Se refiere Ramón Jiménez en sus sesiones de venta del producto a quienes quieren escucharle que el proyecto de su mina de litio es un Proyecto Robusto. Pues creo que no, que es más bien un amasijo de grasas nocivas.

Nada más abrir la primera página de la memoria del documento inicial presentado por ¿Extremadura New Energies? sobre la mina de Valdeflores observamos la primera trampa. Y digo bien trampa porque lo es. El documento se formula por una empresa a través de su participación mayoritaria en otra. Una cuestión es que sea legal y otra que los administrados, y no solo las empresas que sean parte de un proceso, conozcamos cuáles son o pueden ser las consecuencias de un determinado procedimiento.

El citado documento, llamado “inicial” a los efectos de obtención de calificación positiva de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, a nivel de documento de alcance.

Pero no existe un promotor, sino que parece que son dos, y en ese caso deberían constituir una UTE conforme a la legislación que le fuera de aplicación, para obtener una personalidad jurídica única.

Es decir, los “promotores” cuyos Códigos de Identificación Fiscal son B-37555695 y B-87667861, deben decidir cual es la empresa RESPONSABLE de la iniciativa, puesto que la administración, cualquiera que sea, no puede resolver a favor de dos empresas distintas una misma decisión, sobre un mismo ámbito y en un mismo espacio de tiempo.

Dada la naturaleza conflictiva que supone la posible futura explotación minera en unos parajes como los del valle de Valdeflores (esta es su toponimia exacta, y no otra) en Cáceres, eliminar cualquier posibilidad que pudiera darse por la inexistencia de una perfecta identificación de la empresa que pudiera incurrir en cualquier grado de responsabilidad ambiental o medio ambiental sería, en primer término una notificación por parte de la administración ante la cual se tramite la documentación, requiriendo identificar sin ningún lugar a dudas la correcta definición jurídica de la empresa que inicia la tramitación.

Esto es, el órgano de la Junta de Extremadura ante el que se haya presentado llamado “Documento Inicial de Mina Interior Valdeflores”, deberá comunicar a la persona física que hubiera presentado el Documento que es necesaria la identificación de la persona jurídica que desea la tramitación. En el caso de que fueran las dos empresas que se citan en el inicio de la Memoria, deberán constituir una UTE de conformidad con la legislación vigente para este tipo de asociación de empresas.

El plazo que la administración actuante, esto es, la Junta de Extremadura, tuviera marcado en su catálogo de trámites (si el objeto a que se refiere el citado documento inicial), o el que fuera previsible por razón de la materia, se suspenderá hasta tanto se resuelva la incidencia.

Desde el punto de vista social, dada la conflictividad que puede plantearse por la posible concesión del permiso de explotación, y las afecciones de todo tipo que pudieran producirse, requiere la identificación en todo momento de la empresa responsable de daños, molestias, situaciones de insalubridad y peligrosidad, lo que no se garantiza si desde el primer momento los promotores juegan a tener dos cabezas distintas, que pueden cambiar en cualquier momento y eludir así cualquier responsabilidad.

Lo mismo que la Comunidad Autónoma ha establecido un Decreto-Ley para que las empresas que quieran explotar el litio en la región extremeña tengan un marco jurídico seguro al que atenerse, en justa correspondencia esas empresas debe cumplir los requisitos suficientes para actuar on seguridad jurídica por las derivadas que pudieran surgir de su actividad.

Dicho en roman paladino: o la empresa promotora se identifica como es debido o no se puede tramitar un expediente con dos cabezas.

Y ya sabemos cómo se las gasta el CEO al que los mineros australianos le han confiado (a cambio de buenos sueldos y bonus) la gestión de sus intereses.

Con dos barajas no se juega.

Vale

… continuará…

Cada vez más cerca.

“La juez apunta al expresidente de la Región de Murcia por prevaricación, malversación y fraude de subvenciones en la desaladora de Escombreras.” Así encabeza la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Murcia la información sobre el auto de la titular del Juzgado nº de Murcia. Un encabezamiento nada aséptico, más bien definitorio. Y es que el asunto de la desaladora, partido en dos sumarios, todavía tiene dos hitos importantes: los emplazamientos de apertura de juicio.

Estas diligencias del auto del Juzgado nº 1 tienen su origen en las instruidas en el juzgado de Instrucción número 5, de las que se dedujo testimonio para investigar la participación del expresidente en los hechos allí denunciados. Cabe recordar que esa primera investigación se centró en los miembros del consejo de administración del Ente Público del Agua y la Empresa Pública de la Desaladora de Escombreras, entre ellos el exconsejero de Agricultura y Agua y presidente del Ente, Antonio C. C., en lo que la resolución denomina “parte pública”; y los administradores o representantes de la mercantil Hidromanagemet y de la empresa Técnicas de Desalinización de Aguas (Tedagua), o “parte privada”. Además de las mercantiles Hydromanagement, Tedagua, Cobra Instalaciones y Servicios SA, Moncobra SA, Cobra Gestión de Infraestructuras SLU, Hidronostrum SA y Desaladora de Escombreras (estas dos últimas a través de ESAMUR)

El segundo procedimiento, dirigido contra el expresidente, fue inicialmente archivado en enero de 2021 y posteriormente reabierto tras un recurso de apelación del Ministerio Fiscal.

Así, ahora, la instructora partiendo de las indicaciones efectuadas por la Audiencia Provincial de Murcia en la resolución de 30 de marzo de 2022 que revocó el anterior auto de sobreseimiento, procede al examen de los datos e indicios, “sin apartarse del criterio valorativo” que aquella ha marcado, “enfatizando el papel garante, como máximo responsable de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), atribuido al investigado”.

Con la premisa de que el investigado, como presidente de la Región de Murcia, “conocía sus obligaciones y era garante del cumplimiento de la legalidad y en todos los pasos que condujeron a la adquisición de la desaladora intervino por acción u omisión cooperando de ese modo a su ejecución”, la resolución relata “la cronología real de todos los contratos celebrados en torno al Proyecto de la Desaladora de Escombreras y la presunta connivencia de la parte pública y privada”, esto es -explica el texto- el concierto entre la Comunidad Autónoma (siendo el investigado, presidente del Consejo de Gobierno) por medio de la Consejería de Agricultura y Agua (dependiente jerárquicamente del investigado) y las empresas privadas Hydromanagement S.L. y grupo empresarial ACS, “investigados todos ellos en el Juzgado de Instrucción nº5 de Murcia en DP 956/16”.

Los hechos a los que se refieren el auto conocido ayer son los mismos que los reseñados en el auto de 3 de marzo de 2020, y en ellos se explica cómo una trama urdida entre cargos públicos y ténicos de la Comunidad de Murcia y miembros de los consejos de administración de diversas empresas privadas llevó a quedara establecido un quebranto económico para la Comunidad que podría evaluarse en unos 600 millones de euros. En dicha trama público-privada tuvo un papel relevante el actual CEO de la empresa Extremadura New Energies, Ramón Jiménez Serrano, que al conocerse su participación en la trama no ha podido dar ninguna explicación seria sobre su grado de implicación, salvo la conocida de que se trata de un ataque personal.

Vale

… continuará…

El retorno de los emisarios de don Tribilín.

Don Tribilín Cascotes estaba muy enfadado. Mucho. Había colocado en la enorme mesa de jefe la cabeza disecada de un zorro con las fauces abiertas y la acariciaba con parsimonia. Había ordenado que sus enviados al sureste de sus dominios volvieran cuanto antes para que le explicaran qué había pasado para que los dineros que le decían en los mensajes que le iban a llegar, que estaban detenidos en el camino.

Y eso que don Tribilín estaba contento, había estado contento a primera hora, porque, por fin, el gobierno había accedido al nuevo procedimiento para hacer las nuevas carreteras que hicieran falta.

Don Tribilín comenzaría esas nuevas carreteras por la de Teruel a Tarragona, que pensaba que le daría grandes beneficios. Una carretera única, a la que únicamente concretar un detalle. La nueva carretera tendrá la misma anchura y longitud, y esperaba que volvieran a rendirme cuentas estos servidores míos, para que con sus buenas acciones, engrosaran las cuentas con las que desarrollar estas nuevas y revolucionarias vías.

Pero parece ser que de los cinco servidores, ninguno ha vuelto con las arcas llenas, y aunque contrariado, no pensaba castigarlos.

Bueno, castigarlos a todos no, a algunos, o a alguno solamente.

Porque Pedro Francisco y Juan Enrique llevan toda la vida con él, llevándole algunos asuntos, y siempre sin tener que andar preguntando. Ya se conocen al dedillo las cuitas de don Tribilín, y sus ideas geniales, aunque luego tengan que, con diplomacia, saber cómo las tiene que rechazar. Como aquella de hacer un tiovivo cuadrado, que sería una obra de ingeniería y matemáticas que sorprendería al mundo. O cuando quiso construir una depuradora de aguas en Cáceres, cuyas aguas depuradas verterían al río Guadiloba convertidas en agua con gas.

Ni Pedro Francisco ni Juan Enrique merecían perder los favores de don Tribilín Cascotes, que estos días andaba cuadrando el presupuesto del nuevo campo de fútbol del pueblo, en el que, para ahorrar costes, había hecho que las rayas del campo estuvieran hechas de hormigón, a base de un tabiquillo de hormigón de 25 cm de altura, para el balón, al menos cuando los jugadores de su equipo lo movieran rasito sobre la hierba, no saliera de los límites.

Pero así era don Tribilín, que lo mismo perdonaba algún error de sus más fieles consejeros, y Pedro Francisco y Juan Enrique lo eran, se mostraba a veces implacable al máximo con los que no se atrevían, siquiera, a levantar su mirada y dirigirse a él.

Con Abel fue también algo riguroso, pero ese nombre, como el del hijo bueno de Adán y Eva, tampoco sería todo lo riguroso que se merecía. Parecía que la cabeza incorrupta del zorro, que acariciaba lentamente ponía su pelaje suave y ablandaba su corazón. Y hablando de corazón, cuando estuvo en boca de todos su idea de hacer un hospital solamente para sanos, y enfrente, otro para enfermos. El negocio era seguro: cuando hubiera una baja en el hospital de enfermos, rápidamente se realizaría un sorteo en el hospital de sanos para cubrir la baja. Negocio rápido y redondo.

Habían entrado en el despacho, en el enorme despacho de don Tribilín y éste, a lo lejos, cuando fueron anunciados exclamó:

• A ver, los que vienen de la huerta, ¿qué me habéis traído?

• Yo, señor, dijo Juan Enrique, un saco de arroz de Calasparra.

• Bien, bien, veo que conoces mis gustos culinarios. ¿Y tú? dijo señalando a Pedro Francisco.

• Yo, señor, unos pimientos rojos carnosos, para asar al horno.

• Bien, bien.

• Yo, don Tribilín, le he traído unas mojamas de chuparse los dedos, acertó a decir Abel.

• Bien, bien ricas que están.

• Pues yo, dijo Calixto, le he traído unos crespillos típicos Cartagena, que están muy ricos a la hora de merendar.

• Bueno, bueno. Lo mismo premio tu iniciativa y te recomiendo para que hagas compañía a un marqués enemigo mío con el que me llevo muy bien. ¿Y tú, dijo señalando a Pedro Enrique?

• Pues creo que lo mejor que hemos conseguido hacer, agua de la desalinizadora de Escombreras.

Y así fue, queridos niños, como don Tribilín Cascotes recibió a sus servidores cuando volvieron de luchar contra otros elementos como ellos. Y cómo Pedro Enrique dejó de ser uno de sus siervos.

CAST OF CHARACTERS

Juan Enrique Eugenio Llorente

Calixto Alfonso Aguirre

Pedro Francisco José Alfonso Nebrera

Abel Cristóbal González

Pedro Enrique Ramón Jiménez Serrano (a) El Robusto

Vale

… continuará…

Curso acelerado de financiación.

Un proyecto cuyo coste aumentaba a medida que había que llevar a cabo cualquier modificación, requería también un modelo definido de financiación. Y en el sumario constan varios contratos de financiación a favor de BANESTO: el contrato mercantil de financiación, donde se exponía que la inversión necesaria para construcción, puesta en marcha y posterior arrendamiento de planta, incluyendo dotación inicial de reserva del servicio de la deuda, ascendía a 108.920.281 € sin incluir IVA; el importe máximo de financiación eran 98 mills €, una línea de avales (ambas líneas no podían superar los 98 millones; y un crédito para financiar el IVA de 16 millones.

Un informe de Forest Partners presentado en sede judicial por HYDRO MANAGEMENT SL decía:

La financiación del Proyecto se obtenía con el PROJECT FINANCE, una de las formas más habituales para períodos largos de amortización, elevado capital de inversión y mínima confianza en la generación futura de flujos de proyecto para permitir la devolución del préstamo (sin acudir a la garantía de los activos o del patrimonio de accionistas / socios). En virtud del mismo (project finance), HYDRO MANAGEMENT SL abonaba semestralmente a BANESTO las cuotas del préstamo; Desaladora de Escombreras abonaba mensualmente a Hydro Management el pago del alquiler.

El préstamo y el alquiler se decía fijado en función del valor de la infraestructura construida de forma que el pago de las cuotas del arrendamiento permitiese dispone a Desaladora del uso de la explotación de la planta desde el primer momento, para realizar la gestión y venta de la planta ostentando al final del arrendamiento la titularidad de la planta. Según dicho informe, Desaladora contaría para cumplir con el pago de sus obligaciones con los ingresos generados con la venta de agua sin necesidad de que la Región de Murcia realizase ninguna conversión ni endeudamiento con la construcción de la planta. Afirmación sin ningún atisbo de realiza, apostilla la jueza en su auto. Recogía el informe de Forest Partners que Hydro Management (empresa de Ramón Jiménez) había aportado como fondos propios al proyecto 10’9 millones de €, además de prestar determinadas garantías y asumir determinados riesgos. Hay que recordad que HM tenía un capital social inicial de 12.000 €, y una ampliación del mismo de 9.360 €, esto es, 21.360 €.

En el citado informe de Forest, HM afirmaba haber pagado 64,2 millones de €, quedando pendiente de pago un principal de 68’9 millones más intereses hasta la fecha. Asimismo HM afirmaba haber mejorado la planta en 39,3 millones de euros.

La jueza titular del nº 5 de los de Murcia finaliza el análisis de la financiación con el estudio que la sociedad ACCUORE realiza del contrato de arrendamiento, que fue firmado en 2006 por Ramón Jiménez Serrano en nombre y representación de Hydro Management (HM), y que a la fecha de las diligencias instruidas para valorar en sede judicial la desaladora y el perjuicio causado a las arcas de la Comunidad de la Región de Murcia, hasta la finalización de dicho contrato, esto es, el período de 2012-2034, la cantidad de 612’50 millones de €, mientras que la resolución del contrato en 2012 supondría el pago de 444 millones más el valor contable del activo, más gastos financieros, más la deuda existente entre Desaladora SA e Hydro Management.

Un contrato claramente leonino el urdido en 2006 por Ramón Jiménez y sus socios, que debe servir de alerta para cualquier contrato que el CEO pudiera firmar con empresas locales, o con la administración, teniendo siempre en cuenta que una concesión es un tipo de contrato.

Vale

… continuará…?

Lo que decía la prensa en 2018.

//Transcribimos literalmente la información publicada en ElDiario.es, el día 15 de septiembre de 2018, firmada por ELISA RECHE, a las 19:05 horas. Al final de esta entrada se colocará el link correspondiente.//

La fiscal María Isabel Neira Campos, que investiga la presunta malversación multimillonaria en la desaladora de Escombreras, considera que el Gobierno de la Región de Murcia y dos empresas, entre ellas Cobra, filial de ACS que preside Florentino Pérez, planificaron un entramado de sociedades que provocaron un agujero de 600 millones, según aparece en un informe del ministerio público del 13 de julio al que ha accedido Vozpópuli.

Dicho informe ha sido trasladado al Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia que investiga el caso `La Sal´. “Desde la recepción provisional y puesta en marcha de la desaladora de Escombreras en abril de 2009, se ha mostrado como una fuente de gastos imponentes para el Gobierno de la Región de Murcia que se mantiene nueve años después”, señala Neira en su escrito.

Basándose en el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de 29 de enero de 2018, en la cronología de los hechos y en las declaraciones de los investigados, la fiscal concluye que las compañías privadas y el Gobierno murciano, entonces presidido por Ramón Luis Valcárcel, ahora eurodiputado del PP, pudieron haber amañado el contrato de la desaladora de Cartagena.

“Apuntan a que se planificó coordinadamente entre el Ente Público del Agua (EPA) del Gobierno de Murcia y las sociedades mercantiles privadas investigadas (Hidromanagement S.L. y Grupo Cobra/ACS) todo un esquema de contratos y sociedades constituidas cronológicamente según un orden aparentemente disociado entre lo público y lo privado, aunque en realidad parecen obedecer a un diseño único, para conseguir que se construyese una planta desaladora en el valle de Escombreras”, se puede leer en el documento del pasado 13 de julio.

En el caso de`La Sal´se investigan delitos de malversación de caudales públicos continuado, cohecho continuado, fraude, falsedades documentales continuadas y delito societario en este presunto entramado para dar agua a las nuevas edificaciones que se iban a levantar en pleno boom inmobiliario sin necesidad de obtener el permiso imprescindible de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), como dicta la Ley de Aguas.

No sólo no se solicitaron dichos permisos a la CHS al haberse creado para ello la EPA, sino también se creó un entramado societario sin riesgo económico “garantizándose por 25 años sendos contratos muy lucrativos, que se hayan cumplido o no en cuanto al pago, son legalmente ejecutables”, añade la fiscal, en referencia al contrato por el que ACS percibirá 600 millones de euros.

Antiguos altos funcionarios imputados

En el escrito, la fiscal pide también a la juez que investiga los hechos en el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, que llame a declarar como imputados al director general de ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, José Alfonso Nebrera García; al consejero delegado de Tedagua S.A. y director general de Proyectos Integrados vinculado al Grupo ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A, Ramón Jiménez Serrano; y al director financiero del Grupo ACS industrial y consejero de Hidromanagement S.L, Cristóbal González Wiedmaier.

El ministerio público también solicita la citación como imputados de los integrantes de la empresa pública murciana Ente Público del Agua (EPA) Juan José Beltrán Valcárcel, Diego Manuel Pardo Domínguez, Miguel Ángel Ródenas Cañada y Diego Cola Palau, así como del empresario José Caballero Sevilla, persona vinculada a Hidromanagement SL, y a María Antonieta Fernández Cano, secretaria del consejo de administración de Desaladora de Escombreras S.A.

Vale

… continuará…

https://www.eldiario.es/murcia/politica/gobierno-murcia-acs-millonario-escombreras_1_1166504.html

La sementera del CEO.

Como consecuencia de la TRAMA urdida en torno a la Desaladora de Escombreras, en la que tuvo un papel muy destacado Ramón Jiménez (a) Pedro Enrique, la Asamblea Regional de Murcia puso en marcha una “Comisión Especial de Investigación sobre la construcción y puesta en funcionamiento de la Desalinizadora de Escombreras”, que el 9 de marzo de 2017 aprobó las Conclusiones y Propuestas que fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional el 12 de marzo siguiente.

En este punto, conviene recordar, como ya hemos publicado anteriormente, que Pedro Enrique (a) Ramón Serrano fue un importante cargo societario en HYDRO MANAGEMENT SL, desde 2005 hasta 2015, que también ocupó cargos en TEDAGUA y fue director general en empresas del Grupo Cobra, todas ellas que el juzgado nº 5 de los de Murcia, incluye como responsables civiles subsidiarias. Estas empresas pertenecían al grupo ACS.

A continuación no vamos a reseñar todas las conclusiones, sino aquellas en las que se mencione a algunas de las empresas con las que tuvo vinculación el actual CEO en España de una empresa minera australiana.

Primera. Nos encontramos con una trama empresarial público / privada idead por los señores Valcárcel [a la sazón presidente de la Comunidad Autónoma y encausado en el sumario “La Sal II”] y Cerdá [miembro del Consejo de Gobierno presidido por el anterior y procesado en este mismo caso], con la complicidad del grupo empresarial ACS, con el objetivo de dar cobertura a la especulación urbanística que planteaba la recalificación de más de 180 millones de m2 de suelo para construir 250.000 viviendas en los 45 municipios de la región. En ningún momento se planteó destinar ese agua a los agricultores o a los núcleos de población ya existentes.

Segunda.- Sin que constara documento, informe, estudio de necesidades o petición de Administración pública alguna, se diseñó un entramado societario que logró evitar, con absoluto desprecio a la normativa de contratación administrativa, la licitación y concurrencia pública para la construcción de la planta desalinizadora a través de empresas privadas, que obtuvieron un evidente y exagerado beneficio.

Cuarta. Se firman contratos comprometiendo a los municipios una cantidad de agua tres veces superior a la que podía producir la planta de Escombreras a pleno rendimiento.

(…)

Quinta.- Es evidente que la trama de empresas del mismo grupo COBRA realizaron contratos entre sí, cuestión esta que resulta sorprendente pues era perfectamente conocido que el mercado de la desalinización de agua era un negocio ruinoso, tal y como declararon los directivos del grupo ACS [entre ellos Ramón Jiménez] en su comparecencia ante la Comisión.

(…)

Sexta.- Mese antes de que el Ente Público del Agua constituyese la sociedad pública HIDRONOSTRUM SL, los señores Valcárcel y Cerdá ya tenían tomada la decisión de participar en el proyecto de desalación de la empresa HYDRO MANAGEMENT SL, propiedad en su integridad del Grupo Cobra, que a su vez es [era] propiedad del Grupo ACS.

Novena.-

(…)

De esta manera, con la compra de DESALADORA DE ESCOMBRERAS S.A. por parte de la empresa pública HIDRONOSTRUM SAU la Administración regional asumió como propias las obligaciones derivadas de los contratos con HYDRO MANAGEMENT S.L. (de arrendamiento por 25 años) y TEDAGUA (de operaciones y mantenimiento por 25 años), que puede suponer un coste de alrededor de 600 millones de euros a las arcas públicas.

Decimocuarta.- Las empresas del Grupo COBRA presentes en DESALADORA DE ESCOMBRERAS S.A., se aseguraron la venta de agua, sea consumida o no, a la empresa íntegramente pública, HIDRONOSTRUM SAU. Por consiguiente, la viabilidad económica de DESALADORA DE ESCOMBRERAS S.A. y, por tanto, los pagos de esta de los contratos suscritos con las empresas del grupo COBRA, para el arrendamiento de la planta con HYDRO MANAGEMENT SL y para las operaciones y mantenimiento con TEDAGUA. En definitiva, una trama perfectamente organizada que, a priori, beneficiaría al grupo COBRA a cuenta del erario público, se consumiese o no el agua producida. La Entidad Pública del Agua y el grupo COBRA lo único que no habían previsto fue la llegada de la crisis económica a partir del año 2008, con la consiguiente disminución de los ingresos de la Comunidad Autónoma de l Región de Murcia, fue la causa de los impagos de HIDRONOSTRUM SAU a DESALADORA DE ESCOMBRERAS, S.A. y, por tanto, de esta a las empresas HYDRO MANAGEMENT SL y TEDAGUA.

Decimosexta.- La Desaladora de Escombreras ha estado captando agua de la dársena sin las autorizaciones y licencias necesarias. Además, la captación de aguas en la dársena de Escombreras ha sido otro de los muchos errores de este proceso dada la calidad de las aguas en tal lugar, debido, sobre todo, al tipo de barcos que atracan allí.

Decimoséptima.- Queda en evidencia que desde enero de 2011 DESALADORA DE ESCOMBRERAS SAU (en ese momento propiedad 100% de HIDRONOSTRUM SAU) tiene problemas graves de liquidez que el imposibilitan hacer frente a sus obligaciones con HYDRO MANAGEMENT SL y TEDAGUA, lo que provoca sendas reclamaciones de deuda por la vía judicial y una deuda actual de 23,4 millones de euros.

Decimoctava.-

(…)

La desalinizadora es viable económicamente si se liberara de las desproporcionadas cargas de la trama contractual y societaria le ha irrogado y que eleva de forma ostensible el coste de producción por encima de niveles asumibles por el mercado. (…)

Decimonovena.- Existe una evidente responsabilidad política, económica y social por los perjuicios ocasionados al erario público por parte de los señores Valcárcel, Cerdá y restantes miembros de los Consejos de Gobierno que tomaron parte en las decisiones, los representantes y miembros del ENTE PÚBLICO DEL AGUA y de los diferentes Consejos de Administración de las sociedades HYDRO MANAGEMENT SL, TEDAGUA, COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA, MANCOBRA SA,DESALADORA DE ESCOMBRERAS SAU e HIDRONOSTRUM SAU que participaron en una trama público privada para una desaladora sin que existiera ningún estudio de necesidades sobre la construcción de esta infraestructura, sin que se haya cumplido la normativa de contratación pública, asumiendo la Administración regional obligaciones muy gravosas para las arcas públicas regionales sin justificación alguna, y todo ello para beneficiar a empresas privadas y mantener un modelo urbanístico especulativo en la Región de Murcia.

Como puede apreciarse, en el eje de toda esta trama corrupta, está la empresa HYDRO MANAGEMENT SL (con Ramón Jiménez en su estructura societaria hasta su cese en 2015 como presidente), TEDAGUA (de la que era Representante hasta 2014) y Grupo COBRA, de una cuyas direcciones generales fue titular, por lo que su dilatada experiencia en sortear normas y reglamentos le viene muy bien para una empresa minera, sabiendo que históricamente, estas sociedades en España han sido muy escurridizas. Y no digamos para quienes, como empresarios locales prueben a hacer contratos con ellas.

Vale

… continuará…