Vale.
La franquicia derechona de Génova, 13, conocida como PPcinco, está atravesando algunas malas horas. ¿PPcinco? Claro:
PPuno: Movimiento Nacional, con Manuel El Dinosaurio Fraga.
PPdos: Alianza Popular, con Manuel El Dinosaurio Fraga too.
PPtres: Alianza Popular – PP, con Antonio El Breve Hernández Mancha.
PPcuatro: PP, con José María Narcissus Aznar.
PPcinco: PP, con Mariano Soft Rajoy.
PPuno: Movimiento Nacional, con Manuel El Dinosaurio Fraga.
PPdos: Alianza Popular, con Manuel El Dinosaurio Fraga too.
PPtres: Alianza Popular – PP, con Antonio El Breve Hernández Mancha.
PPcuatro: PP, con José María Narcissus Aznar.
PPcinco: PP, con Mariano Soft Rajoy.
En PPcinco están pasándolo mal, porque a pesar de que todas las formaciones políticas atraviesan momentos malos, por la crisis económica, ellos tienen otras preocupaciones que enfangan su diario devenir.
Esta historia recuerda una visión política de un asunto ecológico: los hilitos de plastilina que luego fueron el chapapote del Prestige. Aquel marrón que empezó con la cacería de Álvarez Cascos (¿dimitió por no abandonar la cacería y asumir la gestión del chapapote que le correspondía por ser ministro de fomento? Ah, ya, que los de derechas no dimiten, ni siquiera por estar de cacería cuando no toca) y siguió con el encargo que le hicieron a Mariano no por ser buen gestor, sino por ser gallego. Aquellos hilitos de plastilina pudieran ser hoy los «casos aislados» según los acólitos y los medios de la derecha, y son, en realidad un chapapote de mierda que llega al ático de Génova, 13.
En esos hilitos de corruptina hay que destacar uno que no afecta a cuestiones puramente económica, ni a regalos, sino a la dignidad: la falta de dignidad de Trillo por no asumir responsabilidades políticas en el asunto del YAK-42. En este sentido, cabe recordar que una vez tras otra, los escribanos acólitos, cuando analizan los resultados electorales siempre repiten el tópico de que en Extremadura los que votan al PSOE son analfabetos. ¿Los que en Alicante votaron a Trillo, no son cómplices de la misma indignidad que Trillo?
Los hilitos de corruptina ya trepan por Génova, 13 y alcanzan varios despachos. En la planta primera está la sede de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid, y su teléfono es 91 319 50 46. A esa fundación fue a parar una donación de Diaz Ferran por unos 246.000 euros en 2003. Para una capital de provincias como Cáceres, es de gran interés saber si ese dinero salió de las cuentas privadas de Diaz Ferrán, o si salió de las empresas que el actual presidente de la patronal controla. Y lo es, porque Diaz Ferrán es o ha sido o era en esas fechas, en 2003, presidente de la empresa Autobuses Urbanos del Sur, S.A., BUSURSA, que es la concesionaria del servicio de autobuses urbanos de Cáceres. Parece ser, según se publica en http://www.escolar.net, que las aportaciones a FUNDESCAM de Diaz Ferrán provenían de Seguros Mercurio, participada por Autobuses Urbanos del Sur, S.A., en cuyo nombre firmó Gerardo Díaz Ferrán la Junta General de Accionistas, el 11 de enero de 2006 (www.borme.es, de 17 de enero de 2006).
Vale.
Esta historia recuerda una visión política de un asunto ecológico: los hilitos de plastilina que luego fueron el chapapote del Prestige. Aquel marrón que empezó con la cacería de Álvarez Cascos (¿dimitió por no abandonar la cacería y asumir la gestión del chapapote que le correspondía por ser ministro de fomento? Ah, ya, que los de derechas no dimiten, ni siquiera por estar de cacería cuando no toca) y siguió con el encargo que le hicieron a Mariano no por ser buen gestor, sino por ser gallego. Aquellos hilitos de plastilina pudieran ser hoy los «casos aislados» según los acólitos y los medios de la derecha, y son, en realidad un chapapote de mierda que llega al ático de Génova, 13.
En esos hilitos de corruptina hay que destacar uno que no afecta a cuestiones puramente económica, ni a regalos, sino a la dignidad: la falta de dignidad de Trillo por no asumir responsabilidades políticas en el asunto del YAK-42. En este sentido, cabe recordar que una vez tras otra, los escribanos acólitos, cuando analizan los resultados electorales siempre repiten el tópico de que en Extremadura los que votan al PSOE son analfabetos. ¿Los que en Alicante votaron a Trillo, no son cómplices de la misma indignidad que Trillo?
Los hilitos de corruptina ya trepan por Génova, 13 y alcanzan varios despachos. En la planta primera está la sede de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid, y su teléfono es 91 319 50 46. A esa fundación fue a parar una donación de Diaz Ferran por unos 246.000 euros en 2003. Para una capital de provincias como Cáceres, es de gran interés saber si ese dinero salió de las cuentas privadas de Diaz Ferrán, o si salió de las empresas que el actual presidente de la patronal controla. Y lo es, porque Diaz Ferrán es o ha sido o era en esas fechas, en 2003, presidente de la empresa Autobuses Urbanos del Sur, S.A., BUSURSA, que es la concesionaria del servicio de autobuses urbanos de Cáceres. Parece ser, según se publica en http://www.escolar.net, que las aportaciones a FUNDESCAM de Diaz Ferrán provenían de Seguros Mercurio, participada por Autobuses Urbanos del Sur, S.A., en cuyo nombre firmó Gerardo Díaz Ferrán la Junta General de Accionistas, el 11 de enero de 2006 (www.borme.es, de 17 de enero de 2006).
Vale.
El brote de gripe A producido en la Academia de Ingenieros está siendo aprovechado por el Partido Popular para aumentar las partidas de caza sobre la Ministra de Defensa, Carme Chacón. Es curioso, mucho, que un partido como el de la derecha española, afectado por una grave metástasis de dignidad, pretenda convertir un hecho tan perfectamente identificado como el brote de gripe para tratar, por tierra, mar y aire de cobrarse la cabeza de la ministra.
Se aprovecha el partido de la derecha de dos circunstancias: las visitas de niños de dos colegios, el lunes y el miércoles, a la Academia de Ingenieros y del desconocimiento general de los asuntos relacionados con la Defensa.
En el caso de las visitas de los niños, cabe decir, en primer lugar, que al haberse producido los primeros posibles casos el lunes, y no teniendo confirmación de los casos, la visita de los niños se organizaría de forma que no pasaran por los lugares que habitualmente utilizan los alumnos (mayoría) de la Academia. Es más que probable que suspender las visitas de los niños sin tener confirmados los casos de gripe habría causado mayor alarma en la localidad de Hoyos de Manzanares entre las familias de las personas que trabajan en ella, y de los vecinos que hubieran tenido contacto con ellos.
Respecto al desconocimiento general de los asuntos de Defensa, el tamaño de un cuartel como la Academia de Ingenieros permite realizar visitas en casos como el de la gripe. Un cuartel no es un sólo edificio, es una pequeña ciudad, por lo que la existencia de un caso, o varios, de gripe no debería causar mayor problema que en una urbanización de la periferia de cualquier capital.
Con todo esto, el PP, con Mariano a la cabeza, tiene puesta en su diana política a Carme Chacón, y cualquier decisión que tome, o que no tome, o que pase cerca de ella, será considerada como elemento suficiente para exigir su dimisión.
¿Cómo es posible que un partido político, en plena descomposición por metástasis democrática pretenda que por un hecho controlado -aunque no publicitado- se pueda exigir la dimisión de la Ministra de Defensa? ¿Qué habría sucedido en España si el YAK-42 sucede con un gobierno socialista? Me temo que Mariano y sus mantenedores no se atreverán a dar, en público, una respuesta a estas preguntas, pero sus hechos les delatan.
Vale.
Ha nacido una estrella: la diputada Sermones.
Por si las acusaciones de abyecta, indigna y vil dirigidas a la ministra de Defensa no fueran bastantes, el calificativo de canalla aplicado al suave vídeo del PSOE, ponen en primera página a la diputada Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, la diputada Sermones.
No tenía el gusto de conocer a esta señora, y, como yo, muchos ciudadanos, muchos, incluso muchos que la votaron en la lista de Madrid, y muchos que votaron al PP en otras provincias. Quizá sea por eso, porque necesita posicionarse en el mercado político esperando mejores tiempos… sin Marianico en el despacho de Génova.
La diputada Sermones es periodista, y conoce, por tanto, la importancia de estar en los medios. Su ataque a la ministra Chacón defendiendo a Coward Trillo la ha puesto en todos los carteles. Defender a Trillo, después de que unos militares que obedecieron sus órdenes hayan sido condenados y el mandahuevos siga ocupando de manera indigna un escaño en el Congreso, no es sino la muestra de que la diputada Sermones buscaba portadas y que se la conociera.
Hoy, después de difundirse un vídeo suavecito del PSOE, la diputada Sermones se ha dado por aludida, como otros muchos peperos, y lo ha calificado de canalla. Ya se sabe, quién se pica… patada en los cojones (que diría Patricia Conde).
Vale.
Por si las acusaciones de abyecta, indigna y vil dirigidas a la ministra de Defensa no fueran bastantes, el calificativo de canalla aplicado al suave vídeo del PSOE, ponen en primera página a la diputada Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, la diputada Sermones.
No tenía el gusto de conocer a esta señora, y, como yo, muchos ciudadanos, muchos, incluso muchos que la votaron en la lista de Madrid, y muchos que votaron al PP en otras provincias. Quizá sea por eso, porque necesita posicionarse en el mercado político esperando mejores tiempos… sin Marianico en el despacho de Génova.
La diputada Sermones es periodista, y conoce, por tanto, la importancia de estar en los medios. Su ataque a la ministra Chacón defendiendo a Coward Trillo la ha puesto en todos los carteles. Defender a Trillo, después de que unos militares que obedecieron sus órdenes hayan sido condenados y el mandahuevos siga ocupando de manera indigna un escaño en el Congreso, no es sino la muestra de que la diputada Sermones buscaba portadas y que se la conociera.
Hoy, después de difundirse un vídeo suavecito del PSOE, la diputada Sermones se ha dado por aludida, como otros muchos peperos, y lo ha calificado de canalla. Ya se sabe, quién se pica… patada en los cojones (que diría Patricia Conde).
Vale.
Al conocerse ayer la sentencia de la Audiencia Nacional sobre las identificaciones falsas del YAK-42 (falsas, delictivas, no erróneas como dice el ABC), la ministra de Defensa, Carme Chacón señaló directamente a Federico Coward Trillo, en sede parlamentaria, como responsable político del asunto. Lo hizo en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, ¡qué mejor espacio para ello!
Hoy, en el mismo lugar, el Congreso de los Diputados, la diputada Sermones ha tachado de «abyecta, indigna y vil» a la ministra de Defensa. La diputada Sermones, ¡santo dios! lo ha hecho para defender a un cobarde, para defender a Federico Coward Trillo.
Hoy, ¡santo dios! se ha sabido que ayer Federico Coward Trillo puso su cargo de portavoz de Justicia (¡manda huevos! portavoz de Justicia) a disposición de su partido, pero Mariano, Cospedal y Santamaría no se la aceptaron. Eso dicen, pero el parecido de la «dimisión» es demasiado grande con lo que se nos hizo creer alguna vez cuando se dijo que tras el accidente del YAK-42 había puesto su cargo de ministro de Defensa a disposición de Aznar. Ni entonces ni ahora Federico Coward Trillo presentó la dimisión o puso su cargo a disposición del partido. Es demasiado coward.
El histrionismo de la diputada Sermones en su defensa de Federiquín ha sido patético. ¡Santo dios!
¿Con qué bagaje moral critica la diputada Sermones a la ministra Carme Chacón? ¿Con el santo dios? Con un santo dios que recuerda a cuando los padres y abuelos políticos de la diputada sermoneadora, del cobarde, del suave decían aquello de «Dios está con nosotros», y la realidad era que lo tenían secuestrado (León Felipe dixit).
Federico Coward Trillo nunca ha actuado, desde que está en política con valentía, siempre se ha aprovechado de su situación política personal en beneficio propio. Hasta hizo eso en actos solemnes como juras de bandera, ¿verdad, Federiquito?
Vale.
La sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el caso del YAK-42 condena a los acusados a penas de prisión, que en los casos de menos de dos años no requerirán el ingreso en prisión y en el caso del general Navarro, condenado a tres, tampoco ingresará en prisión, al menos de momento, porque recurrirá el fallo judicial.
Sin embargo, es de gran interés la condena que se hace al Estado como responsable civil subsidiario en las falsas identificaciones, ya que fueron realizadas por funcionarios públicos. Es de gran interés y es muy curioso porque en el caso del YAK-42, además de las pérdidas de vidas humanas (aspecto fundamental), el Estado resulto perjudicado económicamente y no ha podido ser resarcido de esas pérdidas económicas.
Para las empresas, en estos tiempos, el contar con personal cualificado es un valor diferencial, lo que se denomina «capital humano». Los departamentos de recursos humanos de las grandes y medianas empresas invierten en la localización y formación de los mejores para incorporarlos a sus plantillas, algo que también realizan las FAS.
La muerte en accidente de 62 militares provocó pérdidas económicas al Estado, porque había invertido tiempo y dinero en la formación de aquellos militares, oficiales superiores, suboficiales, tropa, que, además de tener un empleo militar (teniente coronel, comandante, capitán, subteniente, brigada, sargento, cabo 1º, cabo, soldado), tenían una gran formación profesional, que es costosa, mucho, al Estado, y que la falta de controles reales y de calidad (la misma calidad personal y profesional que se exige a cada miembro de las FAS) en la contratación del maldito avión ucraniano provocó las pérdidas de vidas humanas (irrecuperables) y las pérdidas económicas para el Estado.
Que hoy, en su Sentencia, la Audiencia Nacional requiera al Estado la responsabilidad civil subsidiaria por las falsas identificaciones, y que el propio Estado no pueda ser resarcido de las pérdidas económicas que la mala gestión (negligente, siendo piadosos) del Ministerio dirigido por Trillo, no deja de ser una contradicción.
Es cierto que el Estado es responsable, sin duda, de las falsas identificaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos pero el Estado también lo es de la mala calidad del transporte en el que encontraron la muerte 62 cualificados funcionarios públicos.
Que los responsables, cuando menos políticos, de esta doble responsabilidad estén sentados en cómodos escaños del Congreso es un insulto al Estado de Derecho, y que la muerte de 62 servidores públicos pueda quedar impune incluso del reproche moral o político, es una sangrante herida que quedará abierta no sólo en los familiares de quienes fallecieron, sino de todos aquellos que, siendo también funcionario públicos, consideramos que servir al Estado es un honor y una forma de estar en la sociedad, y quienes se sirven del Estado y no asumen sus responsabilidades se definen, en el ámbito de la Defensa y la Seguridad, como lo que son: cobardes.
Vale.
Sin embargo, es de gran interés la condena que se hace al Estado como responsable civil subsidiario en las falsas identificaciones, ya que fueron realizadas por funcionarios públicos. Es de gran interés y es muy curioso porque en el caso del YAK-42, además de las pérdidas de vidas humanas (aspecto fundamental), el Estado resulto perjudicado económicamente y no ha podido ser resarcido de esas pérdidas económicas.
Para las empresas, en estos tiempos, el contar con personal cualificado es un valor diferencial, lo que se denomina «capital humano». Los departamentos de recursos humanos de las grandes y medianas empresas invierten en la localización y formación de los mejores para incorporarlos a sus plantillas, algo que también realizan las FAS.
La muerte en accidente de 62 militares provocó pérdidas económicas al Estado, porque había invertido tiempo y dinero en la formación de aquellos militares, oficiales superiores, suboficiales, tropa, que, además de tener un empleo militar (teniente coronel, comandante, capitán, subteniente, brigada, sargento, cabo 1º, cabo, soldado), tenían una gran formación profesional, que es costosa, mucho, al Estado, y que la falta de controles reales y de calidad (la misma calidad personal y profesional que se exige a cada miembro de las FAS) en la contratación del maldito avión ucraniano provocó las pérdidas de vidas humanas (irrecuperables) y las pérdidas económicas para el Estado.
Que hoy, en su Sentencia, la Audiencia Nacional requiera al Estado la responsabilidad civil subsidiaria por las falsas identificaciones, y que el propio Estado no pueda ser resarcido de las pérdidas económicas que la mala gestión (negligente, siendo piadosos) del Ministerio dirigido por Trillo, no deja de ser una contradicción.
Es cierto que el Estado es responsable, sin duda, de las falsas identificaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos pero el Estado también lo es de la mala calidad del transporte en el que encontraron la muerte 62 cualificados funcionarios públicos.
Que los responsables, cuando menos políticos, de esta doble responsabilidad estén sentados en cómodos escaños del Congreso es un insulto al Estado de Derecho, y que la muerte de 62 servidores públicos pueda quedar impune incluso del reproche moral o político, es una sangrante herida que quedará abierta no sólo en los familiares de quienes fallecieron, sino de todos aquellos que, siendo también funcionario públicos, consideramos que servir al Estado es un honor y una forma de estar en la sociedad, y quienes se sirven del Estado y no asumen sus responsabilidades se definen, en el ámbito de la Defensa y la Seguridad, como lo que son: cobardes.
Vale.
A TIENTAS
Se retrocede con seguridad
pero se avanza a tientas
uno adelanta manos como un ciego
ciego imprudente por añadidura
pero lo absurdo es que no es ciego
y distingue el relámpago la lluvia
los rostros insepultos la ceniza
la sonrisa del necio las afrentas
un barrunto de pena en el espejo
la baranda oxidada con sus pájaros
la opaca incertidumbre de los otros
enfrentada a la propia incertidumbre
se avanza a tientas / lentamente
por lo común a contramano
de los convictos y confesos
en búsqueda tal vez
de amores residuales
que sirvan de consuelo y recompensa
o iluminen un pozo de nostalgias
se avanza a tientas/ vacilante
no importan la distancia ni el horario
ni que el futuro sea una vislumbre
o una pasión deshabitada
a tientas hasta que una noche
se queda uno sin cómplices ni tacto
y a ciegas otra vez y para siempre
se introduce en un túnel o destino
que no se sabe dónde acaba.
Mario Benedetti
Vale.
El Partido Popular de Cáceres había aprobado un plan de urbanismo para 65.000 viviendas nuevas en una ciudad con menos de 95.000 habitantes. Un plan insostenible técnicamente (no hay capacidad de abastecimiento de agua para un volumen de viviendas como el propuesto) e incomprensible ya en el momento en que se produjo esa aprobación, mayo de 2007.
El actual equipo de gobierno (PSOE+IU), con el apoyo del concejal de Foro Ciudadano, sometió a aprobación un plan con un horizonte de 28.800 viviendas nuevas, muchas todavía. El Partido Popular se opuso frontalmente al recorte.
Ahora, PP y FC plantean incrementar, en la fase de alegaciones, la previsión en unas 5.000 viviendas, hasta llegar a las 34.000.
En realidad, el PP sigue empecinado en desconocer la realidad. En una situación de crisis económica mundial, que en España tiene el añadido de la crisis del sector de la construcción. Específicamente, el diferencial español en la crisis no es sino la crisis del sector residencial de la construcción, que ha llevado a los bancos a convertirse en grandes propietarios de viviendas.
Las decisiones políticas adoptadas por el primero gobierno de Aznar en 1996, llevaron a promulgar la Ley 6/1998, de régimen del suelo y valoraciones, que entre otros efectos poco criticados entonces y ahora, especialmente por los medios de comunicación de la derecha, está en que las empresas constructoras contabilizaban los terrenos en función de sus expectativas (especulación), y utilizaban esas contabilidades para que las tasadoras (sin crítica por el Banco de España, que ahora se pone estupendo dando recetas contra la crisis) avalaran con sus valoraciones la concesión de créditos por parte de la banca.
El PP, en lugar de callarse un poquito, en Cáceres continúa en la senda marcada por su gurú neoconsevador en lo económico y ultraderechista en lo político, José María Aznar. Así, el Plan de Urbanismo que planteaban de 65.000 viviendas estaba claramente inspirado en la Ley 6/98, máxime cuando el director del plan, Enrique Porto Rey fue uno de los redactores de dicha Ley. Hoy, Porto Rey está encausado por prácticas corruptas en materia de urbanismo.
Más le valdría al grupo municipal de la derecha explicar a los ciudadanos cómo aprobaron un plan para 65.000 en el que se robaban a la ciudad los derechos urbanísticos de las casi 16 hectáreas de suelo del actual ferial, para mayor gloria de los propietarios de los terrenos circundantes. Esa explicación sería necesaria. Y si no lo hacen, el puro y casto concejal de Foro Ciudadano debería exigirles una explicación antes de echarse en sus brazos y ayudarles a meter en el plan más terrenos de la Montaña, que servirán a sus propietarios para especular y para convertir en euros las herencias recibidas. Si Felipe Vela no exige al PP explicaciones sobre el asunto del Ferial (el PSOE ya lo ha hecho, rescatando para los intereses generales los derechos urbanísticos que le habían sido robados a los ciudadanos), se situará en la situación de cómplice de nuevas tropelías de las que tendrá que dar explicaciones.
Vale.
El actual equipo de gobierno (PSOE+IU), con el apoyo del concejal de Foro Ciudadano, sometió a aprobación un plan con un horizonte de 28.800 viviendas nuevas, muchas todavía. El Partido Popular se opuso frontalmente al recorte.
Ahora, PP y FC plantean incrementar, en la fase de alegaciones, la previsión en unas 5.000 viviendas, hasta llegar a las 34.000.
En realidad, el PP sigue empecinado en desconocer la realidad. En una situación de crisis económica mundial, que en España tiene el añadido de la crisis del sector de la construcción. Específicamente, el diferencial español en la crisis no es sino la crisis del sector residencial de la construcción, que ha llevado a los bancos a convertirse en grandes propietarios de viviendas.
Las decisiones políticas adoptadas por el primero gobierno de Aznar en 1996, llevaron a promulgar la Ley 6/1998, de régimen del suelo y valoraciones, que entre otros efectos poco criticados entonces y ahora, especialmente por los medios de comunicación de la derecha, está en que las empresas constructoras contabilizaban los terrenos en función de sus expectativas (especulación), y utilizaban esas contabilidades para que las tasadoras (sin crítica por el Banco de España, que ahora se pone estupendo dando recetas contra la crisis) avalaran con sus valoraciones la concesión de créditos por parte de la banca.
El PP, en lugar de callarse un poquito, en Cáceres continúa en la senda marcada por su gurú neoconsevador en lo económico y ultraderechista en lo político, José María Aznar. Así, el Plan de Urbanismo que planteaban de 65.000 viviendas estaba claramente inspirado en la Ley 6/98, máxime cuando el director del plan, Enrique Porto Rey fue uno de los redactores de dicha Ley. Hoy, Porto Rey está encausado por prácticas corruptas en materia de urbanismo.
Más le valdría al grupo municipal de la derecha explicar a los ciudadanos cómo aprobaron un plan para 65.000 en el que se robaban a la ciudad los derechos urbanísticos de las casi 16 hectáreas de suelo del actual ferial, para mayor gloria de los propietarios de los terrenos circundantes. Esa explicación sería necesaria. Y si no lo hacen, el puro y casto concejal de Foro Ciudadano debería exigirles una explicación antes de echarse en sus brazos y ayudarles a meter en el plan más terrenos de la Montaña, que servirán a sus propietarios para especular y para convertir en euros las herencias recibidas. Si Felipe Vela no exige al PP explicaciones sobre el asunto del Ferial (el PSOE ya lo ha hecho, rescatando para los intereses generales los derechos urbanísticos que le habían sido robados a los ciudadanos), se situará en la situación de cómplice de nuevas tropelías de las que tendrá que dar explicaciones.
Vale.
La euforia previa a la final de la Copa del Rey, que jugarán en poco más de una hora el Athletic de Bilbao y el FC Barcelona, ha provocado una de las fotos más curiosas y, especialmente, más simbólicas de los últimos tiempos: los diputados del PNV se han fotografiado con los leones de la escalinata del Palacio del Congreso de los Diputados con banderas, bufandas y camisetas del Athletic de Bilbao.
El equipo vasco, conocido también como «los leones de San Mamés», ha servido para que los diputados nacionalistas del PNV unan en una imagen impagable su euforia previa a la final futbolística con el símbolo de la soberanía constitucional de España. Y más aún, según se informa en los medios de comunicación, los diputados vascos han solicitado el permiso de la mesa del Congreso para poder hacerse las fotografías.
La realidad, poco a poco, se va imponiendo, y la imagen de los diputados del PNV uniendo el símbolo del fútbol vasco con la imagen más conocida de la democracia, y la de muchos diputados, catalanes y vascos posando con camisetas, puestas o en las manos, con las paredes del Congreso de fondo, señala una normalidad que seguramente con el tiempo podremos valorar mejor.
Vale.
El equipo vasco, conocido también como «los leones de San Mamés», ha servido para que los diputados nacionalistas del PNV unan en una imagen impagable su euforia previa a la final futbolística con el símbolo de la soberanía constitucional de España. Y más aún, según se informa en los medios de comunicación, los diputados vascos han solicitado el permiso de la mesa del Congreso para poder hacerse las fotografías.
La realidad, poco a poco, se va imponiendo, y la imagen de los diputados del PNV uniendo el símbolo del fútbol vasco con la imagen más conocida de la democracia, y la de muchos diputados, catalanes y vascos posando con camisetas, puestas o en las manos, con las paredes del Congreso de fondo, señala una normalidad que seguramente con el tiempo podremos valorar mejor.
Vale.
El Gobierno ha decidido que la llamada «píldora del día después» pueda venderse sin receta, y, automáticamente, el reaccionario foro de la familia ha comenzado a soltar lindezas científicas, jurídicas y técnicas que, mezcladas con el catecismo del padre Ripalda, nos recuerdan imágenes de antaño, imágenes y discursos añejos.
El objetivo del Gobierno es disminuir el número de embarazos no deseados. Ya con el asunto de la supresión del consentimiento paterno para abortar a partir de los 16 años, estos coros reaccionarios afirmaron sin pudor ninguno que si para una intervención de amígdalas era necesario ese consentimiento, más para un aborto. Sin embargo, la Ley de Autonomía del Paciente (creo que se llama así) que impulsó el Gobierno de Aznar no decía eso, sino lo contrario. El ejemplo, la comparación, muy celebrada al principio se desmoronó al leer la ley.
Sin embargo, lo más llamativo del revuelo que la derecha moral ha comenzado a propagar por los medios de comunicación que les sirven de altavoces, es que, de manera inmediata, los farmaceúticos han anunciado que podrá ejercer la objeción de conciencia. ¡Vaya, lo mismo que los médicos de la sanidad pública para no practicar abortos y que se dicen acosados si se investiga si los practican en la privada!
Algún filósofo, como Javier Sádaba, considera que los profesionales de la sanidad tienen el derecho a la objeción de conciencia. ¡Claro que lo tienen! Pero habrá que tener en cuenta el foro en el que Sádaba ha hecho sus afirmaciones: una conferencia organizada por el Colegio de Enfermería de Bilbao.
El Estado, que será el que adopte la decisión de cuándo se comienza a poner en práctica la venta de la píldora del día después sin receta, debe reconocer el derecho de los farmaceúticos a la objeción de conciencia, pero no hay que olvidar que las llamadas «oficinas de farmacia» son concesiones administrativas de un servicio público. O lo que es lo mismo, es el propio Estado (a través de las Comunidades Autónomas) el que regula la apertura de estos negocios. En definitiva, los farmaceúticos son una parte de la sanidad, y su negocio se lo deben a la acción del propio Estado.
En definitiva, como es el Estado el que regula en el interés general (la disminución de embarazos no deseados, un problema social de gran envergadura, y una tragedia individual en la mayor parte de los casos) y como es el Estado el que regula el negocio de las farmacias, no sería inconveniente ninguno reconocer a los Licenciados en Farmacia el derecho a la objeción de conciencia en la venta de este medicamento, pero también el Estado puede determinar las condiciones económicas de un negocio de utilidad pública restringido y regulado.
El Estado debería reservarse el derecho a la objeción de conciencia cuando éste se utiliza exclusivamente con finalidades morales (en realidad, con sometimiento a una determinada doctrina religiosa).
Vale.
Sin embargo, lo más llamativo del revuelo que la derecha moral ha comenzado a propagar por los medios de comunicación que les sirven de altavoces, es que, de manera inmediata, los farmaceúticos han anunciado que podrá ejercer la objeción de conciencia. ¡Vaya, lo mismo que los médicos de la sanidad pública para no practicar abortos y que se dicen acosados si se investiga si los practican en la privada!
Algún filósofo, como Javier Sádaba, considera que los profesionales de la sanidad tienen el derecho a la objeción de conciencia. ¡Claro que lo tienen! Pero habrá que tener en cuenta el foro en el que Sádaba ha hecho sus afirmaciones: una conferencia organizada por el Colegio de Enfermería de Bilbao.
El Estado, que será el que adopte la decisión de cuándo se comienza a poner en práctica la venta de la píldora del día después sin receta, debe reconocer el derecho de los farmaceúticos a la objeción de conciencia, pero no hay que olvidar que las llamadas «oficinas de farmacia» son concesiones administrativas de un servicio público. O lo que es lo mismo, es el propio Estado (a través de las Comunidades Autónomas) el que regula la apertura de estos negocios. En definitiva, los farmaceúticos son una parte de la sanidad, y su negocio se lo deben a la acción del propio Estado.
En definitiva, como es el Estado el que regula en el interés general (la disminución de embarazos no deseados, un problema social de gran envergadura, y una tragedia individual en la mayor parte de los casos) y como es el Estado el que regula el negocio de las farmacias, no sería inconveniente ninguno reconocer a los Licenciados en Farmacia el derecho a la objeción de conciencia en la venta de este medicamento, pero también el Estado puede determinar las condiciones económicas de un negocio de utilidad pública restringido y regulado.
El Estado debería reservarse el derecho a la objeción de conciencia cuando éste se utiliza exclusivamente con finalidades morales (en realidad, con sometimiento a una determinada doctrina religiosa).
Vale.
