Cuando ya se ha producido la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, por los representantes del 48,7 de los catalanes, y cuando el Senado ha aprobado la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, Pablo Iglesias, desde su universo, sigue hablando de referéndum pactado, de diálogo y de no sé cuántas vacuidades más.
Y los propios de Pablo en Cataluña siguen defendiendo que Cataluña ya es una República Independiente, sin que el amado líder los desautorice. Y no lo hace porque no puede, porque está atrapado en su misma mismidad.
Lo que nunca ha dicho Pablo es qué clase de referéndum pactado ni cuáles serían los componentes del pacto. Ni para qué.
Porque, para poder plantear su propuesta, debería explicar el objeto del referéndum. Si ese objeto es que pueda votarse la independencia de Cataluña, es decir, la segregación de un territorio del Estado, está claro que debería ser un referéndum en el que toda la población española mayor de edad pudiera votar.
Si lo que plantea es un referéndum que solamente pueda votarse en Cataluña, como mucho, y eso estaría por ver, no podría ser un referéndum, sino una consulta y no tendría carácter vinculante.
También puede plantear, como objeto de ese hipotético referéndum pactado, una modificación previa del artículo 2 de la Constitución, el que habla de la indisolubilidad del territorio nacional. Es decir, que la esencia territorial española que se establece en la CE fuera dinamitada. Y antes de convocar el “referéndum pactado” habría que convocar el de modificación de la Constitución.
Además, no solamente habría que cambiar el art. 2 de la CE. También habría que cambiar el art. 8, que, si se modifica el 2 en el sentido del “referéndum pactado”, quedaría totalmente fuera de lugar, ya que el papel esencia de las Fuerzas Armadas como garantes de la unidad territorial que se consagra en el art. 2, quedaría sin valor.
Otra pata de la que cojea, ostensible y hasta ostentóreamente, la boutade de Pablo Iglesias es por el concepto de pacto. ¿Qué pacto, entre qué actores?
No puede haber un pacto entre el Gobierno de la Nación (en esencia, el poder ejecutivo) y el Gobierno de una Comunidad Autónoma. Puede haber acuerdos, pero no pactos. Los pactos se suscriben entre iguales, y jurídicamente, en la doctrina constitucional, ambos gobiernos no son iguales.
Cuando se estudia el derecho administrativo, se estudia la jerarquía de las leyes, y la Constitución Española lo establece perfectamente. La única Ley Orgánica propia de una Comunidad Autónoma es su Estatuto de Autonomía. No pueden las CCAA (ni las del 151 CE ni las del 143 CE) promulgar leyes orgánicas ni leyes que afecten a la legislación básica del Estado. Ni sus gobiernos ponerlas en práctica.
Lo que sucede con la producción legislativa (Leyes Orgánicas y legislación básica, que radican en el Estado) sucede con el ejercicio del poder ejecutivo. Y no son iguales, por tanto, jurídicamente, el gobierno de una C.A. y el gobierno central.
Si cuando Pablo Iglesias se refiere a referéndum pactado el que pudieran suscribir los distintos partidos políticos en el ámbito del Congreso de los Diputados, sí podríamos hablar de pacto, porque todos los partidos son iguales entre sí, con independencia del peso de sus respectivos resultados electorales. Pero ese pacto entre partidos nos devuelve a lo dicho para el artículo 2, y nos lleva a un callejón sin salida, porque no todos estarían dispuestos a modificarlo, y a modificar el artículo 8 y los demás que están concatenados, sin saber que pactar políticamente una reforma de la constitución que satisficiera los deseos de una sola parte del territorio sería profundamente insolidario e injusto. El artículo 2 habría que modificarlo para que todos los territorios pudieran hacer uso de la capacidad de segregación, de “autodeterminación”.
Probablemente, Pablo Iglesias se haya inoculado el virus de la teoría política, pero no tiene acceso a la vacuna de la realidad. Pactar un referéndum para la autodeterminación de un territorio (aunque luego el resultado saliera en contra) no es justo. Si se pacta, se pacta para todos los territorios. Pero, claro, a Pablo Iglesias eso le supera.
Y mientras el amado líder elucubra sobre su bálsamo de Fierabrás, sus seguidores con cargos en Cataluña siguen empeñados en que la República Catalana es un hecho, sin que él tenga autoridad política y moral para desautorizarlos. Vamos, que el amado líder no lo es tanto cuando no tiene un micrófono de Roures delante.
Vale.
Asistiendo al espectáculo de enseñar quién es más nacionalista, si los independentistas catalanes o los españolistas de cualquier parte, no me queda ninguna duda: las víctimas, los trabajadores. Ni siquiera los ciudadanos.
Cuando la supremacía se lanza a las banderas, los ciudadanos desaparecemos, y nos convertimos en súbditos. Ahora, en este triste espectáculo de intentar ser más nacionalista que nadie (ya sea en Catalunya, en Zaragoza, en Málaga…o en Botija, por un poner), los individuos hemos desaparecido. No se cuentan personas, ni ciudadanos, se cuentan banderas.
¿A quién beneficia este crimen sociopático? Como decía Séneca, aunque sea escrito con cierto estilo de latín macarrónico: “cui prodest scelus, is fecit», (Aquél a quien aprovecha el crimen es quien lo ha cometido).
Porque la situación, la ubicación del “sentimiento” nacionalista ha cambiado de bando. Ahora, las pantallas de las televisiones adormecen a la población con una exhibición nunca conocida de banderas nacionales, mientras que las esteladas van arrinconándose a la ventanita de abajo a la derecha de la pantalla hasta que desaparezcan.
Pero la realidad política es otra. La realidad política es que dos partidos de derechas (el Partido Popular, lleno de mierda hasta las cejas de Rajoy, y la vieja Convergencia y Unió, ahora PDCat, enfangada en la ambición monetaria de sus jefes) se han enfrentado exhibiendo las banderas que no les pertenecen. El que alrededor de uno y otro partidos hayan aparecido satélites haciendo de gorrillas (Ciudadanos, la CUP o ERC) no es más que un adorno que será descosido cuando les haga falta.
La realidad es que el enfrentamiento de dos partidos de derechas, iguales en corrupción, no es más que un enfrentamiento entre familias mafiosas. Y, cuando las banderas se arrumben porque ya nos les hagan falta, veremos cómo quienes hemos desaparecidos somos los ciudadanos, en realidad, los trabajadores.
Si Ciudadanos (ese partido impulsado desde esferas empresariales catalanas, con el presidente de Banco de Sabadell a la cabeza) aspira a que el gobierno de Tancredo Rajoy aplique el art. 155 CE solo (y solo es solamente) para convocar elecciones en Catalunya, en el PSOE el liderazgo de Pedro Sánchez no ofrece ninguna garantía de solidez, y en Podemos, su ambigüedad mal calculada (por ignorancia, ingenuidad o infantilismo) les está llevando a dar unos bandazos que no presagian ningún futuro favorable políticamente.
Y en este panorama, ¿a quién beneficia el crimen político que se está cometiendo en Catalunya? Sin duda, a sus autores: el Partido Popular y el PDCat.
Si, como parece, todo lleva a la aplicación del art. 155 CE en Catalunya, y si el PSOE duda en un apoyo ciego a los deseos de Rajoy, el Partido Popular intentará matar dos pájaros de un tiro: convocará elecciones en Catalunya y anticipará las elecciones generales. El chantaje sobre el PSOE de Sánchez será el mismo que el que aplicó sobre el PSOE de la Gestora hace un año. Y ahora Sánchez no podrá decir No es No.
Cuando se blanden las banderas como armas contra el enemigo (catalán ahora), debajo de esas banderas desaparecen las capacidades de las personas para discernir si esas banderas llevan fuego amigo o son puñales que se clavan en los adversarios políticos.
Esta “crisis de Catalunya” beneficia al Partido Popular, el partido compuesto por ladrones que se diluyen entre los colores de las banderas que los ilusos ciudadanos, fanáticos de los colores, blanden para convertirse, unos conscientemente, otros no, en cómplices de los ladrones que les gobiernan.
Y en estas circunstancias, con un previsible adelanto electoral, en Catalunya vía art. 155 CE y en el ámbito estatal vía la ambición política de los ladrones del PP, estoy convencido de que en la sede central de la mafia genovesa cuentan las banderas nacionales como votos, multiplicados por los que les hagan falta para conseguir la mayoría absoluta.
Vale.