Una denominada Asociación de Propietarios de La Montaña y la Umbría, de Cáceres, amenaza con plantear la ejecución de una sentencia de 2007, que declaró ilegal la aprobación del Proyecto del Residencial Universidad, por considerar el Tribunal Supremo que los terrenos sobre los que se actuó están clasificados como suelo no urbanizable protegido.
Y digo amenaza por una cuestión: dicha Asociación planteó la demanda judicial no en el ánimo de preservar el carácter de suelo no urbanizable protegido sobre el que se desarrolló el proyecto, sino porque pretendían que sus terrenos, circundantes con los de propiedad de sus asociados, tuvieran el mismo trato.
En estas circunstancias, el gobierno municipal del PP entre 2003 y 2007 sabedor de que podría darse el fallo definitivo del Supremo que al final resultó, planteó que los terrenos de los propietarios asociados serían calificados como sistemas generales en la Revisión del Plan General Municipal, aún sin aprobación definitiva.
La proporción resulta escandalosa: mientras que el proyecto declarado ilegal por el Supremo ocupa 15 hectáreas, los terrenos de los propietarios que serían calificados como sistemas generales en la Revisión ocupan no menos de 130 hectáreas.
Si lo que los asociados pretendían era restablecer la legalidad, la sentencia del supremo les da la razón, y están en su derecho de instar la ejecución de lo fallado por el Tribunal Supremo. Y no habrá que objetar.
Sin embargo, la realidad es otra: los asociados parten del concepto del agravio comparativo para obtener los mismos resultados que la recalificación ahora anulada. Pretenden que sus terrenos, los más áridos y menos valiosos, sin duda, del conjunto de la denominada Montaña de Cáceres, tengan un aprovechamiento lucrativo, cuanto más mejor, sobre esos mismos terrenos, o mediante su inclusión como sistemas generales, que fue la solución que el anterior equipo de gobierno municipal adoptó.
Correspondería al actual equipo de gobierno sostener el principio de legalidad y acatar el fallo del supremo en su literalidad: retrotaer para los terrenos actualmente ocupados por las 550 viviendas del Residencial Universidad su clasificación como suelo no urbanizable de protección, la misma que los terrenos propiedad de los asociados que instaron la demanda.
Y corresponderá a estos asociados, como demandantes, instar el cumplimiento literal de la sentencia y reclamar el desalojo de las viviendas, la demolición de las mismas, la restitución de los terrenos al estado anterior a la urbanización. Pero deberán hacerlo, si son coherentes, con la cara descubierta, con nombres y apellidos, para que los ciudadanos, compradores de buena fe, afectados sepan quienes son los propietarios de suelo que les obligan a levantar sus casas, a deshacer sus ilusiones. Pero no tendrán lo que tienen que tener las personas que van por derecho en la vida: eso que puedes pensar al leer esto.
Vale.
P.S. ¿Cuántos propietarios de esos terrenos de los asociados cruzan sus amenazas y chantajes con intereses políticos directos?

El día 8 de octubre de 2008, El Periódico Extremadura publicó una información relevante que destapaba una de las múltiples irregularidades cometidas en la recalificación del solar del colegio de monjas carmelitas en Cáceres con el pretexto de utilizar parte de los terrenos para la implantación de un centro comercial de El Corte Inglés.
Para que la recalificación del solar de las monjas pudiera ser incorporada a la Revisión del PGM actualmente en curso, se precisa la incorporación a la ficha de aprovechamientos (la que determina el reparto de cargas y beneficios y la participación del municipio en las plusvalías) de una superficie de suelo, de las mismas características jurídicas, es decir, suelo urbano dentro de la misma zona de ordenación.
El promotor del negocio presentó al Ayuntamiento la propuesta de incorporar un finca situada entre la Ronda Norte y una Residencia de Mayores privada existente junto al Parque del Príncipe. En su propuesta, al mismo tiempo que afirmaba que era titular de una opción de compra sobre parte de los terrenos de las monjas, afirmaba, de modo expreso, que la citada finca era propiedad de una empresa de la que es, a su vez, propietario.
El Periódico Extremadura afirmaba que según los datos que obran en el Registro de la Propiedad, dicha finca figura a nombre de otras personas físicas, en ningún caso a nombre de ninguna sociedad. Las consecuencias políticas de una afirmación de este tipo, cuando la propuesta del promotor privado fue aprobada en pleno, han sido nulas. O lo que es lo mismo, se mira para otro lado. Lo mismo que la fiscalía.
Además, en la misma información se afirmaba que la finca en cuestión es suelo rústico, por lo que no puede ser incorporada a la ficha de aprovechamiento, al no tener la clasificación de suelo urbano y no poder pertenece, por ello, a la misma zona de ordenación.
Los propietarios de la finca habían solicitado, en el período de alegaciones a la aprobación provisional de la Revisión del PGM, la inclusión de esa finca como suelo urbano. La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres denegó la petición, apoyándose en el informe técnico emitido por los redactores de la revisión. Sin embargo, en el documento de Revisión aprobado por el pleno municipal, solamente con los votos del Partido Popular, dicha finca aparecía dentro de suelo urbano, con la grafía que lo vinculaba a la operación carmelitas.
Esta información, el hecho de que en la Comisión de Urbanismo se dictaminara una cosa y en el Pleno municipal se aprobara la contraria, tampoco ha merecido ninguna respuesta política ni ninguna actuación de la fiscalía anticorrupción.
En la práctica, la acción política de los partidos que forman actualmente el pleno municipal es de dejación de sus obligaciones, por lo que, al estar aún en tramitación la Revisión del Plan General Municipal, están incurriendo en responsabilidad «in vigilando», en mayor medida los partidos que ejercen el gobierno municipal y que, en el caso de que, aprobado definitivamente el Plan, pudiera surgir cualquier incidente penal en relación con el asuntos, serían responsables en la medida en que no hubieran ejercido esa responsabilidad.
Vale.
El auto del juez Garzón sobre desaparecidos en la Guerra Civil, convertido inmediatamente en sumario por el propio juez, ha suscitado diversas reacciones, y una tromba de descalificaciones (seguramente en defensa propia) de los dirigentes del PP. En ese contexto, resulta claramente significativa la opinión de Manuel Fraga, senador, ministro franquista en la época del asalto policial a la Catedral de Vitoria, entre otras cosas.
Manuel Fraga, catedrático de derecho constitucional, señala que el auto de Garzón está fuera de lugar entre otras cuestiones porque ha habido leyes de amnistía. Prodigioso. Fraga viene a decir que no es aplicable a los golpistas del 26 y a sus secuaces, hasta 1951, en que el juez establece el final del período a investigar judicialmente, el contenido del auto por cuanto la Ley de Amnistía de1977 habría «lavado» los delitos.
No cabe alegar la edad en el caso de Fraga, porque a sus años está perfectamente lúcido. Fraga sabe perfectamente lo que dice. Y es una perversión. La Ley de Amnistía es, como decimos, de 1977, anterior a la Constitución Española, y es una ley del régimen franquista liquidado por la ley de Reforma Política, dirigida a amnistiar a quienes hubieran cometido delitos políticos en la lucha contra el franquismo.
La perversión de Fraga está en que quiere hacer creer que dicha Ley podía haber lavado los delitos políticos de los propios franquistas.
Es una permanente forma de hipocresía de la derecha española, que cuando se refiere a la Memoria Histórica dice que no hay que reabrir heridas, cuando las heridas están abiertas en los familiares de los desaparecidos y asesinados por los fascistas. Y, en cambio, aplauden con las orejas las ceremonias coñazo de beatificación de mártires que promueve de manera rutinaria la secta de Rouco y los suyos.
La Ley de Amnistía no puede en modo alguno, como manipula Fraga, amparar los crímenes de la Dictadura, que arrancan con un golpe de estado que fue dirigido entre otros por un militar incompetente.
Vale.
El Diario Oficial de Extremadura de 2 de diciembre de 1997 publicó el Decreto de Incoación de expediente para la declaración de la Vía de la Plata, a su paso por Extremadura, como Bien de Interés Cultural con categoría de Sitio Histórico, y en dicho Decreto se concreta su delimitación.
El 22 de mayo de 1999 se publica en el DOE la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, que, entre otras cuestiones, establece que los expedientes iniciados con anterioridad a la misma, se adecuarán en su tramitación a las previsiones de la Ley.
El 15 de enero de 1998, en el Museo Nacional de Arte Romano fue presentado el Proyecto Alba Plata, a desarrollar en toda la Comunidad Autónoma de Extremadura siguiendo el itinerario de la vía romana.
Al día de la fecha, el expediente de declaración de la Vía de la Plata está sin concluir, y si bien existe un marcado consenso tanto sobre el conjunto como sobre los proyectos que a lo largo de la misma se están llevando a cabo, existen elementos que, dado que no está concluido el expediente y declarada la vía formalmente como B.I.C., plantean cuestiones del orden jurídico que pueden crear conflictos.
Así, en el tramo entre El Trasquilón, a la altura del p.k. 219 de la C.N. 630 (localización que figura en el anexo al Decreto de incoación de expediente) y el p.k. 2 de la Crtra. de Cáceres a Miajadas, nos encontramos con que la definición del itinerario hace coincidir la vía con la Cañada Real del Casar (en realidad, Cañada Real Soriana Occidental).
Actualmente, con la Revisión del Plan General Municipal de Cáceres en fase de redacción ya casi final, se observa que aplicando la Ley 2/1999, de Patrimonio Histórico de Extremadura, han de guardarse unas protecciones a ambos lados de la Vía de la Plata de 100 metros, que es la de aplicación a los caminos históricos.
Esta previsión se incluye en la Revisión del PGM partiendo del trazado que figura en el Decreto de incoación de expediente de B.I.C. y que ha sido llevado a planos que obran en la Oficina del Proyecto Alba Plata.
En el tramo desde la C.N. 630 donde esta carretera se cruza con la Vía de la Plata y la Cañada Real, a la altura de Las Camellas, y a lo largo de unos 1.340 metros, discurren ambos caminos, Vía y Cañada, paralelos al lindero de la finca Alcor de Santa Ana, donde se encuentra el Acuartelamiento del mismo nombre.
En los planos de la Revisión del PGM, y en los de la Oficina del Proyecto Alba Plata en que aquellos se basan, parte de la Vía se sitúan incluso por dentro del lindero de la finca militar, y básicamente todo el trazado en esa distancia de 1.340 metros discurre sobre la alambrada de cerramiento del terreno militar.
A partir de ese trazado definido en la Oficina del Proyecto Alba Plata, se establecen las protecciones de 100 metros a ambos lados que para caminos históricos se fijan en la Ley de Patrimonio Histórico de Extremadura. Es decir, que se genera una servidumbre de 1.340 x 100 = 134.000 m2 que operan sobre terrenos de uso militar, vinculados a la Defensa Nacional y sus fines.
En la margen contraria, esos 100 metros de anchura en la protección son ”absorbidos” por la propia Cañada Real, de forma que unos 100.800 m2 de la protección recaen sobre la vía pecuaria, y el resto, unos 34.000 m2 sobre propiedades de particulares.
O lo que viene a resultar más llamativo: se hace recaer en este tramo casi el 90% de la protección sobre bienes patrimoniales del Estado (Ministerio de Defensa) o sobre bienes de dominio público (Cañada Real).
Vale
Construido a principios de los años 20 del siglo pasado, el Cuartel Infanta Isabel suponía, para la ciudad de Cáceres, la consolidación de que la ciudad tendría guarnición permanente, lo que en aquellas fechas suponía un gran avance institucional y económico. Su uso militar fue primero como sede del Regimiento Segovia 75 y después con el Regimiento Argel 27, para pasar a mediados de los 70 a conformar primero el C.I.R. nº 3, luego llamado C.I.R. Centro, compartiendo sede con el Campamento de Santa Ana.
Fue a finales de los años 80 cuando el mayor peso de la presencia militar en la ciudad se fue trasladando a Santa Ana, y dejando el Cuartel en gran parte sin uso, lo que llevó a su inclusión dentro del Plan General de Ordenación Urbana de 1998 con dos áreas de reparto. Una, formada por el llamado Edificio de Mando, sobre una parcela de casi 10.000 metros cuadrado. La otra, junto con los talleres municipales y otras pequeñas propiedades conforma hoy el Residencial Infanta Isabel.
En el año 2000, los terrenos propiedad del Ministerio de Defensa de la Unidad de Ejecución CII-1 fueron vendidos en subasta pública, por una cantidad en torno a los 1.500 millones de pesetas, incluido el IVA. El precio de salida fue de poco más de 500 millones. O lo que es lo mismo, las ofertas de las empresas que concurrieron a la subasta triplicaron el precio de salida: el mercado actuó conforme a sus reglas.
En la fecha en que los terrenos fueron vendidos, gobernaba en Madrid el PP, y el ministro de Defensa era Federico Trillo. El Ayuntamiento de Cáceres obtuvo, de los terrenos de la unidad de ejecución, los derechos del 10%, los expresamente tasados en la legislación urbanística. No obtuvo ningún beneficio extra. Tampoco los reclamó.
Sobre el Cuartel Infanta Isabel siempre surgen las voces que, sin conocimiento de los datos, ya históricos por otra parte, reclaman que el Ayuntamiento fuerce la reversión. Efectivamente, los terrenos sobre los que se construyó el Cuartel fueron cedidos por el Ayuntamiento al Ejército. Sin embargo, hay que tener en cuenta algún detalle legislativo sobre este tipo de cesiones. La legislación aplicable (que actualmente ha cambiado bastante) establecía que si un municipio cedía gratuitamente al Estado un inmueble para un fin concreto, el Estado disponía de un plazo de cinco años para realizar las obras necesarias al fin para el que se cedió, y debería mantener el uso durante los treinta años siguientes. El Ejército cumplió los dos extremos.
Pero hay un dato, que sin duda obra en los archivos municipales, y fue que en los años 50 el Ayuntamiento de Cáceres reclamó del Ministerio del Ejército la reversión del denominado Cuartel Viejo (donde después estuvo el mercado de abastos y ahora está el parking de Galarza, y cuya puerta fue trasladada a la trasera del palacio episcopal, en otra muestra más del falseamiento de la ciudad monumental). Los tribunales dieron la razón al Ayuntamiento, y el Ministerio del Ejército devolvió al municipio el Cuartel Viejo.
Aquello dio lugar a que, en las mismas fechas, y, sin duda, para evitar cualquier reclamación de reversión, se diera la instrucción de formalizar la escritura de declaración de obra nueva del Cuartel Infanta Isabel, de manera que además de haber cumplido las previsiones de ser construido en los cinco años siguientes a la cesión de los terrenos y haber mantenido el uso en los treinta siguientes, se daba cumplimiento al requisito formal de elevarlo a escritura pública.
En definitiva, sobre el Cuartel Infanta Isabel no cabe, desde el Ayuntamiento, ningún derecho a reclamar reversión alguna… pero.
Pero lo que debió hacerse en el año 2000, cuando se sabía que Defensa sacaría a subasta su parte en la Unidad de Ejecución CII-1, fue negociar compensaciones para la ciudad. Gobernaba el Ayuntamiento el PP con mayoría absoluta. Acababa de ganar el PP las elecciones generales con mayoría absoluta. ¿Qué hizo entonces el gobierno municipal presidido por el magnífico gestor José María Saponi? Nada, nada de nada. Fue el primer ayuntamiento de España que ante una situación similar, el primero y el único, que no obtuvo nada a cambio, porque el 10% de las cesiones son obligación legal.
Lo grave de todo ello no fue que no obtuviera ningún tipo de compensación, sino que un año después, en 2001, comenzó el calvario por el que ha pasado no sólo el CIMOV nº 1, sino la propia presencia de guarnición militar en Cáceres.
El período 2000-2004, en asuntos relacionados con el Ejército, está marcado por la toma de decisiones en Madrid por el ministro Trillo, y la tota incapacidad política y de gestión del Partido Popular en Cáceres ante las situaciones planteadas.
Vale.

Los micrófonos, abiertos a destiempo, suelen jugar malas pasadas. Y suelen, sobre todo, poner al descubierto las miserias de quienes, en los discursos enardecen a las masas con soflamas, y luego no creen ellos mismos en nada de lo que han dicho a sus seguidores.
El año 2007, el año en el que España se iba a romper por impulso de Zapatero, el año en que Zapatero iba a liquidar la unidad de España, fue el año en que Mariano Rajoy lanzó un mensaje «institucional» animando a participar en la festividad del 12 de octubre. Aquel mensaje sirvió para que muchos seguidores de Mariano sacaran lo mejor de su casa a los balcones: las banderas preconstitucionales, las de la dictadura.
Ahora, cuando se ha comprobado que España no se rompe, ahora ya no hace Mariano el mensaje institucional, ahora ya Mariano se muestra como es.
Un micrófono abierto ha descubierto a Rajoy: «Mañana tengo el coñazo del desfile».
Podría no hacerse ningún comentario, pero cuando un hipócrita queda al descubierto hay que analizar hasta donde nos puede llevar su realidad. Porque, ¿cuándo era sincero Rajoy? ¿el año pasado cuando sacaba de las tripas más reaccionarias los símbolos de la dictadura?
Sin duda alguna, Mariano es sincero ahora. Muy sincero.
Vale.
El alcalde de Madrid, don Alberto, ha tenido una ocurrencia paternalista, propia de quienes ven el mundo desde una derecha rancia y antigua: prohibir los hombres anuncio en nombre de la dignidad. Es rancia y antigua, y paternalista, porque pretende defender la dignidad de quienes, en la Gran Vía de Madrid se ganan la vida colocándose de hombres anuncio, de quienes, para poder vivir dignamente, aceptan ese puesto de trabajo.
Me parece muy bien, y estoy de acuerdo con don Alberto, en que hay que defender la dignidad del hombre. Claro. Pero prohibir los hombres anuncio… Porque, vamos a ver: ¿es indigno que un inmigrante, en paro, para poder pagarse un alquiler y poder comer una vez al día, se coloque unos cartelones y se pasee por la Gran Vía a la vista de mucha gente que pasa? No creo, don Alberto, que eso sea más indigno que ser hombre anuncio de una casa de apuestas, que sea visto por millones de personas, y encima los hombres anuncio que llevan camisetas con esa publicidad son aplaudidos y considerados héroes. Y quien dice casas de apuestas, dice coches, refinerías, y cualquier cosa que produzca enormes beneficios.
¿Qué diferencia hay, don Alberto, entre un inmigrante que trata de ganarse dignamente 600 euros al mes y una megaestrella de fútbol que anuncia una casa de apuestas? ¿Es que hay que defender la dignidad del hombre anuncio de Gran Vía y no defender la dignidad de Raúl? ¿O es que Raúl, al venderse como hombre anuncio ha perdido su dignidad?
En realidad, al bueno de don Alberto, que se ha pasado con esto varios pueblos, hasta por lo menos Navalmoral de la Mata, le ha perdido la vestimenta: ha querido vestir de defensa de la dignidad lo que es en realidad su deseo de retirar de la vía pública a esos pobres desgraciados que se pasan el día arriba y abajo por la acera anunciando la compra de oro.
Así, don Alberto, no se defiende la dignidad. Así, lo que está usted haciendo es poniéndole precio. Y eso… es indigno.
Vale.

En una ciudad pequeña, menos de 100.000 habitantes, como Cáceres, la actividad del sector de la construcción es básica, fundamental, para el mantenimiento de la economía local, pero, sobre todo, para el empleo. Y en esta ciudad, pequeña, la norma urbanística ha de permitir un desarrollo ordenado del modelo de ciudad y dimensionarse a la propia capacidad productiva del sector inmobiliario, al que corresponde desarrollar la mayor parte de las decisiones incluidas en las normas del planeamiento.

En esta situación de crisis económica, se dan en Cáceres algunas circunstancias que inciden sobre un documento, la Revisión del Plan General Municipal, que pueden aconsejar la necesidad de su pronta aprobación y que pueden aconsejar, también, que no es buen momento para ello.

Así, con carácter general, la pronta aprobación de la Revisión del PGM podría ser considerado, desde el punto de vista teórico, la puesta a disposición del sector inmobiliario de las normas que han de regir su actividad en los próximos ocho o diez años. Pero es desde el punto de vista teórico.

Un documento como el elaborado en la anterior legislatura, con sobredimensionamientos no sólo previsiones irreales de población futura, sino con previsiones de desarrollo en sectores de suelo que, antes de estallar la situación económica, ya eran inviables para la capacidad de las empresas locales, no puede sino estudiarse y preverlo para una situación económica distinta, más pegada a la estructura y capacidad empresarial.

Aprobar la Revisión del PGM en breve tiempo no solucionaría la situación económica de las empresas, ya que éstas no tendrían capacidad financiera para la puesta en marcha de los proyectos de ejecución en un plazo no mayor de 12 a 18 meses, ante la falta de crédito impuesta por las entidades bancarias.

Igualmente, aprobar ahora la Revisión del PGM conllevaría la ejecución de contratos de opciones de compra, sin que las empresas puedan hacer frente por falta de capacidad financiera a los pagos acordados, y se verían abocadas a la pérdida de las cantidades entregadas en la formalización de la opción de compra y a soportar, con seguridad, demandas por incumplimiento de contrato que pondrían en riesgo hasta su propia existencia. Ello, sin tener en cuenta que muchas empresas formalizaron opciones de compra a precios y previsiones de mercado en situación de bonanza del sector.

Por ello, continuar adelante con un documento como el aprobado por el PP en mayo de 2007, sin aplicar opciones realistas sobre dimensionamiento de previsiones, puede no ser ortodoxo desde el punto de vista teórico, pero muchos se sentirán aliviados si las necesarias correcciones se adoptan con calma y tranquilidad, para que, cuando la situación de crisis económica cambie, estar en disposición de contar con el instrumento adecuado para relanzar el sector inmobiliario, recuperar buenos niveles de empleo y permitir una ciudad más dimensionada a su futuro.

Vale.

En la acera de los pares de la Av. de España, a la altura del arranque de la calle de la Pulmonía, se encuentra colocada una escultura llamada El Pensador, fechada en 1980, y realizada por Gustavo Castaño Velayos, que fue profesor de dibujo del Licenciado Reunidos y de la Escuela de Maestría Industrial (hoy Instituto García Téllez). Es una escultura modesta, porque modesto era el autor, pero esa modestia no justifica en absoluto el absoluto desprecio con el que está tratada.
No es de recibo que esta escultura, más allá de su modestia o de su propio valor artístico, mayor que algunas que hay colocadas por otros puntos de la ciudad y que tuvieron un coste económico considerable, esté rodeada de contenedores de basuras, forme parte de un aparcamiento de motocicletas en el acerado, o forme juego con una cabina telefónica. O que cuando se pretende obtener testimonio gráfico de la mima, la conductora de un vehículo mal aparcado se preocupe si la imagen será de su vehículo que impide las vistas de la obra artística en vez de tener la sensibilidad de respetar ésta.
Si aspiramos de verdad a ser una Ciudad Cultural en 2016 debemos comenzar a respetar muchas cosas, como la escultura de Gustavo, de Gustavo Castaño Velayos.
Ah, por cierto, si no recuerdo mal, en el mes de septiembre pasado han aparecido en la prensa las esquelas por la muerte de artista.
Vale.

Un buen número de personas se dio cita el 4 de octubre de 2008 en Descargamaría, en el Campamento Padre Pacífico para rendir un homenaje al hombre que puso en marcha unas instalaciones que, además de ser un magnífico lugar para disfrutar de la naturaleza, tiene el hálito de ser un lugar de encuentro.

La excusa del homenaje que se rinde a Pacífico es la excusa sincera que tienen muchos de los presentes para hacer ver a los demás que cada uno de ellos tiene su punto personal e intransferible del recordado, y, al mismo tiempo, quieren hacer partícipes a los demás de sus vivencias y recuerdos junto a un hombre que, ante todo, consideran un hombre bueno, en el sentido machadiano de las palabras.

Dos niños, de unos 10 años, juegan junto a los chozos que sirven de macuteros, junto a la ermita en la que se proyectan unos vídeos montados por Piti, en la que una exposición de fotografías y textos recuerdan a Pacífico, esos dos niños charlan. Uno le pregunta al otro si conoció a Pachi. Ante la respuesta negativa, le dice que él sí, que él le conoció y que una vez le habló. Esos niños saben que muchos de los que están allí, los mayores que están allí, sus padres incluidos, tenían en gran valor y estima al franciscano, pero no alcanzan a ver cuál es ese grado de estima y valoración. De ahí que el niño que habló con Pacífico un día presuma de ello ante el otro.
Vale.