Archivos para Senado

El 12 de junio de 1907, el periódico El Norte de Extremadura publicaba un artículo laudatorio sobre un proyecto de ley que el senador gallego González Besada, del partido conservador de Antonio Maura, en el que se trataba de realizar una primera intervención gubernamental para frenar la emigración y aumentar la repoblación de tierras abandonadas. Para El Norte de Extremadura, que había publicado artículos sobre la penosa situación de los pueblos de la provincia y de las funestas consecuencias de la emigración, el proyecto, aunque fuera de un ministro de “parroquia” distinta a su línea editorial, era una buena noticia. Ignoro si el proyecto, del que el periódico incluía gran parte del mismo, luego convertido en Ley, es el primer intento de una actuación global del Estado para frenar la creciente emigración, y si la aplicación de la Ley fue suficiente, aunque por lo conocido de Extremadura, no parece que tuviera mucho éxito en su aplicación.

Diario de Sesiones. Senado. Proyecto de Ley.

Son tan pocas ó ningunas las disposiciones que los Gobiernos han dictado hasta aquí para evitar los desmembramientos de la patria, -de los que ya en diferentes ocasiones nos hemos hecho eco en estas columnas- que no podemos menos de trasladar á las mismas el proyecto leído en el Senado por el Sr. González Besada, con el fin de poner algún remedio á este gravísimo mal.

El proyecto de este estudiosos y previsor ministro, tiende á solucionar, ó cuando menos poner un dique á la emigración, y no hemos de nosotros los que restemos méritos al pensamiento del Sr. Besada, que hace concebir alguna esperanza, aquí donde tanto abundan los elocuentes charlatanes, así como escasean los hombre de energía que estudien á fondo la vida angustiosa de los infelices obreros del campo en las villas y aldeas españolas, sometidos al juego y explotación de los grandes terratenientes, causa primordial de la emigración y despoblación que nos arruina y envilece.

Del conocimiento de las causas que motivan los grandes males y de su meditado estudio nacen los remedios que han de venir poco á poco á solucionarlos; por eso hoy, aunque comulguemos en distinta parroquia, aplaudimos el trabajo del Sr. González Besada, que á más de evitar la emigración, hará que sea un hecho en un día no lejano la repoblación del país, proporcionando un cultivo adecuado á los terrenos que hoy son improductivos ó no producen lo que debieran por no darles la debida preparación.

He aquí lo más importante del proyecto:

Art. 2º La aplicación de esta ley tendrá, por ahora, carácter de ensayo y se reducirá su alcance en aquellos montes y terrenos propiedad del Estado, declarados enajenables, que sean susceptibles de cultivo en cierta zona sin daño de la conservación y mejora de la riqueza forestal de los mismos.

Art. 3º Podrán los Ayuntamientos enajenar sus bienes patrimoniales que no estén catalogados por causa de utilidad pública y sean susceptibles de división y ventas en pequeños lotes, en la forma y condiciones que se fijará para la de los montes del Estado.

Del mismo modo, todos aquellos propios de los pueblos que están declarados enajenables, podrán serlo conforme á esta ley, bien á petición de los pueblos propietarios, bien por conocerse la conveniencia de su división por el Gobierno, mediante los organismos que en la misma se establecen.

Art. 4º Tienen derecho á los beneficios de esta ley los que acrediten no pagar contribución y sean casados ó viudos con hijos, dándose preferencia á los del término municipal, sin que se lleve á cabo el reparto sobre los del partido judicial, á estos sobre los de la provincia, y á éstos sobre los del resto de la Nación. En igualdad de circunstancia se optará por los que tuvieran más hijos aptos para las labores del campo.

El reparto y cesión de terrenos se ajustará á las siguientes reglas:

1ª Se formarán los lotes con la extensión necesaria para el sustento de una familia, según se determine en el plan que se establezca por la Junta Central.

2ª Una cuarta parte del terreno asignado habrá de dedicarse á repoblación forestal por el concesionario y el resto á otros cultivos, siempre de la preferencia de éste, pero con el consejo y la dirección técnica que se le facilite.

3ª Durante los cinco primeros años, el concesionario de un monte del Estado, será un mero poseedor del lote que se le adjudique, y podrá privársele de la posesión cuando no cumpliera las condiciones fijadas y las que le señale la Junta encargada de este servicio.

4ª Transcurridos los cinco años adquirirán la propiedad de los terrenos y empezarán á satisfacer al Estado la contribución correspondiente, según la calidad de la finca y la clase de cultivo.

5ª En los montes que sean propiedad de los Ayuntamientos, los lotes se adjudicarán á censo reservativo, abonándose por el censatario, como cánon, el 2 por 100 del valor en que se hubiera tasado el terreno y pudiendo redimir el importe de su capitalización hasta en cincuenta consecutivas anualidades.

6ª No podrán recaer dos lotes en personas ligadas por vínculos de parentesco, dentro del segundo grado, salvo que fuesen todas ellas mayores de edad, cabezas de familia y con descendencia apta para el trabajo.

7ª Será nulo todo pacto de cesión, permuta ó venta durante los diez primeros años, á partir de la adjudicación.

8ª Tanto en caso de transmisión por herencia como por actos intervivos después de los diez años, será indivisible á perpetuidad el coto adjudicado á cada censionario, debiendo en todo caso traspasarse á una persona sola, á no ser que obtuvieran especial autorización del Gobierno.

Recorte del texto legal sancionado por el Rey. Diario de Sesiones del Senado.

9ª No podrán gravarse lo lotes adjudicados con más hipotecas que las legales á favor del Estado, de los Municipios, consortes ó hijos. Para la responsabilidad real del propietario, como base del crédito agrícola de que se desee ó procure hacer uso por sus operaciones de cultivo, únicamente les será permitido contraerla con la Asociación cooperativa que se organice por la Junta al crear el núcleo de población.

10ª En caso de ejecución de los créditos hipotecarios, el dominio pasará al acreedor, pero con la condición de no poder desmembrarlo y de que una nueva familia reemplace á la ejecutada.

11ª A los poblados de los montes del Estado y terrenos sujetos á esta ley se les facilitará por el Gobierno los auxilios necesarios para su instalación y la explotación de los terrenos adjudicados, ajustándose al cálculo que la Junta formule, atenta á las condiciones del terreno que se habrá de colonizar y las especiales de cada región y cultivo. La Asociación cooperativa formada en la nueva colonia cuidará e intervendrá su conveniente empleo por parte del colono, conforme á las reglas que por la Junta se le señalen.

12ª En la repoblación de propiedades de los Ayuntamientos podrá el Estado hacer anticipos á las asociaciones cooperativas que en cada caso deberán formarse, quedando responsables para con aquél y efectos en garantía los lotes adjudicados.

En la concesión de préstamos se señalarán las condiciones de los mismos y el tanto por ciento de interés y amortización á que habrán de ajustarse.

Art. 6º Para la mejor ejecución de esta ley y realización total del pensamiento que la informa, se crea una Junta Central, compuesta de un exministro de la Corona, presidente; dos senadores, el diputado, el director general de Agricultura, el de Contribuciones, Impuestos y Rentas, dos ingenieros de montes y dos agrónomos.

El art. 8º dispone:

Art. 8º Un real decreto, dictado por la Presidencia del Consejo de ministros, aprobará cada plan y ordenará su ejecución, siendo obligatorio constituir una Asociación cooperativa entre los pobladores de cada monte ó terreno subdividido, que habrá de servir de órgano intermediario y educativo de los mismos en sus necesidades de crédito, ahorro, socorro, seguro, compra y venta y mejora cultural, proporcionándoles las ventajas morales y económicas de la ayuda recíproca y de la unión de esfuerzos para un fin común.

La Junta ejercerá cerca de dichas asociaciones las funciones de dirección y patronato, hasta que los socios adquieran la práctica necesaria para seguir la Asociación.

Se autoriza un crédito de un millón de pesetas, cifra que se considera suficiente para llevar á cabo el primer ensayo de colonización en los montes y terrenos enajenables del Estado, calculando un máximo de mil pesetas por colono y lote concedido y en condiciones de ser explotado.

Este es el proyecto del Sr. González Besada, al que acompaña una Memoria, donde se comprenden todos los datos que han de servir de guía é ilustración en este importantísimo asunto, del cual hemos de ocuparnos cuantas veces sea preciso, deseando llegar á ser un hecho positivo y no muera en flor, como otros muchos, por la sola razón de que iban á servir para algo bueno.

Vale

Tras la celebración de las elecciones del 20D y el aparente, que no real, final del bipartidismo, nos encontramos 80 días después con un gobierno constitucionalmente en funciones. Digo constitucionalmente en funciones porque ese concepto lo manejan a conveniencia: acuerdan en Europa acciones contra los derechos humanos de los refugiados y se niegan a dar cuentas al Congreso de los Diputados. O acuerdan seguir esquilmando el Tajo con la aprobación de nuevos trasvases. O nombran altos cargos que pueden, sin duda, condicionar la acción del nuevo gobierno… que pudiera llegar a constituirse.

Pero mientras el gobierno está en funciones “a conveniencia”, el Congreso sigue sin conseguir un acuerdo que dé lugar a su primera decisión constitucional importante: la elección del Presidente del Gobierno.

La duda surge cuando, tras un largo tiempo transcurrido sin que se produzcan los hechos jurídicos necesarios (investidura del presidente del gobierno), podemos asignar al Congreso de los Diputados el mismo concepto de “en funciones” que adquiere el Gobierno desde el momento mismo de la celebración de las elecciones.

Constitucionalmente, el gobierno en funciones tiene limitadas sus competencias en asuntos relevantes, mientras que el parlamento, Congreso y Senado, se constituye en los plazos marcados con la elección de las respectivas mesas y la constitución de los diversos órganos (comisiones, junta de portavoces…). Pero es a partir cuando las atribuciones legales de las cámaras de representación están, en estos momentos, paralizadas, tras el primer intento de investidura de presidente del gobierno.

Es a los grupos políticos a los que corresponde llegar a acuerdos para la investidura de un presidente de gobierno, y en estos momentos la situación de bloqueo por vetos cruzados, parece que nos lleva a un período largo de incertidumbre que puede acabar con un acuerdo de última hora, y seguramente frágil, o con nuevas elecciones cuyo resultado nadie se atreve a aventurar, aunque sí a condicionar con encuestas a medida.

Desde el mismo momento en que los actores políticos (los diputados, a través de los respectivos grupos) parecen más entregados a impedir acuerdos lanzando vetos que a la labor para la que han sido elegidos, hacer política, las funciones del Congreso están… o no están.

Mientras que el gobierno en funciones acuerda en Europa una desgraciada medida contra los derechos humanos de los refugiados, el Congreso es incapaz de que ese gobierno en funciones acuda a dar explicaciones. Y esa incapacidad es la misma que hace que no haya acuerdos. Claro, que mientras los grupos políticos se ponen zancadillas, se empujan, esperando la caída del adversario o su rendición, los derechos humanos de los refugiados se vulneran con el beneplácito de España.

Mientras las necesidades de los ciudadanos no parecen existir y sí las expectativas de los dirigentes políticos de formar gobierno (de pillar cacho) las funciones del parlamento no existen: ni existe el control al gobierno ni existe la capacidad legislativa.

El aparente final del bipartidismo trae al primer plano la realidad bipartidista: PP y PSOE están alejados y separados por cuatro años de ejercicio despótico de la mayoría absoluta que ha hecho la derecha en la última legislatura. Tras estos cuatro años, el PSOE, legítimamente, no puede facilitar en modo alguno un gobierno del Partido que ha aplicado un ajuste de cuentas en muchos aspectos criminal contra el estado del bienestar.

Por otra parte, el aparente final del bipartidismo nos ha traído dos fuerzas políticas, Podemos y Ciudadanos, que están repitiendo, siquiera con otro lenguaje, la misma divergencia que los dos partidos tradicionales.

Y a todo esto, con un gobierno en funciones según para qué, y un Congreso que parece que no sabe para qué ha sido elegido, los ciudadanos esperamos que se legisle para revertir los salvajes hachazos dados al estado del bienestar y un gobierno que adopte decisiones ejecutivas para mejorar la vida especialmente de los sectores más perjudicados por la inicua acción del gobierno del Partido Popular.

Vale.

 

portada abc 2092015

Portada de ABC de 02 de Septiembre de 2015

El Partido Popular, esto es, Mariano Rajoy, pretende modificar por la vía de urgencia la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional con la finalidad exclusiva de utilizarlo como arma (en un sentido belicoso) contra Artur Mas tras las elecciones catalanas del 27S. El diario ABC de hoy confirma ese lado belicoso que el PP quiere para el alto tribunal.

Lo que pretende Rajoy no es otra cosa que dotarse de un arma con la que amedrentar a un rival político, porque, no se olvide, el mal llamado “desafío soberanista” de Mas no es más que una estrategia política de un político de derechas (Artur Mas) al que otro político de derechas (Mariano Rajoy) no ha opuesto ninguna otra estrategia que no sea la de “cumplir la ley”.

Pero… ¿cómo es posible que durante más de dos años todo lo que ha planteado Tancredo Rajoy haya sido “cumplir la ley” y ahora, a un menos de un mes de las elecciones, se da cuenta que no tiene ley con la que hacer cumplir su inamovible posición?

Si finalmente el Gobierno remite el proyecto de modificación de la L.O. del Tribunal Constitucional para su aprobación inmediata por la vía de urgencia, estaremos ante un caso de utilización de las leyes y los procedimientos legales en una democracia formal con la única finalidad de derrotar a un oponente político. Vamos, en una utilización claramente fascista del poder.

La cuestión es saber qué van a hacer los partidos políticos en la oposición. De entrada, han dicho que no están de acuerdo, pero habrá que ver cómo evolucionan con el desarrollo de los acontecimientos.

Y aquí, en saber qué harán los grupos de la oposición es donde está la cuestión. Porque está claro que la mayoría absolutista del PP (¿alguien tiene la memoria suficiente para recordar el “rodillo socialista”?) sacará adelante la Ley. Solamente faltará saber si esa nueva Ley que permitiría al PP eliminar a un contrincante político será legal y legítima.

Legal sería, porque estaría aprobada por la mayoría de los miembros de las Cortes Generales (Congreso y Senado), pero legítima…

Si finalmente todos los partidos políticos en la oposición, en Congreso de los Diputados y Senado, estuvieran de acuerdo (aunque con motivaciones o explicaciones ideológicas diversas, como es normal) en rechazar la pretensión dictatorial, bolivariana, de Rajoy, la única y la mejor manera de demostrar la ilegitimidad de esta pretensión no está en votar en contra (lo que sí legitimaría la cuestión), sino en no participar absolutamente en ninguno de los pasos parlamentarios que pudiera dar el proyecto, en ausentarse de plenos y comisiones cuando estuviera incluida en las correspondientes convocatorias.

Negarse a participar, aunque fuera para rechazar el proyecto, en la tramitación y votaciones, es la manera de demostrar, con fuerza y con capacidad política, que la pretensión del Partido Popular no encaja en una sociedad democrática. Que no es de recibo que se utilicen las mayorías parlamentarias para legislar ad hominem y mucho menos para tapar la incompetencia propia.

Si hasta ahora toda la respuesta de Tancredo Rajoy y sus mayordomos al “desafío soberanista de Mas” era la de “cumplir la ley” y darse cuenta de que las cuestiones políticas solamente se resuelven políticamente, pero ser incapaz de articular argumentos y recurrir a la violencia legal para tapar la incompetencia, no puede ni debe ser legitimado.

Todos los partidos de la oposición, contrarios a semejante atentado a los principios democráticos, deberían, creo, negarse a participar en todo el proceso: no dar por recibido el proyecto, abandonar las mesas de Congreso y Senado cuando se trata el asunto, las mesas de las Comisiones si fuera preciso, no asistir ni a plenos ni a comisiones y, si se quiere, no hacer ninguna declaración pública sobre el asunto: el mayor desprecio es no hacer aprecio.

Vale.

Coros y DanzasMonago en Canarias, vía twitter de @anapardodevera

La legalización de la objeción de conciencia para el cumplimiento de la mili derivó, según los pensamientos conservadores, en un aluvión de objetores de conveniencia, con la exclusiva finalidad de librarse de la mli. Pues aquella deriva de pensamiento conservadora ha llegado a nuestros tiempos y sirve para todo. Ya no hay liberales sino neoliberales, pero no de ideología fundamentada sino de pensamiento abonado.

Esta troupe de neoliberales por garbanzos también rondan por Extremadura. Son los que vienen queriendo hacernos creer que los viajes de Monago a ver su churri a Canarias pagados con dinero público (versión 1) o que Monago, Senador por la Comunidad Autónoma de Extremadura, viajaba a Canarias porque estaba empadronado en las islas (versión 2) no son censurables.

Claro, cuentan con el apoyo inestimable de un PSOE desideologizado, que avala la versión de la fiscalía del Tribunal Supremo (no es ilegal), y que lleva el asunto a tema de moralidad. Y en cuestiones de moralidad pública, moralidad privada y bajos fondos, la derecha neoliberal tiene su patrimonio. Vicios privados, virtudes públicas.

En una cosa digital que edita una empresa mercantil de publiciad y propaganda, que recoge a rancios periodistas (rancios en su sentido tocinero), editorializa para decir que no hay “caso Monago”. Y su fundamento ideológico-jurídico es: “Lo que no está expresamente prohibido por ley está autorizado”. Que esto se publique así por las buenas, sin anestesia, y que provenga de la misma banda (derecha/extrema) que se hace cruces cuando se les dice que es un buen momento para cambiar la Constitución del 78, es cinismo puro. Neoliberales de conveniencia. Fachorros de boina capada.

Porque no es verdad que lo que no está expresamente prohibido está autorizado. No es verdad que porque el Senado tenga un sistema económica que rodea, como en el caso Monago, el Código Penal (tanto valor puede tener la interpretación de un Fiscal como la de un ciudadano que tenga mínimas nociones de derecho), lo de Monago esté autorizado. Claro, que en este caso volvemos a encontrar al PSOE como cooperador necesario para que el Fiscal del TS haya podido “fundamentar” la exoneración del mencey de Quintana de la Serena.

La Constitución Española de 1978, esa intocable para los mismos del Partido Popular que no la querían y votaron en contra o se abstuvieron en el referéndum, está fundamentada jurídicamente en el derecho positivo: solamente es ajustado a derecho lo que esta expresamente reconocido en el derecho.

Baste un ejemplo. El Código Civil establecía que el matrimonio era entre un hombre y una mujer, pero no prohibía el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Estos neoliberales de vía estrecha, a sueldo de la derecha, que afirman (iba a decir sin despeinarse, pero seguramente sean calvos la mayoría) que lo que no está expresamente prohibido está autorizado, deberían decir que para qué la reforma del CC que hizo Zapatero para que, de modo efectivo, el matrimonio entre personas del mismo sexo fuera legal.

Claro que en el régimen económico del Senado no está prohibido expresamente que los senadores utilicen privilegios económicos para hacer de su capa un sayo y puedan viajar a costa del dinero público a donde les tire el cerebro, pero de ahí a decir que un senador pueda incumplir la ley que le habilita para ello (Monago era Senador por la Comunidad Autónoma de Extremadura y por tanto la obligación de ser residente de hecho y de derecho en dicha Comunidad) y viajar a costa del erario público a ver a su amada,va un trecho.

Estos neoliberales a sueldo del poder que son capaces de justificar cualquier cosa que pueda poner en entredicho a quien es el amo de la caja de caudales, son en la práctica, neoliberales de conveniencia, escribanos a sueldo, que cada vez más andan por las calles sin que tenga que ir nadie detrás con una pala y una escoba recogiendo sus boñigas ideológicas.

Vale.

En estos días de revuelo en la prensa nacional, y de oprobio para una parte (no sé si grande o pequeña) Extremadura, en los que su presidente por la gracia de Izquierda Unida se ha visto obligado a hacer un ridículo espantoso por unos viajes que él dice que se pagó de su bolsillo pero cuyo importe va a devolver al Senado, que los pagó para que el senador Monago fuera a ver a una militante del Partido Popular a Canarias cada quince días, en estos días hemos visto, leído y oído de todo.

Y en ese de todo, una frase ha rechinado más fuerte que toda la sarta de falsas disculpas, verdades a medias, mentiras de grueso calibre que han salido de la boca del presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago y de toda la dirección de su partido que dice que le apoya en su utilización, cuando menos inadecuada, de dinero público, aunque en realidad podría ser hasta malversación de fondos públicos.

Me refiero a la sobreactuación del secretario general del Partido Popular en Extremadura, el cuñado del antiguo repartido de cervezas, que además es presidente de la Asamblea de Extremadura, cuando en un histriónico discurso dijo a un acuciado Monago: “Toda Extremadura está contigo”.

Los histrionismos, las sobreactuaciones de políticos de tres al cuarto suelen terminar todas en los mismo: envueltos en la bandera.

Ayer, viernes 7 de noviembre, el secretario general del Partido Popular, Fernando Manzano, cometió un exceso de verbalización cuando afirmo “toda Extremadura está contigo”. Eso es apropiación indebida. Eso es apropiarse del todo (incluida la caja de los derechos) para pagar la factura de un pillado.

Toda Extremadura no está con Monago. Ni lo estará. Ahora mismo, salvo los que le deben el sueldo de todos los meses, incluyendo a su entrenador de padel, al repartidor de cervezas y otros similares, y, sobre todo, los capataces Alejandro Nogales y Pedro Escobar, ningún extremeño que se precie puede ni debe estar con un sujeto que por la mañana del viernes decía que iba a llevar a los tribunales a todos los que decían (decíamos) que había utilizado dinero público para asuntos privados y hoy dice que devolverá el dinero público utilizado para asuntos privados. ¿Se va a denunciar a sí mismo?

Envolverse en la bandera de Extremadura, hacer apropiación indebida del buen nombre de la región, para defender a un individuo o sujeto que ha hecho uso indebido de dinero público debería ser considerado delito político. O periodístico (porque ya lo hizo el director del HolaPP).

Cuando las buenas prácticas de gobierno que el Partido Popular defiende asienta sus raíces vigorosas en conductas como la de José Antonio Monago y no le obliga a dimitir, hacer apropiación indebida de la región a la que debes servir y no de la que te estás sirviendo en beneficio particular, estamos ante un hecho concreto: el Partido Popular tiene unas vigorosas raíces corruptas.

No, señor Manzando, toda Extremadura no está con Monago, ni mucho menos. Y por mucho que lo griten, por mucho que lo sobreactúen imitando el histrionismo de Jim Carrey y Jeff Daniels, no lo estará.

Vale.