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Tras la celebración de las elecciones del 20D y el aparente, que no real, final del bipartidismo, nos encontramos 80 días después con un gobierno constitucionalmente en funciones. Digo constitucionalmente en funciones porque ese concepto lo manejan a conveniencia: acuerdan en Europa acciones contra los derechos humanos de los refugiados y se niegan a dar cuentas al Congreso de los Diputados. O acuerdan seguir esquilmando el Tajo con la aprobación de nuevos trasvases. O nombran altos cargos que pueden, sin duda, condicionar la acción del nuevo gobierno… que pudiera llegar a constituirse.

Pero mientras el gobierno está en funciones “a conveniencia”, el Congreso sigue sin conseguir un acuerdo que dé lugar a su primera decisión constitucional importante: la elección del Presidente del Gobierno.

La duda surge cuando, tras un largo tiempo transcurrido sin que se produzcan los hechos jurídicos necesarios (investidura del presidente del gobierno), podemos asignar al Congreso de los Diputados el mismo concepto de “en funciones” que adquiere el Gobierno desde el momento mismo de la celebración de las elecciones.

Constitucionalmente, el gobierno en funciones tiene limitadas sus competencias en asuntos relevantes, mientras que el parlamento, Congreso y Senado, se constituye en los plazos marcados con la elección de las respectivas mesas y la constitución de los diversos órganos (comisiones, junta de portavoces…). Pero es a partir cuando las atribuciones legales de las cámaras de representación están, en estos momentos, paralizadas, tras el primer intento de investidura de presidente del gobierno.

Es a los grupos políticos a los que corresponde llegar a acuerdos para la investidura de un presidente de gobierno, y en estos momentos la situación de bloqueo por vetos cruzados, parece que nos lleva a un período largo de incertidumbre que puede acabar con un acuerdo de última hora, y seguramente frágil, o con nuevas elecciones cuyo resultado nadie se atreve a aventurar, aunque sí a condicionar con encuestas a medida.

Desde el mismo momento en que los actores políticos (los diputados, a través de los respectivos grupos) parecen más entregados a impedir acuerdos lanzando vetos que a la labor para la que han sido elegidos, hacer política, las funciones del Congreso están… o no están.

Mientras que el gobierno en funciones acuerda en Europa una desgraciada medida contra los derechos humanos de los refugiados, el Congreso es incapaz de que ese gobierno en funciones acuda a dar explicaciones. Y esa incapacidad es la misma que hace que no haya acuerdos. Claro, que mientras los grupos políticos se ponen zancadillas, se empujan, esperando la caída del adversario o su rendición, los derechos humanos de los refugiados se vulneran con el beneplácito de España.

Mientras las necesidades de los ciudadanos no parecen existir y sí las expectativas de los dirigentes políticos de formar gobierno (de pillar cacho) las funciones del parlamento no existen: ni existe el control al gobierno ni existe la capacidad legislativa.

El aparente final del bipartidismo trae al primer plano la realidad bipartidista: PP y PSOE están alejados y separados por cuatro años de ejercicio despótico de la mayoría absoluta que ha hecho la derecha en la última legislatura. Tras estos cuatro años, el PSOE, legítimamente, no puede facilitar en modo alguno un gobierno del Partido que ha aplicado un ajuste de cuentas en muchos aspectos criminal contra el estado del bienestar.

Por otra parte, el aparente final del bipartidismo nos ha traído dos fuerzas políticas, Podemos y Ciudadanos, que están repitiendo, siquiera con otro lenguaje, la misma divergencia que los dos partidos tradicionales.

Y a todo esto, con un gobierno en funciones según para qué, y un Congreso que parece que no sabe para qué ha sido elegido, los ciudadanos esperamos que se legisle para revertir los salvajes hachazos dados al estado del bienestar y un gobierno que adopte decisiones ejecutivas para mejorar la vida especialmente de los sectores más perjudicados por la inicua acción del gobierno del Partido Popular.

Vale.

 

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Portada de ABC de 02 de Septiembre de 2015

El Partido Popular, esto es, Mariano Rajoy, pretende modificar por la vía de urgencia la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional con la finalidad exclusiva de utilizarlo como arma (en un sentido belicoso) contra Artur Mas tras las elecciones catalanas del 27S. El diario ABC de hoy confirma ese lado belicoso que el PP quiere para el alto tribunal.

Lo que pretende Rajoy no es otra cosa que dotarse de un arma con la que amedrentar a un rival político, porque, no se olvide, el mal llamado “desafío soberanista” de Mas no es más que una estrategia política de un político de derechas (Artur Mas) al que otro político de derechas (Mariano Rajoy) no ha opuesto ninguna otra estrategia que no sea la de “cumplir la ley”.

Pero… ¿cómo es posible que durante más de dos años todo lo que ha planteado Tancredo Rajoy haya sido “cumplir la ley” y ahora, a un menos de un mes de las elecciones, se da cuenta que no tiene ley con la que hacer cumplir su inamovible posición?

Si finalmente el Gobierno remite el proyecto de modificación de la L.O. del Tribunal Constitucional para su aprobación inmediata por la vía de urgencia, estaremos ante un caso de utilización de las leyes y los procedimientos legales en una democracia formal con la única finalidad de derrotar a un oponente político. Vamos, en una utilización claramente fascista del poder.

La cuestión es saber qué van a hacer los partidos políticos en la oposición. De entrada, han dicho que no están de acuerdo, pero habrá que ver cómo evolucionan con el desarrollo de los acontecimientos.

Y aquí, en saber qué harán los grupos de la oposición es donde está la cuestión. Porque está claro que la mayoría absolutista del PP (¿alguien tiene la memoria suficiente para recordar el “rodillo socialista”?) sacará adelante la Ley. Solamente faltará saber si esa nueva Ley que permitiría al PP eliminar a un contrincante político será legal y legítima.

Legal sería, porque estaría aprobada por la mayoría de los miembros de las Cortes Generales (Congreso y Senado), pero legítima…

Si finalmente todos los partidos políticos en la oposición, en Congreso de los Diputados y Senado, estuvieran de acuerdo (aunque con motivaciones o explicaciones ideológicas diversas, como es normal) en rechazar la pretensión dictatorial, bolivariana, de Rajoy, la única y la mejor manera de demostrar la ilegitimidad de esta pretensión no está en votar en contra (lo que sí legitimaría la cuestión), sino en no participar absolutamente en ninguno de los pasos parlamentarios que pudiera dar el proyecto, en ausentarse de plenos y comisiones cuando estuviera incluida en las correspondientes convocatorias.

Negarse a participar, aunque fuera para rechazar el proyecto, en la tramitación y votaciones, es la manera de demostrar, con fuerza y con capacidad política, que la pretensión del Partido Popular no encaja en una sociedad democrática. Que no es de recibo que se utilicen las mayorías parlamentarias para legislar ad hominem y mucho menos para tapar la incompetencia propia.

Si hasta ahora toda la respuesta de Tancredo Rajoy y sus mayordomos al “desafío soberanista de Mas” era la de “cumplir la ley” y darse cuenta de que las cuestiones políticas solamente se resuelven políticamente, pero ser incapaz de articular argumentos y recurrir a la violencia legal para tapar la incompetencia, no puede ni debe ser legitimado.

Todos los partidos de la oposición, contrarios a semejante atentado a los principios democráticos, deberían, creo, negarse a participar en todo el proceso: no dar por recibido el proyecto, abandonar las mesas de Congreso y Senado cuando se trata el asunto, las mesas de las Comisiones si fuera preciso, no asistir ni a plenos ni a comisiones y, si se quiere, no hacer ninguna declaración pública sobre el asunto: el mayor desprecio es no hacer aprecio.

Vale.

Coros y DanzasMonago en Canarias, vía twitter de @anapardodevera

La legalización de la objeción de conciencia para el cumplimiento de la mili derivó, según los pensamientos conservadores, en un aluvión de objetores de conveniencia, con la exclusiva finalidad de librarse de la mli. Pues aquella deriva de pensamiento conservadora ha llegado a nuestros tiempos y sirve para todo. Ya no hay liberales sino neoliberales, pero no de ideología fundamentada sino de pensamiento abonado.

Esta troupe de neoliberales por garbanzos también rondan por Extremadura. Son los que vienen queriendo hacernos creer que los viajes de Monago a ver su churri a Canarias pagados con dinero público (versión 1) o que Monago, Senador por la Comunidad Autónoma de Extremadura, viajaba a Canarias porque estaba empadronado en las islas (versión 2) no son censurables.

Claro, cuentan con el apoyo inestimable de un PSOE desideologizado, que avala la versión de la fiscalía del Tribunal Supremo (no es ilegal), y que lleva el asunto a tema de moralidad. Y en cuestiones de moralidad pública, moralidad privada y bajos fondos, la derecha neoliberal tiene su patrimonio. Vicios privados, virtudes públicas.

En una cosa digital que edita una empresa mercantil de publiciad y propaganda, que recoge a rancios periodistas (rancios en su sentido tocinero), editorializa para decir que no hay “caso Monago”. Y su fundamento ideológico-jurídico es: “Lo que no está expresamente prohibido por ley está autorizado”. Que esto se publique así por las buenas, sin anestesia, y que provenga de la misma banda (derecha/extrema) que se hace cruces cuando se les dice que es un buen momento para cambiar la Constitución del 78, es cinismo puro. Neoliberales de conveniencia. Fachorros de boina capada.

Porque no es verdad que lo que no está expresamente prohibido está autorizado. No es verdad que porque el Senado tenga un sistema económica que rodea, como en el caso Monago, el Código Penal (tanto valor puede tener la interpretación de un Fiscal como la de un ciudadano que tenga mínimas nociones de derecho), lo de Monago esté autorizado. Claro, que en este caso volvemos a encontrar al PSOE como cooperador necesario para que el Fiscal del TS haya podido “fundamentar” la exoneración del mencey de Quintana de la Serena.

La Constitución Española de 1978, esa intocable para los mismos del Partido Popular que no la querían y votaron en contra o se abstuvieron en el referéndum, está fundamentada jurídicamente en el derecho positivo: solamente es ajustado a derecho lo que esta expresamente reconocido en el derecho.

Baste un ejemplo. El Código Civil establecía que el matrimonio era entre un hombre y una mujer, pero no prohibía el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Estos neoliberales de vía estrecha, a sueldo de la derecha, que afirman (iba a decir sin despeinarse, pero seguramente sean calvos la mayoría) que lo que no está expresamente prohibido está autorizado, deberían decir que para qué la reforma del CC que hizo Zapatero para que, de modo efectivo, el matrimonio entre personas del mismo sexo fuera legal.

Claro que en el régimen económico del Senado no está prohibido expresamente que los senadores utilicen privilegios económicos para hacer de su capa un sayo y puedan viajar a costa del dinero público a donde les tire el cerebro, pero de ahí a decir que un senador pueda incumplir la ley que le habilita para ello (Monago era Senador por la Comunidad Autónoma de Extremadura y por tanto la obligación de ser residente de hecho y de derecho en dicha Comunidad) y viajar a costa del erario público a ver a su amada,va un trecho.

Estos neoliberales a sueldo del poder que son capaces de justificar cualquier cosa que pueda poner en entredicho a quien es el amo de la caja de caudales, son en la práctica, neoliberales de conveniencia, escribanos a sueldo, que cada vez más andan por las calles sin que tenga que ir nadie detrás con una pala y una escoba recogiendo sus boñigas ideológicas.

Vale.

En estos días de revuelo en la prensa nacional, y de oprobio para una parte (no sé si grande o pequeña) Extremadura, en los que su presidente por la gracia de Izquierda Unida se ha visto obligado a hacer un ridículo espantoso por unos viajes que él dice que se pagó de su bolsillo pero cuyo importe va a devolver al Senado, que los pagó para que el senador Monago fuera a ver a una militante del Partido Popular a Canarias cada quince días, en estos días hemos visto, leído y oído de todo.

Y en ese de todo, una frase ha rechinado más fuerte que toda la sarta de falsas disculpas, verdades a medias, mentiras de grueso calibre que han salido de la boca del presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago y de toda la dirección de su partido que dice que le apoya en su utilización, cuando menos inadecuada, de dinero público, aunque en realidad podría ser hasta malversación de fondos públicos.

Me refiero a la sobreactuación del secretario general del Partido Popular en Extremadura, el cuñado del antiguo repartido de cervezas, que además es presidente de la Asamblea de Extremadura, cuando en un histriónico discurso dijo a un acuciado Monago: “Toda Extremadura está contigo”.

Los histrionismos, las sobreactuaciones de políticos de tres al cuarto suelen terminar todas en los mismo: envueltos en la bandera.

Ayer, viernes 7 de noviembre, el secretario general del Partido Popular, Fernando Manzano, cometió un exceso de verbalización cuando afirmo “toda Extremadura está contigo”. Eso es apropiación indebida. Eso es apropiarse del todo (incluida la caja de los derechos) para pagar la factura de un pillado.

Toda Extremadura no está con Monago. Ni lo estará. Ahora mismo, salvo los que le deben el sueldo de todos los meses, incluyendo a su entrenador de padel, al repartidor de cervezas y otros similares, y, sobre todo, los capataces Alejandro Nogales y Pedro Escobar, ningún extremeño que se precie puede ni debe estar con un sujeto que por la mañana del viernes decía que iba a llevar a los tribunales a todos los que decían (decíamos) que había utilizado dinero público para asuntos privados y hoy dice que devolverá el dinero público utilizado para asuntos privados. ¿Se va a denunciar a sí mismo?

Envolverse en la bandera de Extremadura, hacer apropiación indebida del buen nombre de la región, para defender a un individuo o sujeto que ha hecho uso indebido de dinero público debería ser considerado delito político. O periodístico (porque ya lo hizo el director del HolaPP).

Cuando las buenas prácticas de gobierno que el Partido Popular defiende asienta sus raíces vigorosas en conductas como la de José Antonio Monago y no le obliga a dimitir, hacer apropiación indebida de la región a la que debes servir y no de la que te estás sirviendo en beneficio particular, estamos ante un hecho concreto: el Partido Popular tiene unas vigorosas raíces corruptas.

No, señor Manzando, toda Extremadura no está con Monago, ni mucho menos. Y por mucho que lo griten, por mucho que lo sobreactúen imitando el histrionismo de Jim Carrey y Jeff Daniels, no lo estará.

Vale.