Vale.
No tenía pensado continuar con esta orientación en mi blog, pero viendo el títular de un despacho de Europa Press, no tengo más remedio. No solamente la clase dirigente extremeña es ignorante en materia de cuestiones de Defensa. También los medios de comunicación en general, y, en este caso, no sé si la ignorancia es por ausencia de formación o simplemente por intereses económicos. Vende más un titular escandaloso que la verdad bien contada.
Dice el titular de Europa Press: «Matan al talibán responsable de la muerte del cabo español Ancor Cabello». En el Caiga Quien Caiga había una sección sobre cómo la prensa trataba los temas, recordando, a su vez, a la «cárcel de papel» de La Codorniz. El titular de Europa Press apela a dos conceptos de la manera más burda. El primer concepto, la venganza. Tal y como está redactado, el titular sin duda apela a la venganza, lo que en los usos (si se quiere) de la guerra, no existe. Las operaciones militares en los casos de guerra (hay que recordar que España no está en guerra, ni contra los talibanes ni contra nadie) excluyen la venganza… aunque no lo parezca. Un pensador chino, Sun Tzu escribió «El Arte de la Guerra», cuyo fundamento básico era, precisamente, emplear la disuasión, el engaño, antes de llegar a la batalla.
El segundo concepto al que apela el titular de Europa Press es más sibilino. El titular completo, siguiendo la metodología de Juanjo de la Iglesia en el CQC sería. «Soldados internacionales matan al comandante talibán responsable de la muerte del cabo español Ancor Cabello porque los soldados españoles no disparan». Siguiendo este titular, el lector no avisado colegirá que la muerte de Ancor Cabello es responsabilidad del propio Ejército español. Con este corolario, el titular debería ser: «Soldados internacionales tienen que matar al comandante talibán responsable de la muerte del cabo Ancor Cabello porque el Ejército español no tiene balas».
En la práctica, lo que pretenden demostrar los redactores de Europa Press es que otros países de la coalición internacional sí disparan, sí están en guerra, como debe reconocer el gobierno español.
La noticia completa arroja algo de luz. No solamente intervinieron fuerzas internacionales, sino que viendo la información, el comandante talibán murió en la ciudad de Gazara, en una ofensiva del Ejército Afgano (al que están formando, entre otros, militares españoles), con apoyo de helicópteros de la OTAN. No se trataba de una venganza como se desprende del titular de Europa Press, sino de una operación del Ejército Afgano, que sí está en guerra contra los talibanes y muyaidines de su entorno.
Cuando se den titulares de prensa, sería bueno que se cuidara la precisión. En este caso, el titular, más adecuado, habría sido: «El comandante talibán responsable de la muerte del cabo Ancor Cabello, abatido en una operación del ejército afgano». Y se le puede añadir, si se quiere, «con apoyo de las fuerzas internacionales».
Con ese titular, ya verán cómo los medios de la derecha hasta editorializarán reclamando que el gobierno español reconozca que estamos en guerra. Y no, no estamos en guerra. Mal que les pese.
Vale.
Dice el titular de Europa Press: «Matan al talibán responsable de la muerte del cabo español Ancor Cabello». En el Caiga Quien Caiga había una sección sobre cómo la prensa trataba los temas, recordando, a su vez, a la «cárcel de papel» de La Codorniz. El titular de Europa Press apela a dos conceptos de la manera más burda. El primer concepto, la venganza. Tal y como está redactado, el titular sin duda apela a la venganza, lo que en los usos (si se quiere) de la guerra, no existe. Las operaciones militares en los casos de guerra (hay que recordar que España no está en guerra, ni contra los talibanes ni contra nadie) excluyen la venganza… aunque no lo parezca. Un pensador chino, Sun Tzu escribió «El Arte de la Guerra», cuyo fundamento básico era, precisamente, emplear la disuasión, el engaño, antes de llegar a la batalla.
El segundo concepto al que apela el titular de Europa Press es más sibilino. El titular completo, siguiendo la metodología de Juanjo de la Iglesia en el CQC sería. «Soldados internacionales matan al comandante talibán responsable de la muerte del cabo español Ancor Cabello porque los soldados españoles no disparan». Siguiendo este titular, el lector no avisado colegirá que la muerte de Ancor Cabello es responsabilidad del propio Ejército español. Con este corolario, el titular debería ser: «Soldados internacionales tienen que matar al comandante talibán responsable de la muerte del cabo Ancor Cabello porque el Ejército español no tiene balas».
En la práctica, lo que pretenden demostrar los redactores de Europa Press es que otros países de la coalición internacional sí disparan, sí están en guerra, como debe reconocer el gobierno español.
La noticia completa arroja algo de luz. No solamente intervinieron fuerzas internacionales, sino que viendo la información, el comandante talibán murió en la ciudad de Gazara, en una ofensiva del Ejército Afgano (al que están formando, entre otros, militares españoles), con apoyo de helicópteros de la OTAN. No se trataba de una venganza como se desprende del titular de Europa Press, sino de una operación del Ejército Afgano, que sí está en guerra contra los talibanes y muyaidines de su entorno.
Cuando se den titulares de prensa, sería bueno que se cuidara la precisión. En este caso, el titular, más adecuado, habría sido: «El comandante talibán responsable de la muerte del cabo Ancor Cabello, abatido en una operación del ejército afgano». Y se le puede añadir, si se quiere, «con apoyo de las fuerzas internacionales».
Con ese titular, ya verán cómo los medios de la derecha hasta editorializarán reclamando que el gobierno español reconozca que estamos en guerra. Y no, no estamos en guerra. Mal que les pese.
Vale.
Hoy, el Diario del mismo nombre publica una información sobre Afganistán, al hilo de la muerte del Cabo Cabello Santana, y sobre unas declaraciones de Rubalcaba en las que el ministro del Interior afirma que aquello no está saliendo bien. En esa información se alude a que “miembros del PSOE” señalan que hay que “hay que explicar mejor el despliegue militar”. Por supuesto, miembros del PSOE que no se identifican. Vamos, que lo que dijo Rodríguez Ibarra antes del último Comité Federal socialista era cierto: que algunos no dicen lo que tienen o lo que quieren decir donde deben hacerlo y se escudan en el off the record para dar de comer a la prensa.
Dejando aparte el recurso a las “fuentes generalmente bien informadas”, eso de explicar mejor el despliegue militar tiene mucho sentido, especialmente en zonas como Extremadura, cuyos cargos políticos, de todos los partidos, adolecen de una notable falta de cultura en materia de Defensa.
El año pasado, en octubre, con motivo del Ágora, se organizaron unas jornadas de seguridad y defensa a la que asistieron algunos diputados socialistas a la inauguración, pero no al desarrollo de las mismas. Del PP, nadie, ni a la inauguración siquiera. Tampoco se vieron cargos públicos de áreas que tienen mucho que ver con la Defensa Nacional, que es un concepto que no se limita solamente a las Fuerzas Armadas, que no es un asunto que competa exclusivamente a las FAS.
La falta de cultura de Defensa de la clase política extremeña es abrumadora. Rara vez se hacen declaraciones públicas, y cuando se hacen, normalmente con motivo de alguna celebración o de alguna audiencia entre autoridades, la falta de conocimientos es notoria.
Esa falta de cultura de Defensa se aprecia también, ¡y cuánto! en las relaciones institucionales ordinarias, en las que el protocolo es lo único que más acertadamente se lleva. Pero en cuanto a competencias y relaciones entre administraciones, el desconocimiento mutuo es evidente.
Y si los dirigentes políticos son ignaros en la materia, ¿cómo explicarán a los ciudadanos el despliegue en Afganistán? O como hace el PP, con qué facilidad, sin saber a lo que realmente se refieren ellos mismos, tratan de convencer a los ciudadanos que España está en guerra. Claro, que para que haya una guerra no explican contra quién estaría España en guerra, ni explican que la presencia española en Afganistán es dentro de una misión de la OTAN en cumplimiento de una resolución de la ONU, por cierto, prorrogada hoy mismo.
Entre los dirigentes que no saben de qué van los asuntos de la Defensa y no pueden explicarlo, y los que, con el mismo grado de desconocimiento solamente repiten como loros los argumentarios que les mandan, los ciudadanos terminan recurriendo a lo más fácil (no lo más sencillo) y pensando y diciendo que España está en guerra porque un cabo, el Cabo Cabello Santana, ha muerto en Afganistán.
El Cabo Cabello Santana ha muerto en Afganistán en el cumplimiento de una misión aprobada por la ONU y encomendada a la OTAN, y lo primero que hay que explicar, lo primero, es que la ONU no declara la guerra a ningún país, a ningún territorio, a ninguna etnia.
Vale.
Dejando aparte el recurso a las “fuentes generalmente bien informadas”, eso de explicar mejor el despliegue militar tiene mucho sentido, especialmente en zonas como Extremadura, cuyos cargos políticos, de todos los partidos, adolecen de una notable falta de cultura en materia de Defensa.
El año pasado, en octubre, con motivo del Ágora, se organizaron unas jornadas de seguridad y defensa a la que asistieron algunos diputados socialistas a la inauguración, pero no al desarrollo de las mismas. Del PP, nadie, ni a la inauguración siquiera. Tampoco se vieron cargos públicos de áreas que tienen mucho que ver con la Defensa Nacional, que es un concepto que no se limita solamente a las Fuerzas Armadas, que no es un asunto que competa exclusivamente a las FAS.
La falta de cultura de Defensa de la clase política extremeña es abrumadora. Rara vez se hacen declaraciones públicas, y cuando se hacen, normalmente con motivo de alguna celebración o de alguna audiencia entre autoridades, la falta de conocimientos es notoria.
Esa falta de cultura de Defensa se aprecia también, ¡y cuánto! en las relaciones institucionales ordinarias, en las que el protocolo es lo único que más acertadamente se lleva. Pero en cuanto a competencias y relaciones entre administraciones, el desconocimiento mutuo es evidente.
Y si los dirigentes políticos son ignaros en la materia, ¿cómo explicarán a los ciudadanos el despliegue en Afganistán? O como hace el PP, con qué facilidad, sin saber a lo que realmente se refieren ellos mismos, tratan de convencer a los ciudadanos que España está en guerra. Claro, que para que haya una guerra no explican contra quién estaría España en guerra, ni explican que la presencia española en Afganistán es dentro de una misión de la OTAN en cumplimiento de una resolución de la ONU, por cierto, prorrogada hoy mismo.
Entre los dirigentes que no saben de qué van los asuntos de la Defensa y no pueden explicarlo, y los que, con el mismo grado de desconocimiento solamente repiten como loros los argumentarios que les mandan, los ciudadanos terminan recurriendo a lo más fácil (no lo más sencillo) y pensando y diciendo que España está en guerra porque un cabo, el Cabo Cabello Santana, ha muerto en Afganistán.
El Cabo Cabello Santana ha muerto en Afganistán en el cumplimiento de una misión aprobada por la ONU y encomendada a la OTAN, y lo primero que hay que explicar, lo primero, es que la ONU no declara la guerra a ningún país, a ningún territorio, a ninguna etnia.
Vale.
Como todo el mundo no ignora, las gaviotas son aves carroñeras.
En el Índico, donde faenan atuneros con base principalmente en el País Vasco, se vienen dando casos de piratería (un delito que no existe en el Código Penal español, por cierto), y donde se desarrolla una misión militar internacional denominada Atalanta, que se puso en marcha por iniciativa del Ministerio de Defensa dirigido por Carme Chacón. Esa operación establece una serie de directrices para que las diversas unidades militares de los países participantes puedan proteger adecuadamente a los barcos, no solamente atuneros, que surcan el océano cerca del cuerno de África.
La operación Atalanta ha diseñado una zona, de un tamaño cuatro veces el Mediterráneo en la que los militares están en condiciones de garantizar la seguridad marítima. Días atrás, el atunero Alakrana, con base en Bermeo, fue abordado por un grupo de piratas, fuera de la zona protegida por la operación Atalanta. El atunero había sido avisado de que estaba fuera de esa zona, pero prefirió seguir faenando, expuesto a lo que sucedió después.
Ahora, corresponde a las unidades militares desplegadas en la zona tratar de recuperar el atunero y, fundamentalmente, garantizar la seguridad de los pescadores, 16 de los cuales son españoles. En el día de hoy, por militares de la fragata «Canarias» han apresado a dos de los piratas, que han sido puestos a disposición de la Audiencia Nacional, donde el juez Garzón ha ordenado el traslado a España para las diligencias judiciales. Hace unos meses, tras el apresamiento de un grupo de piratas, los jueces españoles (los mismos que organizan una huelga política contra el gobierno socialistas y son jaleados por el PP) protagonizaron un episodio chusco que dio con la puesta en libertad, en Kenia, de los piratas. Rajoy mantuvo un silencio vergonzante ante las acciones de «sus amigos» jueces.
Sin embargo, este episodio ha provocado una reacción apocalíptica de Mariano Rajoy, que ha dicho que es una «catástrofe» y que es un «ridículo» de Zapatero. Rajoy debería saber que hay militares españoles trabajando en aguas internacionales en persecución de la piratería (que, repito, no es delito en el Código Penal español), y que en persecución y captura de los que han abordado al atunero Alakrana van a asumir graves riesgos. En estas circunstancias, Mariano Rajoy (en vísperas del 12 de octubre) vuelve a desconsiderar a las Fuerzas Armadas, como cuando dijo que el desfile es un coñazo. Si ahora aprovecha un episodio de piratería para criticar al gobierno de la manera en que lo hace, debería medir esa crítica.
Porque la «catástrofe» ha tenido lugar porque el atunero apresado ha desoído las advertencias de la Armada y ha trasladado a ésta la obligación de tratar de recuperar el barco y de salvaguardar la integridad física de los pescadores. Esa catástrofe, Marianito, no es responsabilidad del presidente del Gobierno, es responsabilidad de los piratas y, en menor grado, del armador (del propietario) del atunero.
¿Con qué ánimos van a trabajar los marineros de la fragata «Canarias» en persecución de los piratas si el jefe de la oposición culpa al jefe de los marineros, al presidente del gobierno, del secuestro?
Con comentarios (en un mitin) como este, el Señor X de la trama Gürtel, se desnuda en su condición carroñera, y produce solamente asco.
Vale.
La operación Atalanta ha diseñado una zona, de un tamaño cuatro veces el Mediterráneo en la que los militares están en condiciones de garantizar la seguridad marítima. Días atrás, el atunero Alakrana, con base en Bermeo, fue abordado por un grupo de piratas, fuera de la zona protegida por la operación Atalanta. El atunero había sido avisado de que estaba fuera de esa zona, pero prefirió seguir faenando, expuesto a lo que sucedió después.
Ahora, corresponde a las unidades militares desplegadas en la zona tratar de recuperar el atunero y, fundamentalmente, garantizar la seguridad de los pescadores, 16 de los cuales son españoles. En el día de hoy, por militares de la fragata «Canarias» han apresado a dos de los piratas, que han sido puestos a disposición de la Audiencia Nacional, donde el juez Garzón ha ordenado el traslado a España para las diligencias judiciales. Hace unos meses, tras el apresamiento de un grupo de piratas, los jueces españoles (los mismos que organizan una huelga política contra el gobierno socialistas y son jaleados por el PP) protagonizaron un episodio chusco que dio con la puesta en libertad, en Kenia, de los piratas. Rajoy mantuvo un silencio vergonzante ante las acciones de «sus amigos» jueces.
Sin embargo, este episodio ha provocado una reacción apocalíptica de Mariano Rajoy, que ha dicho que es una «catástrofe» y que es un «ridículo» de Zapatero. Rajoy debería saber que hay militares españoles trabajando en aguas internacionales en persecución de la piratería (que, repito, no es delito en el Código Penal español), y que en persecución y captura de los que han abordado al atunero Alakrana van a asumir graves riesgos. En estas circunstancias, Mariano Rajoy (en vísperas del 12 de octubre) vuelve a desconsiderar a las Fuerzas Armadas, como cuando dijo que el desfile es un coñazo. Si ahora aprovecha un episodio de piratería para criticar al gobierno de la manera en que lo hace, debería medir esa crítica.
Porque la «catástrofe» ha tenido lugar porque el atunero apresado ha desoído las advertencias de la Armada y ha trasladado a ésta la obligación de tratar de recuperar el barco y de salvaguardar la integridad física de los pescadores. Esa catástrofe, Marianito, no es responsabilidad del presidente del Gobierno, es responsabilidad de los piratas y, en menor grado, del armador (del propietario) del atunero.
¿Con qué ánimos van a trabajar los marineros de la fragata «Canarias» en persecución de los piratas si el jefe de la oposición culpa al jefe de los marineros, al presidente del gobierno, del secuestro?
Con comentarios (en un mitin) como este, el Señor X de la trama Gürtel, se desnuda en su condición carroñera, y produce solamente asco.
Vale.
Cuando un artista desea dar a conocer su obra, sobre todo cuando se trata de gente novel, la primera cuestión que se plantea es dónde. En la ciudad de Cáceres existen, dicen, tres galerías (Belleartes, María Llanos y Punto Rojo) en las que pueden exponer quienes conocen a sus propietarios y cuya obra interesa o es del gusto de esos propietarios. Todos los demás, la inmensa mayoría, tiene que buscarse la vida.
El primer lugar, el primer intento de búsqueda de un espacio en el que exponer los cuadros, las fotografías, las esculturas… suele ser, debe ser, el área de Cultura del Ayuntamiento. Siempre que los ayuntamientos tengan área cultural, por supuesto.
En Cáceres, con una concejalía de cultura en el organigrama municipal, son muchos los artistas, más o menos consagrados, principiantes, estudiantes de Bellas Artes, autodidactas, que se dirigen a la concejalía solicitando un espacio, unas paredes, una sala en la que su obra, trabajada desde el esfuerzo, la imaginación, la constancia, pueda ser conocida.
La realidad es dura: en la mayor parte de los casos, en un porcentaje muy elevado, casi del cien por cien, esas peticiones no pueden ser atendidas. La razón: el Ayuntamiento solamente cuenta con un espacio, el Palacio de la Isla, y un par de salas dentro de ese inmueble. Y dentro de las prioridades de la política local en materia de cultura no se encuentra facilitar esas salas a quien las solicita, sino que se utilizan para, como sucede estos días, exponer unos grabados de Picasso, pertenecientes a una colección cuya procedencia está en entredicho. Y no solamente se exponen esos grabados por un tiempo razonable, sino que con la excusa, incierta, de que es muy visitada la exposición, se prorroga su exhibición.
Mientras, las peticiones de multiples artistas se amontonan en unas cajas de cartón, en el suelo, bajo unas estanterías, olvidadas ya antes de que llegaran al Ayuntamiento. En esas cajas de cartón duermen el sueño eterno el eterno sueño de muchos artistas que solamente quieren que los ciudadanos, en la mayor parte, sus propios convecinos, conozcan su obra.
En esas cajas olvidadas, pero que gritan cada vez que se las mira, duerme una forma de hacer cultura: ninguna.
Vale.
El primer lugar, el primer intento de búsqueda de un espacio en el que exponer los cuadros, las fotografías, las esculturas… suele ser, debe ser, el área de Cultura del Ayuntamiento. Siempre que los ayuntamientos tengan área cultural, por supuesto.
En Cáceres, con una concejalía de cultura en el organigrama municipal, son muchos los artistas, más o menos consagrados, principiantes, estudiantes de Bellas Artes, autodidactas, que se dirigen a la concejalía solicitando un espacio, unas paredes, una sala en la que su obra, trabajada desde el esfuerzo, la imaginación, la constancia, pueda ser conocida.
La realidad es dura: en la mayor parte de los casos, en un porcentaje muy elevado, casi del cien por cien, esas peticiones no pueden ser atendidas. La razón: el Ayuntamiento solamente cuenta con un espacio, el Palacio de la Isla, y un par de salas dentro de ese inmueble. Y dentro de las prioridades de la política local en materia de cultura no se encuentra facilitar esas salas a quien las solicita, sino que se utilizan para, como sucede estos días, exponer unos grabados de Picasso, pertenecientes a una colección cuya procedencia está en entredicho. Y no solamente se exponen esos grabados por un tiempo razonable, sino que con la excusa, incierta, de que es muy visitada la exposición, se prorroga su exhibición.
Mientras, las peticiones de multiples artistas se amontonan en unas cajas de cartón, en el suelo, bajo unas estanterías, olvidadas ya antes de que llegaran al Ayuntamiento. En esas cajas de cartón duermen el sueño eterno el eterno sueño de muchos artistas que solamente quieren que los ciudadanos, en la mayor parte, sus propios convecinos, conozcan su obra.
En esas cajas olvidadas, pero que gritan cada vez que se las mira, duerme una forma de hacer cultura: ninguna.
Vale.
El 20 de octubre de 2000, la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, anunció la pública subasta de 72.682,79 metros cuadrados pertenecientes al Cuartel Infanta Isabel, en Cáceres. Dicha superficie, según el anuncio oficial publicado en el BOE, había sido desafectada y declarada su alienabilidad por el Ministerio de Defensa, dirigido ya por Federico Trillo.
Los terrenos del Cuartel Infanta Isabel, según puede leerse en los periódicos de 1919, fueron comprados, en su mayor parte, por el Ayuntamiento de la ciudad, para que, unidos a una finca municipal, fueran cedidos gratuitamente al Ejército, para construir un Cuartel. Posteriormente, a finales de los años 40, se realizó otra cesión gratuita, de menor superficie, para unirla a los terrenos originales de 1919.
Dado que la cesión de los terrenos se había producido gratuitamente por el municipio, con sacrificio económico de las arcas locales, cabría haber planteado, posiblemente, con motivo de la subasta pública anunciada por el Ministerio dirigido por Trillo, alguna reivindicación de derechos, relativos a una reversión total o parcial, o participación en los recursos obtenidos en la subasta.
Sin embargo, no se produjo ninguna manifestación pública del entonces alcalde de la ciudad sobre la posibilidad de recuperar al menos parte de los costes que en su día hubo de desembolsar el ayuntamiento, ninguna manifestación pública ni ninguna acción administrativa encaminada a que por los servicios técnicos y jurídicos municipales se elaboraran informes que pudieran avalar la existencia de derechos sobre los terrenos a enajenar.
Con el paso del tiempo, algunos funcionarios de alto nivel del ayuntamiento confirman que plantearon directamente al Alcalde Saponi que debería reclamarse el derecho de reversión sobre los terrenos que el Ministerio de Defensa sacaba a la venta en subasta, por una cuantía de 520 millones de pesetas. La respuesta de Saponi era sencilla: «hay que llevarse bien con el Ejército». Confundía, sin duda por ignorancia, Ejército con Ministerio. Y esa ignorancia, en octubre de 2000 se tradujo, solamente cuatro meses después, en marzo de 2001, en el anuncio del Jefe del Estado Mayor del Ejército, de que el Centro de Instrucción del campamento de Santa Ana tenía los días contados. «Hay que llevarse bien con el Ejército», tan bien que el Ministerio de Defensa, ante una actitud tan sumisa como la mostrada por el Alcalde Saponi puso el cartel de próximo cierre al Campamento de Santa Ana. El que no se haya cerrado no es mérito posterior de Saponi, como falsamente le atribuyen sus acólitos y él se pavonea en alardear: cuando lo hace, miente descaradamente.
Lo que hizo Saponi en octubre de 2000, al no reclamar el derecho de reversión, total o parcial, sobre los terrenos del Cuartel Infanta Isabel que el gobierno de su propio partido, fue, como alcalde, una clara y contundente, dejación de obligaciones con perjuicio para las arcas municipales. Y como militante del partido de la derecha, una sumisión propia del vasallaje medieval, sumisión impropia de quien, cuando iba a las asociaciones de vecinos, sacaba pecho y valentía y cuando se trataba de reclamar en Madrid (recuérdese la Ronda Este), era un sumiso cachorrito.
Vale.
La neoliberal Esperanza Aguirre ha vuelto hacer alarde de su propensión a la media verdad y a la gran mentira para crear un debate que es, socialmente, muy peligroso. Me refiero a su propuesta de conferir a los profesores el status de autoridad para combatir las agresiones. Antes de analizar la media verdad y la gran mentira, señalo que me apena la forma con la que los sindicatos de la derecha (¿sindicatos de derechas? contradicción en sus propios términos) se han lanzado al seguidismo del titular de prensa y a propagar la buena nueva neoliberal (en realidad, neofascista) de Esperanza Aguirre.
La media verdad: Aguirre señala que ese status de autoridad lo sería solamente para los profesores de la escuela pública. No he visto, en los sindicatos de la derecha, ni en muchos otros foros, una explicación jurídica de la razón por la que la propuesta solamente afectaría a la escuela pública. Sencilla y llanamente, solamente podría alcanzar a esos profesores porque son empleados públicos, y la autoridad y su ejercicio en nuestro ordenamiento público solamente corresponde al Estado y sus administraciones. Por tanto, jurídicamente, lo que propone doña Esperanza es una media verdad.
La gran mentira: a Aguirre le da igual la autoridad de los profesores y su seguridad ante posibles agresiones, digo de los profesores de la escuela pública. Ella no ha lanzado su propuesta para defenderlos, ha lanzado su propuesta neofascista en su escalada política contra la escuela pública. Lo que ha querido evidenciar con su propuesta es una criminalización de la escuela pública, a la que solamente irían los hijos de los marginados, de los inmigrantes. Ha señalado a la escuela pública como germen de la delincuencia, y esta criminalización es una determinación política neofascista.
La fiscalía general del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en 2007, ya ordenó a los fiscales de su ámbito de competencia otorgar el tratamiento de atentado a la autoridad en las agresiones a profesores y a personal sanitario, en tanto que funcionarios públicos en el ejercicio de su función publica. En 2008, la Fiscalía General del Estado asumió esta línea de actuación y así está ordenado a los fiscales de todo el territorio estatal.
¿A qué viene, por tanto, la propuesta de Esperanza Aguirre? La propuesta política de Esperanza Aguirre no tiene camino jurídico por cuanto ya existe jurisprudencia emanada de las acciones fiscales llevadas a cabo en Extremadura en 2007 y en todo el Estado desde 2008. La media verdad no es necesaria.
El alcance de la propuesta es puramente político y solamente tiene entronque en la criminalización de la escuela pública, en la misma línea que ya hizo la misma Esperanza Aguirre con la sanidad pública y el caso del hospital de Leganés.
Lo triste es ver que sus propuestas neofascistas tienen tanto eco y son tan bien recibidas por sindicatos de derechas que, finalmente, están siendo correa de transmisión de esta y de otras aportaciones ideológicas de la derecha más antigua y reaccionaria que se conoce en Europa.
Vale.
Las previsiones de la Revisión del Plan General de Cáceres ha variado a lo largo de su tramitación. Al principio, se incluyó siguiendo lo establecido en un documento de 1992, y que seguía en la situación del plan vigente: su demolición y construcción de viviendas, alrededor de 130. Después, a raíz de una moción presentada en pleno por el grupo municipal socialista, se estableció que debía incluirse en el Catálogo de bienes protegidos. Ahora, con una alegación presentada por el Estado, se considera que debe volver a la situación que permita un aprovechamiento lucrativo, y, en todo caso, que debe suprimirse la protección estructural y que esta protección sea ambiental. O lo que es lo mismo, que se podría demoler.
En esta situación, sería muy conveniente hacer uso de la ley de patrimonio histórico y cultural de Extremadura y declarar la Cárcel de Cáceres Bien de Interés Cultural.
Para iniciar el procedimiento de declaración de un inmueble como bien de interés cultural, dice la Ley en su artículo 7, podrá la Administración actuar de oficio o podrá hacerlo a instancia de cualquier persona física o jurídica, pública o privada.
En el caso de la cárcel de Cáceres, construida durante la II República, se trata de un inmueble que obedece a las directrices que los gobiernos republicanos dictaron para mejorar la situación de las cárceles españolas, y, especialmente, de las condiciones de vida de los reclusos.
En Cáceres, capital de provincia, la construcción de la cárcel fue una obra singular por muchos aspectos: porque se hizo sobre terrenos que se cedieron gratuitamente al Estado, porque para pagar su construcción se recabaron dineros de los municpios (de ahí el carácter de Prisión Provincial), porque obedece a unos modelos arquitectónicos que se iniciaron con el despertar intelectual de la II República…
Este inmueble, por su singularidad, por sus características arquitectónicas, por su significado social y político, cumple todos los requisitos no solamente para su inclusión en el Catálogo de Bienes de la Revisión del Plan General Municipal, sino para que en el menor plazo se inicie, de oficio por la Junta de Extremadura, y en aplicación del artículo 7 de la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, la declaración de la Prisión Provincial de Cáceres como Bien de Interés Cultural.
Vale.
Existe, en la ciudad de Cáceres, una calle que se llama «Comandante Joaquín González». ¿Qué méritos contrajo con la ciudad este comandante para merecer una calle? ¿Cuándo se decidió poner su nombre a un tramo de la ciudad? ¿Dónde está el expediente municipal en el que han de sostenerse los méritos y donde aparecerán los promotores de tal homenaje?
Para tener referencias de este Joaquín, vayamos al libro «Tragedia y represión en Navidad», del profesor universitario Julián Chaves Palacios. En ese libro, el comandante Joaquín González aparece citado tres veces.
(Páginas 46-47). «Sin embargo, entre bastidores la situación [en Cáceres] discurría de otra forma bien distinta. Tres oficiales el cuartel Infanta Isabel, único con guarnición en Cáceres, habían establecido contacto con sediciosos en Valladolid, sede de la Jefatura de la División a la que pertenecía la provincia. Se trataba del comandante Joaquín González y los capitanes Alfonso Pérez Viñeta y Francisco Viseo Moreno, que habían asumido los preparativos del alzamiento.»
(Página 50). «Una vez de regreso [el falangista Manuel Villarroel Dato, próximo a José Luna, de un viaje a Madrid] se entrevistó con el comandante Joaquín González. Ambos ultimaron los preparativos militares y civiles de la sublevación y acordaron tomar todo tipo de precauciones para evitar más detenciones. La suerte estaba echada y sólo cabía esperar el inicio de la insurrrección con la mayor cautela posible.»
(Página 53). «Sin embargo los movimientos que se registraban en el interior de otro edificio emblemático de la ciudad: el cuartel del Regimiento Argel, eran muy distintos a los que vaticinaba el gobernador. Tras recibirse desde Valladolid la orden de sublevarse, los oficiales más comprometidos conla sedición: comandante González y capitanes Visedo y Viñeta, pusiron a punto toda la maquinaria. Con ese fn se entrevistaron con responsables falngistas como el ya citado Manuel Villarroel, también con oficiales y jefes afectos al alzamiento tanto del Regimiento como de la Guardia Civil, ytabién con el coronel Álvarez Díaz, que hasta ese momento había permanecido al margen de la conspiración. Al parecer, su encuentro con éste fue breve y no exento de cierta tensión.»
Con estos méritos, también será interesante conocer quién fue el impulsor de nombrar una calle con su nombre: sus méritos y capacidades serán muy similares.
Vale.
Como Rajoy y sus secuaces no dejan de sacar pecho con el archivo de la causa de los trajes de Francisco Camps, en un tribunal valenciano presidido por su amigo De la Rúa, una simple búsqueda de jurisprudencia del Tribunal Supremo, depara alguna sorpresa.
La Sentencia del TS 362/2008, de 13 de junio de 2008, recoge una cita de otra sentencia anterior, de 1998, cuya lectura, sin ser jurista, puede poner los pelos de punta al Curita y sus cómplices:
La homogeneidad entre los distintos tipos de cohecho ha sido expresamente proclamada por esta Sala. En efecto, la STS 1417/1998, 16 de diciembre , recuerda que «…la posible heterogeneidad de las diversas figuras de cohecho, es más aparente que real en cuanto que el bien jurídico que tratan de proteger, sus diferentes modalidades delictivas, es perfectamente unificable. Una moderna corriente doctrinal pone el acento en la necesidad de perseguir, con instrumentos penales, todas las actividades que revelan la corrupción de los funcionarios públicos y ponen en peligro la credibilidad democrática del sistema administrativo del Estado. Desde esta perspectiva se tiende a una política unitaria que trata de homologar todas las conductas que suponen la expresión de un comportamiento corrupto. En esta línea tanto el cohecho activo como el cohecho pasivo, el propio como el impropio, son manifestaciones de esta lacra de la corrupción que afecta a la buena marcha de la Administración pública y a la fe de los ciudadanos en las instituciones del Estado democrático y de derecho».
Vale.
La Sentencia del TS 362/2008, de 13 de junio de 2008, recoge una cita de otra sentencia anterior, de 1998, cuya lectura, sin ser jurista, puede poner los pelos de punta al Curita y sus cómplices:
La homogeneidad entre los distintos tipos de cohecho ha sido expresamente proclamada por esta Sala. En efecto, la STS 1417/1998, 16 de diciembre , recuerda que «…la posible heterogeneidad de las diversas figuras de cohecho, es más aparente que real en cuanto que el bien jurídico que tratan de proteger, sus diferentes modalidades delictivas, es perfectamente unificable. Una moderna corriente doctrinal pone el acento en la necesidad de perseguir, con instrumentos penales, todas las actividades que revelan la corrupción de los funcionarios públicos y ponen en peligro la credibilidad democrática del sistema administrativo del Estado. Desde esta perspectiva se tiende a una política unitaria que trata de homologar todas las conductas que suponen la expresión de un comportamiento corrupto. En esta línea tanto el cohecho activo como el cohecho pasivo, el propio como el impropio, son manifestaciones de esta lacra de la corrupción que afecta a la buena marcha de la Administración pública y a la fe de los ciudadanos en las instituciones del Estado democrático y de derecho».
Vale.
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