Los escaños robados

La escalada de corrupción y su desentrañamiento, lento, demasiado lento y con grandes dificultades, hacen sean un recurso en los medios de comunicación y en las conversaciones de barra de bar. Y que se haya impuesto, como es lógico, un doble concepto: quien lo haya hecho, que lo pague, y que devuelvan lo robado.

Nada que objetar, al contrario. La Justicia, ciega del ojito derecho generalmente, camina lenta, tropieza con juegos de artificio judiciales, retrasos en los procedimientos propiciados por los encausados, que normalmente no tienen problemas económicos para pagar los mejores servicios de abogados.

Claro que hay que devolver lo robado.

¿Pero qué sucede cuando lo robado son escaños en los parlamentos, en los plenos municipales?. Estos días, por fin, se van cerrando instrucciones (caso de Valencia, por ejemplo) en las que se acredita la comisión de delitos de financiación ilícita del Partido Popular en las campañas electorales de 2007 (municipales y autonómicas) y 2008 (generales). Y también el juez Ruz viene acreditando una caja B en la contabilidad del Partido Popular que ha servido para financiar al partido y hay indicios, cada vez más, de financiación ilegal de las campañas electorales.

Lo robado, en los casos de financiación ilegal, además de dinero procedente de donaciones irregulares, ilegales o comisiones por adjudicaciones de contratos públicos, son algo que puede cuantificarse económicamente (subvenciones por escaños conseguidos, subvenciones por votos obtenidos en los procesos electorales), pero que tienen algo más de valor, de mucho más valor.

¿Cómo devolverá el Partido Popular de Valencia los escaños obtenidos de más por haber financiado ilegalmente sus campañas electorales? ¿Qué escaños de más ha obtenido? ¿Cómo resarcir a los ciudadanos cuando el robo ha sido de votos, obtenidos con dinero ilegal?

¿Cómo hacer en 2015 que el Partido Popular de Valencia devuelva los escaños de 2007 y 2008? ¿Qué sentencia ejemplarizante dictar en estos casos? ¿Cuánto dinero ilegal gastó el Partido Popular en todo el tiempo en el que la caja B ha sido modo habitual de financiación?.

Porque no se trata solamente de un delito de financiación ilegal, del robo de la voluntad ciudadana, sino de las consecuencias: los recortes en sanidad, en educación, en dependencia, son una continuación, una consecuencia de aquel delito.

Sin el delito de financiación ilegal, utilizando dinero de procedencia cuando menos sospechosa, las salvajadas cometidas con los dependientes no habrían tenido lugar. Ahora ¿quién devuelve a los dependientes los daños causados por unos delincuentes? ¿Quién devuelve a la enseñanza los daños causados? ¿Quién devuelve a la sanidad los daños causados por la supresión de camas, la pérdida de médicos en la sanidad pública, los copagos, los repagos?

Y así, ad infinitum.

Vale.