Las elecciones de noviembre de 2011, como las anteriores municipales y autonómicas del mismo año, determinaron la llegada del Partido Popular al Gobierno de la Nación y, en Extremadura, con el colaboracionismo de los comunistas de Izquierda Unida.
Desde entonces, la derecha, la extrema derecha, que es el Partido Popular, se ha dedicado a realizar, al socaire de una mala o malísima situación económica (sin analizar sus causas, en España en la burbuja inmobiliaria creada por la Ley del Suelo del gobierno Aznar), un ajuste de cuentas ideológico que, dos años después, continúa.
El Partido Popular está realizando el desmontaje, el apeo de todos los derechos sociales que se han ido alcanzando en los 30 años de vigencia constitucional. Para este partido, el ajuste ideológico es su programa máximo, y lo están ejecutando en su más cruel determinación. De nada sirven las movilizaciones sociales, acalladas en los medios de comunicación al servicio del poder. La desaparición del derecho a la libertad de prensa (por vía económica) es también la desaparición de cualquier capacidad crítica hacia el poder.
La derecha española, sometida al poder económico ultraliberal, con cada vez menos margen en la adopción de medidas económicas capaces de sacarnos de la crisis, va derivando, progresivamente, a tics claramente fascistas (la reforma de la ley del aborto, la LOMCE de Wert), porque su campo de actuación se está viendo cada vez más constreñido, en retirada ante el poder económico.
En Extremadura, sucede lo mismo, con el agravante de que los llamados a sí mismos “izquierda verdadera” contribuyen con su colaboracionismo (remember Vichy) a sostener en el poder a J. A. Monago, con el único argumento de un ninguneo socialista anterior. Ese argumento es causa de que a los trabajadores extremeños se le estén aplicando las mismas políticas de corte ultraliberal y estén consiguiendo un crecimiento exponencial del paro. Izquierda Unida en Extremadura es, sencillamente, cómplice de este desastre.
Pero también hay que decir que desde noviembre de 2011 a nivel nacional y desde junio del mismo año a nivel regional en Extremadura, el PSOE está en estado de shock, noqueado. Y sigue sin enterarse de que no estamos en una situación política “ordinaria”, de que la oposición no puede ser la “ordinaria” cuando se produce la alternancia política.
Los ajustes ideológicos que la derecha está cometiendo contra los derechos de los trabajadores no responden sino a una venganza política que va más allá de la situación económica, y se han convertido en una extraordinaria forma de ejercer el poder, de mandar, que no de gobernar. Y en una situación extraordinaria no cabe otra opción que una oposición extraordinaria.
La moción de censura sería el primer paso a nivel nacional y en Extremadura para comenzar una oposición de verdad, auténtica. Que no tenga perspectivas de prosperar por los números en el Congreso de los Diputados no quiere decir que el PSOE no deba, porque está obligado a ello, presentarla. Está tardando. Cada día que tarde en presentarla será un nuevo navajazo a los derechos de los trabajadores.
Y en Extremadura, la moción de censura ha de presentarse cuanto antes, sin necesidad de negociar, absolutamente nada, con Izquierda Unida, sino ha de presentarse para poner a estos fulanos de la Izquierda Verdadera en la tesitura de seguir apoyando a la extrema derecha o poner sus vergüenzas (y, seguramente, sus cuentas) al descubierto.
No estamos en una situación política ordinaria porque el Partido Popular la ha convertido en extraordinaria, ávidos de venganza como están en su sede central, en La Pocilga. Y como no estamos en esa situación, el PSOE debe, si quiere, y sobre todo, si puede, declarar solemnemente que echará abajo todas las medidas que el PP está llevando a cabo en venganza contra los trabajadores.
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