Cada vez más cerca.

“La juez apunta al expresidente de la Región de Murcia por prevaricación, malversación y fraude de subvenciones en la desaladora de Escombreras.” Así encabeza la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Murcia la información sobre el auto de la titular del Juzgado nº de Murcia. Un encabezamiento nada aséptico, más bien definitorio. Y es que el asunto de la desaladora, partido en dos sumarios, todavía tiene dos hitos importantes: los emplazamientos de apertura de juicio.

Estas diligencias del auto del Juzgado nº 1 tienen su origen en las instruidas en el juzgado de Instrucción número 5, de las que se dedujo testimonio para investigar la participación del expresidente en los hechos allí denunciados. Cabe recordar que esa primera investigación se centró en los miembros del consejo de administración del Ente Público del Agua y la Empresa Pública de la Desaladora de Escombreras, entre ellos el exconsejero de Agricultura y Agua y presidente del Ente, Antonio C. C., en lo que la resolución denomina “parte pública”; y los administradores o representantes de la mercantil Hidromanagemet y de la empresa Técnicas de Desalinización de Aguas (Tedagua), o “parte privada”. Además de las mercantiles Hydromanagement, Tedagua, Cobra Instalaciones y Servicios SA, Moncobra SA, Cobra Gestión de Infraestructuras SLU, Hidronostrum SA y Desaladora de Escombreras (estas dos últimas a través de ESAMUR)

El segundo procedimiento, dirigido contra el expresidente, fue inicialmente archivado en enero de 2021 y posteriormente reabierto tras un recurso de apelación del Ministerio Fiscal.

Así, ahora, la instructora partiendo de las indicaciones efectuadas por la Audiencia Provincial de Murcia en la resolución de 30 de marzo de 2022 que revocó el anterior auto de sobreseimiento, procede al examen de los datos e indicios, “sin apartarse del criterio valorativo” que aquella ha marcado, “enfatizando el papel garante, como máximo responsable de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), atribuido al investigado”.

Con la premisa de que el investigado, como presidente de la Región de Murcia, “conocía sus obligaciones y era garante del cumplimiento de la legalidad y en todos los pasos que condujeron a la adquisición de la desaladora intervino por acción u omisión cooperando de ese modo a su ejecución”, la resolución relata “la cronología real de todos los contratos celebrados en torno al Proyecto de la Desaladora de Escombreras y la presunta connivencia de la parte pública y privada”, esto es -explica el texto- el concierto entre la Comunidad Autónoma (siendo el investigado, presidente del Consejo de Gobierno) por medio de la Consejería de Agricultura y Agua (dependiente jerárquicamente del investigado) y las empresas privadas Hydromanagement S.L. y grupo empresarial ACS, “investigados todos ellos en el Juzgado de Instrucción nº5 de Murcia en DP 956/16”.

Los hechos a los que se refieren el auto conocido ayer son los mismos que los reseñados en el auto de 3 de marzo de 2020, y en ellos se explica cómo una trama urdida entre cargos públicos y ténicos de la Comunidad de Murcia y miembros de los consejos de administración de diversas empresas privadas llevó a quedara establecido un quebranto económico para la Comunidad que podría evaluarse en unos 600 millones de euros. En dicha trama público-privada tuvo un papel relevante el actual CEO de la empresa Extremadura New Energies, Ramón Jiménez Serrano, que al conocerse su participación en la trama no ha podido dar ninguna explicación seria sobre su grado de implicación, salvo la conocida de que se trata de un ataque personal.

Vale

… continuará…