Para la colección de los mejores hits del CEO.
Venimos contando en las entradas anteriores los grandes éxitos del CEO antes conocido como Pedro Enrique, y ahora ya por Ramón Jiménez Serrano, y los pingües beneficios económicos recaudados o en previsión de recaudación para sus jefes. Su saber estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado y tener como “rivales” a sujetos acomodaticios, faltos de capacidad crítica, y, dados los cargos que se les imputan en vía penal, faltos de vergüenza, le granjea beneficios importantes a su jefe, de los que ¿sí? ¿no? una parte serían para ellos.
En cambio, en el caso de la desaladora de Escombreras, la importante cuantía de los beneficios, unos 600.000.000 € por una inversión en torno a los 100.000.000 €, puede que no llegue a tal, o eso al menos es lo que se pretende con el juicio penal. Aunque la opinión pública en Murcia da por perdido ese dinero.
Con ser el caso de la desaladora de Escombreras un asunto medioambiental, no es ni mucho menos, el único asunto de esa especie en el que aparece, ¡cielos, no! el nombre de Ramón Jiménez.
Ya vimos que en el profile de nuestro CEO faltaban algunos datos sin importancia. Y un asunto de carácter medioambiental que tuvo gran importancia en su momento. Un asunto con ondas expansivas que se escuchaban en el Centro Sismológico Nacional de Toledo.
Entre 2011 y 2015, mientras proseguía su andar por los despachos de Murcia y Cartagena colando la desaladora, Ramón Jiménez también se sentaba en el consejo de administración de otra empresa, ESCAL USG, que tuvo el honor de poner en marcha el “proyecto Castor”, que tras ser aprobado por el gobierno de Rodríguez Zapatero, fue paralizado por el gobierno de M.Rajoy, hasta que en 2019, el 31 de octubre, el Gobierno decidió el sellado definitivo de los pozos del almacén de gas para evitar mayores costes de mantenimiento y mejorar la estabilidad del terreno.
En el camino se quedaron 1.350 millones de €, más de dos veces lo que le puede costar a Murcia la desaladora de Escombreras.
¿Qué pasó? Se trataba en el “proyecto Castor”de inyectar gas en un antiguo yacimiento de petróleo, el Amposta. La inyección de gas proveniente de gasoductos a través de una conexión a la altura de Vinaroz, de 30 km de longitud, producía seismos en la zona.
Inicialmente, esos seismos, de escasa magnitud, no fueron ligados por los expertos a la actividad de almacenamiento del gas, pero finalmente se conectaron ambas circunstancias que finalmente produjeron la clausura.
Pues bien. En 2011, Ramón Jiménez, nuestro CEO, es nombrado miembro del consejo de administración de ESCAL UGS, donde permaneció hasta 2015. O lo que es lo mismo, durante los cuatro años en los que perteneció a la dirección de la empresa que proyectó y puso en marcha el proyecto, fue conocedor de todas las circunstancias que rodearon su actividad.
El 23 de noviembre de 2015, ya cesada su condición de consejero de ESCAL UGS, Ramón Jiménez Serrano fue llamado a declarar ante el juzgado de Vinaroz, junto con otros seis directivos de la empresa, como imputados, mientras que el juzgado trataba de dilucidad por qué no se había realizado una evaluación ambiental del proyecto.
Tenemos, otra vez, en medio de un berenjenal judicial a nuestro CEO, aunque tengo que decir que a estas alturas no sé cuál es el recorrido que el proyecto tuvo, tiene o está teniendo en los juzgados. Seguiré la pista hasta conocer si el asunto judicial fue sobreseído cuando se hizo por el gobierno el abono de los 1.350 mill. €, o si tuvo continuidad en los juzgados, y conocer lo que deparó la suerte a Ramón Jiménez.
Pero sobre todo, me parece muy relevante señalar, en relación con el proyecto de la mina de litio, que el estudio de impacto ambiental que se formule ha de tener todas las garantías y toda la solvencia técnica y científica, para lo que debería ser realizado por un equipo multidisciplinar de la Universidad de Extremadura, con cargo a la empresa minera, sin ningún ahorro de costes.
¿Por qué esta prevención? Muy sencillo. En la memoria de los papeles presentados “en Mérida” por el CEO, se puede observar que la zona de explotación (mina subterránea) está grafiada a escasos mil metros del Santuario de la Montaña, en costas muy inferiores a este, y que se utilizarán explosivos de emulsión a granel. En la memoria del “proyecto” se cita el santuario, pero en ningún momento se señala, más allá de su carácter social, que es un inmueble protegido, monumento histórico desde finales de los años 40, con la categoría de Monumento Nacional, por lo que ha de garantizarse plenamente que las voladuras en la mina no producirán ningún efecto negativo sobre el mismo.
Vale
… continuará…
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