Cuando Cáceres es ya una ciudad cerrada por falta de uso, El Corte Inglés ni siquiera llega a abrir.
El consejero director general de El Corte Inglés, y antiguo candidato electoral de Falange Española Independiente, Dimas Gimeno Álvarez, ha contestado al Grupo Municipal Socialista de Cáceres que esa firma no se instalará en la ciudad. Al menos en muchos muchos años. Y aduce, en su escrito, dos razones básicas: el largo período de trámites administrativos y la actual situación económica. Dado que la segunda de las razones esgrimidas forma parte de un ámbito que se escapa a los reducidos muros de una capital de provincia, nos vamos a fijar en la primera, el largo período de tramitación administrativa.
En 2005, El Corte Inglés se fija en un determinado espacio (el Colegio de Las Carmelitas, en la Calle San Pedro de Alcántara esquina a Av. Virgen de Guadalupe. Aunque nunca se dijo, parece que más bien sólo se fijó en el amplio patio escolar del Centro, con una fachada más que interesante para la empresa comercial.
Gobernaba en 2005 en la ciudad de Cáceres el Partido Popular, con mayoría absoluta. En esas fechas, la tramitación administrativa que cita el directivo de El Corte Inglés estaba incluida en la Revisión del Plan General Municipal, que se había iniciado en 2002, siempre con la mayoría absoluta del PP.
En 2007 hubo elecciones municipales. Habían transcurrido dos años desde que la firma de distribución se fijara en el colegio de las monjas y la tramitación administrativa seguía sin resolverse. La mayoría absoluta del PP no había servido para gestionar el asunto (el Plan General Municipal) que permitiera la instalación del centro comercial.
El cambio de gobierno de 2007, con el PSOE en minoría y con el apoyo de IU y Foro Ciudadano, no mejoró la situación hasta que, por fin, en 2010, el Plan General Municipal fue aprobado. O lo que es lo mismo, en poco más de dos años y medio, el instrumento urbanístico, el trámite administrativo a que se refiere Dimas Gimeno, ya estaba concluido. Solamente quedaba ponerlo en marcha. ¿Por qué no ha sido posible?
Desde mayo de 2010, con el PGM aprobado, han sido múltiples las circunstancias que se han dado, pero básicamente se resumen en una: la avaricia especulativa de los intermediarios, que no promotores, en el desarrollo urbanístico de los terrenos.
¿En cuántas ciudades de España se ha instalado El Corte Inglés utilizando intermediarios inmobiliarios? En pocas. Normalmente, ha sido la propia firma la que ha localizado los terrenos, se ha puesto en contacto con propietarios y administraciones y ha conseguido resolver los trámites administrativos en menos tiempo. Eso, cuando no se ha instalado sobre terrenos que fueron de titularidad pública, como antiguos cuarteles propiedad del Ministerio de Defensa (Pamplona, Salamanca…).
Con el PSOE en el gobierno, sin mayoría absoluta -¡qué más hubiera querido!- se avanzó en la aprobación del Plan General Municipal que permitía la instalación de El Corte Inglés. Otra cosa son los intereses económicos.
En junio de 2011, el Partido Popular vuelve a ganar las elecciones, con una amplia mayoría absoluta. Desde entonces, con esa mayoría absoluta no ha sido capaz de sacar adelante la instalación de El Corte Inglés.
En octubre de 2012, la firma de distribución resuelve el contrato con los intermediarios. A partir de entonces, estos han seguido presentando documentos para el desarrollo de los terrenos, documentos que la mayoría de las veces o bien contravenían las previsiones del PGM o bien introducían elementos no contemplados en estas, con la única finalidad de aumentar sus expectativas de negocio… cuando ya El Corte Inglés había desistido.
A todo esto, ahora, cuando se conoce que desde el 10 de octubre de 2012 ya no existe contrato entre los intermediarios inmobiliarios y El Corte Inglés, caben algunas preguntas, a cual más inquietante.
¿Pretendía El Corte Inglés que el Ayuntamiento de Cáceres aprobara su instalación en esos terrenos concretos sin que la legalidad urbanística estuviera garantizada?
Si el 10 de octubre de 2012 El Corte Inglés finiquita el contrato con los intermediarios inmobiliarios ¿cuándo comunican estos, únicos interlocutores válidos, al Ayuntamiento esa finalización contractual?
¿Cuándo y cómo conoce la alcasenadora de Cáceres que el contrato entre los intermediarios inmobiliarios y El Corte Inglés ya no existe?
Algunas respuestas posibles son todavía más inquietantes. Por ejemplo, si la alcasenadora conoció esa ruptura contractual cuando se produjo, ¿por qué se avino a continuar tramitando el desarrollo de la Unidad de Ejecución o Unidad de Actuación Urbanizadora, según interese más al negocio de los intermediarios?
Eso sí, es de esperar que el Ayuntamiento exija, a partir de ahora, el abono del Impuesto de Bienes Inmuebles por las tres parcelas resultantes del planeamiento municipal, y aplique la ponencia catastral en sus máximos valores, el comercial, para la parcela de ese uso, el valor correspondiente a la parcela de uso docente, y el valor catastral que resulte para la parcela de uso residencial. A menos perder.
Vale.
El estallido de la burbuja inmobiliaria, asociada a la crisis financiera mundial, ha hecho reventar en mil pedazos el estado del bienestar en España. O lo que es lo mismo, la crisis creada por el capital que se ha movido, sin moverse, ha sido la excusa perfecta que la derecha más reaccionaria de Europa ha utilizado para desmontar un incipiente estado de bienestar.
La burbuja inmobiliaria, caracterizada por una sobreabundancia de oferta, una demanda irrefrenable y una alegría a la hora de conceder créditos por responsables bancarios (y cajarios), estalló cuando los créditos e hipotecas comenzaron a fallar y la demanda se frenó. Una explicación simple, pero que se entiende bien.
Esta sobreabundancia de oferta se está repitiendo en los últimos meses en España, aunque todavía no se ha trasladado a una demanda que pudiera crecer, y el crédito para favorecer la demanda no funciona.
De todas formas, el primer paso para crear la segunda burbuja inmobiliaria ya está siendo dado, sin reparar en las consecuencias. Esta vez no es una sobreabundancia de oferta de viviendas, de naves industriales, de centros comerciales… aunque ya hay un atisbo. Ahora, esa sobreabundancia es el furor que le ha entrado a todas las administraciones públicas de deshacerse de inmuebles, de todo tipo, con la finalidad de hacer caja para paliar el déficit público.
Esta sobreabundancia se observa, por ejemplo, en el Programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios del Estado. Se trata de un plan de venta de inmuebles de la Administración Central que incluye unos 15.000 activos, donde hay de todo. De todo.
También las comunidades autónomas han puesto el cartel de se vende a muchos activos inmobiliarios. Y ayuntamientos y diputaciones.
Lo mismo se vende un Cuartel de Intendencia que una caseta de caminero en una carretera nacional que ya no existe. Pero se quiere vender.
Hoy mismo, El Corte Inglés ha hecho pública que una sociedad de tasación ha valorado sus inmuebles en 18.000 millones de euros, tres veces más que su deuda de 5.000 millones que en estas fechas está tratando de “reestructurar” con los bancos. O lo que es lo mismo, los de El Corte Inglés que deslocalizan talleres textiles en países con bajos costes salariales y nulos derechos de los trabajadores, van a enseñarle a los bancos un papel que dice que sus inmuebles son suficientes para tapar el agujero. Pero ¿lo tapará realmente?
Esta puesta en el “mercado” de miles de activos inmobiliarios para buscar liquidez que hacen las administraciones públicas, sin perspectivas de venta, o la utilización financiera de esos activos por parte de grandes empresas para que los bancos sean compasivos y les permitan “reestructurar” la deuda, no harán si no inundar un mercado inmobiliario inane de unos productos que no sacian el hambre y que pueden actuar como la tenia en el organismo humano: comiéndose todo lo puede tragar.
Ante un mercado inmobiliario completamente plano, los lumbreras del Partido Popular no han tenido otra idea que la de dejar caer a plomo un enorme volumen de activos que terminarán por convertirlo en esa imagen de los dibujos animados cuando una apisonadora pasa por encima de un dibujo.
¿Si los bancos a los que el gobierno ha salvado, sigue salvando y salvará endeudando a todo el país con la única perspectiva de que esa salvación no la pagarán nunca los bancos, sino los ciudadanos, no dan un euro para financiar adquisiciones inmobiliarias, creen los Montoros inútiles que pueblan los despachos del poder que van a comprar cuarteles, cercados, poblados ferroviarios…?
La saturación del mercado no puede resolverse por añadirle colesterol inmobiliario. Colesterol del malo.
Al final, la sobresaturación que el Partido Popular pretende hacer (que ya la ha puesto en marcha) no hará sino atrofiar, de modo definitivo, cualquier intento de liberación de dineros para créditos hipotecarios con los que poder comprar. Y sin compra, sin demanda, la oferta pierde valor. Si esa pérdida de valor recae sobre el mercado, allá el mercado con el riesgo y ventura. Pero si la pérdida de valor recae sobre todos esos miles de activos inmobiliarios que son de todos, que son de titularidad pública, lo que están haciendo es empobreciéndonos a todos. O, directamente, nos están robando.
¿La finalidad? Que haya magníficos inmuebles, dentro de esos miles puestos en circulación, que vayan a parar, por cuatro perras, a los círculos liberales que pululan por los pasillos, acerados y calles que rodean La Pocilga, antes conocida por Génova 13
Vale.
