, por supuesto) se ha declarado insumiso. En los primeros años de la insumisión (unas veces por la vía de objetores de conciencia, otras, directamente, por la vía directa de insumisos), a quienes se negaban a incorporarse a filas, se les mandaba una pareja de la Guardia Civil, que los detenía, los ponía a disposición judicial y eran condenados a penas de prisión.
¿Habrá que mandar a la Guardia Civil para que detenga a los ministros del gobierno y los ponga a disposición del Congreso de los Diputados para que declaren sobre sus actividades? No estaría mal.
Estos señores del gobierno de derechas, tan de orden, se dicen ellos, se niegan a comparecer ante el Congreso de los Diputados para someterse al control de la cámara de representación de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Pues que los lleve la Guardia Civil. ¡Qué broma es esta!
Dicen que están “en funciones”, que ya irá el gobierno que se forme tras los resultados del 20D, si se llega a formar, o el que salga de nuevas elecciones el 26J, porque ellos están en funciones de tocarse los genitales o de hacer de su capa un sayo sin tener que dar cuentas a nadie. Y menos a los representantes del pueblo.
Estos insumisos, atrincherados en La Moncloa, parapetados en la mesa del consejo de ministros, se niegan a comparecer, se declaran insumisos y dicen que como están en funciones, no tienen que dar explicaciones. Precisamente, por estar en funciones, tienen que comparecer, tanto para dar cuenta de los “asuntos de trámite” como de aquellos que, a juicio del poder legislativo al que compete su control, puedan excederse de esa “cosa” de “en funciones”.
La cámara legislativa, con mayoría de miembros contrarios al Partido Popular, y todos contrarios a que Mariano Rajoy sea otra vez elegido Presidente del Gobierno, debería exigir, por todas las vías (legislativa, judicial y penal) que los ministros, incluidos su presidente y vicepresidente, en funciones, comparezcan y depongan lo que proceda para dar cuenta de su actividad.
Estos insumisos del poder solamente están haciendo una demostración: gobiernan por la gracia de Dios, porque lo que es por la voluntad popular, se la están pasando por el arco del triunfo.
¡Quién nos iba a decir que gentes tan quisquillosas con las obligaciones de los demás, iban a tener un criterio tan laxo a la hora de cumplir con las suyas!
Hay que gritar, bien alto: ¡Insumisos del gobierno, al infierno!
Vale.
Al término de la jornada de hoy viernes, lo más probable, lo más seguro, es que seguiremos sin acuerdo de gobierno y con el Secretario General del PSOE conocedor de que habiéndolo intentado, ha cumplido con su obligación, algo muy difícil de entender. Otros, como Rajoy, ni siquiera aceptó el encargo, o como Iglesias, que solamente ha intentado acaparar focos y titulares. Solamente Rivera se ha sumado al intento.
Al término de la jornada de hoy, comenzarán a correr los plazos para una nueva convocatoria electoral, objetivo último sin duda tanto de Partido Popular como de Podemos, ahítos de deseos más que de realidades. No se sabe, nadie puede a estas alturas, saber si el resultado que deparen una nuevas elecciones colmarán esos deseos de la derecha pura y dura que representa el Partido Popular, o los deseos feroces de Podemos por marcar un territorio, la izquierda, del que quieren apropiarse.
Al término de la jornada de hoy seguiremos con el Partido Popular sin entender que está noqueado y que cualquier golpe de corrupción que se sume a la somanta de puñetazos le hará caer más a la lona. Y seguiremos con un partido que se ha situado por conveniencia de mercado electoral a la izquierda cultivando como toda ideología el culto a la personalidad de su amado e histriónico líder.
Al término de la jornada de hoy no sabremos qué va a ocurrir ni mañana ni en los próximos días. No sabremos si cuando el Jefe del Estado vuelva a recibir a Patxi López le pedirá de nuevo la lista de los grupos parlamentarios para iniciar una nueva ronda de consultas o le dirá que visto lo visto, puede resultar más sensato dejar cumplir los plazos si ninguno de los líderes (¡a qué poco se cotiza ya esta palabra, cualquiera se dice líder!) tiene agallas suficientes para intentar formar gobierno.
Al término de la jornada de hoy no sabremos qué ocurrirá mañana ni en los próximos días. Ni siquiera sabremos si el Jefe del Estado sondeará con Patxi López, presidente del Congreso de los Diputados, la posibilidad de buscar un mirlo blanco, una personalidad de reconocido prestigio a la que encargar la formación de un gobierno. Aquello que el día 21D decían los de Podemos cuando comprobaron que si querían tocar pelo tendrían que sumarse al PSOE, y claro, eso no, hija, eso no, que diría Antonio Ozores.
Al término de la jornada de hoy los ciudadanos seguiremos huérfanos de gobierno, con un presidente en funciones que solamente tiene seguro ser candidato en unas inmediatas elecciones porque los estatutos de su partido no tienen la flexibilidad suficiente para cambiar de ¿líder? a la carrera. Salvo, claro está, que la potencia de quienes quieran descabalgarlo sea extrema.
Al término de la jornada de hoy los ciudadanos seguiremos huérfanos de gobierno y soportando los sables cruzados que ejecutivas y barones socialistas se lancen, despreciando la necesidad de una unión real y no ficticia, y desconociendo la máxima de que el partido es una herramienta para transformar la sociedad y no una oficina electoral exclusivamente.
Al término de la jornada de hoy los ciudadanos seguiremos huérfanos de gobierno y asistiendo al ir y venir ideológico de un partido de derechas que quiere y no puede ser de centro y que quiere y no puede asestarle la dentellada que fuera definitiva al Partido Popular, del que son un spin off, y viendo a su máximo dirigente esforzarse en ser el tiburón que lance esa dentellada y en ser la estrella de mar que conduzca a sus “ciudadanos” por el centro del mar electoral.
Al término de la jornada de hoy los ciudadanos seguiremos huérfanos de gobierno y asistiendo al espectáculo del histrión Pablo Iglesias, convertido a sí mismo en El Mesías, cuando no pasa de ser un Presumidín, como un personaje de Jardiel Poncela, metido en el centro de un salón de espejos de aumento que se enfrentan entre sí y proyectan su imagen engrandecida unos a otros hasta el infinito.
Al término de la jornada de hoy, los ciudadanos seguiremos huérfanos de gobierno y asistiendo atónitos al espectáculo que los ¿líderes? monten para decirnos que tenemos que volver a votar, que el 20D lo hicimos mal. Como si ellos hubieran hecho bien su trabajo.
Vale.
El rechazo por la Asamblea de Extremadura de los PGEX para 2016 plantea dos cuestiones de interés. Por un lado, el modo en que se han rechazado, y, por otro, las consecuencias.
Al proyecto presentado por el gobierno de Fernández Vara se habían presentado tres enmiendas a la totalidad, una por cada uno de los grupos políticos de la oposición: PP, Podemos y Ciudadanos. Solamente una de las tres prosperó, la presentada por Podemos, que contó con el apoyo del Partido Popular. Según dicen los dirigentes de Podemos, no sabían que el PP apoyaría su enmienda. En el interesante mundo de las relaciones políticas entre partidos que forman la Asamblea, solamente desde la ingenuidad puede pensarse que Alvaro Jaén y sus compañeros no tuvieran información clara de la intención del PP de votar su enmienda. Y, en todo caso, el hecho contrastable es que, en el mejor de los casos para la credibilidad de los discípulos de Pablo Iglesias en Extremadura, han sido utilizados como arma arrojadiza del PP contra el gobierno de Fernández Vara.
La consecuencia inmediata de este rechazo es que, conforme a la ley, han de prorrogarse los presupuestos de 2015, los últimos aprobados por la coalición del Partido Popular e Izquierda Unida.
Pero esa prórroga tiene efectos muy interesantes. Por ejemplo, habrá que recordar que cuando Rajoy decidió suprimir la paga extra de diciembre de 2012 a los empleados públicos, se hizo mediante un Real Decreto Ley, luego convalidado por el Congreso de los Diputados, que daba a esa supresión el carácter de norma básica (de obligado cumplimiento para todas las administraciones). Cuando en diciembre de 2012 a Monago le cayó el gordo del impuesto bancario salió en tromba para decir que pagaría la extra a los funcionarios. Monago es, según su currículum, licenciado en Derecho, pero ignorante en cuanto a la aplicación de normas básicas, por ejemplo. Los funcionarios de la Junta, igualmente ignorantes del carácter básico de la supresión de la extra, aplaudieron con las orejas, jalearon, le hicieron la ola. Luego hubo de envainarse el ímpetu, reconocer que no podía pagar la extra y al final acordó adelantar la de junio del año siguiente. Y así siguen. Por cierto, Fernández Vara se sumó a “facilitar” que “sus” funcionarios (los de la Junta) pudieran percibir, por la vía del adelanto, la extra. De los funcionarios del Estado en Extremadura, se olvidaron. No eran “su problema”.
Ahora, cuando el gobierno de Rajoy ha pagado un tercio de lo que había recortado, lo ha hecho en una norma que no tiene carácter básico, dejando al resto de las administraciones con el presupuesto al aire, que se busquen la vida. Además, recurriendo a deuda pública.
Pero Rajoy sí ha incluido dos medidas retributivas en los Presupuestos Generales del Estado para 2016: pagar lo que queda por devolver de la extra confiscada en 2012 e incrementar en un 1% las retribuciones de los empleados públicos. Pero esa norma presupuestaria nacional, que tiene carácter básico, solamente se puede aplicar en Extremadura trasponiéndola a la propia Ley de Presupuestos regional. Algo que no puede hacerse porque el Partido Popular de Monago, con la cooperación necesaria de Podemos, han tumbado los presupuestos.
Ahora, aquellos funcionarios de la Junta que defendían por tierra, mar y aire que Monago les iba a pagar la extra de 2012 saltándose el carácter básico de la norma que la confiscó, claman porque la jugada política de su faro y guía, el canario de honor, no les afecte: quieren cobrar lo que les falta de la extra, haya presupuesto o no. Porque con el presupuesto prorrogado no pueden cobrarla, como no pueden ver incrementadas sus retribuciones en un 1% hasta que no haya presupuestos nuevos.
¿Seguirán esos funcionarios ganados por el benefactor Monago con la extra de 2012 aplaudiéndole? ¿Le exigirán responsabilidades? ¿Volverán a votar al Partido Popular?
Vale.
Tras el documento de acuerdo entre Junts pel sí y la CUP para iniciar el proceso de independencia de Cataluña hacia un estado independiente, se han sucedido declaraciones de ida y vuelta, algunas de retroalimentación. En el caso del PP, en la persona de Tancredo Rajoy, parecen instalados en un mantra: “Si es Cataluña, arrasamos en las generales”, quizás recordando (in)conscientemente a aquella frase atribuida a alguien del gabinete de crisis tras el 11M: “Si ha sido ETA, arrasamos”. Rajoy, en su piedra de inmovilidad.
Pero escuchando entrevistas, cortes de declaraciones y otras píldoras, me ha parecido escuchar a Antonio Baños, en “Más Vale Tarde”, de La Sexta, decir algo sorprendente, tras un tira y afloja dialéctico con la presentadora Mamen Mendizábal y Txema Montero, uno de los tertulianos, sobre si había mayoría independentista, en votos o en escaños: que el partido de Artur Mas3% y la CUP habían decidido iniciar el proceso parlamentario, donde cuentan con mayoría, porque la soberanía reside en… el parlamento.
En cualquier régimen democrático occidental, la soberanía reside en el pueblo, y el parlamento ejecuta los mandatos del pueblo, del que emanan, además, todos los poderes del estado. Esta cuestión, claramente definida en la Constitución española, como en otras muchas, parece que en la dialéctica independentista se pierde.
Cuando he escuchado a Antonio Baños esa afirmación, me ha sorprendido, por tratarse de un profesor universitario, en materia económica, parece que de formación científica marxista, y que un desliz como ese acredita un error de partida que, de ser, un pensamiento de fondo plantea dudas más que peligrosas.
Si para los impulsores del proceso independentista, ahora la soberanía reside en el parlamento catalán, están apropiándose, indebidamente, del valor superior de cualquier organización de un estado: se apropian de la soberanía por encima de su depositario, el pueblo catalán.
Que en su dialéctica pretendan llevar adelante su proceso político porque se sienten legitimados por un 48% de los votantes, forma parte de la hoja de ruta. Pero no pueden, en modo alguno, hurtar la soberanía nacional del pueblo catalán por encima de todos los catalanes. Forma parte de esa dialéctica.
Pero lo que hoy decía Baños supone, además, que durante el tiempo que se desarrolle ese proceso, al menos, la soberanía del pueblo catalán, incluidos sus votantes, estará secuestrada y los parlamentarios independentistas se arrogan algo que no les pertenece, sino de la que son servidores.
El sustraer la soberanía al pueblo catalán es un mal principio. Pero dado que ese pueblo no es independentista en una mayoría indubitable, no tienen más remedio que tergiversar los conceptos, en retorcer las fuentes del derecho en su beneficio.
Mientras que para conseguir unos fines políticos, desde partidos políticos, o desde creadores de opinión pública se violen conceptos básicos y claros, el proceso nace viciado y, en el caso más que improbable, de que prosperara, ¿quién será capaz de decirle a Antonio Baños y Artur Mas3% que la soberanía reside en el pueblo catalán, cuando son ellos los hacedores, los creadores?
Vale.
La abdicación de Juan Carlos de Borbón ha resultado un detonante para que muchos miles de españoles, en las calles, exijan un referéndum sobre la forma de estado. Otros muchos reclaman un proceso constituyente.
Mientras tanto, mañana, 3 de junio, el Consejo de Ministros, en realidad, consejo de tramposos, aprobará el Proyecto de Ley Orgánica que contenga el procedimiento de abdicación y asunción de la jefatura del Estado por el heredero a la Corona, conforme a la vigente Constitución de 1978l.
Este proceso iniciado hoy con las declaraciones institucionales del Presidente del Gobierno y del propio Juan Carlos, y que mañana impulsará el Consejo de Ministros requerirá, por tratarse de Ley Orgánica, una mayoría cualificada. O lo que es lo mismo, requerirá que el PSOE apoye al PP para sacarla adelante. Y, desgraciadamente, eso va a suceder.
En este contexto, la convocatoria de un referéndum sobre la forma de Estado debería llevarse a cabo con carácter previo a la aprobación en las Cortes de la Ley Orgánica que prevé aprobarse mañana en Moncloa. O lo que es lo mismo, el referéndum debería convocarse ya, mañana mismo, y llevarse a cabo en el mes de julio. Si quieren, incluso, que sometan a referéndum la Ley Orgánica que pergeñan.
Como esto no va a suceder y las peticiones de referéndum van a continuar y pueden enquistare, con consecuencias difíciles de prever, con un gobierno acorralado por la corrupción, sometido a decisiones que se adoptan en Bruselas o Berlín y dirigido por un Mariano Rajoy, declarado incompetente, cuyas reacciones son imprevisibles. Baste tener en cuenta los intentos de Ley Mordaza o la infantil, por ignorante, criminalización de las redes sociales.
En todo caso, y en el mejor de los supuestos, someter la forma de Estado a referéndum, y que gane la república, nos llevaría a un necesario cambio constitucional. Esto es, a que la actual constitución se someta unos cambios, cuyo control escaparía al auténtico control de los ciudadanos.
En mi opinión, un simple referéndum sobre la forma de Estado (simple pero complejo) no resolvería más problema que ese, que la forma de Estado, monarquía o república. Y sería la puerta que abriría modificaciones de calado, del tipo que la llevada a cabo con el artículo 135 de la vigente Constitución.
Por ello, es necesario, sería necesario un proceso constituyente que incluyera la forma de Estado. Porque la forma de Estado no es, ni con mucho, el mayor problema que tenemos. Porque el paro, la crisis económica, la corrupción política, el desprecio de los políticos y grandes empresarios hacia ciudadanos y trabajadores, no dependen de monarquía o república.
Desde luego, para los ciudadanos, que quienes ostenten la jefatura del Estado sean merecedores de esa magistratura por genética o lo sean por eleccin democrática, es un bien a conseguir. Porque significa un símbolo en el que se refleje que la soberanía reside en el pueblo.
Cambiar sólo la forma de Estado puede suponer dar carta blanca a unos políticos, los actuales del PP, la derecha de siempre, que han demostrado de modo suficiente su incapacidad para tomar decisiones que mejoren la vida de los ciudadanos, pero sí la de los grandes empresarios y el gran capital, y una oposición mayoritaria, la del PSOE, que no se ha enterado en toda la legislatura de las tropelías del PP y se ha limitado a los juegos de manos de Rubalcaba en las ruedas de prensa.
Por ello, frente a la idea de un referéndum exclusivamente sobre la forma de Estado, mucho más eficaz, quizá más largo, pero más seguro, un proceso constituyente que termine en una nueva Constitución que, sí, se someta a referéndum y que permita elegir la forma de Estado.
Vale.
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