En las dos anteriores entregas, señalaba cuál podría ser la mejor estrategia a seguir por el partido de Albert Rivera en los pactos poselectorales para la constitución de ayuntamientos y, posteriormente, de las diputaciones. Y lo mismo, en las CC.AA. Siempre en la creencia de que Rivera, como líder de un partido político con aspiraciones de gobierno, podría intentar desplazar al Partido Popular de Pablo Casado en la hegemonía de la derecha en el poder territorial.
Pero no ha sido así. La partida la ha ganado Casado, que de estar más que cuestionado en su propio partido, está consiguiendo (a falta de la constitución de las asambleas regionales y los futuros gobiernos autonómicos) ganarle la partida.
Aunque, más bien, habría de hablarse de que Rivera se ha cocido en su propio jugo y se ha atenazado con su histriónica posición de extender un “cordón sanitario” respecto del PSOE y su SG Pedro Sánchez.
Juan M. Moreno Bonilla (PP), Juan Marín (Cs) y Juan Bravo (PP) se inclinan ante el portavoz presupuestario de VOX en Andalucía. Foto: Paco Fuentes (@pacofuentesfoto), El País
Rivera, en los ayuntamientos, no ha sabido hacer valer sus resultados y se ha dejado arrastrar por un Partido Popular más ducho en cuestiones políticas, que, por un lado, ha pactado sin ningún rubor con la derecha fascista de Vox, y ha obligado a Rivera a hacerle seguidismo.
La imagen de los dirigentes andaluces de PP y Ciudadanos haciendo reverencias al portavoz de Vox en materia de presupuestos, y la firma del documento bajo los tres logotipos, le ha puesto muy difícil desvincularse de ese yugo (en el sentido franquista del término) en otros territorios.
Cuando ya está casi concluida la jornada de constitución de los ayuntamientos, parece ser que, paradójicamente, Ciudadanos ha conseguido más alcaldías con apoyo del PSOE que con apoyo del PP. Esto sucede por una razón: los dos partidos del “bipartidismo” tradicional tienen más capacidades de maniobra que un bisoño Rivera, y el PSOE, ganador en número de votos y concejalías en las elecciones del 26M ha demostrado que los acuerdos son una parte fundamental del buen gobierno de las administraciones más cercanas a los ciudadanos.
Cuando los datos estén consolidados y se pruebe que a Ciudadanos le va mejor acordando con el PSOE, Rivera no debería tener más remedio que levantar su “cordón sanitario” en torno a Pedro Sánchez. Si no lo hace, la escasa diferencia de número de escaños en el Congreso a favor del PP, se puede hacer mucho más amplia por encogimiento, por miedo, de Rivera.
De esta jornada de pactos, acuerdos, sorpresas… está quedando, por el número de habitantes afectados, que la capital del Estado estará gobernada por un pacto entre las tres derechas, es decir, por un escoramiento hacia las posiciones fascistoides de VOX, y lo mismo sucederá en la Comunidad Autónoma, aunque haya importantes municipios que estarán gobernados por el PSOE.
La imagen de un desnortado, timorato e infantiloide Albert Rivera echado en brazos de la más rancia derecha, lo convierten en un miembro más de ella, destiñendo la etiqueta de liberal que últimamente se atribuía. Claro, que también se definió de centro, de socialdemócrata…
Cuando despierte de su ensoñación y tenga los datos fríos de lo que ha pactado, por activa y por pasiva, con los fascistas de VOX (y con el corroído Partido Popular) ya será tarde. Ya podrá reescribirse el cuento de Monterroso: “Y cuando Rivera despertó, el fascismo todavía estaba en él”.
Vale.
Cuando a comienzos de 2016, después de las elecciones del 20D de 2015, Pablo Iglesias, tras la ronda de contactos iniciada por Pedro Sánchez, al haberse producido la espantá de Rajoy en la primera ronda con el jefe del Estado, salió diciendo que quería una vicepresidencia, varios ministerios y el control del CNI y RTVE para apoyar a Sánchez, quedó meridianamente clara su estrategia: o yo gobierno o seguirá la derecha. Y efectivamente, el fracaso para encontrar gobierno nos llevó a las elecciones de 2016, a la defenestración de Sánchez en el PSOE, a cuenta del NoEsNo, y, finalmente, al gobierno de Rajoy con la abstención socialista.
Ahora, en 2019, el PSOE ha ganado las elecciones, el PP ha sufrido el mayor batacazo al perder la mitad de sus escaños, Ciudadanos ha ganado un buen número de ellos y Vox ha entrado en el Parlamento. Ah, y Podemos y su líder Pablo Iglesias han sufrido un importante descalabro.
Y ahora, otra vez, nos encontramos al amado líder encamado con la ilusión de ser vicepresidente del gobierno y reclamando ministerios sociales si el PSOE quiere gobernar en coalición, si el PSOE quiere sus escaños.
Nada de permitir un gobierno a la portuguesa, con los socialistas en solitario, y buscando los apoyos necesarios (incluidos los de Podemos) para la investidura. Pablo Iglesias, otra vez, despejando las piedras del camino para facilitar una vuelta rápida de la derecha al gobierno.
Sostiene Iglesias que su presencia en el gobierno es la garantía de políticas de izquierdas, de políticas sociales, sin tener en cuenta que para que esas políticas sociales puedan ser llevadas al BOE (quien lo controla tiene el control del gobierno) necesitarán en muchas ocasiones más de los 165 votos que suman PSOE y Podemos. No hay que olvidar que en 2016, cuando Rajoy volvió al gobierno, PSOE+Podemos sumaban 156, y en 2015, cuando Iglesias se invistió como director del CNI, la suma era 157.
La garantía de las políticas de izquierdas pasa por conformar un gobierno estable, un gobierno que permita políticas para la mayoría social (¿o cree el líder amado que todos los trabajadores beneficiados por la subida del SMI les han votado a ellos o al PSOE?), un gobierno que necesita estabilidad para afrontar la necesaria y urgente reforma de la financiación autonómica, o que acometa, de una vez por todas la reforma del Senado por la vía de la reforma constitucional del Título VIII, avanzando hacia el Estado federal. Cuestiones estas que, claramente, siguiendo la teoría política del ideólogo mundial referente en las izquierdas, podrían acometerse mediante un Real Decreto, o un RDL que fuera convalidado por el Congreso.
Las reformas necesarias de temas como la financiación de las CCAA, o de la propia Constitución, necesitan acuerdos amplios, más allá de una mayoría simple parlamentaria, y esos acuerdos no pueden alcanzarse cavando trincheras entre gobierno y oposición, entre gobierno central y gobiernos autonómicos.
Ya ha dicho Pedro Sánchez que la mejor opción para revertir la reforma laboral de Rajoy pasa por la formulación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, una ley básica, que requerirá una mayoría reforzada que la suma de las izquierdas (siendo benévolos, incluyendo a ERC en ellas) no da y que por tanto requerirá de pactos, de acuerdos que lleven a los grupos más moderados de la derecha (si los hubiera, ya que ahora mismo, las tres derechas son una ideológicamente hablando) a sumarse a ellos.
Gobernar cuando no hay mayorías claras, requiere de capacidad de acuerdo por todos los grupos, empezando por el que forme el gobierno, o los que formen el gobierno.
Aspirar a tener una vicepresidencia que “controle” los ministerios sociales, es abrir una grieta desde el mismo momento en que un gobierno se formara con ese criterio, por cuanto las competencias de los ministerios suelen ser transversales, y para eso está la figura del presidente del gobierno, para actuar de manera que se coordinen TODAS las competencias. Tenemos visto muchas veces que declaraciones de unos ministros chocan con las de otro, y señalamos enseguida que eso supone que hay fisuras en el gobierno. Si desde el mismo momento de la toma de posesión de un gobierno trazamos una línea social/no social (según criterio de Iglesias), estamos abocados a un gobierno inestable y, por ello, poco eficaz.
Vale.
En un debate organizado por alumnos de 1º de ESO de un colegio concertado de Cáceres, tres de los cuatro portavoces de los partidos que se presentan a las elecciones municipales del 26 de mayo se han pronunciado abiertamente en contra. Se trata de los portavoces del Partido Popular, actualmente en el gobierno municipal, del PSOE y de Cáceres Tú, la marca local de Podemos. El cuarto partido invitado, Ciudadanos, se ha referido al asunto como un proyecto que habrá que estudiar, con todos los informes técnicos, etc.
Mientras que PP, PSOE y CáceresTú se oponen frontalmente al proyecto, por razones de dos tipos, combinadas: por motivos medioambientales (incluida la salubridad de la población, por la proximidad de la mina) y porque la información conocida hasta la fecha no arroja ninguna expectativa clara y contundente de beneficios en materia de empleo.
Las dos posiciones, en contra y “ya se verá”, son las que vienen definiendo el asunto cada vez que salta a los medios. Y ahora, con la cita electoral tan próxima, saldrá a menudo.
La reducción del asunto de la mina de litio en San José de Valdeflores (San Jose Infinity Lithium Project) a términos como el empleo futuro (indefinido, y por tanto, una carta al azar que una ciudad como Cáceres no se puede jugar), a cuestiones medioambientales o, como dice Ciudadanos, a “un estudio más detallado del proyecto” y “a esperar a lo que digan los técnicos”, no desatasca el peligro cierto de una herida en la tierra en un entorno tan cercano a la población.
Y no lo desatasca porque la vigente legislación en materia de minas y en materia medioambiental recoge, como otras muchas normas, la existencia de “medidas correctoras” que, sin duda, los técnicos de la empresa australiana, podrán llevar al papel.
Tampoco es una solución la pretendida declaración de zona especialmente protegida, o de parque periurbano, o cualquiera otra figura medioambiental propuesta que se adoptara, por cuanto no tendría vigencia ya que cuando se iniciaron los trabajos no existía ninguna de ellas. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión: el principio de seguridad jurídica.
Si realmente PP, PSOE y CáceresTú, se posicionan radicalmente en contra del proyecto, no deberían perderse en cuestiones como las enunciadas en el debate, al menos lo conocido a través de los medios, sino en disponer de una herramienta que permita hacer frente a un proyecto cuyo valor económico puede ser muy sustancioso. Esa herramienta será que el Ayuntamiento pueda hacer frente, precisamente, a cualquier demanda que no deje ningún resquicio a la inseguridad jurídica.
En el vigente planeamiento, el PGM aprobado en 2010, y sobre los terrenos en que se asienta el proyecto minero, no prevé la prohibición expresa de actividades extractivas. De hecho, la empresa minera presentó una propuesta de modificación del PGM para que se incluyeran dichas actividades extractivas, lo que fue resuelto en contra por el Ayuntamiento.
El refuerzo de esa decisión municipal de no modificar el PGM ha de ser el punto de partida en el que anclar la seguridad jurídica de que no habrá proyecto minero. Y eso no puede hacerse desde la división política, sino desde el acuerdo entre los partidos que optan al gobierno municipal.
Cambiar las reglas del juego como proponen organizaciones conservacionistas o plataformas ciudadanas no son la más eficaz defensa, aunque sí pueden catalizar una opinión pública favorable a impedir el proyecto minero.
La denegación de la modificación del PGM ya producida, no es suficiente, puesto que los titulares de los derechos mineros pueden tramitar otra propuesta de modificación, en términos no exactamente iguales a la denegada, para forzar a llevar a los tribunales la resolución definitiva. Y esos derechos mineros, en el caso de San José de Valdeflores, son anteriores al derecho urbanístico reflejado en el PGM. Es decir, la empresa no reclamaría la inclusión de las actividades extractivas entre las que puedan llevarse a cabo en los terrenos, sino a incluir en el PGM el reconocimiento expreso de los derechos mineros, existentes con anterioridad a 2010.
Conseguir un acuerdo político y fundamentarlo jurídicamente sería un paso. Ciudadanos quedaría como el único partido que juega a dos bandas, a saber por qué, y ese acuerdo político y jurídico debería ser el primer asunto a asumir, en el primer pleno municipal tras el 26 de mayo, por los tres partidos que se oponen al proyecto minero.
Vale.
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