En funciones

Tras la celebración de las elecciones del 20D y el aparente, que no real, final del bipartidismo, nos encontramos 80 días después con un gobierno constitucionalmente en funciones. Digo constitucionalmente en funciones porque ese concepto lo manejan a conveniencia: acuerdan en Europa acciones contra los derechos humanos de los refugiados y se niegan a dar cuentas al Congreso de los Diputados. O acuerdan seguir esquilmando el Tajo con la aprobación de nuevos trasvases. O nombran altos cargos que pueden, sin duda, condicionar la acción del nuevo gobierno… que pudiera llegar a constituirse.

Pero mientras el gobierno está en funciones “a conveniencia”, el Congreso sigue sin conseguir un acuerdo que dé lugar a su primera decisión constitucional importante: la elección del Presidente del Gobierno.

La duda surge cuando, tras un largo tiempo transcurrido sin que se produzcan los hechos jurídicos necesarios (investidura del presidente del gobierno), podemos asignar al Congreso de los Diputados el mismo concepto de “en funciones” que adquiere el Gobierno desde el momento mismo de la celebración de las elecciones.

Constitucionalmente, el gobierno en funciones tiene limitadas sus competencias en asuntos relevantes, mientras que el parlamento, Congreso y Senado, se constituye en los plazos marcados con la elección de las respectivas mesas y la constitución de los diversos órganos (comisiones, junta de portavoces…). Pero es a partir cuando las atribuciones legales de las cámaras de representación están, en estos momentos, paralizadas, tras el primer intento de investidura de presidente del gobierno.

Es a los grupos políticos a los que corresponde llegar a acuerdos para la investidura de un presidente de gobierno, y en estos momentos la situación de bloqueo por vetos cruzados, parece que nos lleva a un período largo de incertidumbre que puede acabar con un acuerdo de última hora, y seguramente frágil, o con nuevas elecciones cuyo resultado nadie se atreve a aventurar, aunque sí a condicionar con encuestas a medida.

Desde el mismo momento en que los actores políticos (los diputados, a través de los respectivos grupos) parecen más entregados a impedir acuerdos lanzando vetos que a la labor para la que han sido elegidos, hacer política, las funciones del Congreso están… o no están.

Mientras que el gobierno en funciones acuerda en Europa una desgraciada medida contra los derechos humanos de los refugiados, el Congreso es incapaz de que ese gobierno en funciones acuda a dar explicaciones. Y esa incapacidad es la misma que hace que no haya acuerdos. Claro, que mientras los grupos políticos se ponen zancadillas, se empujan, esperando la caída del adversario o su rendición, los derechos humanos de los refugiados se vulneran con el beneplácito de España.

Mientras las necesidades de los ciudadanos no parecen existir y sí las expectativas de los dirigentes políticos de formar gobierno (de pillar cacho) las funciones del parlamento no existen: ni existe el control al gobierno ni existe la capacidad legislativa.

El aparente final del bipartidismo trae al primer plano la realidad bipartidista: PP y PSOE están alejados y separados por cuatro años de ejercicio despótico de la mayoría absoluta que ha hecho la derecha en la última legislatura. Tras estos cuatro años, el PSOE, legítimamente, no puede facilitar en modo alguno un gobierno del Partido que ha aplicado un ajuste de cuentas en muchos aspectos criminal contra el estado del bienestar.

Por otra parte, el aparente final del bipartidismo nos ha traído dos fuerzas políticas, Podemos y Ciudadanos, que están repitiendo, siquiera con otro lenguaje, la misma divergencia que los dos partidos tradicionales.

Y a todo esto, con un gobierno en funciones según para qué, y un Congreso que parece que no sabe para qué ha sido elegido, los ciudadanos esperamos que se legisle para revertir los salvajes hachazos dados al estado del bienestar y un gobierno que adopte decisiones ejecutivas para mejorar la vida especialmente de los sectores más perjudicados por la inicua acción del gobierno del Partido Popular.

Vale.