Archivos para Bárcenas

martillosEl Partido Popular está procesado por “la destrucción de los discos duros de  Bárcenas”, dicen los periódicos, cuando deberían decir que está procesado por destrucción de pruebas. Y quien debe responder ante la justicia es su representante legal, que según los estatutos del partido, es su presidente, Mariano Rajoy, según el art. 43.

Ese mismo Partido Popular anda ahora enredando, solo o en compañía de otros, con el artículo 99 de la Constitución, que es en base al que el Jefe del Estado ha encargado a Rajoy la formación de gobierno. Dicen en el PP, y en el gobierno en funciones, que una cosa es el encargo y otra que Rajoy decida ir a una sesión de investidura.

Desde el momento en que acepta el encargo de la jefatura del Estado, Rajoy está obligado a presentarse a la investidura. Solamente su renuncia personal (es decir, que se vaya a tomar porsaco) le eximiría. Pero en modo alguno puede seguir siendo presidente en funciones y diputado si no se presenta a la investidura.

En el PP y en los medios están buscando como locos “constitucionalistas” que avalen la que, en estos momentos, parece clara espantada del cobarde Mariano Rajoy. Están buscando martillos con los que destruir el Derecho Constitucional y que desaparezca la obligación política y jurídica que tiene de presentarse a la investidura.

Buscan, con esos martillazos, destruir la Constitución, con lo que parece que avalan que cualquier precepto jurídico pueda  ser violado al servicio de los intereses del PP. Quieren destruir las pruebas, como hicieron con los discos duros.

Un caso singular es el de Martínez Maíllo (con bigotito, Martínez –a- El Facha), que en un alarde de cátedra jurídica ha dicho: la carta magna “contempla unas posibilidades y otras no, pero no las prohíbe”.

Maíllo considera que lo que no está expresamente prohibido está permitido, en una interpretación que en otros campos (el urbanismo, por ejemplo) sería considerada neoliberal, pero que en materia constitucional es golpismo puro. Parte el tal Maíllo (¿no andaba con líos  con la justicia por algo de cajas de ahorros este muchacho?) de una interpretación negativa del derecho, cuando nuestro ordenamiento jurídico pertenece a lo que se conoce como Derecho Positivo: solamente puede hacerse conforme a derecho lo que está expresamente regulado en derecho.

Pero no importa. Hay que dar martillazos en el artículo 99.2 como sea, hasta que consigan hacernos creer que los discos duros se han borrado por casualidad unas 35 veces seguidas.

Dar martillazos a la Constitución para salvar la cara a un inane Mariano Rajoy es creer que pueden hacer los que les convenga, sea o no jurídicamente legal o políticamente ético.

Rajoy debe, obligatoriamente, presentarse a la investidura. Si no lo hace, demostrará lo que ya es: un incompetente.

Lo peor de todo esto no es que una cuadrilla de cuatreros políticos pretenda asaltar a golpes de martillo la constitución. Lo malo de todo esto es la cantidad de cómplices que les ayudan, amparan y animan a seguir cometiendo esta y otras tropelías.

Hay que decir, de una vez, que en el PP no hay dirigentes, hay cuatreros armados con martillos. Y son peligrosos.

El mismo martillo les sirve para machacar discos duros, para machacar la Constitución o para machacar la hucha de las pensiones.

Vale.

La acreditación en sede judicial de que el Partido Popular pagó las obras de su sede central, donde están los despachos de la cúpula del partido, incluidos los de su presidente y presidente del gobierno, con dinero B, plantea muchas cuestiones que están sin aclarar… y que no se aclararán nunca.

Urquijo y rajoy

De izda. a dcha.: Urquijo (arquitecto), Acebes, Bárcenas y Rajoy, demostrando que no se conocían de nada

Puede que algún día se descubra la procedencia del dinero que nutría (¿sigue nutriendo?) la caja B del Partido Popular. Procedencia por supuesto ilícita por cuanto un partido político no puede tener bajo ningún concepto más ingresos que los que se presentan en las cuentas que audita el Tribunal de Cuentas. Todo lo demás es dinero ilícito. Esto puede, quizás, que algún día se conozca. Sería lo único.

Porque… vamos a ver.

El PP realiza obras en su sede por las que paga en dinero negro 1.700.000 € según lo acreditado en sede judicial. ¿Era ese el total del importe de las obras? En la actual fase de instrucción del procedimiento, desde el PP se pretende que toda la responsabilidad de esa cuantía recaiga en el arquitecto Urquijo (ese gran desconocido para Rajoy, Acebes y Bárcenas), de manera que, incluso, podría imputársele un delito fiscal que quedaría, seguramente, en la nebulosa de la duda y en la más que probable, artimañas jurídicas, prescripción.

El Partido Popular pagó en dinero negro a la empresa que realizó las obras en su sede. Pero, ¿cuántos trabajadores de todos los oficios relacionados con la construcción y decoración participaron en las obras? Que se sepa, por el Ministerio de Trabajo o por la Consejería correspondiente de la Comunidad de Madrid, no se ha ordenado a la inspección de trabajo ni a la Seguridad Social investigar el asunto. El juez Ruz, tampoco parece haber pedido esa investigación.

Dado que las obras se pagaron, en todo o en parte, con dinero negro, debería saberse cuántos trabajadores intervinieron en ella, cuántos estaban (o no) dados de alta en la Seguridad Social, cuántos tenían contrato con la empresa que se encargó de las obras o con las empresas subcontratadas por esta. También resultaría muy interesante conocer los libros de matrícula de la Seguridad Social de la empresa del arquitecto Urquijo en las fechas en las que se realizaron las obras. O conocer también, si Urquijo subcontrató algunos servicios, algo habitual en el sector (fontanería, electricidad, climatización…) y si los pagos los hizo en dinero A o con el dinero negro que el Partido Popular le abonó.

Si en unas obras de reforma se acreditan 1.700.000 € en dinero negro, es más que probable que hubiera trabajadores sin dar de alta en seguridad social, sin contrato de trabajo… Pero la inspección de trabajo no ha abierto ni una página. El delito fiscal puede esfumarse si el PP consigue (lo tiene fácil, viendo cómo están las cosas en la justicia) pasarle todo el marrón a la empresa del amigo Urquijo.

Pero que hubiera trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social, sin contrato de trabajo, percibiendo retribuciones en negro, pueden constituir un delito contra los trabajadores, un fraude a la Seguridad Social que podrían, en un momento dado, llevar a una situación judicial y penal más grave a la empresa de las obras y a que el arquitecto Urquijo decidiera no comerse él todo el marrón y repartir un poco la mierda entre los amigos de la foto.

Vale.