Archivos para November 30, 1999
Desde hacía tiempo, una llamada Fundación Cáceres Capital se convirtió en un lobby aeronáutico hasta conseguir del Partido Popular, en los gobiernos local, autonómico y estatal que se creara la necesidad política de que la ciudad de Cáceres cuente con una comunicación aérea, y ahí aparece otra Fundación, la Valhondo Calaff, que dispone de unos terrenos entre la capital y Malpartida de Cáceres, a unos 6 km de distancia. De Malpartida de Cáceres son quienes eran presidente de la Asamblea de Extremadura (el pomposo Parlamento) y número 2 del PP regional, y el Consejero de Medio Ambiente. Esta confluencia de una reivindicación, de unos terrenos estratégicamente situados, unos políticos ávidos de proyectos vendibles y un halo del gobierno de los mejores hizo que la Administración regional (PP) realizara la compra de los terrenos, encargara el proyecto de un Aeródromo de uso restringido que sería la mayor gloria a poner en portadas, sobre todo del HolaPP y se encargara además de todos los trámites.
Y claro, un asunto con tantos vuelos, en manos del gobierno de los mejores tenía que tener un resultado: un auténtico fiasco.
En enero, el consejero de Medio Ambiente, Víctor del Morral, decidió que para el asunto bastaba con una Declaración simplificada medioambiental, lo menos que se despacha en estos asuntos, seguramente en la creencia que con dos papeles y medios, el Partido Popular en el gobierno de la nación, gobierno amigo, aprobaría sin más el asunto. Y en esa creencia licitaron el proyecto, su redacción y su adjudicación (provisional).
El 24 de junio (un mes después de las elecciones), el BOE publicó la resolución del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente diciendo, en resumen, que el papelito enviado por el gobierno de los mejores no sirve, que hay que presentar un cuaderno gordo.
Desde entonces, los sustentadores del proyecto de altos vuelos se han dedicado a despotricar contra los ecologistas, obviando que las cuestiones que planteaba ADENEX pueden tener solución con medidas correctoras (o como dice la propia organización ecologista, desplazando la ubicación solamente 2.000 metros), pero hay dos puntos en la resolución del MAGRAMA que demuestran la incompetencia manifiesta del gobierno de los mejores, encabezado por un tal Monago: no se justifica la necesidad de la infraestructura y no se estudian alternativas que justifiquen la elección del espacio sobre el que se plantea.
O lo que es lo mismo: lo de los ecologistas, las alegaciones de ADENEX es lo de menos. Lo peor es que los incompetentes del gobierno del Partido Popular no han podido justificar la existencia de espacios alternativos sobre los que asentar la infraestructura ni por qué se ha elegido la finca de la Fundación Valhondo ni, mucho menos, se justifica que sea necesaria la infraestructura, el aeródromo.
Ahora, instaladas las fuerzas vivas de barra de tapería pija, en la pulsión de anatemizar a la organización ecologista ADENEX, conviene recordar que las dos razones de mayor peso en la denegación del papelito de estudio de impacto ambiental no son la existencia de aves esteparias, sino del pasto político de incompetentes que pensaron que entre amigos el asunto pasaría sin problemas.
Ahora, los pijos de tapería fina seguirán culpando del “parón del proyecto” a los putos ecologistas, mientras que los restos de poder político que le queda al PP después de las elecciones del 24M, se lamentarán de que siempre le toca a Cáceres (en público) y pelotearán a la nueva Junta de Extremadura (en privado) para ver si se hace o no el proyecto.
O lo que es lo mismo: un capricho innecesario para, lleguen 4 o 5 vuelos diarios. Un aeródromo con un tráfico mayor en 5 veces a la suma de los Aeropuertos de Ciudad Real y Castellón (sin contar Albacete, Huesca o Lérida). Lo de calificación como “Aeródromo de Uso Restringido” es un subterfugio para hacer una pista de aterrizaje por si algún avioncito cargado con cuatro pijos de tapería fina se acercan a pegar cuatro tiros a la finca de un amigo.
Vale.
En estos días que llevamos de julio, no sé si por las olas sucesivas de calor o porque el exceso de información nos perturba en exceso el intelecto, he podido observar dos cuestiones que han tenido un día, o dos, como máximo de cierto estrellato en algunos medios de comunicación: la intención de Mariano Rajoy de modificar la ley electoral a su gusto y la multa de casi 20 millones de euros que la UE impone a España por el falseamiento de las cuentas de la Comunidad Valenciana.
En ambos casos, estamos ante situaciones que podemos denominar “democracia de baja intensidad”. Que Mariano Rajoy pretenda modificar la ley electoral para que gobierno “la lista más votada” es una previsión que ya tenían en mente sus asesores antes de las elecciones municipales y autonómicas pero que no se atrevieron a plantear abiertamente. Ahora, comprobados los resultados electorales del 24M, es cuando Rajoy cree que ha llegado el momento de plantear la cuestión para conseguir una ley electoral que permita al PP gobernar siempre y en todo lugar. Porque Rajoy y sus secuaces, digo asesores, saben que todo el voto de la derecha lo agrupan y saben que la izquierda está fragmentada y ninguna lista de ningún partido o plataforma podrá superar ni siquiera el suelo electoral del Partido fundado por unos cuantos ministros de Franco.
Rajoy pretende que antes de finalizar la presente legislatura en el ámbito estatal pueda presentar y sacar adelante la ley electoral que le permita en las elecciones locales y autonómicas futuras conseguir que su partido gane, sí o sí. Pretender un cambio electoral en las condiciones en las que la derecha, acuciada por la corrupción, con una mierda que alcanza a todos los despachos del partido, es demostrar que la democracia “de la que disfrutamos” es de baja intensidad. A esta pretensión, los medios de comunicación “convencionales” han dedicado poco o escaso interés o han utilizado su obligación de contrapoder de la política en el sentido de callar o silenciar las pretensiones de Rajoy. Los medios, en una democracia de baja intensidad, están al servicio del poder político y económico. Y su capacidad de ejercicio de la crítica política es nulo si ello contraviene los deseos de quien manda… o puede poner en riesgo la cuenta de resultados.
Otro caso de democracia de baja intensidad es la nula o escasísima respuesta a la decisión de la UE de multar a España con 20.000.000 €. También es cierto que los partidos políticos en la oposición no han hecho el menor esfuerzo en tratar el asunto.
Las cuentas de la Comunidad Valenciana, gobernada por el Partido Popular y sus corruptos, han sido falseadas, como ha demostrado Europa. Y la multa la paga “España”.
¿No debería la Fiscalía Anticorrupción actuar de oficio e iniciar diligencias penales por falsedad en documentos públicos? ¿No es un delito de prevaricación falsificar unas cuentas públicas a sabiendas?
¿Dónde está la Fiscalía? ¿Buscando tuits de hace cuatro años de un concejal en vez de buscar y determinar quiénes son los autores materiales de la falsificación de las cuentas públicas de la Comunidad Valenciana?
Que no se actúe contra quienes falsean cuentas, falsean documentos y perjudican, a sabiendas, y en beneficio (aunque sea electoral) propio, es otra muestra de baja intensidad democrática.
Que todavía el gobierno en coalición PSOE-Compromís en la Comunidad Valenciana, presidido por Ximo Puig no haya presentado una querella criminal contra los autores materiales e intelectuales del falseamiento de las cuentas valencianas, dice muy poco de la intensidad democrática del nuevo gobierno valenciano.
Que como consecuencia de esa “baja intensidad democrática” haya que dedicar 20.000.000 € por los desatinos de un gobierno corrupto, y que los demás partidos hagan declaraciones y no actúen, dice muy poco de los políticos y de nosotros, los ciudadanos (¿o súbditos?), que lo consentimos.
Vale.
El ministro ese de lo Anterior, Fernández Díaz, tiene la extraña cualidad de hacer coincidir a la mayoría de los ciudadanos: es un meapilas con glotis afinada. Su ministerio (en sentido político y como a él le gusta, sacramental) debería ser el de la tranquilidad, el de la solidez democrática.
Pero no. Su ministerio se ha impuesto con la Ley Mordaza para acallar cualquier intento de crítica a una gestión, la del gobierno de sociópatas encabezado por Mariano Rajoy. Un ministerio basado en la política de la represión. Le falta poner en marcha una brigada político social y conseguir resucitar el TOP, Tribunal de Orden Público. Lo tiene a dos reales decretos.
Pero no solamente es un sujeto que basa toda su política en transmitir, mediante su iniciativa legislativa, a los ciudadanos un sentimiento de culpa (en intentar que los ciudadanos nos sintamos culpables y terminemos aceptando su anomalía ideológica) más que necesitado de un análisis freudiano.
Ahora, en una entrevista publicada en el Diario La Grapa, no tiene otra ocurrencia que transmitir, tras el atentado en la playa de Susa, en Túnez, su miedo (su incompetencia) para que sea “compartido” por los españoles.
Dice Fernández del Séptimo Díaz que “el riesgo de atentado es alto y la opinión pública debe saberlo”. Españoles, dice aproximadamente el de la Secta del Opus, “vamos a morir todos”. O algo parecido. Eso en el titular.
Este ministro, que parece más amenazar que defender, debería haber añadido a su frase: “… pero el Gobierno garantiza, sin ninguna duda, la seguridad de los españoles”. Pero no, dice que la cosa está muy malita, que “estamos trabajando en ello”, pero que no tenemos ni repajolera idea.
Afortunadamente, los ciudadanos ya sabemos a qué atenernos con individuos que son ministros porque no valen para otra cosa. Claro que sabemos que hay amenaza terrorista, pero más amenazante es que quien tienen la obligación y los medios, que los pagamos con nuestros impuestos, se dedique a ofrecer titulares de portada a panfletos de sus aduladores.
Afortunadamente, los ciudadanos sabemos que los terroristas pueden atentar. O no. Y lo que necesitamos son certezas del gobierno, y no alarmas.
Es tan incompetente el ministro que trata de convencer al periodista que le dora con preguntas de salón, de que no sabemos si el atentado de Túnez contra un hotel de una empresa española buscaba atentar contra derechos españoles en la zona. O lo que es lo mismo, el ministro incompetente trata de hacernos creer que los yihadistas tienen una lógica de actuación comprensible a las mentes occidentales.
¿Cuántas veces hemos escuchado, y con razón, que los atentados terroristas solamente tienen la lógica del atentado en sí mismos y establecer un estado de alarma social? Pues esa es la lógica del atentado terrorista / yihadista de Susa, en Túnez.
Que el ministro se pregunte ante la pregunta mamporrera del escribano de turno si porque el hotel es de una empresa española, los yihadistas buscan atentar contra intereses españoles, es pretender hacernos creer que los terroristas tienen una coherencia en sus atentados (¿y cuándo es un suicida, qué coherencia hay?).
Es ahí, en la ignorancia (aparente) del opusdeísta Fernández Díaz, donde interviene el miedo: como no sabemos si los yihadistas quieren atentar contra intereses españoles, los españoles deben cagarse de miedo. Y la propaganda, la portada de La Grapa (ABC), es el anuncio fiel de la incompetencia ministerial.
Meter miedo no es una función de un ministro de seguridad. Un ministro de seguridad debe transmitir eso, seguridad. Pero cuando su programa máximo es infundir miedo en la población aprovechando un atentado terrorista, y, por otro, acallar por la fuerza coercitiva del Estado cualquier atisbo de crítica (Ley Mordaza) estamos en la espiral maravillosa que desde el poder lleva al fascismo, y desde la ciudadanía a la revolución democrática y a expulsar a los autoritarios del poder.
Los españoles no merecemos un ministro que meta miedo, mientras mete la mano en nuestros derechos y nos los roba en nuestras narices.
Vale.
Las recientes elecciones municipales han deparado unos resultados que afloran nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, cuyo programa máximo es la regeneración, aunque con fundamentos ideológico (o faltos de ideología) y estrategias bien distintas.
La irrupción de Ciudadanos, considerado por muchos como un partido “marca blanca” del Partido Popular, ha supuesto que en los pactos, la formación de Albert Rivera se haya convertido mayoritariamente en el paracaídas del PP. Y Cáceres no iba a ser menos.
Escuchamos y leemos a los dirigentes de Ciudadanos manifestar su deseo de regenerar la política, de acabar con las anomalías, con los vicios adquiridos. Y aquí nos topamos con algo parecido a aquello de “vicios privados, virtudes públicas”. O lo que es lo mismo, mezclar los intereses públicos con negocios privados.
En estas fechas comienzan a avanzar los trabajos de un proyecto de parking en la Avenida Primo de Rivera, en Cáceres, promovido en solitario (legislatura anterior) por el Partido Popular. Y hoy mismo, los constructores del parking, junto con concejales del equipo de gobierno municipal (PP) presentarán las medidas de tráfico que se implantarán durante al menos 8 meses, mientras duran los trabajos de vaciado de la Avenida y construcción del parking.
Y hoy, también, es el momento de que Ciudadanos, llegados de nuevas al Ayuntamiento, tenga ocasión de pronunciarse (PSOE ya lo hizo en la legislatura anterior, oponiéndose, al igual que Izquierda Unida). Todo parece indicar que la opinión “técnica” de Ciudadanos será favorable al proyecto. Para eso han pedido la documentación… algo que no les hacía falta.
El número 2 de la candidatura de Ciudadanos Cáceres es un técnico cualificado en el sector y podrá dar su opinión. Seguramente favorable, porque ya el 30 de abril, en la empresa ARC Arquitectura, a través de su página en Facebook insertaba este anuncio:
Posteriormente, el anuncio fue modificado, quedando así:
Se supone que un buen vendedor debe conocer el producto que ofrece, y que una empresa del sector de la Arquitectura, cuando vende plazas de garaje de un aparcamiento construido por otra empresa, dispone de todos los datos técnicos suficientes: accesos, salidas, accesos peatonales, colocación de los ascensores para accesos peatonales…
Por eso, que Ciudadanos haya hecho el paripé de pedir la documentación del parking para luego, con seguridad, apoyar el proyecto por interés “de la ciudad”, porque “juntos damos vida al corazón de Cáceres” no deja de ser una muestra clara y palpable del interés y el ímpetu en la regeneración política.
Vale.
En enero de 2015, @jlaroca informaba en @eldiario.es/eldiarioex que la Junta de Extremadura estaba tramitando el proyecto del aeródromo de Cáceres por la vía simplificada en la declaración de impacto ambiental (http://www.eldiario.es/eldiarioex/economia/aerodromo-Caceres_0_347516073.html), al tiempo que la asociación conservacionista ADENEX reclamaba la vía ordinaria. Pero el gobierno de los que se decían los mejores afirmaron que no hacía falta. Efectivamente. No hacía falta… no hacía falta que individuos que desprecian los procedimientos porque ellos lo valen hayan hecho el ridículo.
En el BOE de hoy, 24 de junio, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se publica una resolución de 9 de este mismo mes, que hace pública la declaración de impacto ambiental para el proyecto de aeródromo de uso restringido en Cáceres. Una resolución que es un rosario de triunfos y éxitos de os que se decían los mejores. Ellos, de sí mismos.
Sólo hay que leer, no es es un texto largo, para darse cuenta que en el envoltorio del lenguaje administrativo, el Ministerio manda a segar a los autores del proyecto. Señalamos algunas cuestiones.
El promotor (en definitiva, el consejero del Moral y su jefe, Monago) no ha realizado estudios y previsiones en lo que pudieran afecta al patrimonio histórico-artístico y arqueológico.
Las consideraciones aportadas por ADENEX ocupan un amplio espacio, demostrando la incidencia negativa en cuestiones como la situación hídrica, o sobre el patrimonio histórico, sobre el paisaje o que no se tienen en cuenta las condiciones edafologicas.
Sin embargo, las mayores objeciones vienen marcadas porque el documento del Ministerio hace hincapié en la falta de alternativas.
O lo que es lo mismo, que el gobierno de los mejores, como es bien sabido, decidió, no se sabe por qué, que el aeródromo “José Antonio Monago – Caceres Barajas” se tenía que hacer en ese sitio sí o sí.
En ningún momento, en la documentación aportada al Ministerio para la obtención de la declaración favorable de impacto ambiental, aparecen debidamente definidas las alternativas estudiadas ni las razones objetivas por las que se adoptó la ubicación elegida.
Como el documento viene a establecer que el proyecto del aeródromo de Cáceres es un capricho, y es un capricho de los mejores, basta reproducir un párrafo, que deja meridianamente claro que ni estos elementos que han estado gobernando eran los mejores, ni, por supuesto, se han rodeado de gente que tuviera algo de idea:
“La Subdirección General de Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, indica que se debe argumentar justificadamente la falta de soluciones alternativas y las razones imperiosas de interés público de primer orden que promueven la ejecución del proyecto”.
Un proyecto cuyas obras están adjudicadas, pero que carecen de declaración de impacto ambiental, y por lo tanto no pueden dar comienzo. Y eso que hace poco leímos esta “información” http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/sarrion-no-contempla-ahora-suspension-obra-aerodromo-caceres_876587.html (12 de junio, cuando YA se había adoptado la decisión en el Ministerio). ¿Nadie del “gobierno de los mejores” sabía que el Ministerio había dicho que, de momento, nada de nada?
Vale.
Una vez terminadas las elecciones de mayo de 2015, comenzó el tiempo de los pactos y las negociaciones, porque el “arco parlamentario” ha quedado fragmentado en todas partes y en todos los ámbitos, municipales y autonómicos. Extremadura, por supuesto, no ha quedado fuera de esa fragmentación.
En estos días venimos asistiendo a una puesta en escena en modo streaming de las negociaciones entre el Partido Socialista, con su candidato Guillermo Fernández Vara al frente, con Podemos, liderada (¡qué mal llevo esto de llamar líder a cualquiera!) por Álvaro Jaén. Y a medida que ¿han ido avanzando? esas negociaciones hemos podido comprobar cómo desde Podemos (la nueva verdadera izquierda) están calcando los pasos dados por la vieja verdadera izquierda, la de Pedro Escobar, digo, la de Alejandro Nogales.
Hemos llegado al punto, como hizo Alejandro Nogales y el tal Pedro repicó, en el que quienes “lideran” se quedan paralizados y no se atreven a tomar decisiones y recurren al tópico de “las bases”. Y que no vengan con la monserga de los círculos, las asambleas… que no, que simplemente tienen miedo a decidir.
En estas, como en aquellas cosas de 2011 que hicieron Nogales y sus lacayos, hemos llegado a las bases. Y en Podemos dicen que se va a consultar a sus 6.000 inscritos. O 600.000, quién sabe.
Este número, 6.000 inscritos en Podemos en Extremadura me llama la atención. En Andalucía la capacidad de movilización del Partido de San Pablo Iglesias (el culto al líder de la nueva verdadera izquierda está alcanzando ya cotas divinas) quedó patente cuando para las elecciones de marzo no consiguieron ni siquiera llegar al 50% de las mesas electorales con interventores. Claro. Se dan de alta en la página, le dan al clic, y ya son podemitas por la gracia de San Íñigo.
En las elecciones municipales y autonómicas de 24 de mayo en Extremadura, eran 1.366. Desconozco, y he buscado el dato, de cuántas mesas cubrió Podemos con interventores. Pero no creo que fueran muchas, porque el Secretario de Organización, Sergio Pascual, se refirió a los 10.000 interventores y apoderados en las municipales, para más de 28.000 mesas en todo el Estado.
La capacidad de movilización (la movilización es la muestra práctica del compromiso) de esta organización hace aguas cuando no basta con ir a una manifestación lúdica o clicar en una página web. Cuando de verdad hay que comprometerse, no son muchos los que hacen eso tan duro como “dar la cara”.
Es muy fácil sentarse delante del ordenador, o tumbarse con la tablet o el smartphone y pinchar en un puntito de la pantalla. ¡Y ya está!
Ahora, cuando el lider de Podemos en Extremadura siente el vértigo de la toma de decisiones, recurre a las bases. A unas bases sólidas. Una bases asentadas en el ocio y en las cañas.
Ahora, calcando la estrategia de Izquierda Unida en 2011, Podemos, la gauche divine rediviva, consulta a las bases, consulta a los 6.000 hijos de San Pablo. Pocos me parecen, seguro que son más, muchos más. Y, como en 2011, decidirán no apoyar al PSOE, porque la gauche divina es lo que tiene y ha tenido siempre: agallas para comprometerse, para implicarse, y cuando tenía la oportunidad, y la obligación de hacerlo, se ha escudado en lo mismo. En que el PSOE los ha ninguneado (Alejando Nogales, 2011) y en que el PSOE está incapacitado para regenerar la política (Álvaro Jaén, 2015).
Y los niños de San Pablo harán lo que sus padres les dicen: “no os fiéis de vuestros propios ojos, fiaros de mis sermones, que me los escribe Íñigo Errejón, que sabéis que dice que la hegemonía se mueve en la tensión entre el núcleo irradiador y la seducción de los sectores aliados laterales. Afirmación – apertura. ¡Hala! Y ahora a clicar en la web, hijos míos.
Vale.
Fotografía de Eugene Smith, publicada en la Revista Life, en 1951, en un reportaje sobre Deleitosa (Cáceres)
Dice el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), que la población de la región habrá decrecido (descendido, más bien) un 4,1% en 2029, año en el que se situará en 1.052.000 habitantes.
Las razones fundamentales están en el envejecimiento progresivo, en la disminución de la natalidad y en menor medida en la emigración. Hay que recordar que mientras el censo de población es un dato sincrónico, la demografía es un dato diacrónico. Y esa diacronía es la que hay que estudiar para conocer, de verdad, las razones de esta pérdida de población.
44.460 habitantes menos en 2029 es un poco más de la población actual de Plasencia (41.000 habs). O lo que es lo mismo, en 2029 Extremadura habrá perdido la población de la cuarta ciudad de la región. Un dato demoledor y nada halagüeño sobre el futuro.
Decíamos que la demografía es un concepto diacrónico, que la evolución demográfica se explica sobre todo por cómo inciden en un espacio, en un territorio, los hechos sociales, políticos, económicos, militares… que suceden en ese territorio o en los centros de poder que inciden directamente sobre ellos.
Extremadura tenía, en 1960 una población de 1.406.000 habitantes. En 2029 habrá perdido en términos reales casi 400.000 habitantes, casi un 30%. Alguna explicación habrá que encontrar para conocer el origen de esta situación que se prevé, y, sobre todo para tratar por todos los medios de evitar que siga disminuyendo la población.
En esta misma Cerca he escrito alguna vez sobre este asunto. Sobre cómo el Plan de Estabilización del franquismo, implantado a partir de 1960 es la causa del envejecimiento de la población en Extremadura. Porque con la emigración masiva de los años 60, la dictadura “tiraba” de la mano de obra productora para trabajar en los sitios que interesaban, o para que fueran a países europeos y fueran una fuente de divisas.
Aquella mano de obra productora expulsada de su tierra, en lo que sin duda debería calificarse de una vez por todas de exilio económico y no de emigración, también era la juventud reproductora. No se han perdido 400.000 habitantes, también se han perdido sus descendientes. Una simpleza, que podría ser ejemplo, estaría en que si cada uno de los extremeños perdidos en estos años, hubiera tenido un hijo y hubieran permanecido en la tierra, hablaríamos hoy de casi 2.000.000 de habitantes.
Tras las elecciones del 24M y en el nuevo tiempo que se abre con nuevos partidos, nuevas formas de enfrentarse a la política, no estaría de más que las formaciones políticas se plantearan, de verdad, un programa que permita frenar en seco el envejecimiento, y, sobre todo, recuperar población.
El envejecimiento no solamente tiene un coste en datos demográficos, también tiene costes, altos, en otros conceptos: sanidad, servicios sociales, transportes… Y es tarea política, urgente, comenzar ya a recuperar población, a evitar la sangría demográfica.
Corresponde al Estado, responsable del exilio económico que ha condenado a Extremadura a ser vieja, a envejecer, a resarcir los daños. No se trata de cuantificar la miseria de la falsa “deuda histórica” que Monago dijo, otra mentira más, que firmaría con el ministro Montoro, se trata de valorar en números reales el daño ocasionado por la pérdida efectiva de la mitad de la población.
Vale.
Cuentan las informaciones que el mes de mayo ha sido más caluroso de lo habitual y menos lluvioso también. O lo que es lo mismo, la situación climatológica de mayo genera un deterioro de la agricultura que afecta a los cereales, por ejemplo, y que también tiene repercusiones negativas en los pastos, que se han secado antes de tiempo, lo que obligará a los ganaderos a recurrir a la alimentación con piensos.
Aunque en general ha llovido un 40% menos de lo que tenía que haber hecho si las lluvias hubieran sido las totales y necesarias, el reparto de las mismas tampoco contribuye a la mejora general. Con un 40% de abstención, el reparto de pastos, digo, de votos, ha caído de forma desigual.
Así, mientras en fincas abonadas con los detritus de la corrupción, la caída de votos ha superado los 2.500.000, en otras, como en la que no habían sido debidamente preparadas con tiempo y calidad, esta pérdida ha sido de unos 700.000 votos.
Por otra parte, en fincas de nuevos propietarios, de nuevos cosechadores y ganaderos, el reparto ha sido más generoso, pero insuficiente para mantener de forma autónoma los predios.
Vamos, que el panorama electoral surgido el 24M ha dejado, como las lluvias, como el clima, insatisfechos a todos. Ya se sabe… nunca llueve al gusto de todos. Y si en algún sitio además no llueve, pues peor.
Una vez cosechados los votos, viene el tiempo de pastos. Un tiempo en el que los titulares de las fincas, los destinatarios de los votos, están obligados a llegar a acuerdo, a hacer un buen uso de los pastos/votos recibidos.
Vale.
Autobús de campaña de Monago encajado en el Arco del Cubo, de Zafra.
Dice la RAE en la primera acepción de la palabra “comunicación”: “Acción y efecto de comunicar o comunicarse”. Y en la acepción 8, con el encabezamiento “Retórica”, la RAE señala que comunicación es la “figura que consiste en consultar la persona que habla el parecer de aquella o aquellas a quienes se dirige, amigas o contrarias, manifestándose convencida de que no puede ser distinto del suyo propio”.
Ayer, el Partido Popular, por voz de su presidente, al analizar, de aquella manera, eso sí, los resultados electorales del 24 de mayo, daba en el clavo de que su partido necesita mejorar “la comunicación”. Algo que habitualmente repiten dirigentes políticos, normalmente tras un fracaso electoral: “tenemos que comunicar mejor”.
En realidad, lo que quieren decir es que su parecer (su mensaje) no es compartido por los destinatarios (los votantes). Pero no analizan las causas de ese desacuerdo. Por una razón, porque consideran el mensaje un fin en sí mismo y no un instrumento para facilitar su comprensión y su aceptación por los destinatarios. De ahí que, cada vez más, se abuse del marketing y se prescinda de la comunicación. En política.
Los partidos en general, y en nuestro país y en Extremadura, especialmente el Partido Popular han elevado el marketing (conjunto de productos de emisión de mensajes propagandísticos) a la categoría de ideología.
Toda la legislatura de 2011 hasta 2014 en la Comunidad Autónoma de Extremadura ha estado marcada por un continuo incremento del marketing como instrumento de comunicación entre el Partido Popular y, sobre todo, el gobierno de la Junta de Extremadura, con los ciudadanos. Este incremento continuo se desbocó como consecuencia de las informaciones publicadas en www.eldiario.es/eldiarioex por Pablo Sanchez y José Luis Aroca (@jlaroca) y por Ana Pardo de Vera (@pardodevera) en el diario Público (www.publico.es) sobre los viajes de José Antonio Monago a las Islas Canarias en su etapa de senador (legislatura 2007-2011) con viajes cargados al presupuesto del Senado (dinero público).
A partir de esa publicación, tanto el Partido como el gobierno regional comenzaron una desbocada carrera de marketing, en realidad, de propaganda pura y dura, y que ha producido momentos hilarantes cuando se han ido conociendo y momentos, muchos, convertidos en diana de comentarios jocosos que han degradado la imagen no solo de José Antonio Monago dentro y fuera de Extremadura, sino que han perjudicado a lo que podríamos llamar “Marca Extremadura”.
Porque comunicación no es lo mismo que marketing. Ni el marketing puede sustituir la reflexión política, no puede sustituir el pensamiento político. El marketing es un instrumento o un conjunto de instrumentos para vender (en su sentido más monetarista) un producto. Si el producto que se pretende vender es defectuoso o carece de virtudes que lo hagan atractivo para los clientes (los votantes), ya puede todo el marketing que se quiera ponerse a disposición del vendedor: no se comprará.
Cuando Rajoy y los dirigentes del PP (en otros casos, de otros partidos) dicen que no han comunicado bien (lo de que “nos ha faltado piel”, que decía Floriano en un anuncio, es el síntoma del sinsentido y de la falta de reflexión y de capacidad de generar pensamiento), en realidad está diciendo que han sido incapaces de vender su producto, sin pararse a pensar en la calidad de ese producto.
El caso paradigmático de Extremadura ha estado en que un experto en marketing ha convertido a José Antonio Monago en producto. En el objeto del marketing. Y no ha hecho una evaluación de la calidad de ese producto, de ese objeto. Un producto defectuoso de origen, con dificultades para elaborar por sí mismo un discurso político coherente y con ideas (que luego pueden ser aceptadas o no, pueden tener más desarrollo o no, pueden ser más elaboradas o no), y que se ha ido limitando cada vez más a repetir los mensajes elaborados por el experto. O a ponerse en situaciones (escaparates) en las que el experto ha creído conveniente para visibilizar mejor el producto.
A medida que se fueron desvelando detalles e informaciones sobre los viajes a Canarias, el producto defectuoso Monago fue acrecentando sus faltas, mientras el experto trataba de darles una capa de barniz. Pero la podredumbre ya era generalizada. De nada sirvieron lágrimas públicas de arrepentimiento, frases grandilocuentes (“mis viajes me los pago yo”), otras meramente cómicas (“no tengo parabólica, eso que me estoy ahorrando”), promesas que se sabía que se incumplirían (“en enero presentaré mis cuentas en un ejercicio hasta ahora no visto de transparencia”). Porque el producto, el personaje no daba más de sí. Ni marketing ni nada.
Los ridículos propios de las elecciones (el spinning, el trote del anuncio con camiseta pistacho…) y los cometidos por su entorno (el autobús encajado en el arco del Cubo de Zafra ha sido definitorio) han hecho el resto.
El caso Monago debería ser estudiado por su partido (y por los demás) para que de una vez por todas se destierre de la acción política, de la comunicación política, el marketing como fin en sí mismo.
Para comunicar, para conseguir que el parecer de uno sea aceptado por el auditorio, primero es necesario que ese parecer esté bien construido, responda a criterios de pensamiento y no a criterios comerciales. Si se tiene un parecer definido, claro, coherente, el marketing no es necesario. Y entonces, sólo entonces, aparece la comunicación.
Vale.
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