- Inicio/
Archivos/- November 30, 1999
Archivos para November 30, 1999
En la www.rae.es, el vocablo “política” tiene diversas acepciones. Por ejemplo, estas:
-
f. Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados.
-
f. Actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos.
-
f. Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo.
Pues eso, política es… hacer política. Y claro, ese hacer depende de quién lo haga, cómo, cómo se perciba…O no hacerla, no “meterse” en política, que es lo que recomendaba Franco a los afines para que pudieran medrar. O lo que quienes desde el ejercicio de un cargo político recomiendan a quienes les critican con aquello de que “lo politizan” todo.
No es lo mismo hacer política antes de una cita electoral (entonces se llama campaña) que hacer política cuando los ciudadanos ya han decidido con su voto (acepción 9 de la RAE).
Las elecciones del 20D arrojaron un resultado fragmentado, que señaló que ningún partido estaba, está, en disposición de formar gobierno sino es con el apoyo por activa (pacto de legislatura o acuerdo de gobierno) o por pasiva (acuerdo político por la abstención de uno o varios partidos para permitir un gobierno en minoría). En realidad, una vez constituidas las Cortes Generales, no cabe hablar en materia de pactos estrictamente de partidos, sino de grupos parlamentarios.
Ahora, con un resultado fragmentario, es cuando los líderes (en mi opinión, eso de líder es algo que se aplica a cualquiera, aunque no tenga capacidad de liderazgo alguna) han de “hacer política”, cuando deben demostrar su capacidad de llegar a acuerdos o de su habilidad para que el adversario no consiga acuerdos, que también se produce.
El “arco parlamentario” que dibuja el Congreso de los Diputados debería, a los ciudadanos, animarnos a participar más activamente en política, y a los dirigentes de los partidos a demostrar si son o no líderes. Pero esa tarea es asumida, en exclusividad, por los medios de comunicación (convencionales o menos convencionales) que lanzan todo tipo de informaciones orientadas a hacer caer el acuerdo donde más les interese.
Así, mientras parece que el PP lo tiene prácticamente imposible (ojo, prácticamente), y que Mariano Rajoy ya tiene claro (casi claro) que no repetirá, el siguiente partido con alguna opción de formar gobierno, el PSOE, se ve asaetado por todos los flancos, tanto para que se abstenga y deje gobernar al PP, como para que llegue a acuerdos con todos a la vez, menos con el PP.
O eso o nuevas elecciones.
En este panorama, la capacidad de hacer política viene determinada por acuerdos previos (lo que le sucede a Podemos y sus confluencias) o por acuerdos posteriores (el mandato envenenado del Comité Federal del PSOE a Pedro Sánchez), y por cómo se resuelvan. En el caso del PSOE, la acción política que parece verse está muy pegada a la ortodoxia, a resolver relaciones con los grupos minoritarios que pueden apoyar la candidatura de Sánchez a la presidencia del gobierno. En el caso de Podemos, su grandilocuente adanismo parlamentario (“por llega gente decente al Congreso”, el gesto de Carolina Bescansa amamantando a su hijo…) tropieza con el reglamento, algo tan árido que no cabe en la poética del asalto a los cielos.
Hacer política no es lanzar un mitin, o facilitar a los medios el titular que tape la realidad, hacer política es saber, tener capacidad o habilidad de que esos mensajes y esa poética encajen en el articulado del reglamento. El caso de los 4 grupos que quieren tener Podemos y sus confluencias demostrará si Pablo Iglesias tiene madera de líder político o simplemente es un predicador al que la realidad le devuelve de la ensoñación.
Vale.
Después del espectáculo de trileros protagonizado por Artur Mas y los anticapitalistas de La CUP, que ha culminado hoy con un acuerdo que tiene toda la pinta de mantener el status de la burguesía catalana, las derivadas se abren en un abanico de interés.
Pero, sobre todo, en un interés que no traslade al panorama nacional la sordidez cuasi gangsteril de cómo se ha llegado al acuerdo por el que La CUP se compromete a cambiar su grupo parlamentario hasta que todos sus miembros sean partidarios del mismo. También, el acuerdo determina que dos diputados de La CUP se integrarán de facto en el grupo de Junts pel Si. Y también que La CUP nunca votará junto con los demás partidos contrarios al llamado procès.
Sin embargo, no es necesario ser un fino analista para intuir que “la continuidad del procès” será el único arma con la que el Partido Popular y Mariano Rajoy tratarán de obligar, por tierra, mar y aire, al PSOE y Pedro Sánchez a que acepte “la gran coalición”, que es la única opción que tienen. A ese empeño se pondrán con fruición los medios de comunicación convencionales.
Del mismo modo que la única opción que Artur Mas (aunque ahora dé un paso al lado, que no atrás) continuara en el poder era la de que La CUP (anticapitalista y muy de izquierdas, dicen ellos) se arrodillara, veremos en los próximos días cómo se trata de doblegar al PSOE.
La gran trampa que acorrala al
Partido Socialista es su propia definición, su propio criterio asumido de que “es un partido de gobierno”. A ese dilema entre ser un partido de gobierno y asumir que no ha ganado las elecciones lanzarán cuñas para abrir grietas entre los dirigentes del partido. De la fortaleza ideológica y de la fortaleza de las propias convicciones dependerán que las cuñas terminen abriendo definitivamente en canal al PSOE y se decida por apoyar la gran coalición. Y, en ese caso, firmar su acta de defunción y dar por concluida la historia que nació con Pablo Iglesias Posse.
No es cierto que la única opción para frenar el secesionismo catalán sea una gran coalición porque tendrá el efecto contrario: en Catalunya se verá como una continuidad del nacionalismo españolista con el que Mariano Rajoy, haciendo de Don Tancredo, ha conseguido aumentar exponecialmente el número de independentistas. La respuesta desde el Estado al desafío nacionalista no puede ser, en ningún modo, enfrentarlo a otro nacionalismo.
Esta retroalimentación entre los nacionalismos puede aprisionar al PSOE, que dejará, en ese caso, que la derecha siga campando por sus respetos. Baste un ejemplo: si se llega a esa coalición, única, no se olvide, única opción del PP de seguir gobernando, los recortes seguirán asesinando el estado del bienestar, esclavizando a los trabajadores, expulsando al exilio económico a miles de españoles. En este caso, el PSOE se convertirá en cómplice de la derecha.
Por otro lado, si Podemos persiste en su actitud de negar el pan y la sal al PSOE estarán engordando las opciones de Mariano Rajoy de seguir en el gobierno. No se puede responder al secesionismo catalán con otro nacionalismo, pero tampoco se puede abandonar a la mayoría de los españoles (incluidos la mayoría de los catalanes) a unas políticas austericidas si ponemos delante los territorios y no las personas. Si Podemos persiste en su interés en favorecer el referéndum en Catalunya (necesita para ello cambiar la Constitución y no tiene los suficientes, ni de lejos, apoyos) estará condenando a los ciudadanos de todo el territorio a seguir siendo gobernados por los austericidas.
Está bien que las críticas al PSOE por su actuación en el pasado sean vertidas legítimamente, y que el PSOE haga la autocrítica consecuente, pero no debe convertirse en un muro. Un ejemplo, si el partido de Pedro Sánchez acepta revertir el artículo 135 de la Constitución a como estaba antes de su reforma alevosa, debería ser suficiente para que todas las izquierdas se unan en favor de los ciudadanos, por encima, muy por encima de los territorios.
Vale.
Mientras los medios sobreactúan hablando de pactos de gobernabilidad, con la tendenciosidad mayoritaria de presionar al PSOE para que pacte con el PP, antes la realidad es otra. Antes hay que constituir el Congreso de los Diputado.
Hay que elegir la mesa (presidente, vicepresidentes, secretarios), hay que constituir las comisiones parlamentarias y elegir las mesas respectivas de las mismas. Hay que determinar la composición de las mismas, los niveles de participación de los grupos políticos… Y es preciso, incluso antes, constituir los grupos políticos.
De momento, ya se sabe que el Partido Popular no tendrá los 123 diputados que el escrutinio oficial les otorgó. Gómez de la Comisión, diputado electo por Segovia, irá al grupo mixto por su condición de comisionista. Y otros tres diputados de formaciones regionales que han decidido no engrosar el grupo parlamentario popular. Algo así le ocurre al PSOE, que tendrá 89 diputados y no 90, por la salida de un diputado canario elegido en sus listas.
Tanto PP como PSOE no deberían tener dificultades en conformar sus grupos parlamentarios y elegir su dirección. ¿O sí, en el caso, del PSOE con los diputados catalanes?
Ciudadanos formará su grupo a la espera de nuevas elecciones o de un milagroso pacto a la alemana que les procure un hueco a la sombra del poder al menos por esta legislatura.
Los partidos nacionalistas no deberían tener dificultades en la obtención de sus grupos parlamentarios.
La verbena la podemos tener en… Podemos. De momento, esos mismos medios que quieren la coyunda PP-PSOE-C’s, ya se han encargado de airear que si se constituyen en cuatro grupos (Podemos, Marea gallega, En Comú y Compromís), conseguirían tantas asignaciones económicas como el PP con algo más de la mitad de diputados. Y en esa “acusación”, la formación que dirige Pablo Iglesias se encuentra a gusto. Porque esa acusación no deja ver la realidad que puede producirse.
Si finalmente los 69 diputados elegidos con Podemos® forman un solo grupo parlamentario, habrá que conocer las normas de funcionamiento que se dota. Y si, por ejemplo, en esas normas se incluye la disciplina de voto y a qué diputado se encarga de hacer las señales del mus.
Y, si por el contrario, deciden constituirse en cuatro grupos, será preciso que los demás partidos, singularmente PP y PSOE hagan una lectura amable del Reglamento para ello. Y aquí comienza el baile verbenero.
Las noticias que llegan del Congreso hablan de que, efectivamente, Podemos®, tiene la intención de constituirse en cuatro grupos, por lo que a partir de ese momento las tertulias mamporreras, que las hay, de Pablo Iglesias y sus muchachos deben dejar de hablar de 69 diputados y hablar de 42 y darle a cada uno de los grupos parlamentarios su espacio. Claro, que está por ver si PP, PSOE y C’s “consienten” en permitir esos cuatro grupos.
Desde el punto de vista político, será muy interesante ver qué capacidad política tienen Pablo Iglesias y su Comité Central para en cada una de las votaciones del Congreso no suenen cuatro voces y suene solo una. Algo difícil, por cuanto parece ser que Compromís ha ofrecido su apoyo al PSOE para ganar la presidencia de la Cámara a cambio del apoyo socialista a que puedan tener grupo propio.
A todo esto, IU tiene solamente 2 diputados en la candidatura de Unidad Popular, pero tanto en la Marea, como en En Comú Podem y en la candidatura de Compromís iba algún militante de IU-UP, que podrían optar por tratar de formar en torno a Alberto Garzón su propio grupo.
Con esta situación, sin conformar los grupos parlamentarios, sin tener atisbos de cómo resultarán elegidos los órganos de gobierno del Congreso, de cómo se organizará (en cuántas comisiones), de cómo se organizarán y se elegirán las mesas de cada una de las Comisiones, hablar de pactos de gobernabilidad resulta extraño, por cuanto un eventual acuerdo entre varias fuerzas políticas para formar gobierno puede saltar en la sesión de investidura si algunos grupos minoritarios se unen y desequilibran la aritmética parlamentaria.
En todo caso, para cualquier ciudadano interesado por los asuntos que le conciernen, y no hay algo que sea más directamente aplicable al día a día que las decisiones de un gobierno, esta situación de arcoíris parlamentario le debería interesar, conocer, saber, cómo, quién y con qué condiciones acuerdan la formación de un gobierno. Un ejemplo: la Reforma Laboral, que nos afecta a todos, puede ser moneda de cambio en todas las combinaciones, incluso en una cada vez más lejana coalición a (lo que le gusta a) la alemana.
Vale.
En estos días en los que las negociaciones entre partidos políticos se mueven en tres niveles (con fotos, con titulares de prensa, en reuniones “de aquella manera”) nos encontramos con un caso que nunca se había dado, al menos que yo recuerde. El cabeza de lista de Podemos (42 diputados electos) anuncia que el mismo día 13, fecha en la que se constituye el Congreso surgido de las elecciones del 20D, presentarán una “ley de emergencia social”, según se titulaba en Público:
El lenguaje político, en la resaca del mitin electoral, permite algunas licencias. Eso de que la primera iniciativa parlamentaria será una ley vale para los mítines de campaña. Finalizado el recuento, cada partido sabe en qué lugar ha quedado y qué perspectivas tiene para llevar a cabo su programa, o lo que quede de su programa al día siguiente de las votaciones.
Podemos, con 42 diputados, tiene la capacidad de formular proposiciones de ley, cuya tramitación en el Congreso está reglada y recogida en el Reglamento del Congreso, en el artículo 126.
En dicho artículo se señala que una vez admitida por la mesa de la cámara la proposición, se ordenará su publicación y se remitirá al gobierno para que se pronuncie si acepta que se tramite o la veta.
Y aquí es donde comienzan, o continúan, los tropiezos de Podemos con el reglamento. Digo continúan porque para que la proposición de ley se tramite, esto es, se tome en consideración, debe el Congreso estar constituido, con su presidente o presidente, sus miembros de la mesa, los grupos parlamentarios… Y para ello, debe haber acuerdo entre los grupos políticos, dado que ninguno por sí mismo tiene escaños suficientes para asumir, sin apoyos, la presidencia, y así, la asignación de vicepresidentes, secretarios de la mesa.
El segundo escollo con el que Podemos, en su campaña de marketing en favor de “su ley”, tropieza es que para que la misma puede tramitarse plenamente tiene que estar constituido otro de los poderes del Estado, el gobierno. Sin gobierno no puede tramitarse la ley. No ya porque el gobierno pueda vetarla ab initio, sino porque una ley de este tipo (por otro lado, y que nadie piense que pueda objetarla, al contrario) necesita un “pequeño” detalle: que es el gobierno el que fija, conforme establece el reglamento del Congreso para el trámite ordinario de la iniciativa parlamentaria, cómo asumir presupuestariamente los costes económicos (presupuestarios) que la iniciativa pudiera requerir, tanto en créditos extraordinarios, como en modificaciones presupuestarias.
Es evidente que dentro de los esquemas mediáticos en los que se mueve el partido de Pablo Iglesias, cualquier anuncio de impacto tiene interés para los estrategas de marketing. Anunciar una “ley de emergencia social” cuando saben que no tienen asegurado qué puesto pueden ostentar en la mesa del Congreso, ni qué alianzas pueden o les interesa urdir, es arriesgado. Pero para el marketing viene bien.
Hoy, por ejemplo, un doctor en Ciencias Políticas y eminencia como el líder mesiánico de la formación nazarena ha dicho que sus diputados renunciarán al plan de pensiones del Congreso. Un plan al que no podrán renunciar porque ya no existe desde 2012. Pero el anuncio ha sido repicado en las campanas de las redes sociales: id y predicar. Aunque el mandamiento no exista.
Podemos participará en la sesión, el 13 de enero, de constitución del Congreso. Para esa fecha ya sabrán cómo se negocia, en la realidad práctica, cómo se configuran los órganos de gobierno de la cámara.
Y después, y ahora ya está haciendo, seguirán formando parte del circo que la casta monta alrededor de una nueva legislatura.
Y si no hay acuerdos (y Podemos puede ser imprescindible en algún caso, si no se obstina en líneas moradas), no hay gobierno. Y si no hay gobierno, no hay ley de emergencia social.
Si de verdad en tanta estima y consideración tienen los derechos de los ciudadanos para que puedan recibir los beneficios de su iniciativa, deben estar dispuestos a no defraudarlos y a ser parte activa en que los acuerdos permitan que la legislatura comience, que haya un gobierno y que la ley pueda salir adelante. Seguramente, con más apoyos de los que ahora creen tener.
Vale.
Durante la campaña electoral, al mismo tiempo que durante los mítines y entrevistas Pablo Iglesias se desgañitaba hablando de remontada, con unas enormes expectativas de votos para Podemos, el mismo líder mesiánico no se empachaba de repetir que iba a ser presidente del gobierno. Incluso, lanzaron la campaña de que lo contratáramos para ese puesto. Al mismo tiempo, presentaba a sus fichajes del mercado de invierno.
De esos fichajes, hubo uno especialmente mediático, el del exJEMAD José Julio Rodríguez, al que en un alarde de verbo anticasta, Pablo (¿nos podemos tutear, no?) presentó diciendo no sé qué de un honor (el honor, verbo de casta) y que, además sería un honor que el general Rodríguez aceptara ser su ministro de Defensa. Porque, claro, Pablo sería, sin duda, tras el 20D, presidente del gobierno.
El 20D, con las elecciones, se eligieron por los votantes 350 diputados, con algunas listas como las de las principales formaciones que presentaban a sus números uno por Madrid como candidatos a la presidencia del gobierno. En nuestro sistema parlamentario, es la mayoría del Congreso la que elige al presidente del Gobierno, sin que sea condición sine qua non que sea diputado. Dicho esto, las maravillas.
Al día siguiente de elegir 350 diputados. Corresponde, por tanto, al Congreso elegir al presidente del gobierno para su posterior nombramiento por el jefe del estado. En principio, y lo normal, es que el presidente salga de entre los diputados.
Pero, al día siguiente de las elecciones el diputado electo por Podemos Íñigo Errejón se descuelga con una propuesta según la cual podría elegirse presidente a una persona independiente. Maravillas democráticas. La primera reacción de la “dirección” de los nazarenos resulta ser la decir que eso es una “reflexión”. Pero al día siguiente, el cofrade mayor, o sea, Pablo, se suma a la propuesta. Ya no es una reflexión, ya es la constatación de la derrota.
Cuando un cabeza de lista que sale la noche electoral impartiendo bendiciones por el gran éxito electoral (ha obtenido 42 diputados, 2 más que los naranjitos), poniendo líneas rojas a cualquier pacto, poniendo condiciones (¿desde cuándo el derrotado ha impuesto condiciones para nada?), cuando ese cabeza de lista pretende que sea presidente del gobierno alguien que no ha sido elegido democráticamente, algo pasa.
De entrada, Pablo está reconociendo que él no está capacitado para ser presidente, y como él, sus otros 41 compañeros de Podemos. De entrada, por tanto, el exJEMAD se ha quedado sin el honor de ser ministro de Defensa con Pablo Iglesias.
La ocurrencia de Errejón, y su refrendo por Pablo Iglesias es un insulto a los electores: si se han elegido 350 diputados, que ahora resulte que ninguno de ellos está capacitado para ser presidente del gobierno y haya que buscarlo fuera, se está desacreditando el sistema electoral.
¿Para qué convocar elecciones si luego el gobierno no tiene nada que ver con ellas? ¿Cómo es posible que se pretenda, al día siguiente de haber obtenido un éxito maravilloso y ser capaz de marcar las condiciones imprescindibles para formar gobierno se desautorice un proceso electoral y se pretenda invalidarlo porque quien propone eso se reconoce incapaz?
Yo no creo que entre los 350 diputados electos no haya ninguno capaz de ser presidente del gobierno. Creo, sinceramente, que hay más de uno y más de 10 y de 20. Descarto de esa capacidad a los 42 elegidos en la lista de la formación nazarena, porque ya se ha encargado Pablo de convertirlos en inútiles para el cargo.
Esa propuesta de presidente independiente se puede hacer el día antes de tener que convocar elecciones si no hay acuerdo de ningún tipo o si sucede a mitad de legislatura y se llega al acuerdo de que es eso mejor que convocar nuevas elecciones.
Hacer esa propuesta al día siguiente de unas elecciones demuestra un sentido stalinista del poder: o sale lo que yo quiero o tiro por la vía de en medio. Y, en medio, Pablo, no hay una vía, hay muchas opciones. Muchas, menos la de ridiculizar el voto de todo un pueblo.
Vale.
Se han celebrado las elecciones, se ha celebrado el escrutinio, el Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones, el PSOE ha quedado segundo. Los dos han bajado en votos y escaños y se incorporan, aprovechando lo perdido por PP y PSOE, Podemos y aliados y Ciudadanos. Y dicen que el bipartidismo ha muerto. Mantra.
Está claro que los resultados dibujan un nuevo tablero en el que los dirigentes políticos han de jugar a recuperar el sentido helénico de la política y desprenderse del sentido económico del voto de los ciudadanos.
Para que muera el bipartidismo se tienen que dar muchas más circunstancias que estos resultados. Ahora, en vez de un bipartidismo hay un bloque de derechas (PP y Ciudadanos) y otro de izquierdas (PSOE y Podemos y aliados). El bipartidismo solamente desaparecerá cuando Ciudadanos pueda fagocitar al Partido Popular y cuando Podemos y aliados sean capaces de engullir al PSOE. Entonces, diremos: ¡el bipartidismo ha muerto, viva el bipartidismo!
Objetivamente, los dos partidos hegemónicos desde 1978 han perdido considerables cuotas de poder, y se han dejado jirones por el camino. El Partido Popular ha dejado por el camino el tópico de que son mejores gestores, cuando lo único que han sabido gestionar, y con notable éxito, han sido sus bolsillos robando a manos llenas, perdón, a sobres llenos. El PSOE se ha dejado por el camino gran parte de su credibilidad, de sus fundamentos ideológicos en favor de un pragmatismo que solamente le ha servido para ir perdiendo apoyos.
Sucede que, mientras el PP conserva el liderazgo, menguante, en votos y escaños, tiene más difícil recuperar credibilidad en la gestión, el PSOE, si recupera una cosa perdida que se llama sangre, sangre roja, puede recuperar credibilidad. Y para ello, el soplido de Podemos le puede ayudar. Si ante el empuje de los discípulos del mesías Iglesias siguen los socialistas tirando de pragmatismo, su derrota final será pronta y dolorosa.
Claro, que ahora quedan por ver maravillas. Maravillas con Podemos y sus satélites (o no tan satélites) y con Ciudadanos.
Si Rajoy consigue que Ciudadanos le apoye, en un pacto estable de legislatura, podríamos asistir a que Ciudadanos se convierta en flor de un día, y sus votantes terminen diciéndose que para qué votar a la filial pudiendo votar a la empresa madre. Si Rajoy, en vez de un pacto de legislatura plantea a Ciudadanos una coalición de gobierno, las cosas cambian. Los votantes de derechas podrían, entonces, visualizar si los de Ciudadanos están capacitados para gobernar. Si los ministros que incluyeran en la coalición resultaran eficaces, les haría ganar votos. Pero si Albert Rivera, por ejemplo, se limita a ser Ministro Secretario General del Movimiento, no llegan a final de legislatura.
En cuanto al bloque de izquierdas, está por ver si los soplidos de Pablo Iglesias mueven las hojas del PSOE, o si, por el contrario, la casa socialista es sólida y resiste bien el viento. Claro, que para que Pablo (a) El Mesías pueda soplar en condiciones necesita tomar decisiones claramente de casta, de partido de casta, porque, y esto es indudable, se tiene que acomodar a las normas existentes.
Podemos y socios tendrán cuatro grupos parlamentarios (cinco si prestan tres diputados “de confluencia” a Alberto Garzón, algo que a Pablo no le interesa: Garzón ha demostrado tener más capacidad política), y deberá conseguir que los cuatro grupos funcionen al unísono. De momento, en la marca Podemos, deberá optar por implantar la disciplina de voto o renunciar a ella como una cosa de la casta. Sería particularmente interesante ver que renuncia a la disciplina de voto y luego de la primera votación comprobar disidencias. Y también que consiga imponer criterios únicos cuando se debatan asuntos que, por ejemplo, afectan a Galicia. ¿Se atreverá Podemos a contrariar a la Marea? O contrariar a Ada Colau en asuntos que afecten al día a día de Catalunya (la pela es la pela, sea independentista o no), o poner en riesgo la permanencia de Compromís en el gobierno valenciano.
El tablero político que ha salido del 20D es como esos tableros de ajedrez que se pliegan en dos partes. Y todas las piezas negras caen de un lado y las blancas de otro cuando se guarda.
Ahora, todas las piezas blancas están en un lado del trablero y todas las negras en otro. Pero el fragor de la contienda política ha hecho que algunas hayan perdido algo de color. ¿Volverán a ser las negras negras y las blancas blancas? Porque lo que está claro es que el ajedrez sigue siendo el mismo.
Como el bipartidismo.
Vale.
Hace cuatro añoss se adjudicaron, por el Ministerio de Fomento, las obras para reformar el edificio que en la Plaza de los Golfines albergaba la Demarcación de Carreteras del Estado en Cáceres. Se trataba de una reforma, que no de una rehabilitación, como pudiera pensarse por el aspecto exterior y su emplazamiento. Reforma porque el edificio, construido a comienzos de la década de 1960, sobre lo que fue la Ermita de Santa Catalina, no es un edificio antiguo, ajado por el paso de los años, sino que, seguramente, porque las oficinas de la Demarcación de Carreteras necesitaran un “nuevo aire”.
No he dedicado en esta serie de entradas ninguna a edificios de la Ciudad Monumental que se encuentran vacíos, que los hay, pero es que este tiene la particularidad de no pertenecer a la historia del conjunto Patrimonio de la Humanidad.
Con una superficie de suelo de 564 metros, según el Catastro, y una superficie construida de 1.800 m2, tras comenzar las obras de reforma contratadas en 2011, los albañiles desaparecieron, se quitaron de la fachada carteles y se desmontaron las caídas de escombros. Ahora, el Ministerio de Fomento desiste de continuar con las obras y devuelve el inmueble al Patrimonio del Estado, del Ministerio de Hacienda.
El edificio carece de valor histórico como tal, si no fuera porque el emplazamiento sobre el que está construido albergó una ermita, la de Santa Catalina, datada en el Siglo XV y arrasada para construir la impostura que ahora queda sin uso.
En Cáceres, son muchos los inmuebles de alguna singularidad y volumen que han ido quedando sin uso. Los que son propiedades privadas, entran dentro del tráfico inmobiliario, con escaso éxito en los años pasados debido, fundamentalmente a la crisis económica y, en no menor medida, a que estos inmuebles pertenecen a varios herederos, lo que complica y mucho su futuro.
Sin embargo, es especialmente doloroso para la ciudad que inmuebles que son propiedades públicas permanezcan sin uso, deteriorándose.
El edificio de Fomento en la Plaza de Los Golfines está cerrado y es imposible ver desde el exterior hasta dónde llegaron las obras que comenzaron en 2012, y cuál es su estado actual. Solamente con que se hubieran ejecutado las demoliciones interiores más básicas que un proyecto de reforma convencional hubiera previsto, sin lugar a dudas, el deterioro interior ha de ser considerable.
Que desde el 21 de noviembre de 2015, cuando el Diario Regional Hoy publicó la información del desistimiento del Ministerio de Fomento de continuar con las obras (ya paradas hacía tiempo) y de “devolver” el inmueble a Patrimonio del Estado, nadie en la ciudad, ni otras administraciones ni entidades privadas hayan hecho ninguna manifestación sobre la situación, ni siquiera en tono de queja por lo que supone de abandono, dice mucho del interés político y ciudadano sobre lo que sucede en Cáceres.
Un inmueble construido sobre los restos de una ermita con cinco siglos de antigüedad no es respetuoso con la historia, y, mucho menos, cuando en su construcción se utilizaron despojos (la puerta, por ejemplo) del Seminario de Galarza, que en aquellos momentos gozaba de la categoría de Monumento. Dio igual, en unos años en los que imperaba la fachada, daba igual lo que hubiera detrás. Un modo de entender la Ciudad Monumental basado en el fachadismo, en las apariencias, un modo de entender que cincuenta años después es una característica básica de la idiosincrasia de Cáceres y de sus habitantes.
Claro que, y hasta aquí puedo leer, hay silencios que son auténticos gritos. Y puestos a pensar que, por ejemplo, el Ayuntamiento guarde un silencio absoluto, se puede deber a cualquier razón. Y no precisamente para el interés común.
Vale.
La fibromialgia es una enfermedad reumatológica que se caracteriza por el dolor crónico generalizado durante más de tres meses. Normalmente el paciente localiza este dolor en el aparato locomotor.
Según el estudio Episer realizado por la Sociedad Española de Reumatología (SER) en el año 2000, se estima que en la población española la prevalencia de la fibromialgia es del 2,73 por ciento, siendo más frecuente en las mujeres que en los hombres.
Esta patología puede manifestarse a cualquier edad, no obstante, es mucho más prevalente en las edades medias de la vida y se considera la causa más frecuente de dolor musculoesquelético.
Ahora que estamos todavía en precampaña para las elecciones generales del 20 de diciembre, los programas electorales no dejan de ser más que declaraciones de intenciones muy genéricas, que habitualmente tropiezan con dos realidades: las disponibilidades económicas y los juegos de mayorías. También sucede que esas declaraciones de intenciones decaen al día siguiente de conocerse los resultados y el programa que se aplica es el que siempre hubieran deseado.
Hay cuestiones, no obstante, que ni entran en las declaraciones ni tampoco en los programas que aplican realmente.
Vayamos a un caso: la fibromialgia, cuya definición, muy básica, extraída de www.dmedicina.com, encabeza este post.
Los programas electorales, especialmente los de los partidos que se declaran más sociales, no “bajan” al terreno de la realidad, no aceptan que la realidad les imponga unos compromisos que no saben si van a cumplir o no. Porque la sanidad, como derecho universal, no solamente debe ser un pronunciamiento político, debe ser también un catálogo de compromisos reales, que de modo claro obliguen a ponerlos en marcha.
Del Partido Popular nada puede esperarse en esta materia, porque sus cuatro años de gobierno que culminan esta legislatura han sido un dechado de recortes, de decisiones políticas en contra de los más débiles. En realidad, el Partido Popular se ha dedica a realizar un ajuste brutal, una venganza en toda regla en contra del estado del bienestar. Para los enfermos de fibromialgia ni siquiera se había llega a unas opciones de bienestar que tuvieran una definición de lo que pudiera ser “calidad de vida”. Recortar en sanidad, vengarse de los más débiles, a los enfermos de fibromialgia ya ni siquiera llegaban las miasmas.
De los partidos emergentes (Podemos y Ciudadanos) poco puede esperarse porque sus programas no aciertan a dejar entrever soluciones para quienes el estado de bienestar no ha llegado por ninguna vía.
Del PSOE cabría esperar algún compromiso mayor. Bien es cierto que en su programa se habla de enfermedades raras, de ELA, de autismo… pero no tiene en cuenta, para nada, una enfermedad que tenía en el año 2000 (no parece que haya un estudio posterior) un índice de prevalencia del 2,73%, pero que sigue siendo una enfermedad invisible, tan incapacitante o más que otras que tienen, aunque incipientes, algunas líneas de investigación, alguna esperanza futura.
En el caso de la fibromialgia, se hacen necesarias líneas de investigación, que no existen, y, sobre todo, de modo cada vez más inmediato, unidades médicas multidisciplinares que sirvan, al menos, para paliar los devastadores del dolor que soportan quienes la padecen, del síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltriple y otros síndromes asociados.
Correspondería, en el caso de la fibromialgia, que en el programa electoral del PSOE se incluyera un compromiso claro de creación de Unidades Multidisciplinares en, al menos, un hospital de referencia dentro del Sistema Nacional de Salud, facilitando desde el gobierno central los recursos necesarios a las Comunidades Autónomas para su puesta en funcionamiento en menos de un año desde las elecciones generales.
Un compromiso claro con una enfermedad, con quienes la padecen, debe superar la voluntariedad de un equipo médico de un hospital concreto, debe ser un compromiso real de que se pondrán en marcha los mecanismos necesarios para que en un año esté formados los equipos de referencia, y para que estén protocolizadas las relaciones con los centros de salud, con los médicos de familia. Un diagnóstico adecuado, posible, desde un centro de salud, permitirá mejorar de inmediato la calidad de vida de los pacientes.
Pero, claro, se trataría de un compromiso real, medible. Y eso tiene riesgos.
Vale.
En la dictadura de Franco, los tecnócratas de prensa y propaganda del “GMN” idearon un eslogan, como otros muchos, que afianzaban la autarquía, pero le daban un punto de cosmopolitismo que, de modo machacón, influía en el modo de vida de los súbditos. Aquel eslogan era “Spain is different”.
Perdida, aparentemente, la condición de súbditos con la muerte del dictador, la evolución social y, sobre todo, económica, ha ido haciendo evolucionar aquel eslogan. Ya solamente quedan los restos. Ya Spain solamente es different en la Semana Santa y en los toros. Y en este último caso, parece que el terreno de juego está embarrado.
Los cambios sociales, la globalización, y el adoctrinamiento publicitario ejercen una poderosa influencia. Los antiguos súbditos de la dictadura, son ahora ciudadanos en un país sin soberanía, en el que mientras que la Constitución dice que la soberanía nacional reside en el pueblo, la realidad, la dura realidad es que la auténtica soberanía reside en los bancos y en las multinacionales.
La globalización, o, más en concreto, la colonización de los países por los intereses de las multinacionales avanza.
En Spain ya no hay nada diferente, quizás los nazarenos de semana santa.
Estos días, las multinacionales americanas han conseguido un nuevo hito en su colonización activa. Ha implantado de modo de destrucción masiva de la capacidad de reflexión, con campañas de publicidad. El “éxito” del black friday, la influencia de cyber monday, o la plena interiorización social de hallowen son signos, evidencias, de que la colonización ha triunfado en la España actual.
Bien es cierto que una parte importante del éxito (económico) del black friday ha estado sustentado por una potente maquinaria publicitaria, en papel, en ondas hertzianas… Se ha sustentado en todos los medios de comunicación convencionales y cientos de páginas web que viven gracias exclusivamente a dos fuentes de financiación: la publicidad de las grandes marcas y de los bancos, que son sus dueños.
Lo del black friday es un negocio, un mero negocio, cuya importación a España (con variantes llamativas del tipo de que los porcentajes de rebajas en nuestro país son bastante menores que los de USA, o que aquí las empresas se han dedicado a subir los precios días antes para luego “rebajarlos”) culmina la implantación definitiva de una suerte de colonia yanqui (transmutada en multinacional) para mayor gloria de unos súbditos que rinden pleitesía a los grandes bancos y a las multinacionales.
España ya no es diferente. Ni siquiera es pensable que lo fuera alguna vez. La pérdida de esa diferencia es mucho más profunda de lo que son una mera importación de fiestas (Halloween) o modos de negocio (black Friday o cyber Monday).
No es que la colonización yanqui sea aquello que se decía en los años 80, sino que se ha perdido, definitivamente, capacidad crítica, capacidad para discernir, capacidad para defender valores propios. Porque ya, de modo definitivo, parece que la derrota es definitiva.
Ver el entusiasmo (pagado, por supuesto) con el que las portadas de los periódicos se rinden al black Friday, o los locutores de los telediarios hacen apología del consumismo (cobrando, claro) y el silencio que tienen cuando, por ejemplo, una multinacional como Coca Cola se pasa por el forro de los botellones las sentencias judiciales, es la muestra de la derrota.
Spain is not different, Spain es un barrio de Springfield.
Vale.
El rechazo por la Asamblea de Extremadura de los PGEX para 2016 plantea dos cuestiones de interés. Por un lado, el modo en que se han rechazado, y, por otro, las consecuencias.
Al proyecto presentado por el gobierno de Fernández Vara se habían presentado tres enmiendas a la totalidad, una por cada uno de los grupos políticos de la oposición: PP, Podemos y Ciudadanos. Solamente una de las tres prosperó, la presentada por Podemos, que contó con el apoyo del Partido Popular. Según dicen los dirigentes de Podemos, no sabían que el PP apoyaría su enmienda. En el interesante mundo de las relaciones políticas entre partidos que forman la Asamblea, solamente desde la ingenuidad puede pensarse que Alvaro Jaén y sus compañeros no tuvieran información clara de la intención del PP de votar su enmienda. Y, en todo caso, el hecho contrastable es que, en el mejor de los casos para la credibilidad de los discípulos de Pablo Iglesias en Extremadura, han sido utilizados como arma arrojadiza del PP contra el gobierno de Fernández Vara.
La consecuencia inmediata de este rechazo es que, conforme a la ley, han de prorrogarse los presupuestos de 2015, los últimos aprobados por la coalición del Partido Popular e Izquierda Unida.
Pero esa prórroga tiene efectos muy interesantes. Por ejemplo, habrá que recordar que cuando Rajoy decidió suprimir la paga extra de diciembre de 2012 a los empleados públicos, se hizo mediante un Real Decreto Ley, luego convalidado por el Congreso de los Diputados, que daba a esa supresión el carácter de norma básica (de obligado cumplimiento para todas las administraciones). Cuando en diciembre de 2012 a Monago le cayó el gordo del impuesto bancario salió en tromba para decir que pagaría la extra a los funcionarios. Monago es, según su currículum, licenciado en Derecho, pero ignorante en cuanto a la aplicación de normas básicas, por ejemplo. Los funcionarios de la Junta, igualmente ignorantes del carácter básico de la supresión de la extra, aplaudieron con las orejas, jalearon, le hicieron la ola. Luego hubo de envainarse el ímpetu, reconocer que no podía pagar la extra y al final acordó adelantar la de junio del año siguiente. Y así siguen. Por cierto, Fernández Vara se sumó a “facilitar” que “sus” funcionarios (los de la Junta) pudieran percibir, por la vía del adelanto, la extra. De los funcionarios del Estado en Extremadura, se olvidaron. No eran “su problema”.
Ahora, cuando el gobierno de Rajoy ha pagado un tercio de lo que había recortado, lo ha hecho en una norma que no tiene carácter básico, dejando al resto de las administraciones con el presupuesto al aire, que se busquen la vida. Además, recurriendo a deuda pública.
Pero Rajoy sí ha incluido dos medidas retributivas en los Presupuestos Generales del Estado para 2016: pagar lo que queda por devolver de la extra confiscada en 2012 e incrementar en un 1% las retribuciones de los empleados públicos. Pero esa norma presupuestaria nacional, que tiene carácter básico, solamente se puede aplicar en Extremadura trasponiéndola a la propia Ley de Presupuestos regional. Algo que no puede hacerse porque el Partido Popular de Monago, con la cooperación necesaria de Podemos, han tumbado los presupuestos.
Ahora, aquellos funcionarios de la Junta que defendían por tierra, mar y aire que Monago les iba a pagar la extra de 2012 saltándose el carácter básico de la norma que la confiscó, claman porque la jugada política de su faro y guía, el canario de honor, no les afecte: quieren cobrar lo que les falta de la extra, haya presupuesto o no. Porque con el presupuesto prorrogado no pueden cobrarla, como no pueden ver incrementadas sus retribuciones en un 1% hasta que no haya presupuestos nuevos.
¿Seguirán esos funcionarios ganados por el benefactor Monago con la extra de 2012 aplaudiéndole? ¿Le exigirán responsabilidades? ¿Volverán a votar al Partido Popular?
Vale.
Cerca de las retamas 