Ante todo, tengo que decir que no creo en las coincidencias ni en las casualidades. Creo en la relaciones pactadas y en las causalidades. No es una coincidencia ni una casualidad que Mariano Camps proponga disminuir al mínimo los gastos electorales de los partidos, y que al mismo tiempo el juez que investiga la trama Gürtel haya encontrado indicios racionales de delito electoral en el Partido Gurtelar de Valencia y que podría alcanzar al de Génova, 13.

No es coincidencia ni casualidad que, cuando estalló el escándalo Gürtel, la señora Botella reclamara en el comité nacional peguero que se defendiera la gestión de su marido al frente del partido, y que ahora se conozca que un implicado en el caso Gürtel, López del Viejo, aparezca también implicado en la operación Guateque, que anida en el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid, a cuyo frente está la señora Botella.

La derecha no actúa nunca por casualidad, actúa por causalidad. Mariano Camps, más cercano al Puerto del Zángano que al verbo trabajar, lo dejó muy claro: no se oponía a las medidas de ajuste del gobierno por no estar en desacuerdo con ellas, sino porque con su postura pretendía, sin más, provocar la caída del gobierno. En vez de presentar una moción de censura, para lo que no tiene agallas, busca la manera de que sean otros los que le hagan el trabajo.

Por eso, no es una coincidencia ni una casualidad que un programa de TeleEspe se llame alto y claro, y en él se defiendan posturas de ultraderecha del gusto de la dueña de la cadena, y que ese mismo nombre sea el de una página web de contenido y orientación fascista.

No creo en las casualidades ni en las coincidencias, y viniendo de la extrema derecha, menos.

Vale.

El próximo fin de semana se celebran en Badajoz los actos centrales del Día de las Fuerzas Armadas 2010, con una exhibición operativa conjunta, el sábado, 29, en el río Guadiana, y con el acto de homenaje a la bandera, en la Glorieta José Herrera Pombo, a las 12 de la mañana, que será presidido por el Jefe del Estado.

El primer acto oficial del rey tras su reciente intervención quirúrgica será, precisamente, la presidencia de los actos de DIFAS 2010, por lo que la expectación mediática, incluida la retransmisión televisiva de los mismos, será máxima.

Es evidente que la celebración de estos actos centrales y en las horas concretas en que se llevarán a cabo, deberían ser motivo para que desde el propio Ministerio de Defensa y el conjunto de las Fuerzas Armadas se concentre la atención sobre ellos, no llevándose a cabo otros que en mayor o menor medida resten audiencia a la presencia real en Badajoz.

Curiosamente, en Cáceres, el Centro de Instrucción y Movilización nº 1 ha programado para el mismo día 30, a las 12:45 horas, un concierto de música militar y popular a cargo de la Banda Municipal, en la plaza de San Pablo, donde se encuentra el Palacio de Las Cigüeñas, sede de la Comandancia Militar.

O lo que es lo mismo, una unidad militar, ubicada en la otra capital de provincia de Extremadura, ha contraprogramado al Ministerio de Defensa en los actos oficiales a celebrar con motivo del Día de las Fuerzas Armadas 2010, ya que, siendo el acto central, seguramente televisado en directo, a las 12 horas, no daría tiempo a que el público que quiera verlo en directo, pueda estar a las 12:45 en San Pablo.

Los carteles repartidos y los folletos enviados a múltiples organismos públicos así lo demuestran.

Vale.


El artículo 16.2 de la Constitución española dice: “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.” La ideología, la religión o las creencias forman parte del yo privado, de lo que la propia carta magna determina como “la intimidad”. Cuando un individuo, voluntariamente, somete a lo público lo que es privado, está sometiéndolo a la crítica, en cualquier sentido, positiva o negativa.

La ideología a la que cada individuo pueda adscribirse, forma parte de su individualidad. Cuando la hace pública, forma parte de la acción política. Cuando el individuo que la hace pública participa activamente en la gestión de lo público, su ideología forma parte de su propia capacidad de producirse en la sociedad. Los jueces, los militares, en el ejercicio de su profesión, no pueden hacer profesión pública de su adscripción ideológica.

Lo mismo sucede con la religión, con cualquier religión, con todas las religiones. Por eso, cuando la religión forma parte de la vida pública, de la vida social, está sometida a las mismas reglas de crítica, positiva o negativa, que cualquier ideología que se aglutina en torno a los partidos políticos.

El pleno de mayo de 2010 del Ayuntamiento de Cáceres fue escenario de la España cañí. Un peligroso concejal (más peligroso que concejal) planteó una moción para que las autoridades municipales dejen de acompañar a la patrona de la ciudad cuando, cada año, es bajada en procesión de su santuario y subida en romería. Son unos actos, antiguos, rancios como ellos solos, pero que forman parte del paisaje de una ciudad antigua, rancia como ella sola.

En eso estaban los concejales debatiendo sobre si han de acompañar a la patrona o no cuando una concejala de la derecha exhibió un cartel electoral, perdón, una estampita de la patrona. En realidad, al tratarse de un acto político, reglado, sometido al derecho y enmarcado dentro del ordenamiento constitucional, lo que hizo la concejala Nevado no fue exhibir una estampita, sino que hizo de ésta un poster electoral. Mezcló su derecho individual a practicar una religión con su profesión ideológica en un acto político.

Ahora, la concejala que, al parecer, ejerce la abogacía en un sistema jurídico sometido a la constitución que determina la privacidad, la intimidad de las creencias ideológicas o religiosas, ya no podrá oponerse a que cuando en los medios de comunicación, y este blog, modestamente, lo es, se la adscriba al partido popular de la virgen, y a que cuando sea criticada por hacer comercio político con su religión, no pueda oponerse porque ha sido ella la que ha hecho profesión política de ello.

En el pleno de mayo de 2010, la concejala Nevado pegó el timo de la estampita sobre la constitución. A partir de ahora, será Sor Elena Nevado.

Vale.

En el mayor esplendor de los casos de corrupción que llevaron al PSOE a perder las elecciones de 1996 (antes, en 1995, había perdido las municipales), se atribuye a Felipe González aquello del dos por uno con la dimisión de Alfonso Guerra, particularmente acuciado por el caso de su hermano Juan.

Ahora, cuando el caso Gürtel tiene atenazado al PP, con un sumario que avanza sobre un sumario que ya de por sí es demoledor, el presidente nominal del PP no se atreve a nada, porque atreverse sería nefasto para él.

La realidad de las investigaciones judiciales, recogidas en el sumario, además de otros asuntos como el del espionaje en la Comunidad de Madrid, está demostrando implicaciones que van desde el despacho del Tesorero nacional, Bárcenas, a FUNDESCAM, en la planta primera de Génova, 13.

El presidente nominal del PP aparece cada vez más indisolublemente unido a la investigación judicial, y su progreso le va despojando, como a una cebolla, de hojas sucesivas como el jefe pepero en Valencia parece vestirse con trajes regalados por su amiguito del alma, Álvaro Pérez.

La simbiosis que se está produciendo, en realidad ya se ha producido, entre el PP y el caso Gúrtel, entre el destino político del presidente nominal y el jefe pepero de Valencia, hacen que el Partido Popular se haya convertido en Partido Gurtelar. Y que el nominal Mariano se confunda con el virrey Francisco.

Ya no son ni Partido Popular, ni Mariano Rajoy ni Francisco Camps. Ya son, con el sumario delante, el Partido Gurtelar, y Mariano Camps, y Francisco Rajoy.

Vale.

Presentación en Cáceres del libro «Open Government».


El pasado martes se presentó en Cáceres el libro colectivo sobre Open Government, coordinado por César Calderón y con la participación en el mismo de César Ramos, diputado autonómico. Una presentación en la que la participación del Presidente de la Junta marcó gran parte de las intervenciones.

Una de las características del Open Government es la transparencia, resultado de la necesidad de los ciudadanos para poder intervenir en la vida pública. El gobierno abierto no es unidireccional (transmisión de información desde el poder hacia los ciudadanos), sino que debe ser un instrumento en la doble dirección. Para ello existen ya, desde hace tiempo, herramientas que se engloban en lo que se llama Web 2.0.

Explicó Fernández Vara, hablando de su blog (elcuadernodeguillermo.blogspot.com), que llegó a él por la obligación de establecer cauces de relación con los ciudadanos cuando fue elegido candidato por el PSOE, pero se quedó por la necesidad que tiene de conocer los asuntos de primera mano, que le llegan cuando los internautas le dejan comentarios sobre asuntos concretos de gobierno.

La necesidad de un gobierno abierto desarrolla, en nuestro país, el concepto que se instaló en las administraciones en los años 90, cuando se pasó, realmente, del concepto de súbdito al de cliente, para mejorar las relaciones entre administración y administrados, y ahora la imparable llegada del open government no es sino un puñetazo en la mesa de los ciudadanos para participar, activa y decisivamente, en la gestión de lo público, que en tiempos de crisis se está viendo que es más necesario, frente a los pasados años de neoliberalismo salvaje. Cuando la economía va bien, sobra el Estado. Cuando hace crack todos miran al Estado. Eso no es justo.

Vale.

Hace unos días fue la lideresa del Partido Gurtelar en Madrid la que habló aquello de las “pitas, pitas” para referirse a Andalucía y Extremadura. Una lideresa que cobija en su gobierno a espías que espían a los propios (por cierto, ¿a qué espera el PSM para saber cuánto, cómo y cuándo llevan espiando a la oposición?), que cobija a los niñatos del grupo de Becerril, esos que financiaba Correa, una lideresa que lo es de un partido lleno de corruptos, no tiene capacidad moral para hablar de los demás. Las “pitas, pitas” son las gallinas de su corral.

Ayer, Durán y Lleida, conspicuo nacionalista catalán de derechas, el que abogó por eliminar el PER. Otro cuya ética es hética. Los nacionalistas catalanes, se ha dicho hoy en algún medio, recibían financiación a través de las cuentas del Liceo, ese que se quemó y que reconstruyó el Estado Central en tiempo récord. Vistas las cuentas, ¿para cuándo una investigación real que determine que el fuego fue intencionado o no?

Los burgueses catalanes, en cuyo seno se enquista el nacionalismo “democristiano” al que pertenece Durán y Lleida son los dignos o indignos herederos que como los burgueses de Neguri, financiaron el golpe de estado del general bajito y que recibieron como recompensa a sus desinteresada aportación las mayores inversiones industriales de la dictadura. Y cuando eso no fue suficiente, la dictadura les regaló el Plan de Estabilización de 1959, que deportó desde Extremadura y Andalucía la mano de obra que necesitaban. Hoy, con los parámetros con los que la ONU trabaja estos asuntos, aquel Plan de Estabilización habría sido considerado limpieza étnica. Desde Extremadura y Andalucía se llevaron a las provincias catalanas la mano de obra productora y reproductora.

Esta gente no está en condiciones, de modo alguno, de decir que se quite el PER. Es más, ni siquiera son quiénes para decir nada, ni bueno ni malo de Extremadura.

¡Ya está bien de gilipollas y gilipolleces!

Vale.

De vez en cuando suele ser noticia que los parroquianos de una iglesia de pueblo se amotinan contra el obispo porque no quieren que el cura que les cuida el espíritu sea trasladado. Manifestaciones de apoyo, descrédito del obispo… los parroquianos tratan por todos los medios de impedir que el obispo se salga con la suya.

Las parroquias, las pirroquias, son así: Ayer tarde en la función/ cuando el cura predicaba/ toda la gente lloraba/ menos el pobre Simón. / ¿Cómo no llora Simón?/ Le pregunta la tía Ustoquia / Yo no soy de la Pirroquia / y los que lloran lo son. (Canción popular extremeña).

Algo parecido a esto sucede con Paco González, director del programa de radio más seguido, Carrusel Deportivo… y, sin duda, el mejor programa de la radio de España.

Los sábados no serán lo mismo sin el equipo dirigido por Paco González, y todo porque el obispo de la SER (unos dicen que Anido, otros que De la Morena), ha decidido quitarle la Pirroquia a Paquito González.

La respuesta de los parroquianos no se ha hecho esperar, y desde el miércoles, en que estalló el asunto, hasta hoy mismo, lunes tarde, el número de “feligreses” que no quieren que el obispo se salga con la suya supera los 83.700. Pero el obispo no cede.

Y ya se sabe que cuando un obispo está celoso de la popularidad de un cura de pueblo no descansa hasta que termina quitándole la Pirroquia.

Vale.

En alguna ocasión, el presidente del Partido Gurtelar (antes conocido como Partido Popular) se refirió a la posibilidad de presentar una moción de censura contra el gobierno de Zapatero. En esas ocasiones, siempre dijo que la presentaría si era para ganarla. Ayer, Sables Bocanegra incidió un poco más, al acusar a las minorías parlamentarias de no querer secundar a su partido en una hipotética moción de censura.

La Constitución Española prevé el mecanismo de moción de censura constructiva. En esta opción, única constitucional, quien se examina no es el presidente del Gobierno, sino el candidato. Y Mariano no está para exámenes: ni está preparado ni tienes ganas de trabajar. Porque para la moción de censura constructiva, además del candidato, se requiere la presentación de un programa de gobierno. Y ahí es donde fallan las fuerzas.

¿Qué programa de gobierno plantearía Mariano Camps? ¿Las propuestas que planteó a Zapatero en la reunión que ambos mantuvieron en La Moncloa una semana antes del debate de las medidas del Gobierno? ¿O las propuestas que Mariano señaló en ese debate? Las primeras suponían un mayor endeudamiento del Estado en casi 15.000 millones de euros. Las segundas, con propuestas dirigidas a los sindicatos de clase (CCOO y UGT), a los que quiere liquidar, entre otras cuestiones, no se han atrevido a cuantificar.

Quizá Mariano podría optar por las medidas neocons que hoy ha planteado su sustituto en la presidencia del PG, Aznar. Medidas que incluyen recortes en las competencias de las comunidades autónomas, en la línea de aquellas cartas que el joven inspector de hacienda en Logroño dirigía a los periódicos del Opus en contra de la Constitución.

En cualquier caso, para poder defender un programa de gobierno, aunque fuera para una comunidad de vecinos, Mariano tendría que prepararlo, estudiarlo, y eso sería un esfuerzo muy grande para quien está acostumbrado a vivir tumbado a la sombra (gran Peridis).

Trabajar es un verbo que no se conjuga en Génova. Allí son más de figuras egipcias, fundaciones en la planta primera adonde llevan fondos las empresas de Díaz Ferrán, entre otros.

Trabajar, en fin, es un verbo digno, un verbo que Mariano Camps no puede mancillar.

Vale.

El Partido Gurtelar de Mariano Camps es muy dado a plantear, en caliente, modificaciones del Código Penal, o la Ley del Menor, o lo que sea (el frío que se pasa en la oposición restringe la capacidad de pensar). Sobre todo, si con ello consigue que la demagogia, su único ideario, se implante. Con ello sabe que sigue teniendo cautivo el voto de la ultraderecha y arrastrando a la gente común a esa deriva demagógica que sostiene a ese partido.

Sin embargo, los ataques especulativos (las manadas de lobos, que decía el ministro sueco) que han provocado un gran problema nacional, con derivadas que sumen a muchos más ciudadanos en el umbral de la exclusión, no han merecido la misma respuesta de la tienda de trajes de Génova.

¿Sería posible aplicar el Código penal a los especuladores que han practicado terrorismo financiero contra los intereses de España, de sus ciudadanos y de sus empresas? Por supuesto, la respuesta de Francisco Rajoy y demás portacoces del Partido Gurtelar sería negativa.

En los USA, la fiscalía federal está investigando las relaciones entre ocho grandes bancos, entre ellos Goldman Sachs y Merryl Linch y las tres empresas de rating.

¿Sería muy difícil ordenar a la Guardia Civil que, a través de sus especialistas en blanqueo de capitales y en delitos informáticos, averiguara el origen de los ataques terroristas que sufrió la economía española? Estoy seguro que no sería difícil, y conociendo la capacidad de la Guardia Civil, y también de la Policía Nacional, estoy seguro de que aceptarían el mandato con sumo interés.

¿Estaría dispuesto Mariano Camps a apoyar una propuesta para tipificar expresamente en el Código Penal, en no más de tres meses, el delito de terrorismo financiero? No lo creo. Para la derecha española, lo que haga el capital siempre estará bien hecho: no vamos a calificar de delincuentes a los que nos apoyan, se dirán.

Vale.

En La Sexta se emite un programa, Quién vive ahí, dedicado a mostrar viviendas singulares, ya lo sean por su construcción, por su ubicación, tamaño, singularidad. En general, se trata de viviendas consideradas únicas.
La misma pregunta (¿quién vive ahí?) cabría hacerse del conjunto de la ciudad antigua de Cáceres. En ella viven muchas familias, en viviendas más o menos grandes, pero en su núcleo existen edificios singulares, algunos habitados, otros habilitados para oficinas. Edificios de titularidad privada (Palacios de Los Golfines de Arriba y Abajo, Casa del Conde de Canilleros, Casa de Los Saavedra…) que permiten a sus dueños disponer de unas viviendas singulares y, al mismo tiempo, les obliga a un mantenimiento constante.
Existen también en la ciudad antigua de Cáceres muchos inmuebles, singulares, alguno con la categoría individualizada de Monumento Histórico, que son de titularidad pública. La Diputación Provincial, el Palacio de Carvajal, la Casa de los Moraga, el Palacio de los Condes de Torreorgaz (Parador), Casa de los Ovando o Palacio de Las Cigüeñas… Otros, de titularidad privada pero con trascendencia pública: Palacio de Galarza, Palacio de Mayoralgo, conventos de Santa Clara, San Pablo, Jerónimas…
De los inmuebles de titularidad privada poco puede decirse: su apertura y conocimiento público están limitados porque muchos de ellos siguen siendo viviendas familiares. De los adscritos a entidades privadas de trascendencia pública, son visitables al menos en parte, como sucede con el Palacio Episcopal o el de Mayoralgo. Los conventos son, en realidad, viviendas de las órdenes religiosas.
La pregunta del programa de La Sexta cabría hacérnosla mirando las fachadas de los edificios: por ejemplo, mirando al Palacio Episcopal habría que preguntarse si en él vive el Obispo o si, como sucedió con el obispo Jesús Domínguez, el prelado vive en un piso “normal” de la ciudad. Mirando a los edificios públicos, cabe preguntarse si el presidente de la Caja de Extremadura vive en el Palacio de Mayoralgo, o el de Diputación vive en cualquiera de los edificios de los que es propietaria la entidad que preside, o si el jefe del Ejército vive en el Palacio de Las Cigüeñas.
Los edificios públicos, a diferencia de los privados, deben ser accesibles en su inmensa mayor parte, a los ciudadanos, y aunque no es muy adecuado que grupos de turistas, por ejemplo, entren la sede de la Diputación en visita guiada, cualquier ciudadano que tenga que hacer gestiones pueda ver cómo es al tiempo que resuelve sus trámites.
Esto, desgraciadamente, no sucede en todos los edificios de titularidad pública de la ciudad antigua de Cáceres. Alguno se encuentra cautivo de su uso, de su destino, para goce privado. Es una anacronía en pleno siglo XXI el mantenimiento de un inmueble, con costes seguramente elevados, para uso privado de un funcionario público. No estamos en tiempos de mantener privilegios en razón del estado, sino en promover el uso público de aquellos bienes cuyos costes de mantenimiento recaen en los impuestos de todos los ciudadanos. Nadie debe plantear cuestión alguna sobre el derecho de propiedad de las administraciones públicas sobre bienes catalogados como Históricos, al contrario, es la mejor manera de garantizar su mantenimiento. Pero todos debemos ser capaces de entender que su uso privado genera, cuando menos dudas, sobre ¿quién vive ahí?
Vale.