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Recientemente se ha publicado que el militante debe fidelidad al partido, según una sentencia del Tribunal Constitucional. No conozco aún el texto completo de la STC pero todos los medios han hecho hincapié en el concepto de fidelidad. Y creo que hay algún matiz, muy importante, que se escapa por alto.

La militancia en un partido político es un acto voluntario, consciente (aunque a veces tenga otros aspectos mercantiles) y que recae en la esfera de la propia decisión individual. Es decir, un individuo milita en un partido porque quiere, se afilia cuando quiere y se da de baja cuando quiere.

Que el Tribunal Constitucional haya invocado el concepto de fidelidad para amarrar la vinculación entre militante y partido puede deberse a que el alto tribunal tiene una extracción (si dice así) conservadora y de profundas creencias religiosas.

Decía un sabio catalán (¡qué vamos a hacerle!), Jaume Perich, que “fe es creer lo que no vimos”. Y fidelidad hunde su raíz etimológica en la misma que la fe. Que un partido sea como una religión no es nuevo. Que las direcciones de los partidos traten a sus militantes como fieles siervos, tampoco. Lo han hecho siempre.

Cuando se trata de vincular la militancia política con la fe en el partido (fidelidad) estamos ante la anulación de la voluntad del militante. Para las direcciones de los partidos políticos (que son las que ‘eligen’ a los miembros del Tribunal Constitucional), desde el mismo momento en el que un ciudadano toma la decisión de militar en el partido, deja de ser ciudadano y pasa a ser un fiel siervo de la dirección.

Creo que el concepto que mejor define la militancia política en un partido no puede tener su raíz en un criterio no racional (la fe), si no en un criterio racional (legalis), que es la lealtad.

¿Por qué esa diferencia entre fidelidad y lealtad cuando en el diccionario de la RAE parecen sinónimos? Creo que la diferencia está en que al militante se le exige fidelidad al partido (esto es, a la dirección del partido) y es un concepto solamente aplicable al militante, no a la dirección, que es quien dicta las oraciones y los mandamientos a cumplir. En realidad, el militante solamente está para cumplir los designios de la dirección sin entrar a valorarlos, a criticarlos, a objetarlos. El militante deja de ser ciudadano para convertirse en creyente.

En cambio, si al militante se le exigiera lealtad estaríamos ante un acto voluntario, racional, sometido a la crítica. Y sería exigible también a la dirección del partido. La fidelidad solamente se exige de abajo a arriba, en tanto que la lealtad lo es en las dos direcciones.

Que el Tribunal Constitucional haya elegido el concepto fidelidad en lugar del concepto lealtad, muestra claramente el distanciamiento de los órganos de poder de los ciudadanos. El Tribunal Constitucional es un correlato de la estructura política de partidos. Es más cómodo para las direcciones de los partidos que los militantes sean fieles (y los votantes, no se olvide) a que sean leales.

Los fieles no conturban el cumplimiento de los mandamientos, en tanto que los leales señalan los mandamientos que no son ‘fieles’ al ordinario ideológico del partido.

Cuando uno ha sido militante de un partido, voluntariamente, y voluntariamente ha dejado de serlo, puede decir que cambió la fidelidad por la lealtad. Cambió la fe en la dirección del partido por la lealtad a un pensamiento político. Y ello como consecuencia de un análisis racional de la falta de lealtad de la dirección política con los compromisos adquiridos ante todos los ciudadanos.

Porque fe, fidelidad, es creer lo que no vimos y lealtad es creer en los compromisos con los demás, el Tribunal Constitucional parece que ha optado más por el cumplimiento de los mandamientos que por el pensamiento critico.

Vale.

Cuando se acercan las elecciones del 27S en Cataluña/Catalunya, se acrecientan las banderas, se agigantan los territorios y empequeñecen, hasta desaparecer, los ciudadanos, las personas.

Unas elecciones convocadas en papel estelado y contestadas en en formato rojigualda. Qué más da. Lo que importa a los convocantes es su bandera, sus delimitaciones de geografía física, “sus territorios”. Y lo que importa al gobierno central es demostrar que la bandera de la plaza de Colón es la más grande, que “sus territorios” no se tocan.

Desde el primer momento en Artur Mas, implacable en los recortes, que han convertido a una gran parte de los catalanes en pobres sociales (cuando pasen las elecciones, cuando el desafío soberanista desaparezca, bien por su triunfo, bien por su derrota, los catalanes volverán a la realidad de sus hospitales diezmados, de sus derechos sociales cercenados…) lanzó su “desafío soberanista”, su bandera, por parte del gobierno del Estado solamente hubo una respuesta: el cumplimiento de la ley.

En ese “cumplimiento de la ley” se ha sentado don Tancredo Rajoy (como aquel torero tremendista) y ha visto salir al toro del soberanismo (manso) y ha dicho: la ley. Y cuando su tancredismo ha topado con la realidad tremendista de Arthur Mas, no ha sabido qué hacer.

En esta pelea de gallos, uno encrestado en su desafío, otro en el tejado de la Moncloa, van perdiendo los ciudadanos. Los catalanes, anestesiados sin cloroformo (por ahorrar), y los demás, anestesiados por el encefalograma plano de don Tancredo, fielmente retransmitido por todas las pantallas de plasma de los territorios.

Mientras los catalanes siguen sufriendo, hipnotizados, recortes y austeridad sin cuento a cargo de Mas (¿no será el de AhorraMas?), la pelea se centra en los territorios, espacios físicos, sin importar las personas.

Y cuando el “defensor de solamente la ley” se dio cuenta (o le hicieron saber) que está en la Moncloa, además, para hacer política, ya era tarde. El “desafío soberanista” seguía ahí. Y se sacó de la manga una ley “ad hominem” para convertir al Tribunal Constitucional en su brazo armado.

También, abrumado por la insistencia del catalán, pidió árnica a Adolfa Merkel. El árnica tuvo un precio, un precio de personas (mercancia barata): antes de que Adolfa apoyara a Rajoy en el tema catalán, Mariano solamente estaba dispuesto a acoger a 2.000 refugiados sirios como mucho. Después, cuando Merkel le dio instrucciones a cambio de una frase, los que hicieran falta. Rajoy vendió sus principios ideológicos por un plato de refugiados. Porque para la derecha, los refugiados sirios (o de cualquier lugar en guerra) son mercancía, lo mismo que para Merkel.

Luego vino Cameron y, qué curioso, el “territorio” de Gibraltar ya no es importante. A Rajoy le interesaba Mas, y le interesaba más que el ocupante del peñón le echara una mano con un asunto interno que plantearle la “histórica reivindicación sobre la Roca”.

Después, Obama, con una frase, pactada, tan ambigua, que la intérprete (seguramente norteamericana) entendió mal, o la ambigüedad era tan calculada que podía interpretarse como se quisiera. Aunque lo que valía era, única y exclusivamente, lo que dijeran las televisiones nacionales que controla con mano férrea el Partido Popular. Y todos los medios, claro.

Y a todo esto, los catalanes, soportando la austeridad. Porque cuando la realidad los despierte del sueño (o del sueño alcanzado de la independencia) los recortes seguirán ahí, seguirán siendo cada vez, como lo somos todos los demás, más pobres, sobre todo más pobres en derechos: en sanidad, en educación, en dependencia, en libertades.

Mientras sigan los políticos engallados y encastillados en sus torres de marfil, debidamente pulidas por plumas, micrófonos y cámaras a su mejor gloria, los ciudadanos, catalanes y españoles seguiremos perdiendo.

Y los territorios, abandonados a su suerte, seguirán siendo contaminados por vertidos incontrolados, urbanizados ilegalmente, quemados sin remedio.

Sobre la tierra quemada, como sobre los derechos esquilmados, no pueden, no podemos, vivir los ciudadanos.

Vale.

portada abc 2092015

Portada de ABC de 02 de Septiembre de 2015

El Partido Popular, esto es, Mariano Rajoy, pretende modificar por la vía de urgencia la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional con la finalidad exclusiva de utilizarlo como arma (en un sentido belicoso) contra Artur Mas tras las elecciones catalanas del 27S. El diario ABC de hoy confirma ese lado belicoso que el PP quiere para el alto tribunal.

Lo que pretende Rajoy no es otra cosa que dotarse de un arma con la que amedrentar a un rival político, porque, no se olvide, el mal llamado “desafío soberanista” de Mas no es más que una estrategia política de un político de derechas (Artur Mas) al que otro político de derechas (Mariano Rajoy) no ha opuesto ninguna otra estrategia que no sea la de “cumplir la ley”.

Pero… ¿cómo es posible que durante más de dos años todo lo que ha planteado Tancredo Rajoy haya sido “cumplir la ley” y ahora, a un menos de un mes de las elecciones, se da cuenta que no tiene ley con la que hacer cumplir su inamovible posición?

Si finalmente el Gobierno remite el proyecto de modificación de la L.O. del Tribunal Constitucional para su aprobación inmediata por la vía de urgencia, estaremos ante un caso de utilización de las leyes y los procedimientos legales en una democracia formal con la única finalidad de derrotar a un oponente político. Vamos, en una utilización claramente fascista del poder.

La cuestión es saber qué van a hacer los partidos políticos en la oposición. De entrada, han dicho que no están de acuerdo, pero habrá que ver cómo evolucionan con el desarrollo de los acontecimientos.

Y aquí, en saber qué harán los grupos de la oposición es donde está la cuestión. Porque está claro que la mayoría absolutista del PP (¿alguien tiene la memoria suficiente para recordar el “rodillo socialista”?) sacará adelante la Ley. Solamente faltará saber si esa nueva Ley que permitiría al PP eliminar a un contrincante político será legal y legítima.

Legal sería, porque estaría aprobada por la mayoría de los miembros de las Cortes Generales (Congreso y Senado), pero legítima…

Si finalmente todos los partidos políticos en la oposición, en Congreso de los Diputados y Senado, estuvieran de acuerdo (aunque con motivaciones o explicaciones ideológicas diversas, como es normal) en rechazar la pretensión dictatorial, bolivariana, de Rajoy, la única y la mejor manera de demostrar la ilegitimidad de esta pretensión no está en votar en contra (lo que sí legitimaría la cuestión), sino en no participar absolutamente en ninguno de los pasos parlamentarios que pudiera dar el proyecto, en ausentarse de plenos y comisiones cuando estuviera incluida en las correspondientes convocatorias.

Negarse a participar, aunque fuera para rechazar el proyecto, en la tramitación y votaciones, es la manera de demostrar, con fuerza y con capacidad política, que la pretensión del Partido Popular no encaja en una sociedad democrática. Que no es de recibo que se utilicen las mayorías parlamentarias para legislar ad hominem y mucho menos para tapar la incompetencia propia.

Si hasta ahora toda la respuesta de Tancredo Rajoy y sus mayordomos al “desafío soberanista de Mas” era la de “cumplir la ley” y darse cuenta de que las cuestiones políticas solamente se resuelven políticamente, pero ser incapaz de articular argumentos y recurrir a la violencia legal para tapar la incompetencia, no puede ni debe ser legitimado.

Todos los partidos de la oposición, contrarios a semejante atentado a los principios democráticos, deberían, creo, negarse a participar en todo el proceso: no dar por recibido el proyecto, abandonar las mesas de Congreso y Senado cuando se trata el asunto, las mesas de las Comisiones si fuera preciso, no asistir ni a plenos ni a comisiones y, si se quiere, no hacer ninguna declaración pública sobre el asunto: el mayor desprecio es no hacer aprecio.

Vale.