Archivos para El Corte Inglés

Aunque el inmueble que ocupó la fábrica de Induyco, realmente lleva poco más de un año cerrado, y no en toda su superficie, creo que resulta interesante conocer sus datos para que podamos tener en cuenta de qué hablamos.

Induyco se abrió en 1977, y dio trabajo a más de 600 personas, en su inmensa mayoría mujeres. Por sus talleres de confección pasaron muchos estilos de ropa, desde confección femenina y masculina hasta ropa militar. La ropa militar y para las fuerzas y cuerpos de seguridad inquietaron a las trabajadoras, puesto que en algunos casos se trataba de vestuario militar específico, con unas características determinadas que podían ser potencialmente peligrosas.

A partir de 1990 comenzaron a sentirse en la fábrica cacereña los efectos de la deslocalización, con apertura por parte de El Corte Inglés, propietario de Induyco, de fábricas en otros países, como en Marruecos. Este fenómeno fue creciendo hasta, con otras variables del mercado, llegar a la mitad de la década de 2010, cuando empezaron a notarse ya de forma cuantiosa las pérdidas de empleo, que la empresa fue sacando mediante prejubilaciones o bajas incentivadas.

La fábrica tenía una superficie construida de 22.431 m2, sobre una superficie de suelo de 48.530 m2, esto es, una relación construido/suelo de 0,46 m2, y con la denominación urbanística de suelo de uso industrial.

En 2004, la empresa, ya con la denominación de El Corte Inglés, decide destinar parte de la superficie construida a lo que se llama Centro de Oportunidades, lo que supone la necesidad de modificar el planeamiento general, para que el Centro de Oportunidades ocupe una superficie de 2.958 m2, con la etiqueta de Uso Comercial. La superficie, claro está, está dentro de la superficie de uso industrial.

La aprobación de esa modificación solamente afecta a la construida, sin que el Plan General de Ordenación Urbana, vigente desde 1999, hiciera delimitación expresa de la parcelación, y, por tanto, no se vea afectada la superficie total, que siendo la de uso comercial.

Me ha sido imposible localizar esa Modificación del PGOU, que entró en vigor en 2006, ni en el archivo de planeamiento de la Junta de Extremadura, ni en las figuras de Planeamiento que se trasladaron al Plan General Municipal, que entró en vigor en 2010. Esa imposibilidad, seguramente sea debida a mi torpeza buscando archivos digitales…

Gracias al doctor Arquitecto Carlos Sánchez Franco por arrojar luz sobre este vacío al informarme de la «Resolución 23/07/2004, de la Consejería de Fomento, aprueba definitivamente modificación PGOU Cáceres, finalidad ampliar el uso permitido (uso industrial tipo 3) en el área de reparto Ind-1, parcela en la que se encuentra instalada la industria INDUYCO» y remitirme el link de la publicación de la misma en el DOE «http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2005/690o/05061379.pdf»

Creo que al modificarse los usos del suelo, de industrial a comercial, el PGM debería establecer la superficie de suelo vinculada a cada uno de los usos.

No obstante lo anterior, cuando ya el Centro de Oportunidades estaba en marcha en 2006, con unos 200 trabajadores (trabajadoras en su mayoría), las expectativas y la realidad eran definitorias. Induyco cerraría en Cáceres más tarde o más temprano. Como así ha sido.

Ahora, con un año o poco más del cierre de la “línea” industrial, con los escasos empleos del Centro de Operaciones, queda una parcela de 48.530 m2, la misma original, que tenía en 1977, y una distribución de usos como sigue:

Total superficie construida 22.431 m2

Oficinas 2.400 m2

Uso Industrial 18.347 m2

Uso Industrial 1.116 m2

Aparcamiento 1.947 m2

Almacén 20 m2

Almacén 25 m2

Suma Uso Industrial 19.473 m2

Uso Comercial (Centro de Oportunidades) 2.958 m2

Ahora que se necesitan suelos de uso industrial con superficies amplias, quizás la superficie de ese tipo de suelo de mayor volumen sean los 19.743 m2 de que dispone El Corte Inglés en Cáceres, un inmueble que puede, creo, ser adaptado para distintos tipos de fábricas y que conociendo cuáles serían las pretensiones de la propiedad (ha de entenderse que las máximas), podría cuando menos conseguirse que quienes se han servido de importantes beneficios durante 40 años, tengan consideración esos beneficios. Aunque no hay que andar con zarandajas ni pedir a quien sabemos que no dará, y modificar la ordenanza del Impuesto de Bienes Inmuebles aplicándose el tipo y gravamen más elevado, así como el impuesto de Plusvalía, plenamente aplicable en este caso, al que no le afectaría la última sentencia judicial.

Vale.

En nuestro país, las legislaturas duran cuatro años, los que transcurren entre las fechas electorales, salvo, por supuesto, casos en los que se adelantan. Pero partimos de un duración de cuatro años.

Cuatro años para poner en marcha y cumplir el programa electoral del partido ganador. Y, sin embargo, cuatro años no es nada. No da tiempo para nada. Los primeros seis meses se pasan entre tomar posesión, distribuir competencias entre los miembros del equipo de gobierno y enterarse, ligeramente, de cómo funcionan los servicios técnicos y administrativos del organismo que se va a gobernar. O lo que es lo mismo, los cuatro años se convierten, de entrada, en tres años y medio.

Y tres años y medio, no son nada.

En esos tres años y medio, el partido que gobierna tiene que aplicar su programa. Y para ello, lo primero es tener un presupuesto. El heredado, por ejemplo, junio, fue aprobado por el anterior gobierno (fuera o no del mismo partido), no le vale, porque las inversiones prometidas ya no son las mismas, las promesas electorales del programa son distintas. Por tanto, las promesas electorales se retrasan hasta al menos el marzo, abril, del año siguiente si las elecciones han sido en mayo. Casi el primer año se pierde en ordenar plazos, ordenar presupuestos, redefinir promesas, priorizar qué promesas electorales se van a cumplir, si se fuera a cumplir alguna.

Cuatro años no son nada.

Y menos si descontamos el primer año de poner orden. Nos quedan tres años realmente para gobernar. Bueno. Tres años, no, dos, porque el último año ya no sirve para gobernar, sino para cumplir aquello que en los USA se dice del último año del mandato del presidente: el pato cojo.

Pongamos el caso de Cáceres, que me cae más cerca.

El actual equipo de gobierno llegó al poder con las elecciones de mayo de 2011. Tomó posesión a mediados de junio. En julio estuvieron probando las puertas de los despachos, mirando algunos cajones y mirándose al espejo, encantados de haberse conocido. Agosto de 2011, cerrado por vacaciones. Septiembre y octubre, paralizados porque la alcaldesa resultó candida al Senado y había campaña electoral en noviembre. Diciembre se dedicó a festejar las fiestas y el éxito electoral del partido en las elecciones de noviembre.

Durante 2012 y 2013, a vueltas con la herencia, pobre herencia de crisis recibida. Y a tratar por todos los medios de que la mayor baza con la que jugaban, El Corte Inglés, dijera, definitivamente, que sí. Pero también resultó fallido. No quedaba nada de aquellos efluvios electorales de mayo y noviembre de 2011.

Con la crisis encima, con un gobierno de mayoría absoluta de su partido en el Ayuntamiento y en el Gobierno central, no consiguieron el placet del Ministerio de Montoro y, en la práctica, el ayuntamiento de Cáceres está intervenido, razón por la cual, antes del 1 de octubre de 2014 la alcaldesa ha debido informar al Ministerio de Hacienda de las líneas generales del presupuesto para 2015. Líneas generales que sus votantes, los ciudadanos de Cáceres no son dignos de conocer. Practica lo mismo que hace su gobierno de Madrid: a “la superioridad” da una información, a los votantes se la hurta.

Y en estas estamos ya en el último año de legislatura. Cuatro años no son nada.

Porque en la política municipal, la más cercana a los ciudadanos, los resultados se tienen que ver. Es el último año el que determina los éxitos o los fracasos. Es el año de las inauguraciones, de los cortes de cintas.

Hemos llegado a ese último año y todavía no encontramos la tijera para cortar la cinta de inauguración de nada. De nada. No podemos celebrar la primera piedra de El Corte Inglés, dudamos de la continuidad del Cefot, esperamos que la peatonalización de San Pedro de Alcántara no tenga contratiempos, que el dinero de la Junta de Extremadura permita inaugurar el Espación para la Creación Joven del Molino de la Ribera del Marco (que se encontraron terminado y tardaron tres años en conseguir unas migajas de euros de la Junta para los accesos…). Esperamos que el comienzo de las obras del parking de Primo de Rivera (si comienzan) no resulte traumático para el tráfico y tránsito porque el agujero junto al Múltiples podría convertirse en el pozo en que cayeran los votos y no en las urnas.

A menos de un año vista, el balance de la gestión del Partido Popular en Cáceres no puede estar más vacío.

Y en los meses que quedan ya no hay tiempo. Quizás la peatonalización de San Pedro de Alcántara le permita una alegría entre sus más allegados pero que sin duda la aleja de los más de los ciudadanos.

De ahí que el año que nos queda sea un año baldío.

Cuatro años no son nada. Y el último, además, es inhábil a efectos de arreglar lo que no se ha hecho.

Vale.

Cáceres, capital de provincia desde el siglo XIX sigue siendo capital de provincia del siglo XIX. Cualquier cosa que viene de fuera es recibida con alharacas y boato, como hace años se formaban arcos del triunfo. Ahora, esos arcos del triunfo son palabras y hechos que adornan la alfombra del recibimiento, y páginas de prensa escrita (pocas, que no están las gacetillas locales para gastar tinta).

Unos arcos del triunfo que se han ido levantando, a cada poco, anunciando la llegada de El Corte Inglés, desde 2005. Que hay que cambiar el plan de urbanismo, se cambia. Que hay que convencer al pequeño comercio de que El Corte Inglés es bueno para ellos, se convence a los tenderos de toda la vida (los tetovis), que hay que convencer a los hosteleros de que El Corte Inglés aumentará sus negocios, se convence a los taberneros de toda la vida (los tatovis), que hay que convencer a los cacereños de que… a los cacereños de toda la vida (los catovis) se les convence con poco.

Despues de nueve años, desde aquel lejano y próspero 2005 (se acuerdan, cuando ser mileurista era ser un pringao) hasta hoy, en 2014, cuando los perros son escuálidos, como el galgo de Alonso Quijano, muchos arcos del triunfo a base de declaraciones de todo tipo se han levantado. Todos esos arcos, y más que hubieran sido necesarios, levantados para que el maná de El Corte Ingés regara los bolsillos de tetovis, tatovis y catovis en general.

Ahora, el tres veces candidato de Falange Española Independente, Dimas Gimeno Álvarez, a la sazón, Consejero Director General del imperio de don Isidoro, comunica al Partido Socialista Obrero Español que desde el 10 de octubre de 2012 no tiene nada que ver con las pretensiones de intermediarios inmobiliarios para que la alcasenadora Elena Nevado, del Partido Popular, recalifique la parcela de unas austeras monjitas para construir un centro comercial de la mitad de superficie que el de Badajoz.

Derrumbados los arcos del triunfo, triunfante la Falange Española Independiente de don Dimas sobre el Partido Popular de doña Elena Nevado, a esta y a su cohorte de escuderos se les ha puesto cara da haba. Y andan diciendo, en las mismas gacetillas locales que ellos, y, sobre todo, Ella, doña Elena, siguen queriendo que El Corte Inglés se instale sobre el solar de las monjitas.

Pero como la realidad parece testaruda y no se traga los efluvios que emanan de arcos de triunfo virtuales, y cuando cada día está más claro que el Partido Popular, con mayoría absoluta aplastante, es incapaz de conseguir que los grandes almacenes destrocen los hermosos cedros de la calle Viena, todo resultan excusas, salidas por peteneras, rutas en BTT por los cerros de Úbeda.

Y las excusas con cara de haba van dando paso, a marchas forzadas, a la búsqueda de un culpable, de un pim pam pún al que echarle todas las culpas: los intermediarios inmobiliarios. Estos mismos que hoy mismo han conseguido mismamente lo que querían. La recalaficación del huerto urbano de las austeras monjitas.

A partir de ahora, todas las culpas de que El Corte Inglés recaerán, porque así lo ha decidido doña Elena Nevado, Senadora del Reino y Alcaldesa de Ná, en “los promotores”, como recordando aquella película de Mel Brooks, “Los Productores”.

Que ahora parezca que desde 2005 a 2007 el Partido Popular no hubiera gobernado con mayoría absoluta y nada hubiera sido capaz de avanzar en que los arcos de triunfo aduladores se convirtieran en la realidad de instalación de don Isidoro en Cáceres, es cosa del tiempo, que todo lo pasa (todo lo hace puré) y todo lo olvida.

Que ahora parezca que desde 2007 a 2011 el PSOE consiguiera sacar adelante, con la oposición y zancadillas de todo tipo del PP de doña Elena Nevado, el PGM, la norma que posibilitaba, legalmente, instalar la tienda del triángulo verde en Cáceres, es cosa del tiempo, que todo lo muele, lo liofiliza y lo quema.

Que ahora parezca que desde 2011 hasta ahora, el Partido Popular, con una aplastante mayoría política, haya sido incapaz de que su prima donna, donna Elena Nevado, pudiera hacerse el vídeo digital en 3D colocando el primer ladrillo de El Corte Inglés sobre el solar de las monjitas, es cosa… de los malvados promotores.

Pío, pío, que yo no he si(d)o es la consigna. Aparecer con cara de habas, o asumir que con esa cara no les dejan entrar en Media Markt, es mejor que asumir incapacidad, incompetencia.

Vale.

Cuando Cáceres es ya una ciudad cerrada por falta de uso, El Corte Inglés ni siquiera llega a abrir.

El consejero director general de El Corte Inglés, y antiguo candidato electoral de Falange Española Independiente, Dimas Gimeno Álvarez, ha contestado al Grupo Municipal Socialista de Cáceres que esa firma no se instalará en la ciudad. Al menos en muchos muchos años. Y aduce, en su escrito, dos razones básicas: el largo período de trámites administrativos y la actual situación económica. Dado que la segunda de las razones esgrimidas forma parte de un ámbito que se escapa a los reducidos muros de una capital de provincia, nos vamos a fijar en la primera, el largo período de tramitación administrativa.

En 2005, El Corte Inglés se fija en un determinado espacio (el Colegio de Las Carmelitas, en la Calle San Pedro de Alcántara esquina a Av. Virgen de Guadalupe. Aunque nunca se dijo, parece que más bien sólo se fijó en el amplio patio escolar del Centro, con una fachada más que interesante para la empresa comercial.

Gobernaba en 2005 en la ciudad de Cáceres el Partido Popular, con mayoría absoluta. En esas fechas, la tramitación administrativa que cita el directivo de El Corte Inglés estaba incluida en la Revisión del Plan General Municipal, que se había iniciado en 2002, siempre con la mayoría absoluta del PP.

En 2007 hubo elecciones municipales. Habían transcurrido dos años desde que la firma de distribución se fijara en el colegio de las monjas y la tramitación administrativa seguía sin resolverse. La mayoría absoluta del PP no había servido para gestionar el asunto (el Plan General Municipal) que permitiera la instalación del centro comercial.

El cambio de gobierno de 2007, con el PSOE en minoría y con el apoyo de IU y Foro Ciudadano, no mejoró la situación hasta que, por fin, en 2010, el Plan General Municipal fue aprobado. O lo que es lo mismo, en poco más de dos años y medio, el instrumento urbanístico, el trámite administrativo a que se refiere Dimas Gimeno, ya estaba concluido. Solamente quedaba ponerlo en marcha. ¿Por qué no ha sido posible?

Desde mayo de 2010, con el PGM aprobado, han sido múltiples las circunstancias que se han dado, pero básicamente se resumen en una: la avaricia especulativa de los intermediarios, que no promotores, en el desarrollo urbanístico de los terrenos.

¿En cuántas ciudades de España se ha instalado El Corte Inglés utilizando intermediarios inmobiliarios? En pocas. Normalmente, ha sido la propia firma la que ha localizado los terrenos, se ha puesto en contacto con propietarios y administraciones y ha conseguido resolver los trámites administrativos en menos tiempo. Eso, cuando no se ha instalado sobre terrenos que fueron de titularidad pública, como antiguos cuarteles propiedad del Ministerio de Defensa (Pamplona, Salamanca…).

Con el PSOE en el gobierno, sin mayoría absoluta -¡qué más hubiera querido!- se avanzó en la aprobación del Plan General Municipal que permitía la instalación de El Corte Inglés. Otra cosa son los intereses económicos.

En junio de 2011, el Partido Popular vuelve a ganar las elecciones, con una amplia mayoría absoluta. Desde entonces, con esa mayoría absoluta no ha sido capaz de sacar adelante la instalación de El Corte Inglés.

En octubre de 2012, la firma de distribución resuelve el contrato con los intermediarios. A partir de entonces, estos han seguido presentando documentos para el desarrollo de los terrenos, documentos que la mayoría de las veces o bien contravenían las previsiones del PGM o bien introducían elementos no contemplados en estas, con la única finalidad de aumentar sus expectativas de negocio… cuando ya El Corte Inglés había desistido.

A todo esto, ahora, cuando se conoce que desde el 10 de octubre de 2012 ya no existe contrato entre los intermediarios inmobiliarios y El Corte Inglés, caben algunas preguntas, a cual más inquietante.

¿Pretendía El Corte Inglés que el Ayuntamiento de Cáceres aprobara su instalación en esos terrenos concretos sin que la legalidad urbanística estuviera garantizada?

Si el 10 de octubre de 2012 El Corte Inglés finiquita el contrato con los intermediarios inmobiliarios ¿cuándo comunican estos, únicos interlocutores válidos, al Ayuntamiento esa finalización contractual?

¿Cuándo y cómo conoce la alcasenadora de Cáceres que el contrato entre los intermediarios inmobiliarios y El Corte Inglés ya no existe?

Algunas respuestas posibles son todavía más inquietantes. Por ejemplo, si la alcasenadora conoció esa ruptura contractual cuando se produjo, ¿por qué se avino a continuar tramitando el desarrollo de la Unidad de Ejecución o Unidad de Actuación Urbanizadora, según interese más al negocio de los intermediarios?

Eso sí, es de esperar que el Ayuntamiento exija, a partir de ahora, el abono del Impuesto de Bienes Inmuebles por las tres parcelas resultantes del planeamiento municipal, y aplique la ponencia catastral en sus máximos valores, el comercial, para la parcela de ese uso, el valor correspondiente a la parcela de uso docente, y el valor catastral que resulte para la parcela de uso residencial. A menos perder.

Vale.

El estallido de la burbuja inmobiliaria, asociada a la crisis financiera mundial, ha hecho reventar en mil pedazos el estado del bienestar en España. O lo que es lo mismo, la crisis creada por el capital que se ha movido, sin moverse, ha sido la excusa perfecta que la derecha más reaccionaria de Europa ha utilizado para desmontar un incipiente estado de bienestar.

La burbuja inmobiliaria, caracterizada por una sobreabundancia de oferta, una demanda irrefrenable y una alegría a la hora de conceder créditos por responsables bancarios (y cajarios), estalló cuando los créditos e hipotecas comenzaron a fallar y la demanda se frenó. Una explicación simple, pero que se entiende bien.

Esta sobreabundancia de oferta se está repitiendo en los últimos meses en España, aunque todavía no se ha trasladado a una demanda que pudiera crecer, y el crédito para favorecer la demanda no funciona.

De todas formas, el primer paso para crear la segunda burbuja inmobiliaria ya está siendo dado, sin reparar en las consecuencias. Esta vez no es una sobreabundancia de oferta de viviendas, de naves industriales, de centros comerciales… aunque ya hay un atisbo. Ahora, esa sobreabundancia es el furor que le ha entrado a todas las administraciones públicas de deshacerse de inmuebles, de todo tipo, con la finalidad de hacer caja para paliar el déficit público.

Esta sobreabundancia se observa, por ejemplo, en el Programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios del Estado. Se trata de un plan de venta de inmuebles de la Administración Central que incluye unos 15.000 activos, donde hay de todo. De todo.

También las comunidades autónomas han puesto el cartel de se vende a muchos activos inmobiliarios. Y ayuntamientos y diputaciones.

Lo mismo se vende un Cuartel de Intendencia que una caseta de caminero en una carretera nacional que ya no existe. Pero se quiere vender.

Hoy mismo, El Corte Inglés ha hecho pública que una sociedad de tasación ha valorado sus inmuebles en 18.000 millones de euros, tres veces más que su deuda de 5.000 millones que en estas fechas está tratando de “reestructurar” con los bancos. O lo que es lo mismo, los de El Corte Inglés que deslocalizan talleres textiles en países con bajos costes salariales y nulos derechos de los trabajadores, van a enseñarle a los bancos un papel que dice que sus inmuebles son suficientes para tapar el agujero. Pero ¿lo tapará realmente?

Esta puesta en el “mercado” de miles de activos inmobiliarios para buscar liquidez que hacen las administraciones públicas, sin perspectivas de venta, o la utilización financiera de esos activos por parte de grandes empresas para que los bancos sean compasivos y les permitan “reestructurar” la deuda, no harán si no inundar un mercado inmobiliario inane de unos productos que no sacian el hambre y que pueden actuar como la tenia en el organismo humano: comiéndose todo lo puede tragar.

Ante un mercado inmobiliario completamente plano, los lumbreras del Partido Popular no han tenido otra idea que la de dejar caer a plomo un enorme volumen de activos que terminarán por convertirlo en esa imagen de los dibujos animados cuando una apisonadora pasa por encima de un dibujo.

¿Si los bancos a los que el gobierno ha salvado, sigue salvando y salvará endeudando a todo el país con la única perspectiva de que esa salvación no la pagarán nunca los bancos, sino los ciudadanos, no dan un euro para financiar adquisiciones inmobiliarias, creen los Montoros inútiles que pueblan los despachos del poder que van a comprar cuarteles, cercados, poblados ferroviarios…?

La saturación del mercado no puede resolverse por añadirle colesterol inmobiliario. Colesterol del malo.

Al final, la sobresaturación que el Partido Popular pretende hacer (que ya la ha puesto en marcha) no hará sino atrofiar, de modo definitivo, cualquier intento de liberación de dineros para créditos hipotecarios con los que poder comprar. Y sin compra, sin demanda, la oferta pierde valor. Si esa pérdida de valor recae sobre el mercado, allá el mercado con el riesgo y ventura. Pero si la pérdida de valor recae sobre todos esos miles de activos inmobiliarios que son de todos, que son de titularidad pública, lo que están haciendo es empobreciéndonos a todos. O, directamente, nos están robando.

¿La finalidad? Que haya magníficos inmuebles, dentro de esos miles puestos en circulación, que vayan a parar, por cuatro perras, a los círculos liberales que pululan por los pasillos, acerados y calles que rodean La Pocilga, antes conocida por Génova 13

Vale.