Archivos para militares

Ahora que se celebra el XXXII Aniversario de la Constitución Española y que en algunos ámbitos va cogiendo fuerza la necesidad de una reforma, de una reactualización, además del debate sobre la forma de Estado, conviene recordar que en estos años se ha sucedido múltiples reformas al amparo de la Carta Magna, en todos los sectores sociales.
Muchas de esas reformas, sobre todo las circunscritas a los ámbitos sociales, económicos, culturales, etc. se vienen manifestando como la realidad de haber alcanzado muchas metas que la dictadura franquista taponó en la homologación con los países de nuestro entorno.
Hay ámbitos en los que las reformas no se han llevado a cabo, dado el poder fáctico (todavía, sí) que detentan (ver en el diccionario la diferencia entre ostentar y detentar) amplios sectores. Por ejemplo, la Iglesia Católica y la Justicia. La necesidad de una reforma en profundidad de las relaciones entre el Estado y la confesión religiosa de mayor implantación nominal en el territorio se hace cada día más evidente. Si la religión, que es una creencia íntima e individual, se coloca en el espacio propio de la Constitución, la mayor implantación nominal disminuiría. Ahora, la práctica de la religión católica es gratuita (las limosnas del cepillo, las donaciones y demás elementos similares no cubren, ni con mucho, la nómina que perciben los curas ni los obispos). En el momento en que la Iglesia Católica hubiera de sostenerse con las aportaciones de sus fieles, sin la más que generosa aportación del Estado, el número real de quienes practican la fe católica disminuiría.
En cuanto a la Justicia, es clarificador un comentario que realiza el embajador yanqui Aguirre en uno de sus famosos cables puestos al descubierto por http://www.wikileaks.org. Afirma el embajador, más o menos, que afortunadamente la Justicia es uno de los sectores que pervive sin reformas desde el franquismo. Por supuesto, el embajador Aguirre, nombrado para tal cargo por ser amigo y donante electoral a las campañas del culto presidente Arbusto, digo Bush, es republicano y, seguramente ahora, sea miembro activo del Tea Party.
Hay otros sectores, en cambio, en los que las reformas han sido profundas y han conseguido grandes avances en cuanto a la calidad de los servicios que se prestan y a la capacidad de su ejecución. Pero que en lo atávico, en lo profundo, siguen chirriando esos cambios y esas reformas. Me refiero al Ejército. Decía el general Faura, al abandonar el cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército, que coincidió con la plena profesionalización de las FAS, que se había cambiado el modelo, pero que ahora quedaba lo más difícil, que costaría mucho, y es cambiar las mentalidades.
Muchos militares se aferran a las tradiciones (y cuando digo tradiciones, me refiero a las vinculaciones mucho más que formales, entre la milicia y la iglesia jerárquica) para combatir las decisiones que desde el Gobierno, a quien corresponde la dirección política de la Defensa, se adoptan. Así, tratar de separar los actos religiosos de los militares, o viceversa, supone, cada vez, un enfrentamiento, duro, jaleado especialmente por la extrema derecha que se sirve de medios cuyos propietarios son ultraconservadores, cuando no claramente fascistas. Es una muestra más de la dificultad de cambiar de mentalidad. El Estado español es, por definición constitucional, aconfesional (que es un concepto distinto de estado laico). Y, por tanto, el ejercicio público de la acción estatal, en todas sus vertientes, debería responder a esa aconfesionalidad.
No sucede en muchos cuarteles que se pueda diferenciar esa aconfesionalidad a la hora de realizar actos castrenses. Pero está más larvado aún ese atavismo religioso cuando el mando que ejercer en un recinto militar es activista religioso. En este caso, su activismo religioso preside, incluso, su agenda, de manera que cualquier actividad, por nimia que sea, que se desarrolle en el ámbito local donde está asentado el recinto, cuenta con su presencia destacada. Y muchas veces, en correspondencia con esa deferencia que iglesias, cofradías y similares tienen con el determinado mando, éste agasaja, en sede militar, y por tanto, en recinto de titularidad estatal, a los directivos de las cofradías, hermandades, etc.
Incluso, en los protocolos oficiales figuran los mayordomos y cofrades significados en lugares preeminentes, haciendo esfuerzos para lograr su asistencia, en tanto que la asistencia de autoridades civiles, políticas o administrativas, es menos considerada.
Vale.

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En próximas fechas comenzará el juicio por las identificaciones irregulares de las víctimas del YAK-42. Se ha decidido por el tribunal que juzgará a un general, un comandante y un capitán que no se llamará como testigos a José Bono, exministro de Defensa, Federico Trillo, también exministro y José María Aznar, expresidente del gobieno. Bono había manifestado su disposición a acudir al Tribunal si se le citaba. Trillo y Aznar, sencillamente, se han negado.
Las víctimas, los 62 militares españoles muertos en el accidente del YAK-42, en Trabnszospor Turquía), cuando regresaban de una misión internacional en Afganistán, no se merecen la cobardía de quienes tenían la responsabilidad política de esa misión, Trillo y Aznar, ni que el tribunal que ha de juzgar que fueran mal identificados (por la decisión política del presidente del gobierno y del ministro de defensa de repatriarlos como fuera) se haya convertido en abogados defensores de sujetos sin ética (ni política ni de ningún otro tipo) como Trillo y Aznar.
Esos jueces que no dudan en ir a la huelga contra el gobierno socialista siguiendo las instrucciones de los dueños de la derecha política, dictan sentencias EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY Y POR LA AUTORIDAD QUE LES CONFIERE EL PUEBLO ESPAÑOL, pero privan a servidores públicos, entregados y abnegados, como los 62 militares muertos en el YAK-42 de la dignidad de que se conozca la verdad sobre la causa real de su muerte y sobre las vergonzosas manipulaciones en las identificaciones.
Estos jueces no pueden permitir que un individuo como Trillo comparezca, al menos como testigo, para aclarar la verdad de lo que sucedió. Claro que, seguramente, esa verdad llevaría a Trillo al banquillo o le apartaría definitivamente de la política porque sus responsabilidades políticas en el asunto sobrepasan cualquier nivel ético mínimamente exigible. Trillo carece de ética, y no le importaría, siendo su familia militar de tradición, por ejemplo, hacer maniobras para que a algún familiar metido en´asuntos de drogas en un cuartel no les fuera de aplicación ningún tipo de arresto o de sanción. Bueno, no es que no le importaría, es que no le importó en su momento (año 1986).
Vale.