Por si las acusaciones de abyecta, indigna y vil dirigidas a la ministra de Defensa no fueran bastantes, el calificativo de canalla aplicado al suave vídeo del PSOE, ponen en primera página a la diputada Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, la diputada Sermones.
No tenía el gusto de conocer a esta señora, y, como yo, muchos ciudadanos, muchos, incluso muchos que la votaron en la lista de Madrid, y muchos que votaron al PP en otras provincias. Quizá sea por eso, porque necesita posicionarse en el mercado político esperando mejores tiempos… sin Marianico en el despacho de Génova.
La diputada Sermones es periodista, y conoce, por tanto, la importancia de estar en los medios. Su ataque a la ministra Chacón defendiendo a Coward Trillo la ha puesto en todos los carteles. Defender a Trillo, después de que unos militares que obedecieron sus órdenes hayan sido condenados y el mandahuevos siga ocupando de manera indigna un escaño en el Congreso, no es sino la muestra de que la diputada Sermones buscaba portadas y que se la conociera.
Hoy, después de difundirse un vídeo suavecito del PSOE, la diputada Sermones se ha dado por aludida, como otros muchos peperos, y lo ha calificado de canalla. Ya se sabe, quién se pica… patada en los cojones (que diría Patricia Conde).
Vale.
Sin embargo, es de gran interés la condena que se hace al Estado como responsable civil subsidiario en las falsas identificaciones, ya que fueron realizadas por funcionarios públicos. Es de gran interés y es muy curioso porque en el caso del YAK-42, además de las pérdidas de vidas humanas (aspecto fundamental), el Estado resulto perjudicado económicamente y no ha podido ser resarcido de esas pérdidas económicas.
Para las empresas, en estos tiempos, el contar con personal cualificado es un valor diferencial, lo que se denomina «capital humano». Los departamentos de recursos humanos de las grandes y medianas empresas invierten en la localización y formación de los mejores para incorporarlos a sus plantillas, algo que también realizan las FAS.
La muerte en accidente de 62 militares provocó pérdidas económicas al Estado, porque había invertido tiempo y dinero en la formación de aquellos militares, oficiales superiores, suboficiales, tropa, que, además de tener un empleo militar (teniente coronel, comandante, capitán, subteniente, brigada, sargento, cabo 1º, cabo, soldado), tenían una gran formación profesional, que es costosa, mucho, al Estado, y que la falta de controles reales y de calidad (la misma calidad personal y profesional que se exige a cada miembro de las FAS) en la contratación del maldito avión ucraniano provocó las pérdidas de vidas humanas (irrecuperables) y las pérdidas económicas para el Estado.
Que hoy, en su Sentencia, la Audiencia Nacional requiera al Estado la responsabilidad civil subsidiaria por las falsas identificaciones, y que el propio Estado no pueda ser resarcido de las pérdidas económicas que la mala gestión (negligente, siendo piadosos) del Ministerio dirigido por Trillo, no deja de ser una contradicción.
Es cierto que el Estado es responsable, sin duda, de las falsas identificaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos pero el Estado también lo es de la mala calidad del transporte en el que encontraron la muerte 62 cualificados funcionarios públicos.
Que los responsables, cuando menos políticos, de esta doble responsabilidad estén sentados en cómodos escaños del Congreso es un insulto al Estado de Derecho, y que la muerte de 62 servidores públicos pueda quedar impune incluso del reproche moral o político, es una sangrante herida que quedará abierta no sólo en los familiares de quienes fallecieron, sino de todos aquellos que, siendo también funcionario públicos, consideramos que servir al Estado es un honor y una forma de estar en la sociedad, y quienes se sirven del Estado y no asumen sus responsabilidades se definen, en el ámbito de la Defensa y la Seguridad, como lo que son: cobardes.
Vale.
A TIENTAS
Se retrocede con seguridad
pero se avanza a tientas
uno adelanta manos como un ciego
ciego imprudente por añadidura
pero lo absurdo es que no es ciego
y distingue el relámpago la lluvia
los rostros insepultos la ceniza
la sonrisa del necio las afrentas
un barrunto de pena en el espejo
la baranda oxidada con sus pájaros
la opaca incertidumbre de los otros
enfrentada a la propia incertidumbre
se avanza a tientas / lentamente
por lo común a contramano
de los convictos y confesos
en búsqueda tal vez
de amores residuales
que sirvan de consuelo y recompensa
o iluminen un pozo de nostalgias
se avanza a tientas/ vacilante
no importan la distancia ni el horario
ni que el futuro sea una vislumbre
o una pasión deshabitada
a tientas hasta que una noche
se queda uno sin cómplices ni tacto
y a ciegas otra vez y para siempre
se introduce en un túnel o destino
que no se sabe dónde acaba.
Mario Benedetti
Vale.
El actual equipo de gobierno (PSOE+IU), con el apoyo del concejal de Foro Ciudadano, sometió a aprobación un plan con un horizonte de 28.800 viviendas nuevas, muchas todavía. El Partido Popular se opuso frontalmente al recorte.
Ahora, PP y FC plantean incrementar, en la fase de alegaciones, la previsión en unas 5.000 viviendas, hasta llegar a las 34.000.
En realidad, el PP sigue empecinado en desconocer la realidad. En una situación de crisis económica mundial, que en España tiene el añadido de la crisis del sector de la construcción. Específicamente, el diferencial español en la crisis no es sino la crisis del sector residencial de la construcción, que ha llevado a los bancos a convertirse en grandes propietarios de viviendas.
Las decisiones políticas adoptadas por el primero gobierno de Aznar en 1996, llevaron a promulgar la Ley 6/1998, de régimen del suelo y valoraciones, que entre otros efectos poco criticados entonces y ahora, especialmente por los medios de comunicación de la derecha, está en que las empresas constructoras contabilizaban los terrenos en función de sus expectativas (especulación), y utilizaban esas contabilidades para que las tasadoras (sin crítica por el Banco de España, que ahora se pone estupendo dando recetas contra la crisis) avalaran con sus valoraciones la concesión de créditos por parte de la banca.
El PP, en lugar de callarse un poquito, en Cáceres continúa en la senda marcada por su gurú neoconsevador en lo económico y ultraderechista en lo político, José María Aznar. Así, el Plan de Urbanismo que planteaban de 65.000 viviendas estaba claramente inspirado en la Ley 6/98, máxime cuando el director del plan, Enrique Porto Rey fue uno de los redactores de dicha Ley. Hoy, Porto Rey está encausado por prácticas corruptas en materia de urbanismo.
Más le valdría al grupo municipal de la derecha explicar a los ciudadanos cómo aprobaron un plan para 65.000 en el que se robaban a la ciudad los derechos urbanísticos de las casi 16 hectáreas de suelo del actual ferial, para mayor gloria de los propietarios de los terrenos circundantes. Esa explicación sería necesaria. Y si no lo hacen, el puro y casto concejal de Foro Ciudadano debería exigirles una explicación antes de echarse en sus brazos y ayudarles a meter en el plan más terrenos de la Montaña, que servirán a sus propietarios para especular y para convertir en euros las herencias recibidas. Si Felipe Vela no exige al PP explicaciones sobre el asunto del Ferial (el PSOE ya lo ha hecho, rescatando para los intereses generales los derechos urbanísticos que le habían sido robados a los ciudadanos), se situará en la situación de cómplice de nuevas tropelías de las que tendrá que dar explicaciones.
Vale.
Sin embargo, lo más llamativo del revuelo que la derecha moral ha comenzado a propagar por los medios de comunicación que les sirven de altavoces, es que, de manera inmediata, los farmaceúticos han anunciado que podrá ejercer la objeción de conciencia. ¡Vaya, lo mismo que los médicos de la sanidad pública para no practicar abortos y que se dicen acosados si se investiga si los practican en la privada!
Algún filósofo, como Javier Sádaba, considera que los profesionales de la sanidad tienen el derecho a la objeción de conciencia. ¡Claro que lo tienen! Pero habrá que tener en cuenta el foro en el que Sádaba ha hecho sus afirmaciones: una conferencia organizada por el Colegio de Enfermería de Bilbao.
El Estado, que será el que adopte la decisión de cuándo se comienza a poner en práctica la venta de la píldora del día después sin receta, debe reconocer el derecho de los farmaceúticos a la objeción de conciencia, pero no hay que olvidar que las llamadas «oficinas de farmacia» son concesiones administrativas de un servicio público. O lo que es lo mismo, es el propio Estado (a través de las Comunidades Autónomas) el que regula la apertura de estos negocios. En definitiva, los farmaceúticos son una parte de la sanidad, y su negocio se lo deben a la acción del propio Estado.
En definitiva, como es el Estado el que regula en el interés general (la disminución de embarazos no deseados, un problema social de gran envergadura, y una tragedia individual en la mayor parte de los casos) y como es el Estado el que regula el negocio de las farmacias, no sería inconveniente ninguno reconocer a los Licenciados en Farmacia el derecho a la objeción de conciencia en la venta de este medicamento, pero también el Estado puede determinar las condiciones económicas de un negocio de utilidad pública restringido y regulado.
El Estado debería reservarse el derecho a la objeción de conciencia cuando éste se utiliza exclusivamente con finalidades morales (en realidad, con sometimiento a una determinada doctrina religiosa).
Vale.
Cuando estamos cansados de ver informes jurídicos de eminentes o prominentes despachos de abogados que se basan, para los intereses económicos de quienes les contratan, en que determinadas prácticas no están prohibidas expresamente por las leyes y, por tanto, pueden ser asumidas, y de hecho muchas veces lo son, por las administraciones, unos hechos delictivos per se, las acciones de los piratas, no pueden ser tomadas en consideración porque no existe regulación del delito. Es decir, mientras se admite como ordinario en distintas áreas del derecho que la no prohibición expresa de determinada práctica (por ejemplo, para los convenios urbanísticos, antesala de la corrupción), ahora nos encontramos en la situación de tener que admitir que un delito, la piratería, no puede juzgarse por no estar prohibida.
En estos momentos, está en tramitación en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal, que incluirá el delito de piratería, o mejor dicho, que volverá a introducir en el Código dicho delito, que se había dado por erradicado, como algunas enfermedades.
Mientras tanto, España ha liderado la puesta en marcha de la operación Atalanta, nacida tras el apresamiento por piratas, hace poco más de un año, del atunero vasco “Playa de Bakio”. Para participar en dicha operación contra la piratería han sido necesarios acuerdos del Consejo de Ministros, conocimiento por el Congreso de los Diputados de participación de tropas españolas en la misión internacional, firma de acuerdos internacionales… Todo ello, sin embargo, no es suficiente para que un juez, en el ejercicio garantista del ordenamiento jurídico español, emita un auto decretando la libertad de los piratas, sin ni siquiera permitir que puedan ser entregados a Kenia, como ha sido realizado por otros países (Alemania, Francia) que también carecen en sus respectivos Códigos Penales de regulación del delito de piratería.
Esta situación va a ser aprovechada por el PP para lanzar duras críticas a la ministra de Defensa, lo que en definitiva no será otra cosa que deslegitimar, o tratar de deslegitimar, acuerdos del Consejo de Ministros, acuerdos del Congreso (con el voto favorable del propio PP) para enviar tropas al Índico, acuerdos internacionales.
En la práctica, la inexistencia en el Código Penal del delito de piratería, servirá al PP para piratear la política de Defensa, lo que debilitará la acción de nuestras FAS en la operación Atalanta, y debilitará la moral de las tropas que la forman. Pero esto último, que es muy importante, a la derecha le da igual mientras les aproveche para su convento.
Algunos medios (de los pocos que se hacen eco de cuestiones de la Defensa, salvo los accidentes y similares) consideran importante el cambio al frente del INTA, al parecer por algunas cuestiones de gestión, si bien hay que considerar el perfil de la persona que estará al frente de la Dirección General de Infraestructura. Mónica Melle, que fue candidata por el PSOEal Congreso en las pasadas elecciones de marzo de 2008, es profesora universitaria en el área económica, y tiene experiencia de gestión en varios ministerios, incluido el equipo ministerial de Jordi Sevilla.
El 25 de noviembre de 2008, Carme Chacón presentó en la Comisión de Defensa la Directiva de Defensa Nacional, cuyo desarrollo será la evolución que tengan las FAS a lo largo de la legislatura. Uno de los objetivos de la Directiva, estrechamente relacionado con las competencias de la Dirección General de Infraestructura, es la financiación de las FAS, que, aunque pudiera parecer extraño, carece de un marco estable y depende de la gestión que se hace de los inmuebles militares. En realidad, la infraestructura y el equipamiento dependen del mercado inmobiliario, y la actual situación del mismo en el conjunto de la crisis económica, es una de las grandes dificultades del Ministerio de Defensa y de las propias FAS en estos momentos.
Uno de los objetivos de la Directiva, es el de mantener un esfuerzo presupuestarios continuado y suficiente para proporcionar a las Fuerzas Armadas un escenario económico estable a medio y largo plazo que permita completar el actual proceso de transformación y asegurar el nivel que corresponde a España en el contexto internacional y por tanto también su participación en misiones en el exterior, según consta en el Diario de Sesiones de la Comisión.
La falta de un marco estable de financiación de la Defensa es, por ejemplo, una de las causas por las que el Ministerio se vio obligado a cambiar el despliegue operativo de las FAS fijado en el R.D. 416/2006, llevándose por delante, por ejemplo, la previsión de ampliar el Acuartelamiento de Santa Ana en Cáceres, para ubicar en el mismo el Regimiento de Ingenieros nº 1, con sede en estos momentos en Castrillo del Val (Burgos).
Vale.






