Archivos para November 30, 1999
Cuando en esta serie se aborda algún edificio, algún inmueble cerrado por falta de uso, no he procurado entrar en cuestiones técnicas, porque no es el motivo de las entradas. En el caso del antiguo cine Coliseum, cerrado hace años, solamente una referencia a cuestiones técnicas, urbanísticas en concreto: está cerrado porque el planeamiento urbanístico impide a sus actuales propietarios a cualquier uso por no ajustarse a normativas como la de incendios (carece de salidas de emergencia y es imposible su realización).
Edificio en Av. Virgen de la Montaña
Sin embargo, tanto el origen del edificio como la propiedad del cine (Obispado de la Diócesis de Coria Cáceres) y las vicisitudes que llevan a una situación como la actual, hacen que su situación, en pleno corazón de la ciudad, sean llamativos.
Fachada Cine Coliseum. 2014.
Adquirido por la Caja de Extremadura (en su origen, la Caja tenía un “accionista” de referencia: el obispado) al Obispado, para convertirlo en centro cultural, su desarrollo nunca pudo llevarse a cabo. Ni siquiera acuerdos municipales como el de 2005, y una falta de actividad normativa municipal (muy al contrario que la seguida para el fallido El Corte Inglés: en este caso se removieron todos los obstácculos, por supuesto. Para nada.) que han hecho que ahora, si se intentara de nuevo poner en orden urbanístico el conjunto, no habría dinero para llevar a cabo el último gran proyecto del marquesado al frente de la Caja.
Ahora, pasear por Cánovas ya ni siquiera hace a los cacereños girar su vista a la fachada de lo que fue el Cine Coliseum: ya no hay carteleras, ni el cartel que puso la Caja para anunciar el futuro (que nunca llegará) centro cultural.
Finiquitado el proyecto, acabadas las riquezas de la Caja de Extremadura, el antiguo cine no son más que unos cerramientos enlucidos, sin letreros y unas ventanas en la planta principal que conservan el paso de los años: cada día están más viejas y dañadas.
Edificio Av. Virgen de la Montaña.
Pero hay que llamar la atención también por el edificio del número 3 de la Av. Virgen de la Montaña, que la Caja compró para conseguir que fuera incluido en el planeamiento urbanístico con la finalidad de utilizarlo para dotar de salidas de emergencias al Centro Cultural.
Mientras que el ex-cine, protegido por cerramientos de fábrica y el porche del edificio protegido por enrejado antivándalos, aguanta las miradas, el edificio de Virgen de la Montaña no, cada día se nota más su profundo deterioro. Y eso que forma parte del área de protección del denominado Chalet de Los Málaga, recientemente rehabilitado por una pequeña caja de ahorros.
La responsabilidad de que el cine esté cerrado, sin uso, es achacable a mútiples factores, incluidas la nefasta gestión urbanística de la ciudad durante muchos años, y, sobre todo, la faraónica gestión llevada a cabo en la Caja de Extremadura. Aunque no es achacable en exclusiva a ambas cuestiones, en este caso sí cabe decir aquello de “dos al saco, y el saco a tierra”.
Pero la responsabilidad de que el edificio de Virgen de la Montaña esté abandonado es exclusiva de la Caja de Extremadura, ahora llamada Liberbank. La deplorable imagen que ofrece, en un lugar tan céntrico, se ha acrecentado con el lavado de cara que se le ha hecho al Chalet de Los Málaga.
Corresponde a la propiedad tener en condiciones decentes de visibilidad y ornato y al ayuntamiento exigirla. Pero no sucede ni una ni otra cosa. Ver cómo un edifico de ese tipo se deteriora, sin uso, es una muestra más de una ciudad, Cáceres, en la que el cierre de locales comerciales, de empresas, de edificios públicos y privados abandonados es la marca de los últimos años, especialmente de la actual legislatura municipal, marcada por la impotencia de los ciudadanos (que, no se olviden, votaron mayoritariamente al Partido Popular), la incompetencia política del Ayuntamiento y el abandono de administraciones de superior jerarquía, que hacen que el cierre no sea más que consecuencia del abandono.
Vale.
En agosto de 2012, recién comenzada una serie de entradas en mi sitio en la red sobre la deplorable situación de la ciudad de Cáceres, bajo el epígrafe “Cáceres, cerrado por falta de uso”, incluí al Espacio para la Creación Joven, realizado por el gobierno socialista en la legislatura anterior (2007-2011).
El actual equipo de gobierno, del Partido Popular, que goza de una mayoría absoluta aplastante, se encontró, en junio de 2011 el ECJ terminado en el antiguo Molino de Aceite de la Ribera del Marco.
Desde entonces, de junio de 2011 hasta ahora han pasado tres años en los que la mayoría aplastante del Popular ha demostratado una aplastante incompetencia.
Hoy, un concejal de esos de la mayoría absoluta publica un artículo lleno de lugares comunes y un tufo de soberbia propios de otros tiempos.
Uno de los lugares comunes, frases hechas o tópicos, como se les quiera llamar es que “a partir de septiembre van a tomar la temperatura de los jóvenes de la ciudad”. ¿Colaboración con el colegio de enfermería, algún centro de salud próximo, práctias de la Escuela Universitaria?
El concejal, que en ningún momento dice que el edificio se lo encontraran terminado, se refiere a a que han tenido que pedir socorro a la Junta de Extramadura para finalizar las obras (¿no han tenido tiempo en tres años de asfaltar el acceso, que era lo único que faltaba?
Que se tarden tres años en asfaltar 80 metros de camino demuestra la temperatura política de una mayoría aplastante de los concejales.
Pero es más. Ese mismo concejal que hoy se marca el farol de que van a poner en marcha el ECJ para que los jóvenes de la ciudad… ese mismo, y todos sus correligionarios votaron el jueves (¿el mismo día que el técnico del área de juventud redactó el escrito para la firma del concejal que hoy publica el HolaPP?) en contra de una propuesta de la oposición que pedía mayor participación de los jóvenes en los asuntos de la ciudad.
Que ahora se anuncie que el dinero para poner en marcha el ECJ venga de la Junta de Extremadura, quiere decir que la mayoría aplastante de los concejales del Partido Popular han estado desde junio de 2011 tocándose las narices con este y con otros muchos asuntos. Y ahora, cuando ya se vislumbra la cuenta atrás de la legislatura, piden socorro al gobierno de Iván Redondo para que les lance un salvavidas, un salvavotos.
Eso de tomar la temperatura de los jóvenes para poner en marcha el ECJ es una solemne estupidez, propia de quien no tiene ni puñetera idea de lo que los jóvenes necesitan y llevan tres años en el ¿gobierno? pasando olímpicamente de ellos. Porque además, parece que lo que pretenden es que la concejalía del área esté en ese espacio. Esto es otra mayúscula estupidez. El EJC se concibió para los jóvenes, para que pudieran tener un espacio en el que desarrollar sus capacidades creativas y culturales. Y meter el poder que sobre estos asuntos representa la concejalía es condenar al fracaso el conjunto.
Porque si los jóvenes “huyen” de algo es de tener en el pescuezo el aliento “de los que mandan” cuando se trata de arrancar ideas, de crear, de ensayar… Y la burocracia de la concejalía será un yugo sobre los jóvenes. A no ser que sea eso lo que pretenden… someter a los jóvenes con un yugo.
Mientras el Partido Popular se dedica a rechazar iniciativas de la oposición para que los jóvenes tengan más participación en los asuntos públicos, el propio partido es el encargado de querer vender lo que otros hicieron. Y lo venden mal.
Mientras Cáceres está cerrado por falta de uso, uno se va dando cuenta que lo que está falta de uso es la capacidad de la mayoría aplastante de los concejales del Ayuntamiento de Cáceres.
https://cercadelasretamas.com/2012/09/15/caceres-cerrado-por-falta-de-uso-vi/
Siguiendo el hilo de la intervención de Alfredo Pérez Rubalcaba, dimisionario de la Secretaría Genral del PSOE, parece que la Ley Orgánica para aceptar la abdicación de Juan Carlos I, parecía que se trataba de votar sí o sí para que la abdicación sea efectiva. Pero eso no es así. El PSOE es, o debería ser, libre para votar lo que crea conveniente. Y no se trata de que con el voto sí o no se esté votando monarquía o república. No. Porque el voto sí es dar continuidad ordinaria a una de las previsiones constitucionales. En concreto, el artículo 57.5, que determina que las abdicaciones y renuncias se regularán por Ley Orgánica.
¿Qué habría pasado si, como se ha dicho, hace unos meses Rajoy y Juan Carlos I comunicaron a Rubalcaba la abdicación, este hubiera dicho que no garantizaba el voto favorable del grupo socialista, necesario por tratarse de materia regulable por Ley Orgánica?
¿Qué habría pasado si hoy el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso hubiera votado mayoritariamente en contra y no hubiera resultado aprobada la Ley Orgánica porque el PP no se hubiera atrevido a continuar en solitario la tramitación?
El primer efecto, en ninguno de los dos caso, no habría sido pasar de modo automático a una nueva forma de Estado. El primer efecto, en la respuesta a la primera pregunta, es que la abdicación no se habría planteado. En el segundo caso, el Congreso habría obligado a Juan Carlos I a continuar su reinado. Estos, únicamente, serían los efectos de una votación formal tal y como se ha planteado por el gobierno del Partido Popular y el PSOE.
Pero, en la práctica, si el PSOE se hubiera negado a aceptar la abdicación, los efectos políticos habrían sido otros. Indeterminados, sin duda. Pero, del mismo modo que hoy el Partido Popular, en uno de los mayores monumentos a la hipocresía, ha alabado la actitud de Rubalcaba, por votar que sí, debería hacer lo mismo si el voto hubiera sido contrario: el derecho ejercer el voto en el sentido que políticamente cada grupo, cada diputado, estime conveniente es igual de respetable. Pero claro, para un partido que no cree en la democracia (para el PP, el poder les pertenece por la gracia de Dios), llevarles la contraria es de irresponsables.
Si hoy el PSOE hubiera votado no a la ley orgánica de abdicación, el primer efecto, formal, puramente formal, sería que Juan Carlos I debería continuar su reinado. O renunciar. Y no es, ni formal, ni jurídicamente, lo mismo la renuncia a los derechos que la abdicación. Porque el rey abdica en su sucesor. Si embargo, la renuncia lo es a los derechos dinásticos, y el debate jurídico sería inmediato: si Juan Carlos I renuncia ¿puede transmitir sus derechos dinásticos?
La votación formal, tal como se ha planteado, no lo es, por tanto, tan simple como han hecho creer. Porque, en realidad, y es algo que siempre se dice: en democracia, las formas son tan importantes como el fondo. Por ejemplo: el Partido Popular alardea de colaborar (formalmente) con la justicia en la investigación de su tesorería, pero en el fondo tienen comportamientos mafiosos para eludir sus responsabilidades penales.
Hoy, el PSOE no necesitaba, en ningún caso, plantear siquiera un supuesto de monarquía vs república, sino algo mucho más sencillo. Una ley formal, puramente formal, que con un voto contrario habría hecho que la forma de Estado se hubiera ahogado su propio jugo, habría, necesariamente, haber arrancado, por sí misma la puesta en marcha de los procedimientos constitucionales previsto de reforma.
Hoy, el PSOE no necesitaba decir incongruencias, mostrar contradicciones que lo encaminan a convertirse en un nuevo PASOK, hoy solamente necesitaba ejercer su voto en el sentir mayoritario de sus militantes y no de gatos de siete vidas aburridas. Lo demás se habría dado de modo natural y sin forzar, en ningún caso, la Constitución, sin desatar ningún caos.
Vale.
El homicidio de la presidenta de la Diputación de León y su repercusión informativa, son la excusa perfecta que necesitaba el Partido Popular, el que gobierna (mejor dicho, manda) por la gracia de Dios para dar una vuelta de tuerca en el garrote vil de la represión.
El 11M de 2004, Arriola (el gurú de la prensa y propaganda de Aznar) dijo: “Si ha sido ETA, arrasamos en las elecciones”. No fue ETA, se empeñaron en que lo fueran y han quedado condenados al rincón de la mentira de la historia.
El pasado lunes, cuando se conoció la noticia de la muerte de la dirigente del PP leonés, las noticias corrían de un medio a otro, con la asepsia de desconocer cualquier móvil, cualquier atisbo de autoría. De ahí a que aparecieran PP (presuntos periodistas) asociando escraches, acosos políticos y similares con el homicidio, no se tardó nada. Pero…
Pero como en el 11M de Arriola, la realidad pudo más que los deseos: el homicidio lo había cometido alguien del PP, vinculado al PP. Cualquier otra teoría de instrumentalización política se venía abajo. Ni siquiera valían los escraches como legitimación de orige para acusaciones.
Circunscrito el asunto a una cuestión entre personas vinculadas al mismo partido político, la cuestión era, y es, cómo obtener rédito político para quienes quieren hacer del miedo y la represión el instrumento único de su gobierno (de su ordeno y mando).
Y, por supuesto, rápidamente encontraron la causa de todos los males, incluido en ese totum revolutum hasta el homicidio de la pasarela sobre el Bernesga: twitter.
El homicidio leonés ha sido y es la excusa que la derecha fascista, cada vez más envalentonada en la impunidad que les da saberse legítimos (por la gracia de Dios) detentadores del poder, para tratar de silenciar cualquier atisbo de crítica hacia sus ajustes de cuentas contra el estado del bienestar, contra los trabajadores. En el Partido Popular se ha desatado una carrera represora contra las redes sociales (básicamente, contra twitter y, en menor medida, contra facebook).
Encabeza esa carrera el Ministro del Anterior, opusdeísta, sectario y reaccionario a partes iguales, en una cruzada (cuánto le gustan a estas gentes las cruzadas) contra los comentarios en twitter. La excusa: comentarios sobre la presidenta de la Diputación de León y su muerte violenta. Pero es una excusa. A esa cruzada se han sumado políticos de alto nivel intelectual del PP, como los de Extremadura, que consideran, como Monago, que twitter es un pudridero de enfermos, pero que no dudan en crear (¿utilizando los ordenadores de la administración regional?) para tratar de ganar en esa red el debate de la moción de censura.
Ahora, perdida toda esperanza de ganar en la opinión el control de las redes sociales, quieren ganarlo en la represión. A este paso, su ideal del triunfo de la cruzada es poner concertinas en la red y crear campos de concentración de internautas.
A esa cruzada se han sumado con evidente alborozo los medios de comunicación convencionales. Porque… claro, la información (lo que ellos dicen que es información) es patrimonio suyo. Los periódicos, las radios y las televisiones, perdida la batalla de la verdad, escondidos en la basura de la manipulación, aplauden con las orejas los intentos fascistas del gobierno en acallar las redes.
Periodistas que tuitean con argumentos como “el que tengas una cámara de fotos y una cuenta de twitter no te convierte en periodista”, no dejan de traslucir la realidad. Esos periodistas están diciendo que para serlo es preciso tener un título, pero, sobre todo, tener un pesebre del que comer todos los días.
Ahora, cuando las redes sociales se han convertido en verdaderos transmisores de información, que los usuarios, los receptores, deben y saben discernir los que es verdadera información o noticia de lo que es basura, los medios de comunicación convencionales ven en peligro su oligopolio. No todo lo que sale en los periódicos, dicen las radios o sale en TV es verdad (de hecho, cada vez menos cosas son verdad), del mismo modo que no todo lo que sale en internet (de hecho, una mínima parte) la verdad.
Pero cuando el poder político basado en el miedo y la represión se alía con un poder de comunicación basado únicamente en la cuenta de resultados, la conclusión es clara: vamos camino de un fascismo que ríete tú de lo que está pasando en Turquía, sin ir más lejos.
Ah, y que partidos como el PSOE o, como he leído hoy, IU en Extremadura estén de acuerdo en censurar las redes sociales desde la Asamblea regional, tampoco es moco de pavo.
Con la excusa de que no se pueden consentir según que comentarios en twitter sobre la muerte de la dirigente leonesa del PP, hay que tapar mierdas como, por ejemplo, el mal ejemplo dado por los concejales de ese mismo partido en el Ayuntamiento de Toledo. La censura, política, del Partido Popular debería ir contra sus correligionarios que han tenido ese comportamiento políticamente delictivo, o contra las declaraciones machistas (¿no existe el delito de enaltecimiento del machismo? estamos tardando en regularlo) de su candidato a las europeas del 25 de mayo.
Pero no. La excusa del homicidio de León es tan buena como otra cualquiera para repartir represión y miedo a manos llenas.
Vale.
El día 15 de mayo, la Asamblea de Extremadura celebra un debate de una moción de censura presentada por el Partido Socialista de Extremadura contra el gobierno del Partido Popular, presidido por José Antonio Monago. En España, el derecho constitucional establece que las mociones de censura han de ser constructivas, es decir, tienen que incluir candidato y programa de gobierno que es examinado por el cuerpo legislativo. Es decir, que se examinan el candidato que propone la moción de censura y el programa de gobierno.
En Extremadura, donde gobiernan en coalición el Partido Popular y el Partido Comunista, el candidato va a ser examinado por el censurado, y lo va a ser sin testigos.
Además de lo extraño de que el censurado intervenga y cierre el debate, que ya utilizó en su día Rodríguez Ibarra, lo más extraño es la decisión de los socios de gobierno de la Junta de que no haya testigos.
El debate no será televisado, seguramente porque no tenga relevancia que los ciudadanos extremeños conozcamos si el candidato es capaz de desgranar y poner negro sobre blanco el auténtido derrame de mentiras, falacias y trampas que el Partido Popular con la cooperación necesaria del Partido Comunista.
El debate no será televisado, seguramente porque el Partido Comunista no quiera que sus enaguas de vergüenzas se vean en su connivencia con un partido de extrema derecha y su colaboracionismo con un gobierno que está recortando de modo salvaje los derechos de los trabajadores.
El debate no será televisado, seguramente porque ni Monago ni Escobar quieren testigos. Por eso han ordenado que no se televise. Los ciudadanos, para esta gente que nunca creyó en la democracia y que siguen pensando que el poder, y el ejercicio del poder, les pertenece por la gracia de Dios.
El debate no tendrá testigos y a los ciudadanos nos llegará la propaganda que los medios de comunicación (o algo parecido a eso) nos quieran vender.
El debate no tendrá testigos porque los autores del austericidio no los quieren, no quieren que sepamos cómo llevan a cabo sus ajustes (en el sentido del Chicago años 20) contra los trabajadores.
Ahora, cuando el BOPP y el HolaPP se dedica a hacer publirreportajes con el perfil agraciado de los comunistas que se jactan de violar cualquier principio ideológico en su coyunda con la extrema derecha, no quieren testigos.
Los crímenes ideológicos son los más difíciles de encubrir, pero si eliminamos a los testigos, eliminamos la culpabilidad. Los culpables seguirán paseándose por platós y páginas de periódicos (qué pena que haya que utilizar tan hermosa palabra para lo que no son más que libelos).
Ahora, algunos dicen que han censurado a Canal Extremadura para no emita el debate. No Canal Extremadura, su dirección, sus amos, son cómplices en la eliminación de testigos. Que los trabajadores (a saber cuántos) digan que los censuran no deja de ser un oximorón. Canal Extremadura está de acuerdo, es cómplice de la eliminación de testigos.
Vale.
El pasado 4 de abril, a raíz de la huida de la policía local de Madrid de Esperanza Aguirre escribía en este mismo sitio un texto bajo el título “Síntoma, síndrome”, en el que expresaba mi opinión acerca de lo que considero que es la situación natural en la que la derecha de este país considera que vive: no en la impunidad, que desde el punto de vista jurídico es flagrante, sino en que el ejercicio del poder es consustancial a su pertenencia a una raza superior. Nazismo puro.
Hoy, el diario El País informa de que un juez ha desestimado la demanda presentada contra ese medio por José María Aznar, cuando el periódico informó del cobro de sobresueldos por parte del ahora presidente de honor del Partido Popular, y antes presidente ejecutivo del mismo y presidente del gobierno. Además, según El País, el juez desestima la demanda por considerar probado que sí, que cobró sobresueldos.
El convencimiento público de que Aznar cobraba sobresueldos, los documentos publicados, no fueron obstáculos para que Er Niño De Los Abdominales presentara la demanda. Sin duda, en la creencia de que ningún juez le llevaría la contraria. La realidad es tan abrumadora que no es obstáculo para esta gente a la hora de hacernos creer lo contrario de lo que vemos.
Lo mismo que dejaba ver el caso Esparanza Aguirre, se aprecia en la demanda de Aznar: un conjunto de síntomas (lo que es lo mismo, un síndrome) que les hace creerse que gobiernan como Franco, por la gracia de Dios. Es lo que tiene creerse que pertenecen a una raza superior.
Los sobresueldos de Aznar, como los que han cobrado (¿y siguen cobrando?) los dirigentes del Partido Popular, no provienen de las cuotas voluntarias de los militantes del partido, sino que su procedencia solamente puede ser o del dinero público que la legislación electoral establece que se se transfiera presupuestariamente a los partidos o de las “donaciones” de empresarios a cambio de adjudicaciones públicas. En los dos casos, el cobro de esos sobresueldos atenta contra la más elemental honradez. Que Aznar haya cobrado sobresueldos a cargo de dinero público (opción menos “dañina”) o a cargo de “donaciones interesadas” de grandes empresas demuestra, sencillamente, que nunca ha sido un sujeto honrado.
Sin embargo, la grosería con la que se muestran en público los dirigentes del Partido Popular en la misma situación, la impunidad con la que se mueven, y, sobre todo, el uso y abuso de los medios de propaganda a su disposición (todos los medios de comunicación escritos, todas las cadenas de radio, todas las televiciones, públicas y privadas) transmiten la sensación de que con ellos no van las leyes. Que ellos hacen las leyes para que los demás las cumplas.
Demuestran, con sus comportamientos, su superioridad racial, ya que la superioridad moral y ética no la pueden demostrar, la tienen grabada a fuego: el ejercicio del poder les pertenece por la gracia divina.
Vale.
Dice la RAE que síntoma es: “señal, indicio de algo que está sucediendo o va a suceder”. Mientras que síndrome es el “conjunto de fenómenos que caracterizan una situación determinada”.
Ayer, 3 de abril, la expresidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del Partido Popular en esa Comunidad, Esperanza Aguirre, protagonizó un acto de reprobable conducta social y política: desobedecer a unos agentes municipales, atropellar la motocicleta de uno de ellos y darse a la fuga cuando estaba siendo multada por una infracción de tráfico.
Este hecho está siendo tratado en los medios de comunicación como un incidente, como una anécdota. Pero no es ni una cosa ni otra. La actuación de Esperanza Aguirre es un síntoma.
¿Alguien se cree que Dolores de Cospedal y Carlos Floriano dicen las tonterías y payasadas que cuentan a los relaciones públicas, digo, periodistas, que dan cuenta de ellas? No es posible. O sí.
Pero lo mismo que los medios de comunicación “de cada vez menos masas” están convirtiendo en un incidente, en una anécdota, es un síntoma, uno de los muchos que forman el síndrome del Partido Popular.
La actitud despreciativa de Esperanza Aguirre dándose a la fuga cuando los agentes de la autoridad la estaban multando, y, posteriormente, desobedeciendo las órdenes de detenerse, y, sobre todo, la cantidad de gilipolleces, tonterías y payasadas que ha ido desgranando en todos los medios de comunicación (que se han convertido en su mejor parapeto, que para eso están), demuestran que para “ellos”, para Esperanza Aguirre y sus correligionarios, y para esa caterva de relaciones públicas y flyers que dicen llamarse periodistas, las leyes están hechas y promulgadas para que las cumplan otros. Y ese es el síntoma.
Esperanza Aguirre, y los que son como ella, creen, precisamente, que cuando ellos dictan las leyes, solamente piensan en que los demás las cumplan y obedezcan sin rechistar. Esperanza Aguirre y los que son como ella, no están sujetos al imperio de la ley. A eso se le llama impunidad, y no es una calificación adquirida por el mérito.
La impunidad que practica el Partido Popular, destruyendo pruebas, con su presidente y presidente del gobierno mintiendo a sabiendas en sede parlamentaria, con Dolores de Cospedal y Carlos Floriano diciendo gilipolleces en la creencia (firme creencia) de que somos tontos, es la constatación de que ellos se creen seres superiores, seres que pertenecen a una raza superior.
Y eso es lo que a Esperanza Aguirre, en su ronda de bolos por los medios de comunicación (vendidos), habría que haberle dicho: ella no es que se crea que es impune, ella cree (y lo cree por la gracia de Dios), que pertenece a una raza superior. En concreto, a la raza aria.
El comportamiento de Esperanza Aguirre es propio del nazismo. La raza superior, la raza aria a la que pertenece, gobierna por mandato divino, o por ley natural. Y los demás estamos sujetos a cumplir esa ley sin rechistar.
Y a todo esto, a esta reducción interesada de un síntoma de nazismo a una anécdota, es comprado por una gran parte de la población, los votantes del Partido Popular, que no pertenecen a la raza superior, a la raza aria, pero que son capaces de venderse a culquier precio (o lo que es lo mismo, a regalarse, a arrastrase) para creer que forman parte de ella.
Vale.
Cáceres, capital de provincia desde el siglo XIX sigue siendo capital de provincia del siglo XIX. Cualquier cosa que viene de fuera es recibida con alharacas y boato, como hace años se formaban arcos del triunfo. Ahora, esos arcos del triunfo son palabras y hechos que adornan la alfombra del recibimiento, y páginas de prensa escrita (pocas, que no están las gacetillas locales para gastar tinta).
Unos arcos del triunfo que se han ido levantando, a cada poco, anunciando la llegada de El Corte Inglés, desde 2005. Que hay que cambiar el plan de urbanismo, se cambia. Que hay que convencer al pequeño comercio de que El Corte Inglés es bueno para ellos, se convence a los tenderos de toda la vida (los tetovis), que hay que convencer a los hosteleros de que El Corte Inglés aumentará sus negocios, se convence a los taberneros de toda la vida (los tatovis), que hay que convencer a los cacereños de que… a los cacereños de toda la vida (los catovis) se les convence con poco.
Despues de nueve años, desde aquel lejano y próspero 2005 (se acuerdan, cuando ser mileurista era ser un pringao) hasta hoy, en 2014, cuando los perros son escuálidos, como el galgo de Alonso Quijano, muchos arcos del triunfo a base de declaraciones de todo tipo se han levantado. Todos esos arcos, y más que hubieran sido necesarios, levantados para que el maná de El Corte Ingés regara los bolsillos de tetovis, tatovis y catovis en general.
Ahora, el tres veces candidato de Falange Española Independente, Dimas Gimeno Álvarez, a la sazón, Consejero Director General del imperio de don Isidoro, comunica al Partido Socialista Obrero Español que desde el 10 de octubre de 2012 no tiene nada que ver con las pretensiones de intermediarios inmobiliarios para que la alcasenadora Elena Nevado, del Partido Popular, recalifique la parcela de unas austeras monjitas para construir un centro comercial de la mitad de superficie que el de Badajoz.
Derrumbados los arcos del triunfo, triunfante la Falange Española Independiente de don Dimas sobre el Partido Popular de doña Elena Nevado, a esta y a su cohorte de escuderos se les ha puesto cara da haba. Y andan diciendo, en las mismas gacetillas locales que ellos, y, sobre todo, Ella, doña Elena, siguen queriendo que El Corte Inglés se instale sobre el solar de las monjitas.
Pero como la realidad parece testaruda y no se traga los efluvios que emanan de arcos de triunfo virtuales, y cuando cada día está más claro que el Partido Popular, con mayoría absoluta aplastante, es incapaz de conseguir que los grandes almacenes destrocen los hermosos cedros de la calle Viena, todo resultan excusas, salidas por peteneras, rutas en BTT por los cerros de Úbeda.
Y las excusas con cara de haba van dando paso, a marchas forzadas, a la búsqueda de un culpable, de un pim pam pún al que echarle todas las culpas: los intermediarios inmobiliarios. Estos mismos que hoy mismo han conseguido mismamente lo que querían. La recalaficación del huerto urbano de las austeras monjitas.
A partir de ahora, todas las culpas de que El Corte Inglés recaerán, porque así lo ha decidido doña Elena Nevado, Senadora del Reino y Alcaldesa de Ná, en “los promotores”, como recordando aquella película de Mel Brooks, “Los Productores”.
Que ahora parezca que desde 2005 a 2007 el Partido Popular no hubiera gobernado con mayoría absoluta y nada hubiera sido capaz de avanzar en que los arcos de triunfo aduladores se convirtieran en la realidad de instalación de don Isidoro en Cáceres, es cosa del tiempo, que todo lo pasa (todo lo hace puré) y todo lo olvida.
Que ahora parezca que desde 2007 a 2011 el PSOE consiguiera sacar adelante, con la oposición y zancadillas de todo tipo del PP de doña Elena Nevado, el PGM, la norma que posibilitaba, legalmente, instalar la tienda del triángulo verde en Cáceres, es cosa del tiempo, que todo lo muele, lo liofiliza y lo quema.
Que ahora parezca que desde 2011 hasta ahora, el Partido Popular, con una aplastante mayoría política, haya sido incapaz de que su prima donna, donna Elena Nevado, pudiera hacerse el vídeo digital en 3D colocando el primer ladrillo de El Corte Inglés sobre el solar de las monjitas, es cosa… de los malvados promotores.
Pío, pío, que yo no he si(d)o es la consigna. Aparecer con cara de habas, o asumir que con esa cara no les dejan entrar en Media Markt, es mejor que asumir incapacidad, incompetencia.
Vale.
Cuando Cáceres es ya una ciudad cerrada por falta de uso, El Corte Inglés ni siquiera llega a abrir.
El consejero director general de El Corte Inglés, y antiguo candidato electoral de Falange Española Independiente, Dimas Gimeno Álvarez, ha contestado al Grupo Municipal Socialista de Cáceres que esa firma no se instalará en la ciudad. Al menos en muchos muchos años. Y aduce, en su escrito, dos razones básicas: el largo período de trámites administrativos y la actual situación económica. Dado que la segunda de las razones esgrimidas forma parte de un ámbito que se escapa a los reducidos muros de una capital de provincia, nos vamos a fijar en la primera, el largo período de tramitación administrativa.
En 2005, El Corte Inglés se fija en un determinado espacio (el Colegio de Las Carmelitas, en la Calle San Pedro de Alcántara esquina a Av. Virgen de Guadalupe. Aunque nunca se dijo, parece que más bien sólo se fijó en el amplio patio escolar del Centro, con una fachada más que interesante para la empresa comercial.
Gobernaba en 2005 en la ciudad de Cáceres el Partido Popular, con mayoría absoluta. En esas fechas, la tramitación administrativa que cita el directivo de El Corte Inglés estaba incluida en la Revisión del Plan General Municipal, que se había iniciado en 2002, siempre con la mayoría absoluta del PP.
En 2007 hubo elecciones municipales. Habían transcurrido dos años desde que la firma de distribución se fijara en el colegio de las monjas y la tramitación administrativa seguía sin resolverse. La mayoría absoluta del PP no había servido para gestionar el asunto (el Plan General Municipal) que permitiera la instalación del centro comercial.
El cambio de gobierno de 2007, con el PSOE en minoría y con el apoyo de IU y Foro Ciudadano, no mejoró la situación hasta que, por fin, en 2010, el Plan General Municipal fue aprobado. O lo que es lo mismo, en poco más de dos años y medio, el instrumento urbanístico, el trámite administrativo a que se refiere Dimas Gimeno, ya estaba concluido. Solamente quedaba ponerlo en marcha. ¿Por qué no ha sido posible?
Desde mayo de 2010, con el PGM aprobado, han sido múltiples las circunstancias que se han dado, pero básicamente se resumen en una: la avaricia especulativa de los intermediarios, que no promotores, en el desarrollo urbanístico de los terrenos.
¿En cuántas ciudades de España se ha instalado El Corte Inglés utilizando intermediarios inmobiliarios? En pocas. Normalmente, ha sido la propia firma la que ha localizado los terrenos, se ha puesto en contacto con propietarios y administraciones y ha conseguido resolver los trámites administrativos en menos tiempo. Eso, cuando no se ha instalado sobre terrenos que fueron de titularidad pública, como antiguos cuarteles propiedad del Ministerio de Defensa (Pamplona, Salamanca…).
Con el PSOE en el gobierno, sin mayoría absoluta -¡qué más hubiera querido!- se avanzó en la aprobación del Plan General Municipal que permitía la instalación de El Corte Inglés. Otra cosa son los intereses económicos.
En junio de 2011, el Partido Popular vuelve a ganar las elecciones, con una amplia mayoría absoluta. Desde entonces, con esa mayoría absoluta no ha sido capaz de sacar adelante la instalación de El Corte Inglés.
En octubre de 2012, la firma de distribución resuelve el contrato con los intermediarios. A partir de entonces, estos han seguido presentando documentos para el desarrollo de los terrenos, documentos que la mayoría de las veces o bien contravenían las previsiones del PGM o bien introducían elementos no contemplados en estas, con la única finalidad de aumentar sus expectativas de negocio… cuando ya El Corte Inglés había desistido.
A todo esto, ahora, cuando se conoce que desde el 10 de octubre de 2012 ya no existe contrato entre los intermediarios inmobiliarios y El Corte Inglés, caben algunas preguntas, a cual más inquietante.
¿Pretendía El Corte Inglés que el Ayuntamiento de Cáceres aprobara su instalación en esos terrenos concretos sin que la legalidad urbanística estuviera garantizada?
Si el 10 de octubre de 2012 El Corte Inglés finiquita el contrato con los intermediarios inmobiliarios ¿cuándo comunican estos, únicos interlocutores válidos, al Ayuntamiento esa finalización contractual?
¿Cuándo y cómo conoce la alcasenadora de Cáceres que el contrato entre los intermediarios inmobiliarios y El Corte Inglés ya no existe?
Algunas respuestas posibles son todavía más inquietantes. Por ejemplo, si la alcasenadora conoció esa ruptura contractual cuando se produjo, ¿por qué se avino a continuar tramitando el desarrollo de la Unidad de Ejecución o Unidad de Actuación Urbanizadora, según interese más al negocio de los intermediarios?
Eso sí, es de esperar que el Ayuntamiento exija, a partir de ahora, el abono del Impuesto de Bienes Inmuebles por las tres parcelas resultantes del planeamiento municipal, y aplique la ponencia catastral en sus máximos valores, el comercial, para la parcela de ese uso, el valor correspondiente a la parcela de uso docente, y el valor catastral que resulte para la parcela de uso residencial. A menos perder.
Vale.
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