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Tras la celebración de las elecciones del 20D y el aparente, que no real, final del bipartidismo, nos encontramos 80 días después con un gobierno constitucionalmente en funciones. Digo constitucionalmente en funciones porque ese concepto lo manejan a conveniencia: acuerdan en Europa acciones contra los derechos humanos de los refugiados y se niegan a dar cuentas al Congreso de los Diputados. O acuerdan seguir esquilmando el Tajo con la aprobación de nuevos trasvases. O nombran altos cargos que pueden, sin duda, condicionar la acción del nuevo gobierno… que pudiera llegar a constituirse.
Pero mientras el gobierno está en funciones “a conveniencia”, el Congreso sigue sin conseguir un acuerdo que dé lugar a su primera decisión constitucional importante: la elección del Presidente del Gobierno.
La duda surge cuando, tras un largo tiempo transcurrido sin que se produzcan los hechos jurídicos necesarios (investidura del presidente del gobierno), podemos asignar al Congreso de los Diputados el mismo concepto de “en funciones” que adquiere el Gobierno desde el momento mismo de la celebración de las elecciones.
Constitucionalmente, el gobierno en funciones tiene limitadas sus competencias en asuntos relevantes, mientras que el parlamento, Congreso y Senado, se constituye en los plazos marcados con la elección de las respectivas mesas y la constitución de los diversos órganos (comisiones, junta de portavoces…). Pero es a partir cuando las atribuciones legales de las cámaras de representación están, en estos momentos, paralizadas, tras el primer intento de investidura de presidente del gobierno.
Es a los grupos políticos a los que corresponde llegar a acuerdos para la investidura de un presidente de gobierno, y en estos momentos la situación de bloqueo por vetos cruzados, parece que nos lleva a un período largo de incertidumbre que puede acabar con un acuerdo de última hora, y seguramente frágil, o con nuevas elecciones cuyo resultado nadie se atreve a aventurar, aunque sí a condicionar con encuestas a medida.
Desde el mismo momento en que los actores políticos (los diputados, a través de los respectivos grupos) parecen más entregados a impedir acuerdos lanzando vetos que a la labor para la que han sido elegidos, hacer política, las funciones del Congreso están… o no están.
Mientras que el gobierno en funciones acuerda en Europa una desgraciada medida contra los derechos humanos de los refugiados, el Congreso es incapaz de que ese gobierno en funciones acuda a dar explicaciones. Y esa incapacidad es la misma que hace que no haya acuerdos. Claro, que mientras los grupos políticos se ponen zancadillas, se empujan, esperando la caída del adversario o su rendición, los derechos humanos de los refugiados se vulneran con el beneplácito de España.
Mientras las necesidades de los ciudadanos no parecen existir y sí las expectativas de los dirigentes políticos de formar gobierno (de pillar cacho) las funciones del parlamento no existen: ni existe el control al gobierno ni existe la capacidad legislativa.
El aparente final del bipartidismo trae al primer plano la realidad bipartidista: PP y PSOE están alejados y separados por cuatro años de ejercicio despótico de la mayoría absoluta que ha hecho la derecha en la última legislatura. Tras estos cuatro años, el PSOE, legítimamente, no puede facilitar en modo alguno un gobierno del Partido que ha aplicado un ajuste de cuentas en muchos aspectos criminal contra el estado del bienestar.
Por otra parte, el aparente final del bipartidismo nos ha traído dos fuerzas políticas, Podemos y Ciudadanos, que están repitiendo, siquiera con otro lenguaje, la misma divergencia que los dos partidos tradicionales.
Y a todo esto, con un gobierno en funciones según para qué, y un Congreso que parece que no sabe para qué ha sido elegido, los ciudadanos esperamos que se legisle para revertir los salvajes hachazos dados al estado del bienestar y un gobierno que adopte decisiones ejecutivas para mejorar la vida especialmente de los sectores más perjudicados por la inicua acción del gobierno del Partido Popular.
Vale.
Portada de ABC de 02 de Septiembre de 2015
El Partido Popular, esto es, Mariano Rajoy, pretende modificar por la vía de urgencia la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional con la finalidad exclusiva de utilizarlo como arma (en un sentido belicoso) contra Artur Mas tras las elecciones catalanas del 27S. El diario ABC de hoy confirma ese lado belicoso que el PP quiere para el alto tribunal.
Lo que pretende Rajoy no es otra cosa que dotarse de un arma con la que amedrentar a un rival político, porque, no se olvide, el mal llamado “desafío soberanista” de Mas no es más que una estrategia política de un político de derechas (Artur Mas) al que otro político de derechas (Mariano Rajoy) no ha opuesto ninguna otra estrategia que no sea la de “cumplir la ley”.
Pero… ¿cómo es posible que durante más de dos años todo lo que ha planteado Tancredo Rajoy haya sido “cumplir la ley” y ahora, a un menos de un mes de las elecciones, se da cuenta que no tiene ley con la que hacer cumplir su inamovible posición?
Si finalmente el Gobierno remite el proyecto de modificación de la L.O. del Tribunal Constitucional para su aprobación inmediata por la vía de urgencia, estaremos ante un caso de utilización de las leyes y los procedimientos legales en una democracia formal con la única finalidad de derrotar a un oponente político. Vamos, en una utilización claramente fascista del poder.
La cuestión es saber qué van a hacer los partidos políticos en la oposición. De entrada, han dicho que no están de acuerdo, pero habrá que ver cómo evolucionan con el desarrollo de los acontecimientos.
Y aquí, en saber qué harán los grupos de la oposición es donde está la cuestión. Porque está claro que la mayoría absolutista del PP (¿alguien tiene la memoria suficiente para recordar el “rodillo socialista”?) sacará adelante la Ley. Solamente faltará saber si esa nueva Ley que permitiría al PP eliminar a un contrincante político será legal y legítima.
Legal sería, porque estaría aprobada por la mayoría de los miembros de las Cortes Generales (Congreso y Senado), pero legítima…
Si finalmente todos los partidos políticos en la oposición, en Congreso de los Diputados y Senado, estuvieran de acuerdo (aunque con motivaciones o explicaciones ideológicas diversas, como es normal) en rechazar la pretensión dictatorial, bolivariana, de Rajoy, la única y la mejor manera de demostrar la ilegitimidad de esta pretensión no está en votar en contra (lo que sí legitimaría la cuestión), sino en no participar absolutamente en ninguno de los pasos parlamentarios que pudiera dar el proyecto, en ausentarse de plenos y comisiones cuando estuviera incluida en las correspondientes convocatorias.
Negarse a participar, aunque fuera para rechazar el proyecto, en la tramitación y votaciones, es la manera de demostrar, con fuerza y con capacidad política, que la pretensión del Partido Popular no encaja en una sociedad democrática. Que no es de recibo que se utilicen las mayorías parlamentarias para legislar ad hominem y mucho menos para tapar la incompetencia propia.
Si hasta ahora toda la respuesta de Tancredo Rajoy y sus mayordomos al “desafío soberanista de Mas” era la de “cumplir la ley” y darse cuenta de que las cuestiones políticas solamente se resuelven políticamente, pero ser incapaz de articular argumentos y recurrir a la violencia legal para tapar la incompetencia, no puede ni debe ser legitimado.
Todos los partidos de la oposición, contrarios a semejante atentado a los principios democráticos, deberían, creo, negarse a participar en todo el proceso: no dar por recibido el proyecto, abandonar las mesas de Congreso y Senado cuando se trata el asunto, las mesas de las Comisiones si fuera preciso, no asistir ni a plenos ni a comisiones y, si se quiere, no hacer ninguna declaración pública sobre el asunto: el mayor desprecio es no hacer aprecio.
Vale.
Monago en Canarias, vía twitter de @anapardodevera