Los antiguos sindicatos de clase secundan una huelga general en las administraciones públicas fundamentada en las medidas de corrección del déficit aprobadas por el Congreso de los Diputados. Y digo secundan porque es una huelga convocada por el sindicato amarillo CSI–CSIF.
Este sindicato es el mayoritario en las administraciones públicas, incluida, por ejemplo, la Junta de Extremadura, a pesar de la falacia de que para trabajar en ella hay que tener el carné socialista. Los sindicatos de clase se ven arrastrados a una huelga por su inferioridad en un sector que va a sufrir la crisis en grado mínimo.
En este ser arrastrados, los líderes de UGT y CCOO vienen haciendo declaraciones en el sentido de que consideran la huelga de funcionarios como la antesala de una próxima huelga general. Ya tocaba ésta, por otra parte, porque ya se cumplen los seis años de la llegada de Zapatero a la presidencia del Gobierno. El paralelismo con el 14-D es evidente.
Los sindicatos de clase con su actitud están haciéndole el trabajo a la derecha más reaccionaria de Europa, que, con la imagen de su jefe tumbado a esperar para recoger los frutos de su vagancia, se va a limitar a ganar las próximas elecciones sin haber demostrado algo más allá de la desvergüenza de los trajes de Francisco Rajoy.
Tienen razón los sindicatos en criticar al Gobierno por no imponer otras medidas, aquellas que hagan pagar a quienes, en los años de gobierno de la derecha aznarista, ganaron dinero a espuertas (¿dónde lo han metido?), y a quienes en ningún momento se enfrentaron porque no “vieron” que el modelo económico del llamado “milagro español” era un modelo insostenible. Y como todos los milagros, inexistente.
Hoy, los sindicatos de clase se han quedado sin profesores que los dirijan ideológicamente y sin alumnos deseosos de secundar sus proclamas huecas. Solamente los funcionarios, en su gran mayoría encuadrados en la derecha sociológica, les han obligado a secundar una convocatoria de huelga.
La realidad, hoy en España, es que la práctica sindical se ha convertido en un funcionamiento de gestoría. Los líderes sindicales no están en condiciones de movilizar a los trabajadores. Desgraciadamente.
Pero en esta crisis tienen la oportunidad, la llevan teniendo desde hace tiempo. Si los secretarios generales de UGT y CCOO hubieran exigido a la patronal que expulsaran de su presidencia a Díaz Ferrán sí estarían en condiciones de reclamar de los trabajadores su apoyo. Cándido Méndez y Toxo están asumiendo, con naturalidad, que la contraparte en la patronal sea un sujeto que no está capacitado para representar a los empresarios. O, lo que es más grave, están negociando con unos empresarios bajo sospecha y ellos mismos están bajo la misma sospecha.
Expulsando de la mesa de negociación a Díaz Ferrán, habrían conseguido, además, eliminar a un negociador que está apuntalando determinadas decisiones economicistas para tratar de salir de la crisis. O lo que es lo mismo, habría sido un mensaje determinante para Zapatero.
Este sindicato es el mayoritario en las administraciones públicas, incluida, por ejemplo, la Junta de Extremadura, a pesar de la falacia de que para trabajar en ella hay que tener el carné socialista. Los sindicatos de clase se ven arrastrados a una huelga por su inferioridad en un sector que va a sufrir la crisis en grado mínimo.
En este ser arrastrados, los líderes de UGT y CCOO vienen haciendo declaraciones en el sentido de que consideran la huelga de funcionarios como la antesala de una próxima huelga general. Ya tocaba ésta, por otra parte, porque ya se cumplen los seis años de la llegada de Zapatero a la presidencia del Gobierno. El paralelismo con el 14-D es evidente.
Los sindicatos de clase con su actitud están haciéndole el trabajo a la derecha más reaccionaria de Europa, que, con la imagen de su jefe tumbado a esperar para recoger los frutos de su vagancia, se va a limitar a ganar las próximas elecciones sin haber demostrado algo más allá de la desvergüenza de los trajes de Francisco Rajoy.
Tienen razón los sindicatos en criticar al Gobierno por no imponer otras medidas, aquellas que hagan pagar a quienes, en los años de gobierno de la derecha aznarista, ganaron dinero a espuertas (¿dónde lo han metido?), y a quienes en ningún momento se enfrentaron porque no “vieron” que el modelo económico del llamado “milagro español” era un modelo insostenible. Y como todos los milagros, inexistente.
Hoy, los sindicatos de clase se han quedado sin profesores que los dirijan ideológicamente y sin alumnos deseosos de secundar sus proclamas huecas. Solamente los funcionarios, en su gran mayoría encuadrados en la derecha sociológica, les han obligado a secundar una convocatoria de huelga.
La realidad, hoy en España, es que la práctica sindical se ha convertido en un funcionamiento de gestoría. Los líderes sindicales no están en condiciones de movilizar a los trabajadores. Desgraciadamente.
Pero en esta crisis tienen la oportunidad, la llevan teniendo desde hace tiempo. Si los secretarios generales de UGT y CCOO hubieran exigido a la patronal que expulsaran de su presidencia a Díaz Ferrán sí estarían en condiciones de reclamar de los trabajadores su apoyo. Cándido Méndez y Toxo están asumiendo, con naturalidad, que la contraparte en la patronal sea un sujeto que no está capacitado para representar a los empresarios. O, lo que es más grave, están negociando con unos empresarios bajo sospecha y ellos mismos están bajo la misma sospecha.
Expulsando de la mesa de negociación a Díaz Ferrán, habrían conseguido, además, eliminar a un negociador que está apuntalando determinadas decisiones economicistas para tratar de salir de la crisis. O lo que es lo mismo, habría sido un mensaje determinante para Zapatero.
Vale.
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