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Ayer, a cuenta del relator para la mesa de partidos, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, hizo una intervención que en 10 minutos contenía las gravísimas acusaciones de al Presidente del Gobierno de felonía, ilegitimidad y alta traición, entre las 19 lindezas que soltó. No dijo, en cambio, nada de llevar al Congreso de los Diputados la acusación de alta traición conforme al artículo 102 de la Constitución, a la que tanto ama pero a la que prostituye a diario.

Por otra parte, el presidente de Ciudadanos, Alberto Rivera, complementó la diatriba de Casado diciendo que no presenta una moción de censura porque no le suman los votos, sin haber siquiera contactado con otros grupos de la cámara sobre el particular.

Alberto Rivera y Pablo Casado, que manosean pornográficamente la palabra Constitución pero que dudo que la hayan leído, y si la han leído, no se han enterado de nada, no se atreven a impulsar la aplicación del artículo 102 a pesar de que sí pueden hacerlo porque sí le dan los votos para ese impulso (otra cosa serían los necesarios para la declaración de alta traición del Presidente del Gobierno y su cese inmediato, con exigencia de responsabilidades penales), y no se atreven a presentar la moción de censura porque seguramente no han contado bien los votos. La moción de censura se vota por llamamiento y en urna, y, por tanto, con voto secreto.

Para Alberto Rivera y su gemelo Pablo Casado, votar (eso que tanto reclaman que hagan los españoles cuanto antes) una moción de censura les supone un peligro. Si presentan una moción de censura por causas ideológicas, votarían a favor los suficientes diputados de partidos de derechas para hacerla triunfar:

134 del PP

32 de Ciudadanos

5 del PNV

8 del PdCAT

2 de UPN

1 de FAC

1 de CC

Suma 184, suficientes para ganar la moción.

Si Andy Casado y Lucas Rivera presentan la moción de censura por causa de la situación catalana y de la humillación del Presidente del Gobierno a las exigencias de los separatistas, votarían a favor

134 del PP

32 de Ciudadanos

2 de UPN

1 de FAC

1 de CC

1 de NC

Suma 171, casi suficientes para ganar la moción. Pero el miedo de los hermanos Dalton es que a esos 171 votos se le sumen (votación secreta, en urna) 4 votos del PdCAT y 1 del PNV, sin contar los diputados socialistas que claman vendetta contra Pedro Sánchez y que no son ni uno ni dos.

El vértigo les entra a los Soprano de la política española cuando han echado números y sí les puede salir su moción.

Una moción que sería la excusa perfecta para los separatistas catalanes y volver a la situación de la declaración de independencia, porque podrían justificarla ante la casi mitad de los catalanes que les apoyan.

Por eso, porque no se atreven a hacer en el Congreso lo que la Constitución les permite y, si la situación es tan grave como la dibujan, les obliga, es decir, aplicar el artículo 102 para hacer caer al Gobierno, o presentar la moción de censura con el riesgo de que saliera aprobada (Pedro Sánchez, con 84 diputados de su grupo parlamentario, la presentó y la ganó, y por lo que se ve, no aceptó el cargo con miedo).

Como los hermanos Dalton no se atreven a utilizar la Constitución (no creen en ella si no es para sacar ventaja), elevan sus soflamas, llaman a las revueltas callejeras, acusan al Presidente del Gobierno de alta traición, repitiendo esquemas ya conocidos, y esperando que, como no pueden, no saben y no se atreven a ganar con los votos, sean los tanques los que los lleven al Gobierno.

Y para desgracia (¿momentánea?) de Casado y de toda la mierda de prensa de Madrid (endeuda hasta las cejas), es que los tanques guardan silencio. De momento.

Vale

martillosEl Partido Popular está procesado por “la destrucción de los discos duros de  Bárcenas”, dicen los periódicos, cuando deberían decir que está procesado por destrucción de pruebas. Y quien debe responder ante la justicia es su representante legal, que según los estatutos del partido, es su presidente, Mariano Rajoy, según el art. 43.

Ese mismo Partido Popular anda ahora enredando, solo o en compañía de otros, con el artículo 99 de la Constitución, que es en base al que el Jefe del Estado ha encargado a Rajoy la formación de gobierno. Dicen en el PP, y en el gobierno en funciones, que una cosa es el encargo y otra que Rajoy decida ir a una sesión de investidura.

Desde el momento en que acepta el encargo de la jefatura del Estado, Rajoy está obligado a presentarse a la investidura. Solamente su renuncia personal (es decir, que se vaya a tomar porsaco) le eximiría. Pero en modo alguno puede seguir siendo presidente en funciones y diputado si no se presenta a la investidura.

En el PP y en los medios están buscando como locos “constitucionalistas” que avalen la que, en estos momentos, parece clara espantada del cobarde Mariano Rajoy. Están buscando martillos con los que destruir el Derecho Constitucional y que desaparezca la obligación política y jurídica que tiene de presentarse a la investidura.

Buscan, con esos martillazos, destruir la Constitución, con lo que parece que avalan que cualquier precepto jurídico pueda  ser violado al servicio de los intereses del PP. Quieren destruir las pruebas, como hicieron con los discos duros.

Un caso singular es el de Martínez Maíllo (con bigotito, Martínez –a- El Facha), que en un alarde de cátedra jurídica ha dicho: la carta magna “contempla unas posibilidades y otras no, pero no las prohíbe”.

Maíllo considera que lo que no está expresamente prohibido está permitido, en una interpretación que en otros campos (el urbanismo, por ejemplo) sería considerada neoliberal, pero que en materia constitucional es golpismo puro. Parte el tal Maíllo (¿no andaba con líos  con la justicia por algo de cajas de ahorros este muchacho?) de una interpretación negativa del derecho, cuando nuestro ordenamiento jurídico pertenece a lo que se conoce como Derecho Positivo: solamente puede hacerse conforme a derecho lo que está expresamente regulado en derecho.

Pero no importa. Hay que dar martillazos en el artículo 99.2 como sea, hasta que consigan hacernos creer que los discos duros se han borrado por casualidad unas 35 veces seguidas.

Dar martillazos a la Constitución para salvar la cara a un inane Mariano Rajoy es creer que pueden hacer los que les convenga, sea o no jurídicamente legal o políticamente ético.

Rajoy debe, obligatoriamente, presentarse a la investidura. Si no lo hace, demostrará lo que ya es: un incompetente.

Lo peor de todo esto no es que una cuadrilla de cuatreros políticos pretenda asaltar a golpes de martillo la constitución. Lo malo de todo esto es la cantidad de cómplices que les ayudan, amparan y animan a seguir cometiendo esta y otras tropelías.

Hay que decir, de una vez, que en el PP no hay dirigentes, hay cuatreros armados con martillos. Y son peligrosos.

El mismo martillo les sirve para machacar discos duros, para machacar la Constitución o para machacar la hucha de las pensiones.

Vale.

A media que se aproximan las citas electorales del año que viene, con las autonómicas y municipales en mayo y generales en noviembre (a salvo de adelanto electoral de las segundas, según evolucionen las pendencias judiciales del PP), las encuestas que las empresas de mercadotecnia y prospectiva vayan realizando, irán arrojando resultados, unas veces similares entre sí y otras distantes en los resultados.

Ahora estamos en un período en el que, tocada la línea de flotación de Izquierda Unidad y alojada en una horquilla muy asumible (siempre desde la perspectiva de los verdaderos dueños de los medios de comunicación que encargan las encuestas), toca ahora que los sondeos fijen el techo presumible de Podemos y así poder actuar como con Izquierda Unida: mantener al partido liderado por Pablo Iglesias en una horquilla que permita, ante todo, su integración. En gran medida, esto recuerda aquel ensayo breve de Agustín García Calvo, “De los modos de integración del pronunciamiento estudiantil”. O lo que es lo mismo, cómo el stablishement consigue en la práctica que la contestación termine siendo disuelta en los resortes del sistema. Las encuestas son un sistema claro de cómo hacer ver al disidente su papel de parte orgánica del corpus social.

No me refiero a que esa sea la deriva de Podemos y otros movimientos surgidos a su rebufo, sino que es la deriva que se pretende marcar.

A lo largo de 2014, con la eclosión de Podemos en las elecciones europeas, la cuña con la que se presiona es la de la rotura del bipartidismo PP-PSOE, como si ello fuera un fin en sí mismo o como si ello fuera el fin de un régimen. Lo raro es que esa es una aspiración claramente definida por los propios dirigentes de Podemos. Consideran que su irrupción y poderío (en las encuestas, de momento), por sí mismos, ya suponen esa rotura del bipartidismo y que solamente con ello ya se resuelven los problemas, acuciantes, de los españoles.

Pero, como en todo, no todo son, precisamente luces ni todo sombras. Mientras Podemos copa portadas y titulares en los medios de comunicación al servicio del poder establecido, y mientras copan titulares, editoriales y ensalzamientos en la prensa más off, vamos conociendo, por ejemplo, cómo son las estructuras nacionales (la dirección nacional del partido) y cómo van siendo y quiénes van ocupando las estructuras territoriales, pero desconocemos cuáles son sus medidas programáticas de realización inmediata que mejoren la vida de los ciudadanos. En materia económica, por ejemplo, han presentado un documento esencialmente teórico de dos magníficos economistas. Pero eso, teóricos.

Porque las medidas inmediatas a presentar no son solamente económicas y porque las orientadas a un modelo nuevo de relaciones (proceso constituyente) requieren un período de tiempo que para muchos ciudadanos se puede convertir en eterno, porque las medidas que permitan un nuevo modelo de relaciones económicas (cómo organizar jurídica y económicamente los distintos sectores productivos y de servivios) son de complicada gestión en el tiempo, y las necesidades de, por ejemplo, los parados de larga duración, no soportan aplazamientos… Todo ello necesita un tiempo, que sería más largo o corto en función de la potencia con la que Podemos consiguiera romper el bipartidismo.

Pero, además, en esta situación en la que las encuestas, a lo largo de 2014 han ido dando solvencia demoscópica a Podemos, la exposición pública de esta formación ha ido mostrando algunas lagunas de interés. Por ejemplo, no se conocen, al menos quien esto escribe, cuáles son las propuestas reales para los sectores primarios de la economía (agricultura, ganadería, pesca, minería…), ni propuestas para sectores concretos como el turismo, la construcción, los servicios. Ni propuestas sobre el dimensionamiento de las administraciones, ni si en el modelo de proyecto constituyente se mantendría el título VIII de la Constitución, con algún retoque, o iríamos a un modelo de Estado centralizado o, por el contrario, el modelo sería el Federal.

Quizás las carencias más clamorosas, a mi juicio, son las que se refieren a los sectores primarios y a cuestiones como el turismo o la construcción, los dos grandes contenedores de puestos de trabajo, junto con las Administraciones Públicas.

Estas cuestiones clamorosas vienen, a su vez, reflejadas en las personas que tanto a nivel nacional (¿central, estatal?) como a niveles ¿descentralizados, federales, autonómicos? vienen siendo los que asumen las distintas direcciones: me llama poderosamente la atención la ausencia de trabajadores manuales (agricultores, ganaderos, marineros, albañiles, mecánicos…) y de determinados niveles de las Administraciones. Esta carencia, además de llamativa, puede explicar por sí misma la característica fundamental de Podemos como concepto (ideológicamente indefinido a conciencia). Y el concepto es que se trata de un proyecto de laboratorio ideado para su expansión concéntrica que en cada nuevo anillo debe repetir la esencia del original. Un obrero, en el sentido marxista del término, no tiene cabida en esa formación.

Las encuestas se están diseñando y dirigiendo a presentar a Podemos como una estructura de élite del mismo modo que se pregunta por los demás partidos. Desde del punto de vista demoscópico, Podemos es una parte de la casta del sistema. Y aunque sus dirigentes lo nieguen, se comportan, social y, sobre todo, sociológicamente, como la élite creada para desplazar a las élites (convertidas en casta) que han gobernado desde 1978 y cuyas desviaciones se han convertido en su propia e imperiosa necesidad de regenerarse o perecer.

Las encuestas preguntan a los ciudadanos sobre productos (partidos políticos) en un mercado (el político) azotado por una crisis de calidad (la corrupción), entre los que los nuevos que llegan a las estanterías (las propias encuestas) brillan más a los ojos de los compradores (votantes).

Los votantes son, también, sometidos a una tiranía: la de consumidores. Y Podemos, demoscópicamente, es un producto de consumo.

Vale.

 Siguiendo el hilo de la intervención de Alfredo Pérez Rubalcaba, dimisionario de la Secretaría Genral del PSOE, parece que la Ley Orgánica para aceptar la abdicación de Juan Carlos I, parecía que se trataba de votar sí o sí para que la abdicación sea efectiva. Pero eso no es así. El PSOE es, o debería ser, libre para votar lo que crea conveniente. Y no se trata de que con el voto sí o no se esté votando monarquía o república. No. Porque el voto sí es dar continuidad ordinaria a una de las previsiones constitucionales. En concreto, el artículo 57.5, que determina que las abdicaciones y renuncias se regularán por Ley Orgánica.

¿Qué habría pasado si, como se ha dicho, hace unos meses Rajoy y Juan Carlos I comunicaron a Rubalcaba la abdicación, este hubiera dicho que no garantizaba el voto favorable del grupo socialista, necesario por tratarse de materia regulable por Ley Orgánica?

¿Qué habría pasado si hoy el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso hubiera votado mayoritariamente en contra y no hubiera resultado aprobada la Ley Orgánica porque el PP no se hubiera atrevido a continuar en solitario la tramitación?

El primer efecto, en ninguno de los dos caso, no habría sido pasar de modo automático a una nueva forma de Estado. El primer efecto, en la respuesta a la primera pregunta, es que la abdicación no se habría planteado. En el segundo caso, el Congreso habría obligado a Juan Carlos I a continuar su reinado. Estos, únicamente, serían los efectos de una votación formal tal y como se ha planteado por el gobierno del Partido Popular y el PSOE.

Pero, en la práctica, si el PSOE se hubiera negado a aceptar la abdicación, los efectos políticos habrían sido otros. Indeterminados, sin duda. Pero, del mismo modo que hoy el Partido Popular, en uno de los mayores monumentos a la hipocresía, ha alabado la actitud de Rubalcaba, por votar que sí, debería hacer lo mismo si el voto hubiera sido contrario: el derecho ejercer el voto en el sentido que políticamente cada grupo, cada diputado, estime conveniente es igual de respetable. Pero claro, para un partido que no cree en la democracia (para el PP, el poder les pertenece por la gracia de Dios), llevarles la contraria es de irresponsables.

Si hoy el PSOE hubiera votado no a la ley orgánica de abdicación, el primer efecto, formal, puramente formal, sería que Juan Carlos I debería continuar su reinado. O renunciar. Y no es, ni formal, ni jurídicamente, lo mismo la renuncia a los derechos que la abdicación. Porque el rey abdica en su sucesor. Si embargo, la renuncia lo es a los derechos dinásticos, y el debate jurídico sería inmediato: si Juan Carlos I renuncia ¿puede transmitir sus derechos dinásticos?

La votación formal, tal como se ha planteado, no lo es, por tanto, tan simple como han hecho creer. Porque, en realidad, y es algo que siempre se dice: en democracia, las formas son tan importantes como el fondo. Por ejemplo: el Partido Popular alardea de colaborar (formalmente) con la justicia en la investigación de su tesorería, pero en el fondo tienen comportamientos mafiosos para eludir sus responsabilidades penales.

Hoy, el PSOE no necesitaba, en ningún caso, plantear siquiera un supuesto de monarquía vs república, sino algo mucho más sencillo. Una ley formal, puramente formal, que con un voto contrario habría hecho que la forma de Estado se hubiera ahogado su propio jugo, habría, necesariamente, haber arrancado, por sí misma la puesta en marcha de los procedimientos constitucionales previsto de reforma.

Hoy, el PSOE no necesitaba decir incongruencias, mostrar contradicciones que lo encaminan a convertirse en un nuevo PASOK, hoy solamente necesitaba ejercer su voto en el sentir mayoritario de sus militantes y no de gatos de siete vidas aburridas. Lo demás se habría dado de modo natural y sin forzar, en ningún caso, la Constitución, sin desatar ningún caos.

Vale.