Archivos para Ley de Minas

La titularidad dominical de los derechos mineros en España le corresponde al Estado, que es, a través de los instrumentos legales, básicamente, la Ley de Minas, quien concede permisos de investigación y explotación de esos derechos. Por tanto, las empresas mineras realizan sus actividades extractivas y, subsiguientemente, económicas mediante la figura jurídica de la concesión administrativa.

Artículo segundo.

Uno. Todos los yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos existentes en el territorio nacional, mar territorial y plataforma continental, son bienes de dominio público, cuya investigación y aprovechamiento el Estado podrá asumir directamente o ceder en la forma y condiciones que se establecen en la presente Ley y demás disposiciones vigentes en cada caso. (Ley de Minas)

En el caso de la mina de San José de Valdeflórez, impulsado por la empresa australiana Infinity Lithium (75% del capital) y Valoriza Minera (25%, del grupo SACYR), en el entorno inmediato de la ciudad de Cáceres, hasta ahora los grupos ecologistas y algunos grupos políticos se han venido manifestado como reacción a las diversas informaciones producidas, básicamente, por la propia minera, que tiene la pretensión de extraer litio durante más de 20 años.

El litio, mineral de progresiva alta demanda por la electrificación no solo de automóviles, sino de otros muchos elementos que precisan baterías de ese mineral, pertenece, por derecho, al Estado, si bien, mediante la aplicación de la legislación básica en la materia y de las transferencias autonómicas, es a la Comunidad Autónoma, a través de su ejecutivo, la Junta de Extremadura a quien corresponde la tramitación de los proyectos, desde los permisos de investigación hasta los proyectos de extracción y de reposición ambiental.

El Ayuntamiento de Cáceres, a través de su alcalde, Luis Salaya, ya ha manifestado su posición contraria al establecimiento de una mina a cielo abierto tan cercana a la población.

A mi juicio, cabría ir un paso más allá, pasar de la reacción ante las acciones e informaciones de la empresa minera, a la acción administrativa que cabe interponer. Si dejamos transcurrir todos los procedimientos, y conforme a ellos, sin oposición jurídica suficiente, se aprueban los proyectos de la minera, no tendríamos más que aceptarlos, aunque sea a regañadientes.

Le corresponde al Ayuntamiento, a través de sus servicios jurídicos plantear, ante el Ministerio de Transición Ecológica, en el que radican ahora las competencias básicas del Estado en materia de minería, la impugnación del derecho minero sobre San José de Valdeflórez. Es decir, que el Estado, que es competente para ello, por ser, en definitiva, el titular dominical de los derechos mineros, dictamine que en el entorno de la ciudad, con un radio de acción suficiente, no se pueden ejercer derechos mineros que no hayan obtenido la total aprobación de los proyectos al día de la fecha, y se eliminen las correspondientes cuadrículas mineras en ese espacio.

De ese modo, la empresa minera no podrá ser titular una concesión administrativa (la extracción de mineral) en un espacio que haya sido declarado exento de derechos mineros.

El Ayuntamiento, mediante informes jurídicos y socio sanitarios solventes, y en acuerdo plenario, será el que inicie ante el Estado la impugnación de esos derechos, al tiempo que solicite, de modo fundado, que en tanto se resuelve la impugnación, quedarán paralizadas todas las tramitaciones que hubiera en curso en el espacio señalado, tanto permisos de investigación como de explotación de minerales.

Al mismo tiempo que se tramita ante la Administración General del Estado la impugnación de los derechos mineros, se ha de tramitar ante la Junta de Extremadura la paralización de todos los actos administrativos en curso, tanto permisos de investigación como de explotación que hubiera. No sería hasta que la impugnación estuviera resuelta, a favor de los intereses de la ciudad de Cáceres, o en contra, cuando podría continuarse la tramitación.

Vale.

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