El año pasado por estas fechas, en concreto, el día 15 de diciembre de 2012, publicaba esta entrada en mi Cerca de las Retamas: https://cercadelasretamas.com/2012/12/15/cuidado-con-lo-que-votas-elena-nevado/. La alcaldesa de Cáceres, y senadora por el Partido Popular, Elena Nevado, había votado contra una enmienda del Grupo Socialista que pedía las dotaciones económicas necesarias para dar continuidad al Centro de Formación de Tropa 1, CEFOT 1. La primera reacción de Elena Nevado fue negarlo. La evidencia le llevó a decir que había sido una trampa de los socialistas, que son muy malos, para llegar luego a decir el PP del Ayuntamiento que la situación del centro militar era culpa de Zapatero.
Sin embargo, parece que la alcasenadora no ha aprendido… o que es incapaz de aprender. O parece, claramente, que su interés por el CEFOT 1 es nulo. O peor aún.
Y digo que no aprende porque hoy lo ha vuelto a hacer. Hoy, Elena Nevado del Campo, alcaldesa de Cáceres, y senadora por la provincia, del Partido Popular, ha votado en contra de una enmienda, la número 1117, cuyo texto es el siguiente:
Se añade una nueva Disposición Adicional con la siguiente redacción:
Disposición Adicional. Mantenimiento de los centros formativos del Talarn y CEFOT nº 1.
El Gobierno dotará los créditos presupuestarios suficientes para mantener la plena operatividad y el volumen formativo de la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn de Lleida que garantice su permanencia, y el mantenimiento de la plena operatividad en capacidades formativas del Centro de Formación de Tropa nº 1, ubicado en el Acuartelamiento Santa Ana, de Cáceres.
MOTIVACIÓN:
Aunque el Ministerio de Defensa ha informado del mantenimiento de AGBS de Talarn, se solicita que se garantice su continuidad y el mantenimiento de su plena operatividad de cara al futuro. También se solicita el mantenimiento del CEFOT Nº 1 de Cáceres.
Contra esta enmienda ha votado Elena Nevado. O lo que es lo mismo: ha repetido su nefasta actuación en contra de los intereses de la ciudad de Cáceres y del Centro de Formación de Tropa nº 1.
El año pasado cabría pensar en que era nueva en el Senado y que no conocía los mecanismos de votación. Pero este año no tiene excusa de desconocimiento. Podría, hoy, sabiendo que el año 2012 fue motivo de duras y más que merecidas críticas, haber evitado la iniquidad cometida contra la ciudad de la que es alcaldesa. Podría haberse abstenido, haberse ausentado del pleno, votar a favor, cualquier cosa menos votar en contra.
Claro que en el caso más favorable estaríamos ante una muestra de incompetencia política supina, que la incapacitaría para ser alcaldesa de una capital de provincia, o para ser senadora por esa provincia. Pero, como se dice en el ámbito militar, las lecciones aprendidas deberían servir para algo.
En el caso, repetido, de la alcasenadora Nevado, la desinformación no es excusa, ni siquiera la incompetencia manifiesta. En su actuación en el Senado respecto del CEFOT nº 1 lo que queda claro es su intencionalidad política.
Desde que en marzo de 2012 se estableciera la situación de cierre temporal, mitigada por gestiones que en ningún caso pueden atribuirse la alcasenadora, hasta llegar a la situación actual con el 50% de los alumnos del ciclo único de 2013, lo que funciona, lo que manda en este asunto es algo que afecta, y mucho, a las personas directamente afectadas: la incertidumbre.
El comportamiento político, la nula capacidad e influencia política de la alcasenadora Nevado, la ausencia culpable de toda gestión en favor del Centro militar por el Presidente de la Junta, un tal Monago, son los aceites que engrasan esa incertidumbre. Mientras que para el mantenimiento de la Academia General Básica de Suboficiales, en Talarn, Lleida, todos los partidos, incluidos los más nacionalistas, han defendido su continuidad (aunque fuera por “la pela”), en Cáceres, en Extremadura, el partido que sustenta al Gobierno central se ha borrado. Ha borrado las pruebas de su incompetencia como si fueran discos duros o archivos desaparecidos en extraños robos.
La incertidumbre sobre el futuro del CEFOT Nº 1 se acrecienta cuando la alcaldesa de la ciudad, y senadora por la provincia, no es ya sólo incapaz de defender su continuidad, sino que vota en contra.
Vale.
El gobierno de la Comunidad Valenciana, del Partido Popular, presidido por Alberto Fabra ha tomado la decisión de cerrar la Radio Televisión Valenciana, tras la anulación del ERE presentado, que obligaba, por sentencia judicial, a la readmisión de los trabajadores despedidos.
La reacción del Partido Popular (Alberto Fabra no toma por sí mismo la decisión de cerrar sin consultarla con el partido, con su presidente y del gobierno Mariano Rajoy) a la sentencia del juzgado de lo social no es una pataleta. Ante una sentencia judicial firme, la decisión es la del cierre patronal.
En múltiples ocasiones, con motivo de huelgas de trabajadores, nos bombardean con lo de huelgas salvajes, sobre todo cuando los dirigentes políticos concernidos se encuentran desbordados, especialmente por su incapacidad y su incompetencia para resolver problemas seguramente creados por ellos mismos. Las huelgas salvajes existen.
Pero también existen los cierres patronales salvajes. Y eso es lo que ha hecho Alberto Fabra: ante un problema creado por su partido, un problema que él es incapaz de resolver, un problema que afecta directamente a sus decisiones políticas, lo que ha hecho es ir al cierre patronal salvaje. Y salvaje es quien, como Alberto Fabra, hace salvajadas.
Cuando un padre deja de pagar la pensión de los hijos y la mujer, fijadas en sentencia judicial, puede ser condenado a penas de cárcel. Cuando Alberto Fabra incumple la sentencia del juzgado y ordena el cierre patronal salvaje ¿no está cometiendo un delito?
En el ordenamiento jurídico español no creo que exista, en materia laboral, la posibilidad de la sentencia de imposible cumplimiento, que sería el caso al que podrían acogerse quienes, sencillamente, como hace Alberto Fabra, pasarse la decisión judicial por el arco del triunfo.
Estos dirigentes del Partido Popular, instalados, de sobra y a base de sobres, en la impunidad más absoluta, conocedores que el sistema judicial es el mismo que heredaron del franquismo (es decir, que los jueces, en su mayoría, “son de los nuestros”, y los que no lo son, no forman parte de los núcleos de decisión judicial o son expulsados), no dudan en no cumplir una sentencia y, además, provocar más daño con el incumplimiento. Así, mientras el ERE devuelto a los corrales por ilegal planteaba el despido de 2/3 de la plantilla, la decisión del cierre patronal salvaje provoca el despido de la totalidad de la plantilla (los más afectos al régimen serán recolocados de modo inmediato) y la liquidación de la sociedad.
El quebranto laboral provocado por la decisión de ir al cierre patronal salvaje, también provocará graves perjuicios económicos a la Comunidad Valenciana, por cuanto, hasta que legalmente la sociedad sea liquidada, habrán de seguir abonándose los sueldos de todos los trabajadores, además de ir al abono de los finiquitos, en directo y en contante y sonante, de todos ellos. A ello, también, hay que añadir que los bienes muebles (maquinaria y equipos) e inmuebles adscritos a la RTVV (los que no puedan recuperarse para uso de las administraciones públicas) sufrirán un notable deterioro por la falta de uso, y una más notable depreciación de su valor.
A la deuda acumulada por la gestión nefasta, propia de dirigentes incompetentes en lo político y ladrones en lo personal, hay que añadir los costes laborales del despido de toda la plantilla y la depreciación de los activos de la sociedad. Y todo ello lo pagarán los valencianos.
Un presidente de comunidad autónoma desbordado por la gestión delictiva de sus predecesores, acusado de cerrar la sociedad de la Tv para ocultar y destruir pruebas de la trama Gürtel, toma la decisión de ir al cierre salvaje patronal, mostrando el camino, a cualquier empresario, de que incumplir las sentencias judiciales no tiene castigo.
Y a todo esto, la mayoría de los valencianos volverán a votar al Partido Popular. Lógico, si tenemos en cuenta que, en esta tesitura, se puede afirmar que la mayoría de los valencianos son corruptos en potencia, o encubridores de delincuentes, de políticos corruptos.
Vale.
En los años 80, tras la primera victoria del PSOE en 1982 con mayoría absoluta, la prensa de la derecha, la que no aceptaba una transición tan light como luego se ha demostrado, no cejó en su empeño de deslegitimar el ejercicio de gobierno de Felipe González. Algunos recordarán aquello del rodillo socialista.
Ese rodillo socialista sirvió, entre otras cosas, para pasar de un Estado que solamente creía en la beneficencia a un Estado que apostó por la solidaridad. Porque la beneficencia es el regalo que el poderoso hace a los débiles para tenerlos callados, y la solidaridad es el reparto de cargas entre todos para que los débiles puedan vivir de pie y no arrodillados.
Ahora, cuando una crisis económica provocada por los propietarios, directos o en la sombra, de los medios de comunicación (no hay que olvidar que la patronal de los medios de comunicación pertenece a la gran patronal, a la CEOE), acucia a un gobierno de incompetentes, de sicarios al servicio del IBEX 35, esos mismos medios, los de la derecha (todos, prácticamente) defienden y ensalzan el ejercicio dictatorial del poder.
Porque una mayoría absoluta no legitima todas las decisiones de un gobierno… salvo que ese gobierno sea “de los nuestros”, el que hemos puesto ahí para que vigile “nuestros” intereses económicos. Ese es el pensamiento, la línea editorial (la del balance de resultados, por supuesto) de todos esos medios.
¿Qué diferencia hay entre la ley habilitante de Maduro, en Venezuela, y la ley de seguridad ciudadana de Rajoy? Ninguna. Porque el gobierno de Rajoy sencillamente quiere tener carta blanca para amordazar a los ciudadanos, para que su policía pueda ejercer con iniquidad cualquier fuerza para reprimir los derechos y libertades.
Cuando leyes como la LOMCE son defendidas con el único argumento del número de los votos, como hizo una diputada, demuestra que los argumentos políticos no cuentan (los ideológicos del PP están detrás del índice de la bolsa, escondidos), que les basta y les sobra disponer de una mayoría absoluta en las cámaras para legislar al antojo de la gran patronal.
Y los medios callan. Porque no hay que morder la mano que les da de comer.
Con esa mayoría absoluta tan desvergonzadamente utilizada, aplaudida por Marhuendas y demás vendidos (o comprados), el Partido Popular no tiene empacho en incumplir las sentencias judiciales (si el ERE de la Televisión Valenciana es revocado por la justicia, aplican el cierre patronal, y a otra cosa), en modelar las leyes a su gusto, a su gusto de usted, señor accionista mayoritario.
Con esa mayoría absoluta y ese desparpajo fascista que anida en La Moncloa y demás centros de poder, legislativo, ejecutivo y judicial, no es extraño que cuando un gobierno extranjero, el argentino, expropia una parte de una empresa privada, Repsol, los ministros salgan en tromba, con las portadas aireando su “valor”, a defender a la pretrolera. Pero cuando esa misma empresa, Repsol, encarga unos buques gaseros a astilleros asiáticos, más baratos, obligando prácticamente al cierre a los astilleros españoles, el gobierno se esconde, cobarde, y los periódicos miran para otro lado.
Con esa mayoría absoluta no les hace falta dar golpes de estado. Porque los 11 millones y medio de votos son sus concertinas para que los ciudadanos sangremos con el austericidio.
Mientras el IBEX 35 y los medios de comunicación sigan alentando y alimentando las políticas fascistas de Mariano Rajoy, la mayoría absoluta será un concepto político de gran valor. No cuando esa mayoría absoluta era el rodillo socialista.
Pero no hay que olvidar que el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Claro, que hay mas de 11 millones de corruptos en potencia: todos los votantes del PP.
Vale.
En la mañana de hoy, Mariano Rajoy, empleado de las empresas del IBEX 35 en su sucursal de La Moncloa a título de Presidente del Gobierno, ha asistido a uno de esos saraos que tanto gustan a los dirigentes políticos y empresariales: un desayuno informativo en una agencia de prensa conservadora.
El protagonista era el dueño de varios equipos de fútbol de primera división: Elche, Levante y Valencia. Un tal Alberto Fabra, que para no acatar y cumplir una sentencia judicial ordena un cierre patronal. Un demócrata de toda la vida.
En ese sarao, a Mariano Rajoy se le ha escapado una de esas frases que pretenden sentenciar una cuestión. Bueno, no se le ha escapado, porque la llevaba escrita. Y la ha leído. #Findelacita.
Dice el capataz del IBEX 35 que “se ha pedido mucho a los españoles, pero se les devolverá ‘con creces’”. Una frase perfectamente construida que refleja cuál es el designio presidencial de Rajoy.
Porque, que yo sepa, ha sido él, Mariano Rajoy, el que espoleado en los costados por las botas de Ángela Merkel, ha servido los intereses de sus verdaderos patrones, los grandes empresarios, el que nos ha ido quitando, robando, y sigue, el estado del bienestar. Ha sido él el que nos pretende eliminar cualquier resquicio de derechos. Y, ahora, pretende resucitar la Ley de Vagos y Maleantes transmutada en un engendro fascista promovido por un meapilas del Opus Dei, con el nombre de Ley de Seguridad Ciudadana.
Porque ha sido él, Mariano Rajoy el que nos ha robado los derechos, pero en su frase, pretendidamente lapidaria, no es él el que asume que nos devolverá nada de lo que nos ha hurtado. Deriva esa devolución a un inconcreto, indefinido, nebuloso “se les devolverá”.
Mariano Rajoy, el mayordomo del IBEX 35 que sirve leyes y decretos a sus amos desde La Moncloa, no asume, desde ya, ninguna responsabilidad en el robo de derechos sociales, laborales, económicos. No asume ninguna responsabilidad en el desmantelamiento de la sanidad pública, de la educación pública.
Y no lo admite por una sencilla razón: es un mandado, un siervo que solamente responde a la voz de sus amos.
Vale.
El Gobierno del Partido Popular pretende aprobar una Ley de Seguridad Ciudadana que por lo conocido a través de los medios de comunicación, dejará pequeña la calificación de “patada en la puerta” que tuvo la Ley promovida por José Luis Corcuera. Por lo conocido, la Ley que ahora impulsa el opusdeísta Martínez Martínez tendrá que ser denominada “ley de la patada en los huevos a la democracia”. O en los ovarios, a elegir. Así, sin más.
También, a través de los medios de comunicación, los diputados de la oposición se quejan de que se trata de una ley represora, con algún diputado bien hablado que habla de “patada en la boca”. Políticamente correctos pero sin sangre. Todos.
Lo más grave de todo lo que he ido viendo y leyendo no son las barbaridades que se pretenden incluir en la ley, en una ley claramente fascista, sino que los grupos de la oposición, sobre todo los de la izquierda ya anuncian recursos al Tribunal Constitucional. ¿Por qué recurrirla?
Lo más grave es que los partidos de la oposición, especialmente los de izquierda, se avengan a tramitar semejante catálogo de latrocinios contra los derechos fundamentales.
¿Qué pasaría si, el mismo día en que tenga entrada en el registro del Congreso el Proyecto de la Ley de la Patada en los Huevos a la Democracia, todos los diputados de la oposición contrarios a apalizar, encarcelar, sangrar a los ciudadanos, presentan su renuncia al acta de diputado y los partidos, todos, acuerdan formalmente que ninguno de los demás miembros de sus listas accederán a esa condición de diputados?
Esta Ley, que parece estar inspirada en las cosas que más le gustaban a los ministros de la Gobernación del generalito, nunca debería, siquiera, comenzar a tramitarse. El ministro opusdeísta del Interior, Martínez Diaz, parece que, como Oreja Grande, añora los tiempos de extraordinaria placidez del franquismo, y algún asesor le ha dicho que puede suspender cuando quiera los fueros de los españoles y que con la ley de vagos y maleantes puede hacer caja.
Que todos los partidos de la oposición, todos, fueran capaces de acordar que, antes que asistir a la aprobación por la mayoría absoluta del PP un engendro fascista como el que pretende el ministro del Interior Martínez Diaz, es mejor, más sano democráticamente, dejar el acta en el escaño, dejar de ser diputado, salir a la calle y ponerse del lado de los ciudadanos a los que se les quiere poner una mordaza.
Vale.
El 17 de noviembre de 1974, hace 39 años, murió Casimiro Sánchez Martín, mi abuelo. El 17 de noviembre de 2013 ha fallecido Rosario Sánchez Navarro, su hija, mi madre. Una triste coincidencia.
Pero para mí, mi madre, Rosario, murió, en parte, cuando su memoria se perdió en la nebulosa de unos “infartos cerebrales”, que cada vez más iban matando sus células cerebrales, sus conexiones eléctricas, esas conexiones que unen células e iluminan los recuerdos y la memoria.
Mi madre, que con 11 años, la mayor de siete hermanos, se tuvo que hacer la fuerte, la madre de familia, porque Casimiro fue encarcelado, perseguido por los fascistas que dieron un golpe de estado en 1936 para, desde el 18 de julio de ese año dedicarse a la persecución, hasta la muerte en muchos miles de casos, de quienes habían creído en la II República.
Mi madre, que con 11 años, con el padre, Casimiro, pisando la prisión, y con la madre, Ramona (https://cercadelasretamas.com/2008/12/31/abuela-ramona-memoria-historica-recuerdo-de-familia/) condenada a muerte, embarazada de 7 meses, Rosario era cabeza de familia. Porque a la hermana de Casimiro, en el mismo juicio que a Ramona, Dionisia Sánchez Martín, la fusilaron los golpistas del 36.
Hace ya algunos años, su memoria fue muriendo, hasta que ayer murió ella, Rosario. Una memoria que recordaba el miedo que los vecinos de la calle de la Pulmonía, en Cáceres, sentían cuando, de noche, escuchaban el paso militar de soldados nazis, que entraban en la ciudad en la que lugareños (antepasados de muchos de los que ahora gobiernan) aprovechaban el golpe de estado para ajustar cuentas, para asesinar de modo cobarde.
Por eso, cuando ayer, 17 de noviembre de 2013, a primera hora de la tarde se la apagó la respiración a Rosario, desapareció el último atisbo de una memoria necesaria.
Vale.
En estos días, el PSOE está reunido en una conferencia que pretender marcar unas líneas programáticas de futuro, de un proyecto futuro para 2015. No está mal. Pero…
Pero los ciudadanos necesitan un proyecto de futuro para ayer. El mañana lo han tomado la derecha y los bancos, los medios de prensa y propaganda al servicio del poder económico.
No estamos en una coyuntura económica ni social. Estamos en una desestructuración social, económica y cultural. Las coyunturas forman parte del paisaje ordinario de la sociedad. La estructura permanece.
El gobierno del Partido Popular, títere del poder económico, y los medios de comunicación, ahogados por las deudas, son serviles al poder. Lo hemos visto con la Radio Televisión Valenciana: los mismos periodistas que con la coyuntura política manipulaban serviles, piden ahora apoyo de los ciudadanos a los que manipularon y engañaron por dinero. Porque ahora la RTVV no está en una coyuntura, está en la destrucción de la estructura.
El PSOE debe hacer autocrítica real (las personas son lo de menos) y decirle a los ciudadanos que reformar el artículo 135 de la Constitución al dictado del BCE y el FMI fue un error.
La Conferencia socialista es necesaria en la coyuntura, pero es prescindible en la estructura.
Ayer ya será tarde para los 6 millones de parados. Ayer ya será tarde para los pensionistas de dentro de 10 años. Ayer ya será tarde para los jóvenes que la única frontera de futuro está en la emigración.
La estructura del estado del bienestar que la derecha está desmontando, paso a paso, no puede esperar un proyecto para dos años. Necesita ya que ayer esté listo.
No estamos en una situación política ordinaria, donde la coyuntura es un instrumento. Estamos en una situación política extraordinaria, donde la estructura ha sido desmontada, piedra a piedra, y no existe argamasa para poderla reconstruir.
Ayer será tarde para todos. Seguramente, para el PSOE también puede serlo.
Vale.
En una de las dos gacetillas que se publican en Extremadura (algunos todavía las llaman periódicos), se publica un artículo, en el día de hoy, de un antiguo alcalde de Cáceres sobre el Acuartelamiento de Santa Ana en el que las medias verdades, las grandes mentiras y las ocultaciones son la muestra de cómo, para algunos, la memoria es débil.
Dice el autor que en 2001, cuando se tuvo la primera noticia de la posible desaparición de la Unidad Militar que ocupa Santa Ana, se produjo una gran reacción social y pondera el trabajo que hizo la Plataforma que entonces se creó. Plataforma a la que él odiaba y que era un grano muy duro y rugoso en su zapato. Media verdad.
Dice el autor que en 2003 el entonces Jefe del Ejército (y hoy, retirado, cargo político designado por el Partido Popular en el Cabildo de Menorca) le transmitió un mensaje nítido del entonces minisTrillo para que Santa Ana no se cerrara y que, para ello, podría albergar un centro de instrucción de unidades mecanizadas. Dos medias verdades. Una, lo del minisTrillo, por cuanto era decisión del Ministro del YAK-42 que la formación de todos los nuevos soldados del Ejército profesional se iba a hacer en las Academias militares. Otra, lo del centro de instrucción de unidades mecanizadas. ¿Por qué se fueron técnicos de PROINTEC y municipales y algún concejal casi hasta Carmonita a buscar esos terrenos? Nunca lo explicaron. Estas dos medias verdades, que conforman una gran mentira, se cierra con la afirmación de la gran amistad del autor del artículo con el ministrillo y el empeño de este en que no se cerrara Santa Ana: desde 2001, cuando se tuvo la primera noticia, hasta abril de 2004, cuando el minisTrillo cesó, nunca, nunca hubo una entrevista personal entre el autor del escrito y el minisTrillo. Y telefónica, lo dudo.
Sigue la memoria fallándole cuando se traslada hasta el año 2006, saltándose que el 31 de mayo de 2004, el ministroBono de Defensa, acompañado por el presidente de la Junta, por el mismo Jefe del Ejército que quería el centro de instrucción de unidades mecanizadas, y por el general que luego le sustituyó, visitaron Santa Ana y se anunció que vendría a Cáceres una “unidad de ingenieros” que “sustituiría al CIMOV”. Por cierto, en la reunión previa, dentro del Cuartel, antes de atender a los medios y dirigirse las autoridades al personal, se produjo un comentario inadecuado que indignó al entonces presidente de la Junta. Cuando la memoria es selectiva, en realidad, está escondiendo una nueva mentira.
Siguen las afirmaciones curiosas, como las derivadas de la reunión entre el ministroBono, el presidente de la Junta y el autor del artículo, en las que se dice que el Regimiento de Ingenieros debería estar en Cáceres en 2006. Nunca le dijeron eso, por una sencilla razón, porque hasta el mismo día en que el ministroBono cesó en su cargo, no se aprobó la reorganización y despliegue de la Fuerza. Media verdad. Sobre por qué asistió él a la reunión, uno de los otros dos cargos públicos asistentes podría decir cómo se produjo la invitación.
Más curiosa es aún la afirmación de, como consecuencia de aquella reunión, que el ayuntamiento asesoraría y localizaría los terrenos necesarios, hasta las 280 hectáreas necesarias para ampliar Santa Ana. En aquella reunión, los otros dos cargos tenían la documentación delimitada de esos terrenos y el parcelario catastral. Media verdad.
Y la otra media verdad es que los terrenos necesarios para la ampliación ya estaban incluidos en el planeamiento como de uso militar. Bueno, esto no es media verdad ni media mentira. Es mentira. Los únicos terrenos de uso militar que aparecen en todas las versiones de la revisión del Plan General Municipal, entonces en tramitación, son los de Santa Ana. Ah, un detalle: nin concejales ni técnicos municipales buscaron terreno alguno. Lo único que aportó el Ayuntamiento de cara a la reunión de 2006 fue la finca lindante con La Arropecilla, frente a Las Camellas, de poco más de 100 hectáreas y totalmente insuficiente e inadecuada a los fines que se pretendían.
Respecto del Protocolo firmado entre Ministerio de Defensa, Ayuntamiento y Junta de Extremadura, una mentira clamorosa: el Ministerio no pidió nuevos terrenos (se trabajaba con la propuesta de 2006) y el Ayuntamiento nunca se los cedió, obviamente. Se trataba de un protocolo algo complejo para las entendederas de algunos, que nunca llegaron a comprender que era aquello de un Centro de Instrucción de Unidades Mecanizadas (o nunca lo explicaron, porque no lo entendían).
Entre medias verdades, fallos de memoria, mentiras completas, dificultades en la comprensión lectora y demás, se pergeña un texto, que pasa por artículo de opinión. Y la gacetilla lo publica. Por supuesto.
Vale.
En estos días vemos cómo los bancos anuncian sus beneficios en los trimestres del año transcurridos, cómo las grandes empresas que cotizan en el IBEX 35 hacen palmas con unas subidas cuyo origen se desconoce (desconocemos, en realidad), cómo se utilizan los conceptos económicos en beneficio del capital (con una pírrica décima de incremento del PIB en un sólo trimestre se afirma que ya hemos salido de la recesión), cómo el heredero habla de salir del pesimismo cuando él está tan feliz… En estos días asistimos a un desfile pornográfico.
En twittter, “Eterno Primavera” (@SiPeroNo1) escribía “¿Estamos locos? Un millón más de parados que con ZP y la prensa diciendo que es el mejor dato del paro desde 2005”. Claro, es que Eterno Primavera no ha descontado la pornografía.
En la entrega de los premios del heredero, Muñoz Molina criticó la actual situación, habló de menguantes salarios… pero no señaló, no habló de los culpables. Porque esa actitud forma parte de la pornografía.
Define la RAE la palabra pornografía así: “Carácter obsceno de obras literarias o artísticas”. Pues estos días, los medios de comunicación están haciendo pornografía con los datos económicos. Pornografía porque todos los periódicos, radios y televisiones (los minoritarios, generalmente, digitales, no cuentan) lamen las partes pudendas de los que les dan de comer, los que les echan el pienso en el pesebre a diario, los que deciden dónde, cuándo y cómo hacer un ERE para que el sicario de turno, normalmente el director, sea el que haga la lista negra de los que tienen que ser despedidos.
Esta orgía pornográfica, en las que unos trabajan los vicios de sus amos y señores con alguna protección (vamos, que parece que, pero que no lo es) por el qué dirán, que ya les importa menos, y otros, los marhuendas de turnos, que son muchos, cada vez más y menos finos en las artes pornográficas, va camino de ser lo que ya es: una cinta llena viciosos a sueldo, mamando las ubres de los que les pagan, y en la que parados, trabajadores, hombres y mujeres del común, miran bajo el yugo de nuevos recortes.
Porque en esta orgía pornográfica, en la que los amos (bancos, banqueros, empresarios que hunden negocios como las autopistas y luego dan lecciones de economía) ordenan a sus heraldos (Unidad Editorial, Grupo Planeta, Grupo Prisa, Grupo Vocento) que jaleen los miles de millones de beneficios que obtienen, y en la que los sicarios que tienen sentados en la mesa del Consejo de Tramposos, tienen siempre dispuesta la hipocresía de Montoro, la soberbia de Soraya, la prepotencia de Wert, el sadismo de Mato, el cinismo de De Guindos, la segadora de Bañez, los drones de Morenés… para amenazar a parados, a mujeres, a enfermos, a pensionistas, a funcionarios, a jóvenes… Y la amenaza va surtiendo efecto: ahora, a los amenazados los llaman la “mayoría silenciosa”, la misma expresión que la dictadura del general bajito copió de Nixon (a) El Trampas.
En esta orgía pornográfica, la obscenidad erótica es el discurso de Muñoz Molina: señaló qué pasa, pero no se atrevió a decir que allí, junto a él, estaban muchos responsables, culpables de lo que pasa. Quedó bien con los que le veían y a los actores de la película porno que estaban sentados junto a él mientras hablaban, les quedó la expresión: “fijaos, pobres desgraciados, lo buenos que somos que dejamos que se metan con nosotros”. Pero flojito, que diría Gila.
Vale.
En Cáceres venimos arrastrando una cuestión, la de la continuidad del Centro de Formación de Tropa nº 1, Cefot 1, desde marzo de 2012. Desde finales de ese mes que se hizo pública la situación de cierre temporal (cambiada posteriormente a apertura temporal, vaso medio lleno o medio vacío), y que la alcasenadora Elena Nevado tenía conocimiento desde el día 6 de ese mes, en que fue informada por la Subsecretaria de Defensa. Desde ese 6 de marzo hasta que www.elperiodicoextremadura.com publicó la información, el 26, Elena Nevado la ocultó a los ciudadanos.
El desconocimiento de los procedimientos en el ámbito del Ministerio de Defensa por parte de Elena Nevado, unido a su incapacidad de gestionar unos tiempos que se le escapan a su comprensión, nos ha llevado a saber, por ejemplo, que en diciembre de 2012, votó en el Senado en contra de la continuidad del Cefot 1.
En marzo de 2013, aprovechando el ajuste de cuentas de la derecha con el Estado del Bienestar, el Ayuntamiento de Cáceres dejó sin transporte público al Campamento de Santa Ana, colocando la parada más cercana en un punto distante un kilómetro y que requiere cruzar una Carretera Nacional en dos ocasiones para poder llegar a la entrada. Pero había que ahorrar. Aunque el ahorro, si lo hay, es mínimo y, como usuario de esa línea, estoy seguro que muchos concejales del Partido Popular de Cáceres tendrían problemas estomacales después de hacer el trayecto entre la entrada del Ceres Golf y el Edificio Múltiples en 20 minutos, entrando y saliendo de La Cañada y pasando por el Nuevo Cáceres. La pericia de los conductores suple con cierta garantía el desaguisado que se ha cometido.
Dejar al Cefot de Cáceres sin autobús urbano contrasta, por ejemplo, con la información que la página web del Cefot 2, en San Fernando, recoge para informar que “está bien comunicado por transporte público, siendo muy cómodos sus accesos”.
En el pleno celebrado ayer, 17 de octubre, la oposición preguntó si, ante la llegada inminente de más de 600 alumnos, se tenía previsto reponer el servicio de autobuses. La alcaldesa respondió con largas.
Hoy, tras una rueda de prensa de la oposición sobre la situación del Cefot 1, el primer teniente de alcalde, Valentín Pacheco, sin duda siguiendo las enseñanzas de su jefa, ha afirmado, al parecer, sin ruborizarse, que ya están en conversaciones con el Centro. ¿Y luego, se ha fumado un puro?
Los alumnos se incoporan el lunes, pero al información de que se incorporarán precisamente el lunes, es pública desde la fecha en que se hizo la convocatoria, en junio. Y ¿qué es eso de estar en conversaciones con…? El servicio de autobuses urbanos es competencia exclusiva del Ayuntamiento, porque, que yo sepa, cuando decidieron suprimirlo no hubo conversaciones, lo que hubo fue despotismo (nada ilustrado, por los iletrados no pueden ilustrar a nadie).
El Ayuntamiento de Cáceres, en el que en el equipo de gobierno se esconde la información y se miente a partes iguales, estas mentirar tienen forma piramidal.
El primer teniente de alcalde, sustituto natural de la alcasenadora, debería conocer cómo funcionan determinados servicios. El de autobuses no lo conoce porque no lo usa. Y para justificar la incompetencia del Partido Popular, miente. Como decía José Luis Coll, el afamado neurocirujano, “miente como un concejal”.
Vale.
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