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Archivos/- November 30, 1999
Archivos para November 30, 1999
La abdicación de Juan Carlos de Borbón ha resultado un detonante para que muchos miles de españoles, en las calles, exijan un referéndum sobre la forma de estado. Otros muchos reclaman un proceso constituyente.
Mientras tanto, mañana, 3 de junio, el Consejo de Ministros, en realidad, consejo de tramposos, aprobará el Proyecto de Ley Orgánica que contenga el procedimiento de abdicación y asunción de la jefatura del Estado por el heredero a la Corona, conforme a la vigente Constitución de 1978l.
Este proceso iniciado hoy con las declaraciones institucionales del Presidente del Gobierno y del propio Juan Carlos, y que mañana impulsará el Consejo de Ministros requerirá, por tratarse de Ley Orgánica, una mayoría cualificada. O lo que es lo mismo, requerirá que el PSOE apoye al PP para sacarla adelante. Y, desgraciadamente, eso va a suceder.
En este contexto, la convocatoria de un referéndum sobre la forma de Estado debería llevarse a cabo con carácter previo a la aprobación en las Cortes de la Ley Orgánica que prevé aprobarse mañana en Moncloa. O lo que es lo mismo, el referéndum debería convocarse ya, mañana mismo, y llevarse a cabo en el mes de julio. Si quieren, incluso, que sometan a referéndum la Ley Orgánica que pergeñan.
Como esto no va a suceder y las peticiones de referéndum van a continuar y pueden enquistare, con consecuencias difíciles de prever, con un gobierno acorralado por la corrupción, sometido a decisiones que se adoptan en Bruselas o Berlín y dirigido por un Mariano Rajoy, declarado incompetente, cuyas reacciones son imprevisibles. Baste tener en cuenta los intentos de Ley Mordaza o la infantil, por ignorante, criminalización de las redes sociales.
En todo caso, y en el mejor de los supuestos, someter la forma de Estado a referéndum, y que gane la república, nos llevaría a un necesario cambio constitucional. Esto es, a que la actual constitución se someta unos cambios, cuyo control escaparía al auténtico control de los ciudadanos.
En mi opinión, un simple referéndum sobre la forma de Estado (simple pero complejo) no resolvería más problema que ese, que la forma de Estado, monarquía o república. Y sería la puerta que abriría modificaciones de calado, del tipo que la llevada a cabo con el artículo 135 de la vigente Constitución.
Por ello, es necesario, sería necesario un proceso constituyente que incluyera la forma de Estado. Porque la forma de Estado no es, ni con mucho, el mayor problema que tenemos. Porque el paro, la crisis económica, la corrupción política, el desprecio de los políticos y grandes empresarios hacia ciudadanos y trabajadores, no dependen de monarquía o república.
Desde luego, para los ciudadanos, que quienes ostenten la jefatura del Estado sean merecedores de esa magistratura por genética o lo sean por eleccin democrática, es un bien a conseguir. Porque significa un símbolo en el que se refleje que la soberanía reside en el pueblo.
Cambiar sólo la forma de Estado puede suponer dar carta blanca a unos políticos, los actuales del PP, la derecha de siempre, que han demostrado de modo suficiente su incapacidad para tomar decisiones que mejoren la vida de los ciudadanos, pero sí la de los grandes empresarios y el gran capital, y una oposición mayoritaria, la del PSOE, que no se ha enterado en toda la legislatura de las tropelías del PP y se ha limitado a los juegos de manos de Rubalcaba en las ruedas de prensa.
Por ello, frente a la idea de un referéndum exclusivamente sobre la forma de Estado, mucho más eficaz, quizá más largo, pero más seguro, un proceso constituyente que termine en una nueva Constitución que, sí, se someta a referéndum y que permita elegir la forma de Estado.
Vale.
Cáceres, capital de provincia desde el siglo XIX sigue siendo capital de provincia del siglo XIX. Cualquier cosa que viene de fuera es recibida con alharacas y boato, como hace años se formaban arcos del triunfo. Ahora, esos arcos del triunfo son palabras y hechos que adornan la alfombra del recibimiento, y páginas de prensa escrita (pocas, que no están las gacetillas locales para gastar tinta).
Unos arcos del triunfo que se han ido levantando, a cada poco, anunciando la llegada de El Corte Inglés, desde 2005. Que hay que cambiar el plan de urbanismo, se cambia. Que hay que convencer al pequeño comercio de que El Corte Inglés es bueno para ellos, se convence a los tenderos de toda la vida (los tetovis), que hay que convencer a los hosteleros de que El Corte Inglés aumentará sus negocios, se convence a los taberneros de toda la vida (los tatovis), que hay que convencer a los cacereños de que… a los cacereños de toda la vida (los catovis) se les convence con poco.
Despues de nueve años, desde aquel lejano y próspero 2005 (se acuerdan, cuando ser mileurista era ser un pringao) hasta hoy, en 2014, cuando los perros son escuálidos, como el galgo de Alonso Quijano, muchos arcos del triunfo a base de declaraciones de todo tipo se han levantado. Todos esos arcos, y más que hubieran sido necesarios, levantados para que el maná de El Corte Ingés regara los bolsillos de tetovis, tatovis y catovis en general.
Ahora, el tres veces candidato de Falange Española Independente, Dimas Gimeno Álvarez, a la sazón, Consejero Director General del imperio de don Isidoro, comunica al Partido Socialista Obrero Español que desde el 10 de octubre de 2012 no tiene nada que ver con las pretensiones de intermediarios inmobiliarios para que la alcasenadora Elena Nevado, del Partido Popular, recalifique la parcela de unas austeras monjitas para construir un centro comercial de la mitad de superficie que el de Badajoz.
Derrumbados los arcos del triunfo, triunfante la Falange Española Independiente de don Dimas sobre el Partido Popular de doña Elena Nevado, a esta y a su cohorte de escuderos se les ha puesto cara da haba. Y andan diciendo, en las mismas gacetillas locales que ellos, y, sobre todo, Ella, doña Elena, siguen queriendo que El Corte Inglés se instale sobre el solar de las monjitas.
Pero como la realidad parece testaruda y no se traga los efluvios que emanan de arcos de triunfo virtuales, y cuando cada día está más claro que el Partido Popular, con mayoría absoluta aplastante, es incapaz de conseguir que los grandes almacenes destrocen los hermosos cedros de la calle Viena, todo resultan excusas, salidas por peteneras, rutas en BTT por los cerros de Úbeda.
Y las excusas con cara de haba van dando paso, a marchas forzadas, a la búsqueda de un culpable, de un pim pam pún al que echarle todas las culpas: los intermediarios inmobiliarios. Estos mismos que hoy mismo han conseguido mismamente lo que querían. La recalaficación del huerto urbano de las austeras monjitas.
A partir de ahora, todas las culpas de que El Corte Inglés recaerán, porque así lo ha decidido doña Elena Nevado, Senadora del Reino y Alcaldesa de Ná, en “los promotores”, como recordando aquella película de Mel Brooks, “Los Productores”.
Que ahora parezca que desde 2005 a 2007 el Partido Popular no hubiera gobernado con mayoría absoluta y nada hubiera sido capaz de avanzar en que los arcos de triunfo aduladores se convirtieran en la realidad de instalación de don Isidoro en Cáceres, es cosa del tiempo, que todo lo pasa (todo lo hace puré) y todo lo olvida.
Que ahora parezca que desde 2007 a 2011 el PSOE consiguiera sacar adelante, con la oposición y zancadillas de todo tipo del PP de doña Elena Nevado, el PGM, la norma que posibilitaba, legalmente, instalar la tienda del triángulo verde en Cáceres, es cosa del tiempo, que todo lo muele, lo liofiliza y lo quema.
Que ahora parezca que desde 2011 hasta ahora, el Partido Popular, con una aplastante mayoría política, haya sido incapaz de que su prima donna, donna Elena Nevado, pudiera hacerse el vídeo digital en 3D colocando el primer ladrillo de El Corte Inglés sobre el solar de las monjitas, es cosa… de los malvados promotores.
Pío, pío, que yo no he si(d)o es la consigna. Aparecer con cara de habas, o asumir que con esa cara no les dejan entrar en Media Markt, es mejor que asumir incapacidad, incompetencia.
Vale.
Cuando Cáceres es ya una ciudad cerrada por falta de uso, El Corte Inglés ni siquiera llega a abrir.
El consejero director general de El Corte Inglés, y antiguo candidato electoral de Falange Española Independiente, Dimas Gimeno Álvarez, ha contestado al Grupo Municipal Socialista de Cáceres que esa firma no se instalará en la ciudad. Al menos en muchos muchos años. Y aduce, en su escrito, dos razones básicas: el largo período de trámites administrativos y la actual situación económica. Dado que la segunda de las razones esgrimidas forma parte de un ámbito que se escapa a los reducidos muros de una capital de provincia, nos vamos a fijar en la primera, el largo período de tramitación administrativa.
En 2005, El Corte Inglés se fija en un determinado espacio (el Colegio de Las Carmelitas, en la Calle San Pedro de Alcántara esquina a Av. Virgen de Guadalupe. Aunque nunca se dijo, parece que más bien sólo se fijó en el amplio patio escolar del Centro, con una fachada más que interesante para la empresa comercial.
Gobernaba en 2005 en la ciudad de Cáceres el Partido Popular, con mayoría absoluta. En esas fechas, la tramitación administrativa que cita el directivo de El Corte Inglés estaba incluida en la Revisión del Plan General Municipal, que se había iniciado en 2002, siempre con la mayoría absoluta del PP.
En 2007 hubo elecciones municipales. Habían transcurrido dos años desde que la firma de distribución se fijara en el colegio de las monjas y la tramitación administrativa seguía sin resolverse. La mayoría absoluta del PP no había servido para gestionar el asunto (el Plan General Municipal) que permitiera la instalación del centro comercial.
El cambio de gobierno de 2007, con el PSOE en minoría y con el apoyo de IU y Foro Ciudadano, no mejoró la situación hasta que, por fin, en 2010, el Plan General Municipal fue aprobado. O lo que es lo mismo, en poco más de dos años y medio, el instrumento urbanístico, el trámite administrativo a que se refiere Dimas Gimeno, ya estaba concluido. Solamente quedaba ponerlo en marcha. ¿Por qué no ha sido posible?
Desde mayo de 2010, con el PGM aprobado, han sido múltiples las circunstancias que se han dado, pero básicamente se resumen en una: la avaricia especulativa de los intermediarios, que no promotores, en el desarrollo urbanístico de los terrenos.
¿En cuántas ciudades de España se ha instalado El Corte Inglés utilizando intermediarios inmobiliarios? En pocas. Normalmente, ha sido la propia firma la que ha localizado los terrenos, se ha puesto en contacto con propietarios y administraciones y ha conseguido resolver los trámites administrativos en menos tiempo. Eso, cuando no se ha instalado sobre terrenos que fueron de titularidad pública, como antiguos cuarteles propiedad del Ministerio de Defensa (Pamplona, Salamanca…).
Con el PSOE en el gobierno, sin mayoría absoluta -¡qué más hubiera querido!- se avanzó en la aprobación del Plan General Municipal que permitía la instalación de El Corte Inglés. Otra cosa son los intereses económicos.
En junio de 2011, el Partido Popular vuelve a ganar las elecciones, con una amplia mayoría absoluta. Desde entonces, con esa mayoría absoluta no ha sido capaz de sacar adelante la instalación de El Corte Inglés.
En octubre de 2012, la firma de distribución resuelve el contrato con los intermediarios. A partir de entonces, estos han seguido presentando documentos para el desarrollo de los terrenos, documentos que la mayoría de las veces o bien contravenían las previsiones del PGM o bien introducían elementos no contemplados en estas, con la única finalidad de aumentar sus expectativas de negocio… cuando ya El Corte Inglés había desistido.
A todo esto, ahora, cuando se conoce que desde el 10 de octubre de 2012 ya no existe contrato entre los intermediarios inmobiliarios y El Corte Inglés, caben algunas preguntas, a cual más inquietante.
¿Pretendía El Corte Inglés que el Ayuntamiento de Cáceres aprobara su instalación en esos terrenos concretos sin que la legalidad urbanística estuviera garantizada?
Si el 10 de octubre de 2012 El Corte Inglés finiquita el contrato con los intermediarios inmobiliarios ¿cuándo comunican estos, únicos interlocutores válidos, al Ayuntamiento esa finalización contractual?
¿Cuándo y cómo conoce la alcasenadora de Cáceres que el contrato entre los intermediarios inmobiliarios y El Corte Inglés ya no existe?
Algunas respuestas posibles son todavía más inquietantes. Por ejemplo, si la alcasenadora conoció esa ruptura contractual cuando se produjo, ¿por qué se avino a continuar tramitando el desarrollo de la Unidad de Ejecución o Unidad de Actuación Urbanizadora, según interese más al negocio de los intermediarios?
Eso sí, es de esperar que el Ayuntamiento exija, a partir de ahora, el abono del Impuesto de Bienes Inmuebles por las tres parcelas resultantes del planeamiento municipal, y aplique la ponencia catastral en sus máximos valores, el comercial, para la parcela de ese uso, el valor correspondiente a la parcela de uso docente, y el valor catastral que resulte para la parcela de uso residencial. A menos perder.
Vale.
El gobierno del Partido Popular es…
incompetente
borrico
zoquete
obcecado
obstinado
abanto
lerdo
babieca
memo
necio
tonto
zangandungo
inhábil
tarugo
negado
obtuso
ineficaz
mostrenco
zafio
majadero
nulo
zote
inútil
estúpido
zamacuco
Vale
Las elecciones de noviembre de 2011, como las anteriores municipales y autonómicas del mismo año, determinaron la llegada del Partido Popular al Gobierno de la Nación y, en Extremadura, con el colaboracionismo de los comunistas de Izquierda Unida.
Desde entonces, la derecha, la extrema derecha, que es el Partido Popular, se ha dedicado a realizar, al socaire de una mala o malísima situación económica (sin analizar sus causas, en España en la burbuja inmobiliaria creada por la Ley del Suelo del gobierno Aznar), un ajuste de cuentas ideológico que, dos años después, continúa.
El Partido Popular está realizando el desmontaje, el apeo de todos los derechos sociales que se han ido alcanzando en los 30 años de vigencia constitucional. Para este partido, el ajuste ideológico es su programa máximo, y lo están ejecutando en su más cruel determinación. De nada sirven las movilizaciones sociales, acalladas en los medios de comunicación al servicio del poder. La desaparición del derecho a la libertad de prensa (por vía económica) es también la desaparición de cualquier capacidad crítica hacia el poder.
La derecha española, sometida al poder económico ultraliberal, con cada vez menos margen en la adopción de medidas económicas capaces de sacarnos de la crisis, va derivando, progresivamente, a tics claramente fascistas (la reforma de la ley del aborto, la LOMCE de Wert), porque su campo de actuación se está viendo cada vez más constreñido, en retirada ante el poder económico.
En Extremadura, sucede lo mismo, con el agravante de que los llamados a sí mismos “izquierda verdadera” contribuyen con su colaboracionismo (remember Vichy) a sostener en el poder a J. A. Monago, con el único argumento de un ninguneo socialista anterior. Ese argumento es causa de que a los trabajadores extremeños se le estén aplicando las mismas políticas de corte ultraliberal y estén consiguiendo un crecimiento exponencial del paro. Izquierda Unida en Extremadura es, sencillamente, cómplice de este desastre.
Pero también hay que decir que desde noviembre de 2011 a nivel nacional y desde junio del mismo año a nivel regional en Extremadura, el PSOE está en estado de shock, noqueado. Y sigue sin enterarse de que no estamos en una situación política “ordinaria”, de que la oposición no puede ser la “ordinaria” cuando se produce la alternancia política.
Los ajustes ideológicos que la derecha está cometiendo contra los derechos de los trabajadores no responden sino a una venganza política que va más allá de la situación económica, y se han convertido en una extraordinaria forma de ejercer el poder, de mandar, que no de gobernar. Y en una situación extraordinaria no cabe otra opción que una oposición extraordinaria.
La moción de censura sería el primer paso a nivel nacional y en Extremadura para comenzar una oposición de verdad, auténtica. Que no tenga perspectivas de prosperar por los números en el Congreso de los Diputados no quiere decir que el PSOE no deba, porque está obligado a ello, presentarla. Está tardando. Cada día que tarde en presentarla será un nuevo navajazo a los derechos de los trabajadores.
Y en Extremadura, la moción de censura ha de presentarse cuanto antes, sin necesidad de negociar, absolutamente nada, con Izquierda Unida, sino ha de presentarse para poner a estos fulanos de la Izquierda Verdadera en la tesitura de seguir apoyando a la extrema derecha o poner sus vergüenzas (y, seguramente, sus cuentas) al descubierto.
No estamos en una situación política ordinaria porque el Partido Popular la ha convertido en extraordinaria, ávidos de venganza como están en su sede central, en La Pocilga. Y como no estamos en esa situación, el PSOE debe, si quiere, y sobre todo, si puede, declarar solemnemente que echará abajo todas las medidas que el PP está llevando a cabo en venganza contra los trabajadores.
Vale.
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