En una región como Extremadura hemos estado acostumbrados a que vengan de fuera (normalmente, terratenientes con sede social en la capital del reino) a salvarnos, a decirnos qué es lo mejor para nosotros. Pero ahora aparecen también salvapatrias dizque izquierdistas. Gentes de una cosa (no se sabe si partido político, asociación de cabreados o peña futbolística) que se llama IU y que está en plena descomposición, con olores a podredumbre.
En los periódicos regionales de hoy aparecen unos sujetos de IU que vienen a oponerse al proyecto de la refinería, a verter sus hipocresías para mayor gloria de unos individuos y de una plataforma cuyos ingresos para la campaña que están realizando deberían ser investigados. Estos sujetos de IU, Willy Meyer y Pérez Tapias, deberían explicar cuál es su grado de combatividad contra la ampliación de la refinería de Repsol en Cartagena, o de Cepsa en Huelva, o del complejo Muskiz, de Petronor, en Vizcaya. Valga como ejemplo cuál es la mayor aportación a la oposición de IU a la ampliación de Cepsa en Huelva: una moción en la Diputación onubense pidiendo que a cambio de la ampliación fuera más barata la gasolina para los vecinos de Huelva.
No hay que olvidar algo que ha dicho, más de una vez, Rodríguez Ibarra ha afirmado que el presidente de Cepsa, Pérez de Bricio, «le conminó en la boda del Príncipe Felipe que no se metiera en el negocio del refino porque era ‘una ruina’ y, además, no lo iba a conseguir» ( http://actualidad.terra.es/articulo/344780.htm).
Ahora, estos chicos de IU, que más deberían preocuparse por su putrefacción que por servir intereses empresariales que pretenden humillar a toda una tierra, vienen a explicar aquí lo que no tienen arrestos para denunciar en otros sitios.
Pero es que estos dirigentes de la podrida IU, el mismo día, se cubren de gloria diciendo que «hay que nacionalizar parte de la banca y algunas empresas» (Willy Meyer dixit). Y se queda tan ancho. ¿Qué es eso de nacionalizar parte de la banca? ¿En qué párrafo de El Capital está que puede nacionalizarsa un banco sí y otro no, una empresa sí y otra no? La respuesta la da el propio Meyer: parte de la banca y las empresas que se privatizaron. De la banca, seguramente el dirigente de IU salvaría de la amenaza de la nacionalización aquellos bancos a los que IU les debe mucho, mucho dinero, no vaya a ser que se enfaden y quieran cobrar antes de que los nacionalicen. Y dice que hay que crear un sector público de la energía… en Europa. Vamos, que habría que nacionalizar Repsol, pero eso de tocar Petronor (País Vasco, no se atreve a insinuarlo siquiera) y mucho menos Cepsa (Huelva, donde los pocos militantes que quedan de IU tendrán gasolina más barata), nada de nada.
Estos salvapatrías de ¿izquierda?, nacionalizadores a tiempo parcial o mediopensionistas, deberían aplicarse vendas y agua oxigenada para tratar de cicatrizar los costurones en los que se desangran el PC y los satélites, asociaciones, grupos y demás sujetos de la corrompida organización de IU (la corrupción ideológica sometida a egos subidos es tanto o más perjudicial que la corrupción económica), antes que venir a impedir cualquier atisbo de progreso económico (con las servidumbres ecológicas que puedan ser asumibles) de una tierra antes esquilmada por terratenientes, por el franquismo que aplicó sin mesura el Plan de Estabilización. Soportar ahora que una putrefacta organización supuestamente de izquierdas venga a impedir un paso económico de gran importancia es ya demasiado.
Vale.
Después de conocerse que el debate sobre el Estado de la Nación se celebrará en la primera quincena de mayo, la lideresa de la derecha, Fashion Aguirre quiere que las elecciones europeas del 7 de junio se conviertan en una moción de censura contra Zapatero. Declaraciones políticas que encierran un gran interés para el consumo interno de la propia derecha. ¿Por qué Espe quiere convertir las europeas en una moción de censura? ¿Por que no le exige a Cuchara Rajoy que presente la moción de censura? Lo que claramente está manifestando la lideresa es que no considera capaz a su jefe de filas, no le considera con capacidad ni política ni dialéctica para plantear la moción de censura, conseguir los apoyos necesarios y luego ser capaz de defenderla en la tribuna del Congreso.
En una situación de crisis como la que estamos sufriendo, una moción de censura no puede sustentarse en un partido plagado de imputados (que no llegarán siquiera a ser juzgados, seguro, porque «los nuestros» no lo permitirán), y en unas recetas cuya máxima expresión es el decretazo del Suegrísimo de Agag. No hay que olvidar que la derecha, esta derecha política, basa sus recetas económicas en la bajada de impuestos para los ricos (y no es demagogia, solamente hay que repasar el BOE) y en el camino imparable al despido libre y barato. Es lo mismo que aplicaron primero cuando gobernaron y reclamaron después de manera insistente.
Las recetas económicas que manifiestan los acólitos de Cuchara Rajoy son las mismas que han originado la situación económica actual: toda la economía se basa en las expectativas. Así, con la ley del suelo del 98, se instauraron en los balances de las empresas constructoras las expectativas de millones de metros cuadrados de suelo rústico, cuya única oportunidad de convertirlos en suelos urbanizables era la creación de tramas como la de Correa.
O las expectativas para los bancos de los mercados de futuros, de las stocks options (¿recuerdan cuánto se llevó por la jeta el compañero de pupitre del Suegrísimo?). Estas «previsiones» inflaron los estados contables de las empresas, porque así se garantizaban sus directivos cobrar grandes cantidades que, al final, se han descubierto que estaban justificadas en cuentas ficticias.
Ahora, la derecha política y la extrema derecha económica, vuelven con la misma receta de bajar impuestos a quienes se han enriquecido aún más con falsedades contables, con ingeniería fiscal y económica, al amparo de políticas ultraliberales (fascismo económico), y otorgarles, como mejor pago a los servicios prestados, el cheque del despido libre.
Fashion Aguirre, madrina de un montón de implicados en el saqueo de las administraciones bajo su mando político, pretende sugerir a los españoles que solamente votando contra Zapatero es como ella y sus compinches pueden ganar las elecciones. Para Fashion Aguirre no se trata de ganar las elecciones por sus propios méritos (eso supondría que tendrían que esforzarse, que trabajar, y para ella y los suyos, eso de trabajar es de pobres), sino de que los demás (todos los demás) castiguen a Zapatero.
Vale.

Hace unos días, una fotografía de Carme Chacón, era objeto de una polémica que pretendía añadirse al anuncio del repliegue de Kosovo. En dicha foto, se veía a la ayudante de la ministra de Defensa llevando su bolso y su gabardina. El tono despectivo utilizado en muchos medios de comunicación superaba en mucho a la realidad.
Me acordé entonces de una fotografía que es la imagen de la ignominia: Federico Trillo resguardado bajo el paraguas portado por un ayudante. El marco de la foto va cada vez más siendo la imagen que perseguirá siempre al peor ministro de Defensa que haya tenido nunca España. En las enciclopedias gráficas, para ilustrar la indignidad, se debería incluir la fotografía de Trillo en el monte de Trabnszpor, donde murieron 62 militares a sus órdenes, bien protegido para que no se mojara y fingiendo interesarse por los restos que estaba pisoteando.
Desde que localicé la fotografía en internet han pasado varios días y dudaba en subirla y comentarla… hasta hoy.
De nuevo, en un asunto de la Defensa, ver las imágenes de la comisión del Congreso y del Senado que ha acompañado a Carme Chacón en la visita a las tropas en la misión contra la piratería en el Índico, me he llevado a plantearme, en este caso, por adelantado, sobre cuáles deberían ser los comentarios que los periódicos de la derecha harán cuando las comenten.
Ver a una antigua militante socialista (que no socialista), utilizando de modo descarado los colores de la bandera (como una Esperanza Aguirre cualquiera con la bandera de Madrid) en una visita a militares destacados en una misión internacional viene a demostrar que cuando no existen escrúpulos, los colores visten cualquier cosa. Rosa Diez, apareciendo entre colores rojo y dorado, haciendo juego con la bandera que preside los actos a los que asiste, es la muestra, por un lado, de que cuenta con asesores de imagen, y, por otro, que da igual la imagen, con tal de que sirva para el convento.
A ver si los medios de la derecha critican (lo dudo, of course) a Rosa Diez, la conversa al nacionalismo españolista más rancio, por utilizar (en su sentido más comercial) los colores de la Bandera.
Vale.
El jueves, 16 de abril, el Pleno del Ayuntamiento de Cáceres aprobó el Plan General Municipal de Urbanismo, con los votos del PSOE, IU y Foro Ciudadano, y en contra del PP. En realidad, el Plan que se aprobó es una rectificación a tiempo del disparate urbanístico que en la anterior legislatura había pergeñado el PP a mayor gloria de propietarios de terrenos y de empresarios que tenían conformadas opciones de compra basadas en expectativas, y en unos momentos en los que el sector del ladrillo campaba a sus anchas.
El documento que se ha aprobado plantea una conformación urbana más racional, más razonable, como dijo el portavoz socialista al defender la propuesta, y también más sostenible y menos condicionada por determinados intereses de propietarios.
Sin embargo, cabe resaltar dos aspectos. Primero, que el PP sigue esclavo, cautivo, de los intereses relacionados con la operación urbanística que se pretende llevar a cabo en el solar que actualmente ocupa el Colegio de Las Carmelitas: un solar con 12.000 m2 de terreno, donde hay construidos poco más de 7.000 m2 y donde se proyectan un nuevo colegio de 6 plantas y 10.000 m2, un centro comercial de El Corte Inglés de 25.000 m2, 15.000 m2 para viviendas y 10.000 m2 más para oficinas. Estos datos explican por sí mismo la situación de dependencia que el PP tiene a la hora de definirse sobre el planeamiento urbanístico de la ciudad.
El segundo aspecto está en que todos los que durante mucho tiempo han estado zahiriendo sin ningún tipo de escrúpulo a la alcaldesa Carmen Heras, que han estado criticándola sin tasa, ahora se callan, porque el PP ha quemado sus cartuchos. Pero también son significativos los silencios, silencios de quienes, en la órbita sociopolítica de la alcaldesa, dudaban de su capacidad para sacar adelante el Plan. Esos guardan silencio vergonzosamente, silencio que demuestra que, en realidad, no dudaban de la capacidad de Carmen Heras, sino que ansiaban que no fuera capaz de salir adelante en un asunto de tanta trascendencia futura.
El discurso de la derecha sobre el planeamiento futuro de la ciudad ha quedado agotado, finiquitado, como consecuencia de su obsesión en una sola dirección y con el único apoyo de sectores claramente interesados (en el peor sentido del término), pero también ha sido derrotado con estrépito por el trabajo y la constancia de Carmen Heras. A partir de ahora, la gestión del proceso de información pública y de estudio y dictamen de alegaciones, será menos controvertida: algún derrote de la derecha política y los esperables estereotipos de una parte de los empresarios (de esta situación, generada por el propio Partido Popular, saldrá una crisis muy grave en la patronal de la construcción).
En política, en la gestión de la res pública, la constancia, la capacidad del mantenimiento de criterios propios y bien asentados, el diálogo, son mejores avales que ser solamente carteros de lobbys, de grupos de presión obsesionados en la cuenta de beneficios antes de impuestos.
Vale.
He dejado pasar unos días para comentar una afirmación de Mariano Cuchara Rajoy sobre la implicación del tesorero del PP y otros significados cargos públicos y políticos del PP en la «Operación Gürtel». «Nadie probar que no son inocentes».
Esa afirmación de Cuchara no es de su propia cosecha, sino que la realizó después de que Francisco Granados, mano extrema derecha de La Lideresa, se reuniera a comer con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de que se conociera que en esa comida se había tratado del caso Gürtel, remitido por Garzón a dicho Tribunal superior. Vamos, que a Cuchara primero le confirman que el Tribunal ya está «contactado» y que se conocen las primeras impresiones de su presidente.
Claro, que no es lo mismo reunirse en un restaurante a almorzar (¿quién pagó la comida?) y hablar sobre un asunto en clave sumarial, que coincidir con otras 40 personas en una cacería de fin de semana. Al entonces ministro de Justicia no le cupo la presunción de inocencia, solamente era necesario su fusilamiento político.
Los jueces no aceptan ni aceptarán el verdadero meollo por el que están levantados en armas sumariales: que la instrucción de los procedimientos sea llevada por la Fiscalía, incluso supervisada por ellos. Si eso hubiera sido así, habría sido mucho más difícil que se hubiera producido el caso Mari Luz y no les habría sido necesario ejercer de hipócritas para solamente multar al Juez Tirado. Ni hubiera sido tan fácil que el jefe de la banda albanesa que asaltó el chalet de Moreno se hubiera escapado.
Pero esos mismos jueces que no aceptan perder sus reinos de Taifas saben que con el PP los mantendrán, porque ideológica, económica y socialmente son los mismos. Por ello, no pasa nada porque el Presidente del TSJM y el consejero Granados se reunan y hablen (¿pacten?) de un caso de corrupción política que afecta al corazón económico del partido al que pertenece el consejero (¿y el juez?). Es un asunto se familia.
Cuando Cuchara afirma que no será posible demostrar que Bárcenas y su Grupo Salvaje no son inocentes no está afirmando que el delito no se haya cometido (los delitos), sino que se aplicará otra vez, y cuantas veces hagan falta, la doctrina Naseiro.
Cuchara dice lo que le dicen que diga. Él, por sí mismo, no es capaz siquiera de desarrollar una mínima línea argumental.
Vale.
Tenía pensado un largo alegato contra el presidente de la federación española de baloncesto por los arbitrajes claramente tendenciosos en contra del Cáceres 2016 cada vez que se enfrenta a uno de los equipos con más presupuesto de la Leb Oro.
Pero no hace falta ningún alegato: solamente decir a José Luis Sáez:
¡Devuelve la medalla de Extemadura, Sáez, no te la mereces!
La próxima vez no pediré que la devuelvas, pediré que en acto solemne te sea retirada.
Vale.
La máxima autoridad política de IU en Extremadura, Santiago Talibán Pavón, que teóricamente mantiene un pacto de gobierno con el PSOE (digo teóricamente porque solamente es pacto cuando se hace lo que a Pavón se le antoja) mantiene una posición sobre la Revisión del Plan General Municipal difícilmente defendible desde la supuesta coherencia que siempre se atribuyen estos restos mortales andantes del PC. Y cuyas exequias fúnebres definitivas serán en las próximas municipales, donde llorarán como lloró Víctor Soft Casco en las últimas autonómicas. Bueno, llorarán todos menos Pavón, que para eso es natural de Albalá del Caudillo, y algo del Caudillo se le pegó.
La posición que mantiene está sustentada por el apoyo que le presta un tratante de suelo, que contrata a algún arquitecto que otro para que le haga informes que no firma, informes anónimos (el famoso Informe LOOTERS), y que se supone que pagará. La dependencia que tiene Pavón respecto a Julio Audije es algo que deberían investigar los pocos miembros cuerdos (creo que queda alguno) de IU, y algún periodista. Seguramente, se llevarían alguna sorpresa.
De todos es conocida, también, la posición de Talibán Pavón sobre los PIRs de la Junta: son ilegales, todos ilegales. Y por ello, porque no tiene duda ninguna de que los PIRs son ilegales y que todos los que los aprueban, los que intervienen en ellos para hacerlos posible deberían ser llevados ante la Justicia, no tiene ninguna duda, ninguna, en que su asesor de cabecera sea el arquitecto Madera, redactor del PIR de El Junquillo. Eso es coherencia, pura coherencia: los PIRs son ilegales pero el Informe LOOTERS, anónimo, no lo es y es base y libro de cabecera, el Corán urbanístico donde se sustentan todas las sharías del cadí de La Mejostilla.
Con esos asesores, Pavón y Audije, y con la gente que dentro de los restos mortales de IU se encargan de estos temas (es curioso ver al Mudo de los hermanos Marx, Karl y Joan March, el de la banca vendiendo pizarras electrónicas en organismos gobernados por el PSOE, que en vez de vender parece que está pidiendo una caridad), Talibán Pavón sigue manteniendo una posición cerrada, que, si no fuera trágica para la ciudad, recordaría a los paisanos del pueblo de Gila: tiene la frente estrecha estrecha, le entran las ideas a rastras, una cada año, los años bisiestos, dos.
Vale.
En el programa de TVE «Tengo una pregunta para usted», Mariano Cuchara Rajoy, pidió perdón a su manera por el accidente del Yak, pero dejó una perla curiosa: «que Trillo, por un error, no debería ser castigado a estar apartado de la política de por vida» (más o menos).
En estos días, están quedando claramente demostradas todas las irregularidades cometidas en la identificación de los restos de los 62 militares españoles que murieron en la montaña turca en mayo de 2003. Y está demostrada la prisa por celebrar el funeral de Estado, a sabiendas de que los restos de 30 militares estaban sin identificar. Las decisiones políticas han quedado demostradas hasta el punto de que el JEME de entonces, General de Ejército Alejandre Sintes, ofreció al Ministrillo un equipo forense de la Guardia Civil (de acreditada solvencia), que Trillo rechazó.
Efectivamente, es probable que por un ¿error? no se puede castigar a alguien de por vida política… salvo que sea socialista y se llame Mariano Bermejo, por ejemplo. O Demetrio Madrid y su ajusticiamiento político injusto sirva para que Bigotes I de Castilla (ahora anda por ahí Bigotes II de Valencia) haga carrera.
Trillo no debe dejar la política por un error, dice Mariano Cuchara Rajoy. Claro, Mariano, claro. Debe dejarla por 62 errores, por todas y cada una de las vidas de servidores públicos que encontraron la muerte en un accidente de avión cuyo contrato tenía más intermediarios y comisionistas que un kilo de tomates de Miajadas.
Pero Trillo no dejará la política ni por un error ni por 62. Porque su ética es muy elevada. Al menos, si hubieran sido 63 los militares muertos… Pero seguro que tampoco. Para ello Trillo no tiene ética, ni la tendrá.
Y Mariano Cuchara Rajoy no tiene… capacidades para echarlo de la calle Génova de una puñetera vez.
Vale.
Cuando en junio de 2007 se estaba fraguando la constitución del Ayuntamiento de Cáceres tras las elecciones de mayo, el candidato del PP anunció su marcha, que materializó en el primer pleno que se celebró. En aquellas fechas, Saponi dijo: «Después de su intervención y ante las preguntas de los medios de información, el ex alcalde reiteró que en las pasadas elecciones se presentó «para ser el alcalde de Cáceres, y por unas razones o por otras no nos han dejado gobernar» (El Periódico Extremadura, 17-06-2007). Vamos, que «o soy alcalde o me llevo las llaves del Ayuntamiento», como los niños que o juegan y ganan o se llevan la pelota.
Tras aquella renuncia del número 1 de la lista del PP, pudo leerse en los periódicos que «la oposición la puede liderar cualquiera». Y cualquiera era el número 11 de la lista (de 12 elegidos).
El portavoz que llevaba el número que salió en el sorteo, el 11, era Javier Castellano, desde entonces hasta hoy portavoz del PP, portavoz de rebote. Y las más de las veces, portavoz rebotado.
Hoy, tras la renovación (o lo que sea eso que han puesto detrás del fino Villa) de la ejecutiva local del PP, el presidente provincial del partido, Laureano León ha hecho oficial lo que se esperaba: ya no hay portavoz de rebote, y vuelve Nevado a ser portavoz, como cuando mandaba Saponi. Ah, no, perdón, que será Elena Nevado.
Castellano se va con el trabajo hecho: nada. Y en lo que respecta a lo personal, todavía sigue buscando en este blog aquello que utilizó indebidamente para atacar a la alcaldesa y que cuando ha llegado la hora de aprobar el acta plenaria, no he tenido agallas para rectificarla y pedir que se incluyera lo que él dijo y lo que utilizó.
Váyase en buena hora de la portavocía, señor Castellano, pero, seguro, seguirá siendo «por responsabilidad», concejal de a pie. Eso está bien, pasado el cargo de rebote, ahora llega el rebote por perder el cargo. Y eso, conociendo algo al personaje, nos dará muchas tardes de gloria.
Vale.
La derecha local no entiende, no quiere entender que el planeamiento urbanístico de la ciudad debe hacerse desde los principios de la sostenibilidad y la racionalidad. Y esos principios se valoran y se adecúan a criterios demográficos y sociales, para poner la ciudad al servicio de los ciudadanos, y no para poner las competencias de los órganos democráticos al servicio de los intereses económicos y a los intereses de los propietarios de suelo. Está claro que estos intereses son los que defienden, hasta límites ridículos, los concejales de la derecha cacereña.
Por ello, plantean que «los recortes» que el documento que comienza a tramitarse no están justificados, cuando es una de las razones que la Junta de Extremadura, competente para la aprobación definitiva, ha esgrimido para suspender la aprobación definitiva. Claro, que en el límite del razonamiento del portavoz del PP (de rebote y con fecha de caducidad ya pasada) parecería que el ordenamiento jurídico ha de ponerse a su servicio. O lo que es lo mismo, que la Junta de Extremadura no es competente para estas cuestiones. La ley es la ley, le guste o no.
El enrocamiento del portavoz del PP en el asunto de El Corte Inglés es otra cuestión que no tiene sentido en el trámite de la Revisión del PGM. Sería muy interesante comparar los cuatro documentos de revisión (Octubre de 2005, Diciembre de 2006, Mayo de 2007 y el actual) para que pudiera establecerse cómo se construye un pelotazo urbanístico, que necesariamente ha de contar con el beneplácito de los órganos políticos que deben aprobarlo.
No entiende la derecha local que se eliminen las viviendas de «segunda residencia» de la Estación de Arroyo-Malpartida, 1.733 viviendas, para casi 5.000 habitantes situada a 16 kilómetros de la ciudad. La Ley (vaya, otra vez la ley es un inconveniente para los conceptos políticos de la derecha) no contempla eso de la «segunda residencia», y mucho menos, que en esas 1.733 viviendas (por cierto, sin cesiones, gratis total) haya un 25% de vivienda protegida. ¿Chalets de protección oficial de segunda residencia? ¿Viviendas de protección oficial para fines de semana?
Se empeñan en defender una «casa de campo» de 170 Has, con unos desniveles que en su punto central requiere un túnel para pasar la Ronda Este, lo que la hace inviable para el uso que se pretende. Unos terrenos desnivelados que solamente servirían para echar a rodar las tortillas, y con una capa vegetal impresionante: solamente basta con ver el Sigpac o el Google Earth para imaginarse el dineral que costaría al municipio convertir ese secarral improductivo, propiedad de herederos que nunca han explotado estos terrenos, en una casa de campo. La casa de campo, claro está, es la que se construirían los propietarios en sitios mejores, incluso en la costa, a costa de la ciudad. Así y todo, el documento en curso consigue por la vía de los sistemas generales la mitad de los terrenos y podrían destinarse a casa de campo unas 60 Has, que incluyen parte de los mejores posibles, pero que así y todo tendrán un importante coste.
Con la mentalidad de no reconocer los conceptos de sostenibilidad, racionalidad, ordenamiento jurídico, preservación de la hacienda pública, economía del gasto público, no es extraño que el único criterio que guía a la derecha local en la revisión del plan es el de que los propietarios de suelo se hagan ricos, o que algunos marqueses de Villaquisiera, o Quieroynopuedo, reparen sus maltrechas economías familiares heredadas y que no han sabido mantener.
Vale.