Archivos para November 30, 1999

Hoy se ha hecho público el dato del paro del mes de mayo: 24.741 personas han abandonado la lista de desempleados. Siendo prudentes, no es un mal dato. Siendo ideológicos, demuestra que la intervención del Estado (papá Estado) con el Plan E es necesaria no sólo en tiempos de crisis como ahora, sino siempre. Siendo personas, es una buena noticia para esos 24.741 parados menos. No hay que ser excesivamente optimistas, ni triunfalistas.
Sin embargo, algún declarado cristiano (esos que apoyan a las familias normales, que están en contra del aborto, que callan ante noticias como las de Irlanda…) no tiene ningún ápice de comprensión. La crisis es un argumento político. Los orígenes de la crisis (desregulación, ultraliberismo, neocons, Bush, Aznar) no son analizados. Cuando el Estado ha desaparecido, el mercado se ha convertido en una selva, y la selva se ha incendiado. Los mantenedores del incendio se frotan las manos, pero el Estado ha tenido que salir al rescate.
José Antonio Monago, presidente del PP de Extremadura, al conocerse el buen dato (aunque solamente se refiera a un mes, el de mayo) del paro, ha reaccionado como se esperaba: con una frase que es todo un programa electoral, que es una confesión de parte ideológica. Esos 24.741 parados menos deben ser un borrón en su línea argumental.
¡Pobres parados que encuentran trabajo, que encuentran el pan, volverán a perderlo, volverán a pasar hambre! Así da gusto, con reaccionarios como Monago, con individuos que no se alegran de las alegrías de los demás, sino que sienten que sus úlceras ideológicas se revuelven, se «tumorizan».
Para un individuo como Monago, un dato positivo (mínimo, si se quiere) es «pan para hoy, hambre para mañana». Esos 24.741 trabajadores han traicionado los esfuerzos que la derecha, derechona, ultraderecha vienen haciendo para hacer de esta crisis su cruzada contra el infile Zapatero.
Esos 24.741 trabajadores que en mayo han encontrado su pan deben, según Monago, volver inmediatamente a pasar hambre para que su partido pueda ganar las elecciones.
Vale.
El brote de gripe A producido en la Academia de Ingenieros está siendo aprovechado por el Partido Popular para aumentar las partidas de caza sobre la Ministra de Defensa, Carme Chacón. Es curioso, mucho, que un partido como el de la derecha española, afectado por una grave metástasis de dignidad, pretenda convertir un hecho tan perfectamente identificado como el brote de gripe para tratar, por tierra, mar y aire de cobrarse la cabeza de la ministra.
Se aprovecha el partido de la derecha de dos circunstancias: las visitas de niños de dos colegios, el lunes y el miércoles, a la Academia de Ingenieros y del desconocimiento general de los asuntos relacionados con la Defensa.
En el caso de las visitas de los niños, cabe decir, en primer lugar, que al haberse producido los primeros posibles casos el lunes, y no teniendo confirmación de los casos, la visita de los niños se organizaría de forma que no pasaran por los lugares que habitualmente utilizan los alumnos (mayoría) de la Academia. Es más que probable que suspender las visitas de los niños sin tener confirmados los casos de gripe habría causado mayor alarma en la localidad de Hoyos de Manzanares entre las familias de las personas que trabajan en ella, y de los vecinos que hubieran tenido contacto con ellos.
Respecto al desconocimiento general de los asuntos de Defensa, el tamaño de un cuartel como la Academia de Ingenieros permite realizar visitas en casos como el de la gripe. Un cuartel no es un sólo edificio, es una pequeña ciudad, por lo que la existencia de un caso, o varios, de gripe no debería causar mayor problema que en una urbanización de la periferia de cualquier capital.
Con todo esto, el PP, con Mariano a la cabeza, tiene puesta en su diana política a Carme Chacón, y cualquier decisión que tome, o que no tome, o que pase cerca de ella, será considerada como elemento suficiente para exigir su dimisión.
¿Cómo es posible que un partido político, en plena descomposición por metástasis democrática pretenda que por un hecho controlado -aunque no publicitado- se pueda exigir la dimisión de la Ministra de Defensa? ¿Qué habría sucedido en España si el YAK-42 sucede con un gobierno socialista? Me temo que Mariano y sus mantenedores no se atreverán a dar, en público, una respuesta a estas preguntas, pero sus hechos les delatan.
Vale.
El Partido Popular de Cáceres había aprobado un plan de urbanismo para 65.000 viviendas nuevas en una ciudad con menos de 95.000 habitantes. Un plan insostenible técnicamente (no hay capacidad de abastecimiento de agua para un volumen de viviendas como el propuesto) e incomprensible ya en el momento en que se produjo esa aprobación, mayo de 2007.
El actual equipo de gobierno (PSOE+IU), con el apoyo del concejal de Foro Ciudadano, sometió a aprobación un plan con un horizonte de 28.800 viviendas nuevas, muchas todavía. El Partido Popular se opuso frontalmente al recorte.
Ahora, PP y FC plantean incrementar, en la fase de alegaciones, la previsión en unas 5.000 viviendas, hasta llegar a las 34.000.
En realidad, el PP sigue empecinado en desconocer la realidad. En una situación de crisis económica mundial, que en España tiene el añadido de la crisis del sector de la construcción. Específicamente, el diferencial español en la crisis no es sino la crisis del sector residencial de la construcción, que ha llevado a los bancos a convertirse en grandes propietarios de viviendas.
Las decisiones políticas adoptadas por el primero gobierno de Aznar en 1996, llevaron a promulgar la Ley 6/1998, de régimen del suelo y valoraciones, que entre otros efectos poco criticados entonces y ahora, especialmente por los medios de comunicación de la derecha, está en que las empresas constructoras contabilizaban los terrenos en función de sus expectativas (especulación), y utilizaban esas contabilidades para que las tasadoras (sin crítica por el Banco de España, que ahora se pone estupendo dando recetas contra la crisis) avalaran con sus valoraciones la concesión de créditos por parte de la banca.
El PP, en lugar de callarse un poquito, en Cáceres continúa en la senda marcada por su gurú neoconsevador en lo económico y ultraderechista en lo político, José María Aznar. Así, el Plan de Urbanismo que planteaban de 65.000 viviendas estaba claramente inspirado en la Ley 6/98, máxime cuando el director del plan, Enrique Porto Rey fue uno de los redactores de dicha Ley. Hoy, Porto Rey está encausado por prácticas corruptas en materia de urbanismo.
Más le valdría al grupo municipal de la derecha explicar a los ciudadanos cómo aprobaron un plan para 65.000 en el que se robaban a la ciudad los derechos urbanísticos de las casi 16 hectáreas de suelo del actual ferial, para mayor gloria de los propietarios de los terrenos circundantes. Esa explicación sería necesaria. Y si no lo hacen, el puro y casto concejal de Foro Ciudadano debería exigirles una explicación antes de echarse en sus brazos y ayudarles a meter en el plan más terrenos de la Montaña, que servirán a sus propietarios para especular y para convertir en euros las herencias recibidas. Si Felipe Vela no exige al PP explicaciones sobre el asunto del Ferial (el PSOE ya lo ha hecho, rescatando para los intereses generales los derechos urbanísticos que le habían sido robados a los ciudadanos), se situará en la situación de cómplice de nuevas tropelías de las que tendrá que dar explicaciones.
Vale.

Kosovo

cercadelasretamas —  marzo 21, 2009 — Deja un comentario
Hace un año, la provincia de Kosovo declaró unilateralmente su independencia, violando todas las reglas del derecho internacional. España manifestó expresamente que no haría un reconocimiento oficial de dicha independencia, manteniendo desplegado el contingente militar por lealtad a los países que, de igual manera, tenían tropas en la zona. Esa lealtad no se vio correspondida cuando muchos países, miembros de la OTAN, como España, comenzaron a reconocer la independencia de la provincia kosovar.
Ahora, cuando ya ha pasado un año, España anuncia que las tropas desplegadas en Kosovo actualmente comenzarán su salida (que no su retira, a ver si los libros de estilo de los periódicos son un poco más certeros en los conceptos), dejando así de participar en una misión internacional que contraviene, claramente, los intereses de nuestro país.
La OTAN ha tenido un año para reflexionar sobre si el reconocimiento de la independencia kosovar está conforme con el derecho internacional, e, incluso, si los kosovares no se han aprovechado de la misión internacional para ello.
Hace un año, en nuestro país, la derecha en la oposición aplaudía la posición española de no reconocer la independencia de Kosovo y pedía, incluso, explicaciones sobre por qué continuaba nuestra misión allí. Ahora, esa misma derecha, critica «las formas». En todo caso, deberían criticar el retraso en la salida. Esa misma derecha se «carga de argumentos» porque la administración americana de Obama se ha sentido defraudada por la decisión del gobierno español. Pero, ¿qué decisión? ¿La de haber aguantado un año más una misión contraria a los intereses de España? ¿La de haber regalado a los aliados un año de misión?
En asuntos de defensa y seguridad todavía queda mucho por hacer, mucho. Por ejemplo, aclarar conceptos. El de retirada, por ejemplo. Es un concepto militar no apto para misiones de paz. España, el gobierno socialista de Zapatero sí retiró a las tropas de Iraq. Pero lo hizo porque era una guerra ilegal a la que, sin ningún formalismo, Aznar nos llevó. Hubo que retirar las tropas que un mandatario megalómano había puesto al servicio de su amo Bush.
La misión en Kosovo, como la de Afganistán, son misiones amparadas en resoluciones de la ONU, legitimadas en el derecho internacional. Pero la independencia unilateral de Kosovo hace que para nuestro país no pueda cumplirse ese derecho internacional que nuestros propios aliados, comenzando por la administración americana, incumplen.
No estamos en condiciones de validar una independencia unilateral en Europa, no podemos validar la modificación de las fronteras como hace Kosovo y como le reconocen aliados que no han valorado, ni en el fondo ni en la forma, nuestra posición.
Esos aliados no están en disposición de sentirse defraudados con España, ni en el fondo ni en la forma, como tampoco está legitimado el Partido Popular si no es para criticar la tardanza en salir de esa provincia balcánica. ¿Cómo pretenden dar lecciones de respeto a las instituciones internacionales los mismos que aplaudieron con las orejas la decisión de Bush y Aznar de invadir Iraq en contra de las resoluciones de la ONU? ¿Cómo pretenden dar lecciones de respeto institucional unos sujetos como Mariano y sus compinches cuando en nuestro propio país un día sí y otro también están atacando a nuestras instituciones?
Vale.
Celebradas las elecciones gallegas y vascas el 1 de marzo, y tras pasar bastante tiempo para que los resultados se asienten, está meridianamente claro que el PP ganó con mayoría absoluta en Galicia, con 38 escaños, suficiente para gobernar en solitario. El PSG mantuvo los 25 escaños de la anterior cita electoral, y solamente la pérdida de un escaño por el BNG privó a la coalición formada por socialistas y nacionalista de un nuevo mandato. Tiene razón el PP para sentirse y sacar pecho por haber «recuperado» su feudo gallego.
En cuanto a las elecciones vascas, el mapa político es más complejo. De entrada, el tripartito en el gobierno (PNV-EA-EB) concurría a las elecciones con la variable de que PNV y EA lo hacían por separado, cuando en las anteriores concurrieron juntos. Y con la importante variable de la ilegalización de los partidos y coaliciones vinculados a los terroristas de ETA. Esto último ponía a disposición de los partidos concurrentes los nueve escaños del PCTV.
En las elecciones de 2005, la coalición PNV-EA obtuvo 30 escaños y 468.117 votos. PSOE, 18 escaños y 274.546 votos. El PP, 15 escaños y 210.614 votos. El Partido Comunista de las Tierras Vascas (ahora ilegalizado, y que fue inscrito en el registro de partidos siendo Ángel Acebes ministro del interior), obtuvo 9 escaños y 150.644 votos.
Los resultados de 2009, que Mariano Rajoy señala como un triunfo del PP, revelan, analizados, que el PP ha sido duramente castigado por electorado vasco. Y no sólo el PP. El PNV ha obtenido en 2009, concurriendo en solitario, 29 escaños y 396.557 votos, que sumados al único escaño de EA resulta los mismos 30 que habían obtenido conjuntamente en 2005. En cuanto al número de votos, la suma PNV+EA en 2009 supone una pérdida de 33.740 votos.
El PP, sin embargo, arroja unos resultados que deberían hacer pensar a Rajoy (si le dejan los espías y los amigos de Correa) que el apoyo a Patxi López debe ser claro, porque no están en condiciones de presumir. Mientras que el PSE ha conseguido incrementar en 7 el número de escaños, de los 9 en juego tras la ilegalización del PCTV, y aumentar en 41.347 el número de votos, el PP ha perdido dos escaños y, sobre todo, ha perdido 65.670 votos, muchos, muchos votos absolutos.
El Partido Popular no debería vanagloriarse de su condición de necesario para un gobierno no nacionalista, sino asumir que su retroceso electoral, claro, muy claro, rayano en el fracaso, puede minimizarse apoyando claramente (por supuesto, no de manera incondicional, sino aportando y construyendo) para que Patxi López sea el próximo lehendakari. Hacer correr la especie que circula en medios de comunicación ultraderechistas de que el PNV le ofrece varias consejerías si acepta un gobierno con los nacionalistas de Ibarreche, no es sino la desesperada falacia política de quienes no saben perder.
Perder casi 66.000 votos es mucho para un censo como el del País Vasco, y convertir esa derrota electoral en un triunfo, vale para la noche electoral («somos decisivos», repetía el inconexo Basagoiti), pero no resiste ningún análisis político serio y riguroso y no avala sino su puesta al servicio de un gobierno integrador y de futuro para normalizar la realidad política vasca.
Vale.
El Partido Popular está chantajeando al juez Garzón con presentarle una querella criminal por prevaricación si no se abstiene de la investigación de la trama de chorizos que ha campado por Génova, por la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. No se trata, por el modo en que está jugando con este chantaje el PP, tanto de que el juez Garzón se inhiba en la causa sino que de los jueces dejen de tocarle las narices al partido de Aznar.
Lo más curioso de todo esto es el “renacimiento” de un individuo como Trillo, que es quien está haciendo de portacoces de la extrema derecha contra Garzón. Un individuo como Trillo reclamando responsabilidades políticas sobre el exministro Bermejo no deja de sorprender.
Sorprende la caradura de un sujeto como Trillo reclamando rectitud política, al tiempo que su jefe interino, Rajoy (el titular de la plaza sigue siendo Aznar) habla de ética. Trillo, un sujeto de ética distraída, de ética hética, no debería ser ni siquiera escuchado por los medios de comunicación si esos medios fueran medianamente éticos. Pero la ética campa por su ausencia en nuestro sistema.
Un individuo como Trillo, responsable político de la muerte de 62 militares en el accidente del YAK-42, responsable por la nefasta correa de contrataciones, subcontrataciones, seguros, reaseguros, comisiones, no está, no debería estar autorizado, para ser ni diputado, ni concejal, ni presidente de su comunidad de vecinos.
Un sujeto como Trillo, responsable político de los errores de identificación de esos 62 servidores públicos, carece de cualquier capacidad moral y ética para reclamar a los demás lo que no se aplica a sí mismo.
Que sus responsabilidades políticas las pagaran, y las sigan pagando, militares a sus órdenes cuando fue ministro de Defensa, le inhabilitan para abrir la boca siquiera.
El Partido Popular, si quiere incluso chantajear al juez Garzón, puede hacerlo en su estrategia política, pero escoger como portacoces de esa estrategia a un sujeto (no tiene la categoría de individuo) como Trillo, descalifica políticamente cualquier derecho que le pudiera asistir como partido.
Pero Trillo marca esa estrategia, marca el paso en esa huida hacia adelante, a la que, siguiendo las órdenes de Aznar (que Ana Botella transmitió a la ejecutiva del PP, no se olvide), arrastra al pusilánime Rajoy.
¡Ah! Por cierto. Este blog está escrito desde Cáceres, por si algún portacoz local se lo quiere hacer llegar a Trillo.
Vale.
De las informaciones en torno a la trama de corrupción investigada en sede judicial, parece haber pasado desapercibida, escondida quizás tras la foto de la dirección nacional del PP, las referencias a que Ana Botella aludió, al parecer, en el seno de dicha dirección, a que el cierre de filas de los líderes de la derecha se extendiera también a la época de su esposo, José María Aznar.
Cada vez que se ha producido una investigación judicial en torno a prácticas corruptas en el entorno de partidos políticos, siempre ha funcionado lo del cesto de cerezas, y ese entrecuzar los rabos de la fruta ha llegado más o menos hasta el nivel máximo que hubiera en el cesto.
Ahora, cuando hoy se conoce que la fiscalía incluye entre los investigados al presidente de la Comunidad Valenciana, cobra mayor valor la “advertencia” (¿o era más un ruego, una invocación desesperada?) de Ana Botella a que la dirección del PP extendiera el cierre de filas a la época anterior, cuando su querido Jose dirigía el partido y presidía el gobierno. Algunas informaciones publicadas, como las referidas a un mitin en Burgos, en 2003, con unas facturas de la agencia de viajes de Francisco Correa, a nombre de Alfonso Bosch, aforado que figura en la lista de la Fiscalía, y la propia afirmación de Rajoy de que a partir de 2004 el principal implicado en la trama había dejado de trabajar para la dirección nacional, deben estar poniendo los pelos de punta a la señora Botella y agriando, más si cabe, su ya de por sí agrio carácter.
¿Qué teme tanto Ana Botella como para reclamar de la dirección nacional de su partido que también se respalde la gestión al frente del mismo de su marido? O peor aún, ¿qué sabe Ana Botella que seguramente le haga temerse que, cuando menos, se produzca alguna investigación sobre ello?
Porque las informaciones de los días en que se produjo la foto de la dirección del PP en pleno no aclaran si Rajoy atendió expresamente la petición de la señora Botella o si simplemente ésta quiso dejar constancia de que todos, también Rajoy, estaba en el mismo barco que José María Aznar cuando Francisco Correa entraba y salía de Génova como si fuera el dueño de la llave y acudía, encantado, alegre y feliz, acompañado del agente de Pajares y actual mamachicho consorte, a la boda de estado de El Escorial.
Vale.
A partir de este año, el Boletín Oficial del Estado solamente se publica en internet. Ya en años anteriores, boletines de diversos organismos públicos habían optado por eliminar la publicación en papel. Este avance tecnológico, saludado por los medios de comunicación, especialmente por los que se publican en papel, sin duda por la campaña de publicidad llevada a cabo por el gobierno para darlo a conocer, habría merecido mejor valoración si no fuera… si no fuera porque, por lo general, los medios de comunicación no suelen «leer» las publicaciones oficiales.
Es cierto que los boletines oficiales prácticamente no los leen más que los funcionarios (y cada uno, lo de lo suyo) y algún que otro pirado. El Tribunal Constitucional tiene sentenciado que los edictos que publican los organismos públicos en esos boletines no son bastante para, por ejemplo, iniciar procedimientos ejecutivos, porque está constatada la nula atención que el común de los ciudadanos les prestan.
Sin embargo, sí es preciso señalar que determinados colectivos deberían tener entre sus obligaciones leer esos boletines. Por ejemplo, periodistas y políticos en la oposición. Recientemente, en Cáceres se ha dado un caso que ejemplifica esta situación. El 26 de diciembre de 2008 el Ministerio de Defensa publicó en el BOE una modificación del despliegue de la fuerza del Ejército de Tierra, que suspendía la previsión de ubicar en esta ciudad un Regimiento de Ingenieros. Hasta el día 9 de enero de 2009 no se publicó la primera información (www.elperiodicoextremadura.com). Y, posteriormente, el partido popular presentó una moción al pleno municipal en la que acusaba al gobierno municipal de no dar publicidad de las decisiones políticas y que si no hubiera sido por los medios de comunicación y por los propios concejales de la derecha, la cuestión nunca se habría conocido.
Lo cierto, lo verdaderamente cierto es que el Ministerio de Defensa dio publicidad donde tiene que darla, en el BOE, a su decisión. Y lo cierto, lo verdaderamente cierto, es que ni los medios de comunicación ni los concejales del PP leen el BOE (creo, en realidad, que es algo peor: que no saben leer las disposiciones legales).
En los periódicos se hacen referencias a lo que se publica en los boletines oficiales solamente cuando desde el organismo correspondiente envía, expresamente, un comunicado informando de la publicación.
Pero los cargos públicos deberían, por obligación, leer los boletines. Y los partidos deberían incluir en sus programas de formación acciones para que los concejales aprendan a leerlos.
En el caso de Cáceres, no obstante, con los concejales que tiene el Partido Popular en el Ayuntamiento, intentar que lean diariamente los boletines es tiempo perdido. Y que el propio partido les enseñe, más perdido aún.
Vale.

El día 8 de octubre de 2008, El Periódico Extremadura publicó una información relevante que destapaba una de las múltiples irregularidades cometidas en la recalificación del solar del colegio de monjas carmelitas en Cáceres con el pretexto de utilizar parte de los terrenos para la implantación de un centro comercial de El Corte Inglés.
Para que la recalificación del solar de las monjas pudiera ser incorporada a la Revisión del PGM actualmente en curso, se precisa la incorporación a la ficha de aprovechamientos (la que determina el reparto de cargas y beneficios y la participación del municipio en las plusvalías) de una superficie de suelo, de las mismas características jurídicas, es decir, suelo urbano dentro de la misma zona de ordenación.
El promotor del negocio presentó al Ayuntamiento la propuesta de incorporar un finca situada entre la Ronda Norte y una Residencia de Mayores privada existente junto al Parque del Príncipe. En su propuesta, al mismo tiempo que afirmaba que era titular de una opción de compra sobre parte de los terrenos de las monjas, afirmaba, de modo expreso, que la citada finca era propiedad de una empresa de la que es, a su vez, propietario.
El Periódico Extremadura afirmaba que según los datos que obran en el Registro de la Propiedad, dicha finca figura a nombre de otras personas físicas, en ningún caso a nombre de ninguna sociedad. Las consecuencias políticas de una afirmación de este tipo, cuando la propuesta del promotor privado fue aprobada en pleno, han sido nulas. O lo que es lo mismo, se mira para otro lado. Lo mismo que la fiscalía.
Además, en la misma información se afirmaba que la finca en cuestión es suelo rústico, por lo que no puede ser incorporada a la ficha de aprovechamiento, al no tener la clasificación de suelo urbano y no poder pertenece, por ello, a la misma zona de ordenación.
Los propietarios de la finca habían solicitado, en el período de alegaciones a la aprobación provisional de la Revisión del PGM, la inclusión de esa finca como suelo urbano. La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres denegó la petición, apoyándose en el informe técnico emitido por los redactores de la revisión. Sin embargo, en el documento de Revisión aprobado por el pleno municipal, solamente con los votos del Partido Popular, dicha finca aparecía dentro de suelo urbano, con la grafía que lo vinculaba a la operación carmelitas.
Esta información, el hecho de que en la Comisión de Urbanismo se dictaminara una cosa y en el Pleno municipal se aprobara la contraria, tampoco ha merecido ninguna respuesta política ni ninguna actuación de la fiscalía anticorrupción.
En la práctica, la acción política de los partidos que forman actualmente el pleno municipal es de dejación de sus obligaciones, por lo que, al estar aún en tramitación la Revisión del Plan General Municipal, están incurriendo en responsabilidad «in vigilando», en mayor medida los partidos que ejercen el gobierno municipal y que, en el caso de que, aprobado definitivamente el Plan, pudiera surgir cualquier incidente penal en relación con el asuntos, serían responsables en la medida en que no hubieran ejercido esa responsabilidad.
Vale.