En la ciudad antigua de Cáceres se cometen muchos desafueros. Y no son aquellos que, como el futuro hotel Relais@Chateaux están sometidos a rigurosos informes. Son aquellos de ciudadanos que mienten en sus fachadas.
Estas rejas me suenan, las he visto en otro sitio, y sin no son las mismas… se parecen mucho. Y como se parecen tanto, puede decirse que no son rejas del siglo XVIII, son rejas del siglo XX, forjadas por encargo y para un edificio de la ciudad.
Vale.
Acabo de ver el Informe ICOMOS sobre las obras del hotel Relais&Chateaux que promueve el Restaurante Atrio, en la plaza de San Mateo, de Cáceres. Informe prolijo, garantista, y muy interesante para conocer cómo funciona esto de la protección de los cascos antiguos.
Después de 10 folios de consideraciones y análisis, el informe termina con dos recomendaciones al Ayuntamiento de Cáceres y la primera es, sencillamente, escandalosa, incompresible. No entiendo cómo un organismo que parece que cuida por la pureza y por la rigurosidad puede instar, en Cáceres, a:
Conservar la autenticidad e integridad del conjunto histórico de la Ciudad Vieja de Cáceres de acuerdo con las directrices de la Convención del Patrimonio Mundial y la normativa estatal, autonómica y local.
Veamos una lista:
Palacio de Las Cigüeñas: la fachada se modificó ostensiblemente a finales de los años 50. Esa fachada es FALSA.
Palacio Episcopal: la fachada posterior tiene una puerta, que no es del Palacio, que fue añadida en los años 60 cuando se demolió el antiguo seminario de la plaza de Galarza, para hacer lo que fue un mercado de abastos y posteriormente, el actual parking. Palacio Episcopal, fachada posterior FALSA.
Demarcación de Carreteras del Estado, en la Plaza de Los Golfines: edificio completamente FALSO, incluida la puerta, que también proviene del antiguo seminario de Galarza.
Foro de los Balbos, al que algunos atribuyen la pureza y la esencia de la ciudad monumental, también es FALSO, incluida la entrada que sobre este asunto hay en la wikipedia. Es incomprensible que se desconozca qué era el Foro de una ciudad y más incomprensible aún que se pretenda ubicar el Foro en el exterior de la muralla.
Archivo Histórico Provincial. FALSO, completamente.
Plaza de Santa María. Escultura de San Pedro de Alcántara, ubicada modificando la esquina de la concatedral, es incomprensible que esté situada en un entorno que le corresponde, FALSEANDO la plaza. Esa escultura, cuyo autor fue Pérez Comendador debería estar en un mejor lugar, eliminándose cualquier elemento perturbador sobre la propia iglesia de Santa María.
Plaza de Santa Maria. Leyenda esculpida en la cantería de la concatedral, dedicada al ideólgo del fascismo en España.
Edificio particular en calle Olmos, con traseras al Adarve, completamente falso, con imposturas en fachadas totalmente inadecuadas.
La ciudad de Cáceres nunca fue “de piedra”. Sus fachadas estaban enfoscadas y encaladas, como las de la Preciosa Sangre. La furia por dejar vista la piedra se corresponde con una corriente llamada “fachadista”, que es la que impregna también el Plan Especial de Cáceres y que parece que es la que domina el Informe ICOMOS.
Y de fachadistas ya quedamos hartos con todas las falsedades señaladas, y muchas que seguramente se podrán añadir.
Vale.
Con la entrada en vigor de la ley del aborto, además de mostrar la realidad antidemocrática de la derechona representada por el Partido Gurtelar, los colectivos médicos que se oponen a cumplir la ley se escudan en un inexistente derecho a la objeción de conciencia. Y, como ese derecho no existe, piden que se regule.
Nada que objetar a que, si quieren, se regule el derecho que reclaman a no cumplir con la ley. Por supuesto, siempre que la regulación tenga en cuenta que ellos reclaman un derecho (objetar para no cumplir con una ley), frente a un derecho que la ley confiere a las mujeres que quieren abortar. Por tanto, estamos ante dos derechos. O ante algo más.
Cuando se reguló la objeción de conciencia para eximirse del cumplimiento del servicio militar obligatorio, se estableció, como alternativa, la prestación social sustitutoria. Se trataba de compensar la exención de una obligación universal (aunque solamente para los varones) con una prestación que conllevara el cumplimiento de alguna obligación que compensara la exención.
En el caso de los médicos de la sanidad pública que quieren ampararse en el derecho a la objeción de conciencia, fundamentada en creencias religiosas, no se trata de una obligación universal como era el servicio militar obligatorio, sino de una obligación contractual, incluida en su puesto de trabajo. Desde el mismo momento en que un médico accede a la sanidad pública está en las mismas condiciones que cuando un médico trabaja para una empresa privada: tiene que cumplir los cometidos que la empresa que le paga le encomienda. Y si no los cumple, es causa de despido. ¿O no?
Pero el Estado es magnánimo: permite a unos empleados que se declaren objetores para no trabajar, para no cumplir el contrato por el cual reciben sus retribuciones. Y se lo permite sabiendo que el fundamento es espurio, y que ese incumplimiento consentido de una obligación laboral perjudica que otros ciudadanos, las mujeres, puedan ejercer un derecho cuando menos del mismo valor constitucional que el que ellos aducen para objetar.
Si finalmente se regula la objeción de conciencia para los médicos perjudicando el derecho de las mujeres a optar por abortar, habrán de tenerse en cuenta todos los factores. En primer lugar, que no es un derecho universal, sin particular, y, por tanto, no cabe una alternativa universal como la prestación social sustitutoria. En segundo lugar, el derecho que plantean es, objetivamente, un incumplimiento de las obligaciones laborales que tienen contraídas con la sanidad pública. En tercer lugar, el derecho que reclaman supone un perjuicio a la hacienda pública, por cuanto su acogimiento supone que la sanidad pública, la hacienda pública, haya de recurrir a una externalización de un servicio que no puede prestarse por el interés privado de esos médicos.
Los costes reales que haya de asumir la sanidad pública derivando a clínicas privadas a las mujeres que optan por ejercer su derecho a abortar no puede imputarse a la propia hacienda pública, sino a quienes reclaman una exención a sus obligaciones laborales.
La solución que legalmente habrá de plantearse será bastante sencilla: aplicar conceptos económicos. Si una mujer que quiere ejercer su derecho a abortar acude a su área de salud, y desde ésta se le dice que no se le puede atender porque los médicos que podría realizar la intervención se han acogido a la objeción de conciencia, deberá ser derivada a una clínica privada, que realizará la intervención y facturará su importe a la sanidad pública. Pues bien, la sanidad pública, la empresa que paga al médico que por razones de conciencia, que no de ciencia, se ha acogido a un derecho privado, deberá descontar, en la siguiente nómina a la fecha de la intervención el importe de la misma.
Porque lo que no puede hacer la sanidad pública es pagar dos veces por el mismo servicio: el médico que objeta, el empleado de la sanidad pública que objeta, cobra su salario completo aunque no lo trabaje de modo completo. Y, por ese incumplimiento laboral, ha de pagarse un servicio externo.
Si quieren objeción de conciencia, de acuerdo, pero que la paguen de sus nóminas. Y es perfectamente legal que la empresa que paga un salario a un profesional, le exija el cumplimiento de las obligaciones legales. La objeción de conciencia, en la práctica laboral, sería un contrato parcial, incompleto, que debe tener su contrapartida en una nómina parcial, incompleta.
Vale.
Se están realizando obras para remodelar la Plaza Mayor de Cáceres a través del Proyecto Intramuros, que pretende dotar de mejores atractivos al conjunto de la ciudad monumental, comenzando por su puerta de acceso principal, la Plaza.
Ahora que las obras ya han comenzado, un grupo de ciudadanos pretender parar las obras (IU va a lo suyo, a demostrar su inutilidad), y ponen el grito en el cielo con la remodelación que se ha iniciado en el denominado Foro de Los Balbos, invento de los años 1970, cuando el Ayuntamiento contrató a Construcciones Abréu para que hiciera las obras, al tiempo que trasladaba y adosaba a un lienzo de la Muralla, Monumento Nacional desde 1930, un abrevadero de ganado que estaba situado en las afueras.
El Foro de los Balbos es un invento de un alcalde franquista, preocupado por el fachadismo, ideología política consistente en que las apariencias lo son todo, y que tiene su trasunto en los comportamientos sociológicos de los cacereños (iba a decir ciudadanos, pero algunos se empeñan en seguir siendo súbditos).
Es muy probable, bastante, que algunos de los que impulsan con sus críticas las obras, tengan, vamos a poner 60 años. Y algunos más. Ninguno de esos, ninguno, se opuso a que en la puerta del Ayuntamiento se colocara un abrevadero de ganado. Ese es el concepto que tenían de sí mismos. Era la dictadura, y no cabía oposición. Además, cómo oponerse si quienes decidían eran de los nuestros.
Los más jóvenes, los que impulsan plataformas vía redes sociales, no valoran que defienden lo que fue un abrevadero de ganado, un abrevadero donde bebían las vacas y los burros que llegaban desde el sur, desde la comarca de Mérida y Montánchez y sus pastores tenían que pagar el correspondiente pósito.
Hoy, por decisión de un gobierno municipal de derechas, los jóvenes de la ciudad abrevan en las afueras, donde debía estar colocado el abrevadero que tan orgullosos algunos creen defender.
Que yo sepa, ese abrevadero va a permanecer en ese lugar, que no es su sitio, con la remodelación que se va a hacer del conjunto de la Plaza que muchos, la mayoría de los que se oponen a las obras, quisieran que recuperara el nombre que tuvo cuando el alcalde era designado por la gracia de Dios.
Con este post, y para aquellos que se reclamen puristas de la ciudad (que algunos utilizan ese “criterio”) dejo unas fotografías, por si reconocer la Plaza, por si reconocen el Foro de Los Balbos. Fotografías, algunas, que tienen unas letras en determinados lienzos. Supongo que sabrán a qué se refieren esas letras y sabrán quién fue el autor de las fotos y cual fue el motivo por el que se hicieron.
Quizá alguno bucee por ahí y lo encuentre. Pero tendrá que buscar bastante. Esas fotos, en papel, no se encuentran fácilmente.
Vale.
La estrategia seguida por la derecha españolista, ahora representada por el Partido Gurtelar, está planificada por un conspicuo franquista de formación y convicción, Federico Trillo. De ahí que cuando el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia, de la que de momento sólo conocemos el fallo, la cabeza visible del partido, que no su líder, haya plegado velas: la derrota jurídica ha sido espectacular. La derrota jurídica que se ancla en un recurso basado en los principios fundamentales del movimiento (y si se leen determinados párrafos y se los compara con los discursos de los gobernadores civiles de los años 60 y 70, cantan de plano) que ha sido rebatido en la sentencia aplicando la Constitución de 1978 y la legislación y la doctrina emanada desde entonces por el propio TC.
En el año 1977, los profesores Jorge de Esteban y Luis López Guerra publicaron una recopilación de aportaciones de varios autores bajo el título “La crisis del Estado Franquista”. Los profesores de Esteban y López Guerra fueron, con el tiempo, magistrados del Tribunal Constitucional. El mayor elemento de crisis del estado franquista fue su ausencia de instituciones representativas, a pesar de aquellas cortes que lo pretendían con “el tercio de cabezas de familia” e inventos similares.
La forma en que desde la derrota electoral de 2004 (y la forma en que ejerció el poder Aznar entre 2000 y 2004, con mayoría absoluta, ignorando dolosamente dos elementos distintivos de la Constitución: las comunidades autónomas al negarse a recibir a sus presidentes, y el papel arbitral de la jefatura del Estado) la derecha se ha lanzado de modo premeditado a desprestigiar a las instituciones: las fuerzas de seguridad que fueron capaces de esclarecer los atentados del 11-M, la justicia, en todos sus estamentos y muy especialmente a la audiencia nacional, la fiscalía, el propio Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, donde han forzado emisión de informes que no eran de su competencia… Y un largo etcétera.
Esta estrategia está diseñada y puesta en práctica por el responsable político de la muerte de 62 militares en el accidente del YAK-42 (y en cualquier país con instituciones judiciales no ancladas en la misma raíz sociológica que él, sería sin duda responsable penal).
Federico Trillo es franquista por formación, pero sobre todo, por convicción. Su forma de llevar los asuntos jurídicos que acucian a una derecha reaccionaria y corrupta hasta las cejas, tiene un punto de mira: la destrucción del estado constitucional por la vía del desprestigio y de la manipulación de los derechos que la propia Constitución confiere al partido en función de su representatividad.
Lo que Trillo pone en sus recursos, especialmente en el derrotado sobre el Estatuto de Catalunya, lo verbaliza Aznar en sus comparecencias públicas. Sus referencias a un “estado al límite”, “constitucionalmente fallido” no son excesos, están pensadas, porque son leídas en discursos. En ambos casos, Trillo y Aznar persiguen el desprestigio de las instituciones democráticas y lo van consiguiendo porque la respuesta es tibia. Mientras que Artur Mas amenaza a Zapatero, calla ante la posición de la derecha, que no es la que marca Mariano Camps, sino que es la que diseña Trillo y verbaliza Aznar.
La sentencia del TC sobre el Estatuto de Catalaunya, cuando se conozca en sus fundamentos jurídicos debería servir para que se desenmascare, de una vez por todas, los intentos de involución al franquismo que los actos de la derecha plantean.
Los catalanes, especialmente los socialistas que dirigen el gobierno de la Generalitat y los nacionalistas moderados (derecha, no se olvide), deberían ser los más interesados en poner negro sobre blanco cuál es el interés de la derecha franquista para su tierra.
Vale.
Se ha tenido conocimiento en el día de hoy de una Sentencia del Tribunal Supremo que condena a los autores de secuestro y asesinato ocurridos en 2006 a la pena de 30 años. La Sentencia, apoyada por 3 de los 5 magistrados (es decir, mayoría), avala la obtención de información de las conversaciones mantenidas por los detenidos en los calabozos. A esta Sentencia, dos magistrados oponen sendos votos particulares. O lo que es lo mismo: el Supremo adopta una decisión, Sentencia, con dos votos particulares.
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