Tras el documento de acuerdo entre Junts pel sí y la CUP para iniciar el proceso de independencia de Cataluña hacia un estado independiente, se han sucedido declaraciones de ida y vuelta, algunas de retroalimentación. En el caso del PP, en la persona de Tancredo Rajoy, parecen instalados en un mantra: “Si es Cataluña, arrasamos en las generales”, quizás recordando (in)conscientemente a aquella frase atribuida a alguien del gabinete de crisis tras el 11M: “Si ha sido ETA, arrasamos”. Rajoy, en su piedra de inmovilidad.
Pero escuchando entrevistas, cortes de declaraciones y otras píldoras, me ha parecido escuchar a Antonio Baños, en “Más Vale Tarde”, de La Sexta, decir algo sorprendente, tras un tira y afloja dialéctico con la presentadora Mamen Mendizábal y Txema Montero, uno de los tertulianos, sobre si había mayoría independentista, en votos o en escaños: que el partido de Artur Mas3% y la CUP habían decidido iniciar el proceso parlamentario, donde cuentan con mayoría, porque la soberanía reside en… el parlamento.
En cualquier régimen democrático occidental, la soberanía reside en el pueblo, y el parlamento ejecuta los mandatos del pueblo, del que emanan, además, todos los poderes del estado. Esta cuestión, claramente definida en la Constitución española, como en otras muchas, parece que en la dialéctica independentista se pierde.
Cuando he escuchado a Antonio Baños esa afirmación, me ha sorprendido, por tratarse de un profesor universitario, en materia económica, parece que de formación científica marxista, y que un desliz como ese acredita un error de partida que, de ser, un pensamiento de fondo plantea dudas más que peligrosas.
Si para los impulsores del proceso independentista, ahora la soberanía reside en el parlamento catalán, están apropiándose, indebidamente, del valor superior de cualquier organización de un estado: se apropian de la soberanía por encima de su depositario, el pueblo catalán.
Que en su dialéctica pretendan llevar adelante su proceso político porque se sienten legitimados por un 48% de los votantes, forma parte de la hoja de ruta. Pero no pueden, en modo alguno, hurtar la soberanía nacional del pueblo catalán por encima de todos los catalanes. Forma parte de esa dialéctica.
Pero lo que hoy decía Baños supone, además, que durante el tiempo que se desarrolle ese proceso, al menos, la soberanía del pueblo catalán, incluidos sus votantes, estará secuestrada y los parlamentarios independentistas se arrogan algo que no les pertenece, sino de la que son servidores.
El sustraer la soberanía al pueblo catalán es un mal principio. Pero dado que ese pueblo no es independentista en una mayoría indubitable, no tienen más remedio que tergiversar los conceptos, en retorcer las fuentes del derecho en su beneficio.
Mientras que para conseguir unos fines políticos, desde partidos políticos, o desde creadores de opinión pública se violen conceptos básicos y claros, el proceso nace viciado y, en el caso más que improbable, de que prosperara, ¿quién será capaz de decirle a Antonio Baños y Artur Mas3% que la soberanía reside en el pueblo catalán, cuando son ellos los hacedores, los creadores?
Vale.
Cuando se acercan las elecciones del 27S en Cataluña/Catalunya, se acrecientan las banderas, se agigantan los territorios y empequeñecen, hasta desaparecer, los ciudadanos, las personas.
Unas elecciones convocadas en papel estelado y contestadas en en formato rojigualda. Qué más da. Lo que importa a los convocantes es su bandera, sus delimitaciones de geografía física, “sus territorios”. Y lo que importa al gobierno central es demostrar que la bandera de la plaza de Colón es la más grande, que “sus territorios” no se tocan.
Desde el primer momento en Artur Mas, implacable en los recortes, que han convertido a una gran parte de los catalanes en pobres sociales (cuando pasen las elecciones, cuando el desafío soberanista desaparezca, bien por su triunfo, bien por su derrota, los catalanes volverán a la realidad de sus hospitales diezmados, de sus derechos sociales cercenados…) lanzó su “desafío soberanista”, su bandera, por parte del gobierno del Estado solamente hubo una respuesta: el cumplimiento de la ley.
En ese “cumplimiento de la ley” se ha sentado don Tancredo Rajoy (como aquel torero tremendista) y ha visto salir al toro del soberanismo (manso) y ha dicho: la ley. Y cuando su tancredismo ha topado con la realidad tremendista de Arthur Mas, no ha sabido qué hacer.
En esta pelea de gallos, uno encrestado en su desafío, otro en el tejado de la Moncloa, van perdiendo los ciudadanos. Los catalanes, anestesiados sin cloroformo (por ahorrar), y los demás, anestesiados por el encefalograma plano de don Tancredo, fielmente retransmitido por todas las pantallas de plasma de los territorios.
Mientras los catalanes siguen sufriendo, hipnotizados, recortes y austeridad sin cuento a cargo de Mas (¿no será el de AhorraMas?), la pelea se centra en los territorios, espacios físicos, sin importar las personas.
Y cuando el “defensor de solamente la ley” se dio cuenta (o le hicieron saber) que está en la Moncloa, además, para hacer política, ya era tarde. El “desafío soberanista” seguía ahí. Y se sacó de la manga una ley “ad hominem” para convertir al Tribunal Constitucional en su brazo armado.
También, abrumado por la insistencia del catalán, pidió árnica a Adolfa Merkel. El árnica tuvo un precio, un precio de personas (mercancia barata): antes de que Adolfa apoyara a Rajoy en el tema catalán, Mariano solamente estaba dispuesto a acoger a 2.000 refugiados sirios como mucho. Después, cuando Merkel le dio instrucciones a cambio de una frase, los que hicieran falta. Rajoy vendió sus principios ideológicos por un plato de refugiados. Porque para la derecha, los refugiados sirios (o de cualquier lugar en guerra) son mercancía, lo mismo que para Merkel.
Luego vino Cameron y, qué curioso, el “territorio” de Gibraltar ya no es importante. A Rajoy le interesaba Mas, y le interesaba más que el ocupante del peñón le echara una mano con un asunto interno que plantearle la “histórica reivindicación sobre la Roca”.
Después, Obama, con una frase, pactada, tan ambigua, que la intérprete (seguramente norteamericana) entendió mal, o la ambigüedad era tan calculada que podía interpretarse como se quisiera. Aunque lo que valía era, única y exclusivamente, lo que dijeran las televisiones nacionales que controla con mano férrea el Partido Popular. Y todos los medios, claro.
Y a todo esto, los catalanes, soportando la austeridad. Porque cuando la realidad los despierte del sueño (o del sueño alcanzado de la independencia) los recortes seguirán ahí, seguirán siendo cada vez, como lo somos todos los demás, más pobres, sobre todo más pobres en derechos: en sanidad, en educación, en dependencia, en libertades.
Mientras sigan los políticos engallados y encastillados en sus torres de marfil, debidamente pulidas por plumas, micrófonos y cámaras a su mejor gloria, los ciudadanos, catalanes y españoles seguiremos perdiendo.
Y los territorios, abandonados a su suerte, seguirán siendo contaminados por vertidos incontrolados, urbanizados ilegalmente, quemados sin remedio.
Sobre la tierra quemada, como sobre los derechos esquilmados, no pueden, no podemos, vivir los ciudadanos.
Vale.
Portada de ABC de 02 de Septiembre de 2015
El Partido Popular, esto es, Mariano Rajoy, pretende modificar por la vía de urgencia la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional con la finalidad exclusiva de utilizarlo como arma (en un sentido belicoso) contra Artur Mas tras las elecciones catalanas del 27S. El diario ABC de hoy confirma ese lado belicoso que el PP quiere para el alto tribunal.
Lo que pretende Rajoy no es otra cosa que dotarse de un arma con la que amedrentar a un rival político, porque, no se olvide, el mal llamado “desafío soberanista” de Mas no es más que una estrategia política de un político de derechas (Artur Mas) al que otro político de derechas (Mariano Rajoy) no ha opuesto ninguna otra estrategia que no sea la de “cumplir la ley”.
Pero… ¿cómo es posible que durante más de dos años todo lo que ha planteado Tancredo Rajoy haya sido “cumplir la ley” y ahora, a un menos de un mes de las elecciones, se da cuenta que no tiene ley con la que hacer cumplir su inamovible posición?
Si finalmente el Gobierno remite el proyecto de modificación de la L.O. del Tribunal Constitucional para su aprobación inmediata por la vía de urgencia, estaremos ante un caso de utilización de las leyes y los procedimientos legales en una democracia formal con la única finalidad de derrotar a un oponente político. Vamos, en una utilización claramente fascista del poder.
La cuestión es saber qué van a hacer los partidos políticos en la oposición. De entrada, han dicho que no están de acuerdo, pero habrá que ver cómo evolucionan con el desarrollo de los acontecimientos.
Y aquí, en saber qué harán los grupos de la oposición es donde está la cuestión. Porque está claro que la mayoría absolutista del PP (¿alguien tiene la memoria suficiente para recordar el “rodillo socialista”?) sacará adelante la Ley. Solamente faltará saber si esa nueva Ley que permitiría al PP eliminar a un contrincante político será legal y legítima.
Legal sería, porque estaría aprobada por la mayoría de los miembros de las Cortes Generales (Congreso y Senado), pero legítima…
Si finalmente todos los partidos políticos en la oposición, en Congreso de los Diputados y Senado, estuvieran de acuerdo (aunque con motivaciones o explicaciones ideológicas diversas, como es normal) en rechazar la pretensión dictatorial, bolivariana, de Rajoy, la única y la mejor manera de demostrar la ilegitimidad de esta pretensión no está en votar en contra (lo que sí legitimaría la cuestión), sino en no participar absolutamente en ninguno de los pasos parlamentarios que pudiera dar el proyecto, en ausentarse de plenos y comisiones cuando estuviera incluida en las correspondientes convocatorias.
Negarse a participar, aunque fuera para rechazar el proyecto, en la tramitación y votaciones, es la manera de demostrar, con fuerza y con capacidad política, que la pretensión del Partido Popular no encaja en una sociedad democrática. Que no es de recibo que se utilicen las mayorías parlamentarias para legislar ad hominem y mucho menos para tapar la incompetencia propia.
Si hasta ahora toda la respuesta de Tancredo Rajoy y sus mayordomos al “desafío soberanista de Mas” era la de “cumplir la ley” y darse cuenta de que las cuestiones políticas solamente se resuelven políticamente, pero ser incapaz de articular argumentos y recurrir a la violencia legal para tapar la incompetencia, no puede ni debe ser legitimado.
Todos los partidos de la oposición, contrarios a semejante atentado a los principios democráticos, deberían, creo, negarse a participar en todo el proceso: no dar por recibido el proyecto, abandonar las mesas de Congreso y Senado cuando se trata el asunto, las mesas de las Comisiones si fuera preciso, no asistir ni a plenos ni a comisiones y, si se quiere, no hacer ninguna declaración pública sobre el asunto: el mayor desprecio es no hacer aprecio.
Vale.
Partido Socialista es su propia definición, su propio criterio asumido de que “es un partido de gobierno”. A ese dilema entre ser un partido de gobierno y asumir que no ha ganado las elecciones lanzarán cuñas para abrir grietas entre los dirigentes del partido. De la fortaleza ideológica y de la fortaleza de las propias convicciones dependerán que las cuñas terminen abriendo definitivamente en canal al PSOE y se decida por apoyar la gran coalición. Y, en ese caso, firmar su acta de defunción y dar por concluida la historia que nació con Pablo Iglesias Posse.
