Archivos para Cárcel Vieja


Continuando con esta serie de entradas en el blog, sin duda uno de los inmuebles vacíos existentes en la ciudad de Cáceres que mayor interés puede despertar es la Cárcel Vieja. La cárcel que se construyó siendo alcalde el socialista Antonio Canales, y que él estrenó para morir fusilado por la inquina fascista.

Con una superficie de suelo de 10.300 m2 y construida de 11.040 m2, según los datos catastrales, se encuentra cerrada desde que se puso en funcionamiento la actual prisión, en la C.N. 521 y el Centro de Inserción. Su fortaleza de construcción la viene salvando de ser invadida u ocupada, si bien algunos vecinos de las viviendas próximas, “las de la cárcel”, afirman que ya se suele ver a adolescentes hacer algunas piruetas sobre sus muros, junto a las duras alambradas que los culminan.


La prisión, denominada Provincial, fue construida sobre terrenos cedidos por el Ayuntamiento, previa adquisición a particulares. La construcción fue costeada por la Diputación Provincial y con aportaciones de muchos de los pueblos de la provincia. El carácter de prisión provincial así lo exigía. Que su estreno fuera con la guerra civil consecuente al golpe de estado franquista, es una triste paradoja. Quien más contribuyó, por las necesidades de mejorar la vida de los presos, fue Antonio Canales. Y su vida fue el pago que recibió.

El vigente Plan General Municipal ha incluido este inmueble entre los catalogados, por lo que procederá su conservación aplicando las normas urbanísticas. En 1992, el Ayuntamiento de Cáceres firmó un convenio, nunca ejecutado evidentemente, según el cual, sobre sus terrenos, una vez demolida, se construirían viviendas. Así se recogió en el PGOU de 1998, como una Unidad de Ejecución. El mejor criterio, para los intereses de la ciudad del Plan vigente ha salvado a este edificio de su demolición. Otra cosa será que lo salve de la ruina y degradación por falta de uso.


Para darle uso, para conseguir que el inmueble pueda ser recuperado, es preciso que el Ayuntamiento pueda hacerse cargo del mismo, pueda conseguir su titularidad. En la legislatura municipal anterior se establecieron algunos contactos, tímidos, que deberían seguir, con Instituciones Penitenciarias. Pero…

Pero, en primer lugar, será necesario saber para qué puede querer el municipio tamaño inmueble. Cuál sería el proyecto a desarrollar. Habiendo edificios públicos mucho más pequeños, cerrados, sin uso, mucho es de temer que desde ninguna instancia pública local, provincial o regional se sepa qué podría hacerse con la Cárcel Vieja.


En segundo lugar, cómo conseguir la propiedad. Sin duda, la mejor solución siempre será la negociación entre el Ayuntamiento e Instituciones Penitenciarias. Pero siempre cabe que, en común acuerdo, el Ayuntamiento de Cáceres, que cedió los terrenos, y la Diputación Provincial, que costeó las obras (con fondos propios y de diversos municipios), iniciaran el procedimiento de reversión. Es un proceso largo, nada costoso si se lleva a cabo por los servicios jurídicos públicos, y de buena perspectiva de triunfo en sede judicial.

En alguna ocasión, los medios locales de comunicación han recogido impresiones o intereses de asociaciones o particulares que han expresado su opinión sobre el uso futuro. El más sencillo y repetido ha sido el de destinarlo a Casa de Cultura de la zona.

El volumen construido supera en mucho las necesidades de una casa de cultura de barrio (estaríamos ante un inmueble con capacidad para entre 15 y 18 de ese tipo de centros). Por ello, un proyecto completo de usos sería el paso previo para demostrar la necesidad de su reversión o la necesidad de un acuerdo bien gestionado con Instituciones Penitenciarias. Y sería el paso previo para conocer los costes de rehabilitación y adecuación a diversos usos sociales y culturales.
Que un inmueble de este tamaño esté cerrado, esté sin uso, y sin perspectivas de tenerlo, demuestra, por otra parte, la inanidad de la acción política pública. La insuficiencia de algo tan importante para el ejercicio del gobierno, sobre todo cuando los recursos económicos escasean, como es la imaginación, o es el liderazgo.

Vale.

A lo largo de los próximos meses, quizás como máximo un año o año y medio, se van a producir determinadas acciones que obligarán a las instituciones políticas a adoptar acuerdos que permitan la mejor gestión de recursos públicos. No me refiero a la situación económica, que en estos aspectos será colateral, sino al mejor aprovechamiento de determinados espacios públicos que se verán afectados por proyectos en curso, algunos muy avanzados.

Esta mejor gestión deberá incidir positivamente en la mejora de los equipamientos urbanos, que en la ciudad de Cáceres estuvieron abandonados, literalmente, por el gobierno de la derecha durante 12 años (desde 1995 a 2007), y que ahora, con algunas gestiones ya avanzadas en algún caso, desde un gobierno socialista deberá cambiar la tendencia.

La tendencia, durante los años de gobierno de la derecha, era poner a disposición de la iniciativa privada las energías políticas, olvidando, conscientemente, las necesidades generales de la ciudad. Para la derecha, todo aquello se resolvía obligando a los promotores privados para que adquirieran esculturas y las colocaran en las nuevas urbanizaciones. Ahí acababa todo.

El proceso que ahora se abre, tanto por el desarrollo de los proyectos en curso como de la propia entrada en vigor del PGM pondrá “en juego” algunos espacios, algunos inmuebles, cuyo destino futuro deberá redundar, en los que sea necesario, en la mejora de los servicios públicos prestados, y, en otros, en la obtención de nuevos equipamientos. O como dice un arquitecto de la ciudad, en la necesidad de reequiparla.

Veamos algunos ejemplos.

Está en marcha, con gestiones complejas, la consecución por la ciudad, conforme a la normativa legal que sea de aplicación, el pabellón de mando del antiguo Cuartel Infanta Isabel. Si las gestiones fructifican en los plazos previstos, a finales de 2010 se podrá decir que ese inmueble sea ya propiedad municipal, y, por tanto, un espacio de la ciudad.

También está muy avanzada la construcción del nuevo Centro de Menores, en el Polígono Nuevo Cáceres, frente al Centro de Salud, y que sustituirá al actual Centro Julián Murillo, junto al Complejo San Francisco. Corresponderá a la Diputación Provincial fijar los usos a los que quiera destinar ese inmueble, aunque debería escuchar si el Ayuntamiento tuviera alguna propuesta a plantear.

Continuando con el Complejo Cultural San Francisco, en poco tiempo comenzarán las obras en el Palacio de Godoy para la nueva ubicación del Conservatorio de Música. Este proyecto, quizá el más retrasado, conllevará que el Complejo San Francisco ganará espacios, de forma que con el final de las obras del Palacio de Congresos (sobre el Auditorio), otorgará a la ciudad de Cáceres el privilegio de contar con dos magníficos espacios para congresos.

La entrada en vigor del nuevo Plan General Municipal conllevará la necesaria gestión de espacios como la Cárcel Vieja, cuya obtención por el Ayuntamiento requerirá grandes dosis de paciencia e imaginación, y, sobre todo, de trabajo serio y concienzudo. La vieja cárcel deberá ser el instrumento que la zona en la que se asienta, cabecera de los más amplios crecimientos urbanos de la ciudad, disponga para formar parte del proyecto de convertir a Cáceres en un referente cultural, más allá de la meta del 2016. La gran superficie construida, 11.000 m2, requerirá formular un proyecto cultural homogéneo, coherente, ambicioso, capaz de aglutinar esfuerzos y capacidades.

También en estos momentos se viene hablando ya de la próxima entrada en funcionamiento del Nuevo Hospital, que conllevará el mantenimiento del actual Hospital San Pedro de Alcántara, y el desalojo, como centro hospitalario, del Hospital Virgen de la Montaña, que es un inmueble propiedad de la Diputación Provincial, y que cuenta con una superficie construida de más de 20.000 m2 sobre unos 13.500 m2 de solar. Sus usos futuros requerirán, sin duda, de acuerdos que alcancen a la Diputación, como propietario, pero también a las otras administraciones.

Este conjunto de inmuebles, más alguno que será “víctima” colateral de cambios de uso y destino, plantean la mejor ocasión que ha tenido en mucho tiempo la ciudad para conseguir nuevos equipamientos, independientemente de quien sea finalmente su titular, su “dueño”: sus dueños reales deben ser los ciudadanos.

Todos estos cambios, todas estas posibilidades no nacen, en ningún caso, de la política desarrollada en los años de gobierno de la derecha, porque ninguno de los proyectos que los posibilitan tienen su origen en la acción política local, volcada en el favorecimiento del desarrollo del sector inmobiliario privado que en la obtención de equipamientos y servicios para todos los ciudadanos.

Vale.