Ahora que el urbanismo está en muchos medios debido a la aprobación de lo que se llama Operación Chamartín, que prevé la construcción, entre otros tipos de edificaciones, de 10.500 viviendas, no es mal momento para saber qué ocurre en ciudades pequeñas, en las capitales de provincia que no salen en las televisiones y en las que el “sector de la construcción”, antes motor junto a los servicios de la economía local, anda alicaído.
Hoy, se ha publicado el final de un litigio Ayuntamiento Vs Induyco (El Corte Inglés) por unos terrenos del sector “Vegas del Mocho”. Por otra parte, hace unos días tuve la curiosidad de estudiar los datos estadísticos de población publicados en el web municipal: entre 1 de enero de 2012 y 1 de enero de 2019, la población de la ciudad ha crecido en solo 321 habitantes, por lo que alcanzar la cifra psicológica de los 100.000 habs se difumina en el futuro.
Mientras que las grandes cifras del urbanismo de la Operación Chamartín aparece en los medios, en nuestra ciudad, el sector apenas se despereza. La cuestión estaría en saber si es necesario, ahora que ha comenzado una nueva legislatura municipal, repensar la ciudad, repensar el modelo configurado en el Plan General Municipal de 2010, que todavía se mueve en modificaciones sobre espacios que provienen de planeamientos anteriores, por no decir antiguos.
Sería deseable, creo, un debate sobre el planeamiento urbanístico de la ciudad, para intentar conseguir llegar a un modelo que sea sostenible. Creo recordar que los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) son posteriores a 2010 y por tanto no se encuentran recogidos en el PGM, aunque formen parte de él estudios medioambientales, pero no existe una formulación de esos ODS y cómo podrían afectar a un modelo de ciudad.
No sé si los técnicos (urbanistas, geógrafos, juristas) pueden plantear que la formulación en 2015 de esos Objetivos es por sí misma causa suficiente para una reformulación del planeamiento vigente en la ciudad de Cáceres o si, por el contrario, los derechos urbanísticos reconocidos en el PGM no pueden verse afectados por los ODS.
Creo que sería muy interesante evaluar el grado de desarrollo (o no desarrollo) del planeamiento aprobado en 2010, y si una revisión del mismo podría incluir la necesidad de que ese desarrollo, las actuaciones urbanísticas que se planeen y ejecuten conforme al documento de 2010, han de incluir esos Objetivos.
Cáceres, cuando casi nada existía. Fragmento del Vuelo Americano 1945_1946.
El propio PGM establece cuándo puede someterse a Revisión, que circunstancias se tienen que dar, desde los puntos de vista legales y urbanísticos, como se dice en el Capítulo 11 de la Memoria:
CAPÍTULO 11. CIRCUNSTANCIAS A PARTIR DE LAS CUALES DEBE PROCEDERSE A LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL Los Planes de Ordenación no están sujetos a ningún límite de vigencia en el tiempo. La regla de vigencia indefinida que establece el artículo 59, apartado 3 de la LSOTEX, se aplica a todos los Planes Territoriales, y por tanto, a los Planes Generales. Ahora bien, la vigencia indefinida no puede suponer la inmutabilidad “ad infinitum” de la ordenación. El Plan necesita ser revisado en determinadas circunstancias, lo que implica un examen total de su contenido a fin de comprobar si se ajusta a la realidad y, en su caso, introducir las variaciones precisas si no conserva íntegramente su actualidad. El artículo 81 de la LSOTEX señala que tendrá la consideración de revisión de los Planes de Ordenación, entre los que está el Plan General, “la reconsideración total de la ordenación establecida por los planes de ordenación urbanística y, en todo caso, de la ordenación estructural de los Planes Generales Municipales, requiere su revisión”. Se considera ordenación estructural, la integrada por los elementos determinantes del desarrollo urbano y, en particular, el sistema de núcleos de población y los sistemas generales de comunicación, equipamiento comunitario, espacios libres públicos y otros. En la Normativa del Plan no se señalan criterios fijos basándose en los cuales la Corporación municipal deba afrontar la Revisión. Ésta podrá realizarse a criterio razonado del Ayuntamiento, cuando se haga necesaria una alteración del Plan como las señaladas por el artículo 81 citado, o en virtud de circunstancias de otra índole que así se estimen, conforme a lo establecido en el artículo 156 del Reglamento de Planeamiento. La revisión del contenido del Plan General, según el artículo 59 de la LSOTEX, podrá llevarse a cabo conforme a las mismas reglas sobre documentación, procedimiento y competencia establecidas para su aprobación.
La LOTUS (Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura) establece en su artículo 15 los “Criterios de Ordenación Sostenible”, si bien en las disposiciones finales y derogatorias se indican las condiciones que ha de darse para la aplicación de la Ley (y por tanto, de los COS) al planeamiento en vigor. No obstante, y dado el muy escaso desarrollo del PGM, salvo lo ya indicado de algunas actuaciones provenientes de planes anteriores, pensar en un modelo de ciudad con mayores índices de sostenibilidad podrían ser el origen para un debate en profundidad que nos permitiera ir cumpliendo Objetivos e implementarlos en la ejecución de las Áreas de Reparto que aparecen nuevas en el PGM de 2010, pero que prácticamente ninguna se ha comenzado a llevar cabo, salvo la referida al Nuevo Ferial, si no me equivoco.
Debatir sobre un modelo de ciudad más sostenible, más eficiente, aprovechando además que la “administración actuante” (Ayuntamiento) ha comenzado una nueva legislatura no debería asustar. Y dado el alcance competencial que los ODS pueden tener desde el punto de vista de la gobernanza, implicar a otras administraciones (Provincial, Autonómica, Estatal y Europea) podría suponer mejorar las expectativas de futuro de una capital de provincias como Cáceres, a la que le puede costar mucho tiempo llegar a los 100.000 habitantes estando a tan solo 4.000 de distancia.
Vale.
En las dos anteriores entregas, señalaba cuál podría ser la mejor estrategia a seguir por el partido de Albert Rivera en los pactos poselectorales para la constitución de ayuntamientos y, posteriormente, de las diputaciones. Y lo mismo, en las CC.AA. Siempre en la creencia de que Rivera, como líder de un partido político con aspiraciones de gobierno, podría intentar desplazar al Partido Popular de Pablo Casado en la hegemonía de la derecha en el poder territorial.
Pero no ha sido así. La partida la ha ganado Casado, que de estar más que cuestionado en su propio partido, está consiguiendo (a falta de la constitución de las asambleas regionales y los futuros gobiernos autonómicos) ganarle la partida.
Aunque, más bien, habría de hablarse de que Rivera se ha cocido en su propio jugo y se ha atenazado con su histriónica posición de extender un “cordón sanitario” respecto del PSOE y su SG Pedro Sánchez.
Juan M. Moreno Bonilla (PP), Juan Marín (Cs) y Juan Bravo (PP) se inclinan ante el portavoz presupuestario de VOX en Andalucía. Foto: Paco Fuentes (@pacofuentesfoto), El País
Rivera, en los ayuntamientos, no ha sabido hacer valer sus resultados y se ha dejado arrastrar por un Partido Popular más ducho en cuestiones políticas, que, por un lado, ha pactado sin ningún rubor con la derecha fascista de Vox, y ha obligado a Rivera a hacerle seguidismo.
La imagen de los dirigentes andaluces de PP y Ciudadanos haciendo reverencias al portavoz de Vox en materia de presupuestos, y la firma del documento bajo los tres logotipos, le ha puesto muy difícil desvincularse de ese yugo (en el sentido franquista del término) en otros territorios.
Cuando ya está casi concluida la jornada de constitución de los ayuntamientos, parece ser que, paradójicamente, Ciudadanos ha conseguido más alcaldías con apoyo del PSOE que con apoyo del PP. Esto sucede por una razón: los dos partidos del “bipartidismo” tradicional tienen más capacidades de maniobra que un bisoño Rivera, y el PSOE, ganador en número de votos y concejalías en las elecciones del 26M ha demostrado que los acuerdos son una parte fundamental del buen gobierno de las administraciones más cercanas a los ciudadanos.
Cuando los datos estén consolidados y se pruebe que a Ciudadanos le va mejor acordando con el PSOE, Rivera no debería tener más remedio que levantar su “cordón sanitario” en torno a Pedro Sánchez. Si no lo hace, la escasa diferencia de número de escaños en el Congreso a favor del PP, se puede hacer mucho más amplia por encogimiento, por miedo, de Rivera.
De esta jornada de pactos, acuerdos, sorpresas… está quedando, por el número de habitantes afectados, que la capital del Estado estará gobernada por un pacto entre las tres derechas, es decir, por un escoramiento hacia las posiciones fascistoides de VOX, y lo mismo sucederá en la Comunidad Autónoma, aunque haya importantes municipios que estarán gobernados por el PSOE.
La imagen de un desnortado, timorato e infantiloide Albert Rivera echado en brazos de la más rancia derecha, lo convierten en un miembro más de ella, destiñendo la etiqueta de liberal que últimamente se atribuía. Claro, que también se definió de centro, de socialdemócrata…
Cuando despierte de su ensoñación y tenga los datos fríos de lo que ha pactado, por activa y por pasiva, con los fascistas de VOX (y con el corroído Partido Popular) ya será tarde. Ya podrá reescribirse el cuento de Monterroso: “Y cuando Rivera despertó, el fascismo todavía estaba en él”.
Vale.
Cuando a comienzos de 2016, después de las elecciones del 20D de 2015, Pablo Iglesias, tras la ronda de contactos iniciada por Pedro Sánchez, al haberse producido la espantá de Rajoy en la primera ronda con el jefe del Estado, salió diciendo que quería una vicepresidencia, varios ministerios y el control del CNI y RTVE para apoyar a Sánchez, quedó meridianamente clara su estrategia: o yo gobierno o seguirá la derecha. Y efectivamente, el fracaso para encontrar gobierno nos llevó a las elecciones de 2016, a la defenestración de Sánchez en el PSOE, a cuenta del NoEsNo, y, finalmente, al gobierno de Rajoy con la abstención socialista.
Ahora, en 2019, el PSOE ha ganado las elecciones, el PP ha sufrido el mayor batacazo al perder la mitad de sus escaños, Ciudadanos ha ganado un buen número de ellos y Vox ha entrado en el Parlamento. Ah, y Podemos y su líder Pablo Iglesias han sufrido un importante descalabro.
Y ahora, otra vez, nos encontramos al amado líder encamado con la ilusión de ser vicepresidente del gobierno y reclamando ministerios sociales si el PSOE quiere gobernar en coalición, si el PSOE quiere sus escaños.
Nada de permitir un gobierno a la portuguesa, con los socialistas en solitario, y buscando los apoyos necesarios (incluidos los de Podemos) para la investidura. Pablo Iglesias, otra vez, despejando las piedras del camino para facilitar una vuelta rápida de la derecha al gobierno.
Sostiene Iglesias que su presencia en el gobierno es la garantía de políticas de izquierdas, de políticas sociales, sin tener en cuenta que para que esas políticas sociales puedan ser llevadas al BOE (quien lo controla tiene el control del gobierno) necesitarán en muchas ocasiones más de los 165 votos que suman PSOE y Podemos. No hay que olvidar que en 2016, cuando Rajoy volvió al gobierno, PSOE+Podemos sumaban 156, y en 2015, cuando Iglesias se invistió como director del CNI, la suma era 157.
La garantía de las políticas de izquierdas pasa por conformar un gobierno estable, un gobierno que permita políticas para la mayoría social (¿o cree el líder amado que todos los trabajadores beneficiados por la subida del SMI les han votado a ellos o al PSOE?), un gobierno que necesita estabilidad para afrontar la necesaria y urgente reforma de la financiación autonómica, o que acometa, de una vez por todas la reforma del Senado por la vía de la reforma constitucional del Título VIII, avanzando hacia el Estado federal. Cuestiones estas que, claramente, siguiendo la teoría política del ideólogo mundial referente en las izquierdas, podrían acometerse mediante un Real Decreto, o un RDL que fuera convalidado por el Congreso.
Las reformas necesarias de temas como la financiación de las CCAA, o de la propia Constitución, necesitan acuerdos amplios, más allá de una mayoría simple parlamentaria, y esos acuerdos no pueden alcanzarse cavando trincheras entre gobierno y oposición, entre gobierno central y gobiernos autonómicos.
Ya ha dicho Pedro Sánchez que la mejor opción para revertir la reforma laboral de Rajoy pasa por la formulación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, una ley básica, que requerirá una mayoría reforzada que la suma de las izquierdas (siendo benévolos, incluyendo a ERC en ellas) no da y que por tanto requerirá de pactos, de acuerdos que lleven a los grupos más moderados de la derecha (si los hubiera, ya que ahora mismo, las tres derechas son una ideológicamente hablando) a sumarse a ellos.
Gobernar cuando no hay mayorías claras, requiere de capacidad de acuerdo por todos los grupos, empezando por el que forme el gobierno, o los que formen el gobierno.
Aspirar a tener una vicepresidencia que “controle” los ministerios sociales, es abrir una grieta desde el mismo momento en que un gobierno se formara con ese criterio, por cuanto las competencias de los ministerios suelen ser transversales, y para eso está la figura del presidente del gobierno, para actuar de manera que se coordinen TODAS las competencias. Tenemos visto muchas veces que declaraciones de unos ministros chocan con las de otro, y señalamos enseguida que eso supone que hay fisuras en el gobierno. Si desde el mismo momento de la toma de posesión de un gobierno trazamos una línea social/no social (según criterio de Iglesias), estamos abocados a un gobierno inestable y, por ello, poco eficaz.
Vale.
