A lo largo de los próximos meses, quizás como máximo un año o año y medio, se van a producir determinadas acciones que obligarán a las instituciones políticas a adoptar acuerdos que permitan la mejor gestión de recursos públicos. No me refiero a la situación económica, que en estos aspectos será colateral, sino al mejor aprovechamiento de determinados espacios públicos que se verán afectados por proyectos en curso, algunos muy avanzados.
Esta mejor gestión deberá incidir positivamente en la mejora de los equipamientos urbanos, que en la ciudad de Cáceres estuvieron abandonados, literalmente, por el gobierno de la derecha durante 12 años (desde 1995 a 2007), y que ahora, con algunas gestiones ya avanzadas en algún caso, desde un gobierno socialista deberá cambiar la tendencia.
La tendencia, durante los años de gobierno de la derecha, era poner a disposición de la iniciativa privada las energías políticas, olvidando, conscientemente, las necesidades generales de la ciudad. Para la derecha, todo aquello se resolvía obligando a los promotores privados para que adquirieran esculturas y las colocaran en las nuevas urbanizaciones. Ahí acababa todo.
El proceso que ahora se abre, tanto por el desarrollo de los proyectos en curso como de la propia entrada en vigor del PGM pondrá “en juego” algunos espacios, algunos inmuebles, cuyo destino futuro deberá redundar, en los que sea necesario, en la mejora de los servicios públicos prestados, y, en otros, en la obtención de nuevos equipamientos. O como dice un arquitecto de la ciudad, en la necesidad de reequiparla.
Veamos algunos ejemplos.
Está en marcha, con gestiones complejas, la consecución por la ciudad, conforme a la normativa legal que sea de aplicación, el pabellón de mando del antiguo Cuartel Infanta Isabel. Si las gestiones fructifican en los plazos previstos, a finales de 2010 se podrá decir que ese inmueble sea ya propiedad municipal, y, por tanto, un espacio de la ciudad.
También está muy avanzada la construcción del nuevo Centro de Menores, en el Polígono Nuevo Cáceres, frente al Centro de Salud, y que sustituirá al actual Centro Julián Murillo, junto al Complejo San Francisco. Corresponderá a la Diputación Provincial fijar los usos a los que quiera destinar ese inmueble, aunque debería escuchar si el Ayuntamiento tuviera alguna propuesta a plantear.
Continuando con el Complejo Cultural San Francisco, en poco tiempo comenzarán las obras en el Palacio de Godoy para la nueva ubicación del Conservatorio de Música. Este proyecto, quizá el más retrasado, conllevará que el Complejo San Francisco ganará espacios, de forma que con el final de las obras del Palacio de Congresos (sobre el Auditorio), otorgará a la ciudad de Cáceres el privilegio de contar con dos magníficos espacios para congresos.
La entrada en vigor del nuevo Plan General Municipal conllevará la necesaria gestión de espacios como la Cárcel Vieja, cuya obtención por el Ayuntamiento requerirá grandes dosis de paciencia e imaginación, y, sobre todo, de trabajo serio y concienzudo. La vieja cárcel deberá ser el instrumento que la zona en la que se asienta, cabecera de los más amplios crecimientos urbanos de la ciudad, disponga para formar parte del proyecto de convertir a Cáceres en un referente cultural, más allá de la meta del 2016. La gran superficie construida, 11.000 m2, requerirá formular un proyecto cultural homogéneo, coherente, ambicioso, capaz de aglutinar esfuerzos y capacidades.
También en estos momentos se viene hablando ya de la próxima entrada en funcionamiento del Nuevo Hospital, que conllevará el mantenimiento del actual Hospital San Pedro de Alcántara, y el desalojo, como centro hospitalario, del Hospital Virgen de la Montaña, que es un inmueble propiedad de la Diputación Provincial, y que cuenta con una superficie construida de más de 20.000 m2 sobre unos 13.500 m2 de solar. Sus usos futuros requerirán, sin duda, de acuerdos que alcancen a la Diputación, como propietario, pero también a las otras administraciones.
Este conjunto de inmuebles, más alguno que será “víctima” colateral de cambios de uso y destino, plantean la mejor ocasión que ha tenido en mucho tiempo la ciudad para conseguir nuevos equipamientos, independientemente de quien sea finalmente su titular, su “dueño”: sus dueños reales deben ser los ciudadanos.
Todos estos cambios, todas estas posibilidades no nacen, en ningún caso, de la política desarrollada en los años de gobierno de la derecha, porque ninguno de los proyectos que los posibilitan tienen su origen en la acción política local, volcada en el favorecimiento del desarrollo del sector inmobiliario privado que en la obtención de equipamientos y servicios para todos los ciudadanos.
Vale.
Sostiene Monago, y con él su cohorte ejecutiva, que el asunto Gürtel no tiene nada que ver con Extremadura. Puede ser, habrá que llegar al final de los 50.000 folios. También sostiene Monago, y en esto parece que ejerce en solitario por delegación de su cohorte ejecutiva, que las acciones del presidente Vara para la reducción del gasto público son insuficientes. Por supuesto, Monago habla «exmánguera», con la verdad absoluta de su lado.
Sería muy interesante que Monago, presidente del PP de Extremadura podría comenzar por explicar cuáles son los sueldos que su partido paga a sus empleados. Por ejemplo, podría explicar cuál es el sueldo que el PP paga a su tesorero, o a sus gerentes. Deben ser sueldos muy altos, a lo que parece por algún rastro que se ha podido ver.
En el año 2003, Bárcenas era empleado del Partido Popular que presidía José María Aznar. Al parecer, era Gerente, no Tesorero, cargo que desempeñaba Álvaro Lapuerta. Esta referencia biográfica no es muy relevante, lo relevante es que en ese año de 2003 el señor Bárcenas declaró a Hacienda unos ingresos de 225.501,30 € en concepto de retribuciones. En concreto, recibidas como trabajador por cuenta ajena del Partido Popular, como figura en la página 144 del Tomo 11 del sumario Gürtel.
¿Puede explicar el señor Monago cuáles son los sueldos que el PP paga a sus empleados, a sus funcionarios políticos? Porque si en 2003 el Gerente cobraba 37.500.000 Pts., es de pensar que en los años siguientes las retribuciones habrán seguido siendo similares, incrementadas con el IPC.
Está muy bien eso que hace Monago de exigir a los demás lo que no se atreve a exigir en su propia casa. Del conocimiento del caso Gürtel, cuando algún testigo declara en relación con los montajes de actos encargados a Orange Market, S.L., confunde o refunde actos de consejerías del gobierno valenciano con actos del partido (es sólo un ejemplo), se irán sacando enseñanzas.
En cuanto a que es un asunto que no interesa en Extremadura, puede ser.
Vale.
El Ayuntamiento de Cáceres retiró un escudo franquista, en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, situado en la Plaza de Los Conquistadores. De inmediato, una caterva de historiadores, heraldistas y demás gentes que se dedican al chismorreo con efectos retroactivos, salieron en tromba diciendo que aquello que se había quitado no era franquista, sino de los reyes católicos.
Vamos a ver, almas cándidas, digo “historiadores”: cuando el general bajito y uniovo dio el golpe de estado (por cierto, tan mal que convirtió aquello en una cruel guerra incivil) no tenía ningún otro referente que su ego. Ni siquiera era un buen militar (“La incompetencia militar de Franco”, Carlos Blanco Escolá).
Y como alrededor de Franquito se creó una cohorte de pelotas, aduladores, mercachifles, vividores y demás sujetos de alta capacidad política e intelectual, comenzaron a formar una simbología apropiándose indebidamente (este concepto lo vi en un comentario de prensa en la red), empezaron a sumar cosas, heterogéneas hasta conformar una simbología llamada imperial. No hay que olvidar, historiadores de sacristía, que en el mejor franquismo, en el que vosotros estudiabais en la Enciclopedia Álvarez, cuando cantábais el cara al sol en el pasillo de la escuela poniendo vuestras mejores voces, en aquel franquismo, los españoles (los del régimen, of course) os encaminabais por el imperio hacia dios.
Seguro que también es de los reyes católicos poner en los duros aquella maldita frase de “caudillo por la gracia de dios”, que desde entonces, la gracia de dios, al menos la que a mí me correspondería, os la podéis… beber entera.
Volviendo al escudo de la plaza de los conquistadores: ese escudo era el del régimen, el escudo de la dictadura, el escudo oficial que aparecía en todos los sitios, era el ¡escudo de España!
Ese escudo unía, como no podía ser de otra forma, las esencias del imperio con las esencias del más puro franquismo, del más puro fascismo. Es más, ese escudo del franquismo roba descaradamente a la falange y a las jons sus símbolos cuando los unificó en el partido único, en el movimiento nacional.
Movimiento nacional (en este caso, movimiento cateto) el que determinados historietadores nos quieren hacer creer que lo que Franquito robó en la historia nos lo tenemos que comer como pureza cultural.
Vale.
Decía Josep Plá, al sobrevolar de noche Nueva York y ver tanta luminosidad: “Y esto, ¿quién lo paga?” En el Informe “Sostenibilidad Local: una aproximación urbana y rural”, del Observatorio de la Sostenibilidad en España, al compararse entre diversas ciudades menores de 100.000 habitantes la superficie verde útil, Cáceres aparece con 16,6 m2/hab., solamente superada por Girona, que tiene 24,3.
Este indicador, tomado en solitario, sin ninguna otra referencia, puede resultar un claro referente en materia de calidad de vida. Pero, ¿es sostenible? Cuando ahora comience a desarrollarse el nuevo PGM surgirán nuevos espacios verdes, se incorporarán al suelo urbano nuevos sistemas generales, que requerirán, en primer lugar, a lo largo de los próximos años, su transformación para usos del común de los ciudadanos, nuevos parques, nuevas áreas en las que se podrán desarrollar actividades al aire libre, tan necesarias.
En muchos casos, la transformación de suelos en parques será asumida, cuando así corresponda, por las Agrupaciones de Interés Urbanístico, que las entregarán al Ayuntamiento cuando las urbanizaciones se recepcionen. A partir de ahí, será el propio municipio el que se habrá de hacer cargo de su cuidado y conservación, con los costes que ello conlleva. También habrá sistemas generales (los terrenos baldíos de la Montaña) que se incorporarán al uso público, a medida que los propietarios puedan materializar sus derechos edificatorios en los sectores que se les asigne el planeamiento, y cuyos costes de adecuación deberá asumir directamente el Ayuntamiento.
¿Es sostenible para la economía municipal disponer de una superficie de suelo verde por cada ciudadano de 16,6 m2? ¿Son conscientes los ciudadanos de la incidencia que en los presupuestos municipales tendrán esos espacios libres?
Sería muy interesante, ahora que arranca el nuevo PGM que se pudiera hacer pedagogía tanto desde el Ayuntamiento como desde otros sectores sociales, para que seamos conscientes de la importancia económica que tiene el disponer de esas superficies para uso y disfrute y que conozcamos cuál es el coste económico que para la ciudad, y, en definitiva, para todos los cacereños, tiene figurar en lugar preeminente en superficie de zonas verdes por habitante.
Vale
¿Cuántas veces hemos tenido y tenemos referencias del debate sobre la prevalencia del derecho a la información sobre el derecho a la intimidad? Y en la mayoría de las ocasiones, cuando la información tiene rasgos inequívocos de interés público, la doctrina constitucional la avala frente a la privacidad. Incluso en la reciente sentencia condenatoria a dos periodistas de la SER, este debate sobre la prevalencia de un derecho sobre otro se está librando en los tribunales.
Pues bien, el TSJM ha puesto en el debate entre el derecho a la defensa de imputados en la (presunta) comisión de delitos y el deber de la persecución de éstos, una banderita a favor del derecho a la defensa. Claro es que esa banderita está trufada de intereses políticos. El TSJM, con su posición, avala la anulación de escuchas de las conversaciones entre abogados y defendidos, realizadas en los contactos para preparar la defensa de los imputados. Cuando el juez Garzón, primero, y el juez Pedreira, después, determinaron la procedencia de las escuchas, lo hacían amparados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo conocido de esas escuchas está claro que superaban el derecho de defensa, el derecho a marcar una estrategia de defensa y convertían a los abogados prácticamente en encubridores de los delitos atribuidos a los imputados.
El Partido Popular, otra vez, sale beneficiado de una decisión judicial que ampara a los imputados en la comisión de delitos cuando establecen con sus abogados una estrategia encaminada no sólo a la demostración de su inocencia, sino a que mediante artificios legales, mediante ingeniería jurídica, ni siquiera puedan conocerse los hechos en sede judicial.
Ya en su momento el Caso Naseiro impidió que la justicia investigara al partido de la derecha en un caso de financiación ilegal. Ahora, de nuevo, los jueces, en un ejercicio jurídico que en su momento deberá dirimir el Tribunal Constitucional, avala la ingeniería jurídica para blindar el derecho de defensa sin que el deber de persecución del delito pueda ponerse en práctica.
Los jueces del TSJM han optado por un artificio jurídico para proteger no solo a los imputados sino a sus abogados, antes que ejercer el deber que el Estado confiera a la Justicia, el deber de perseguir y juzgar la comisión de delitos. Los jueces del TSJM, está claro, defienden el concepto privado de la justicia, el concepto ultraliberal que define la prevalencia del individuo sobre el Estado, incluso cuando ese individuo es un (¿sólo presunto?) delincuente.
Desde luego, los jueces del TSJM ejercen sus atribuciones, el poder que el Estado Constitucional les confiere, anteponiendo al individuo sobre la colectividad. Claro está, que esos individuos (¡qué casualidad, como en el caso Naseiro!) están vinculados al partido que, ideológicamente, defiende los mismos principios que ellos, los jueces, aplican en sus resoluciones. Debería existir en el código penal el delito de prevaricación ideológica.
Vale.
Pues bien, el TSJM ha puesto en el debate entre el derecho a la defensa de imputados en la (presunta) comisión de delitos y el deber de la persecución de éstos, una banderita a favor del derecho a la defensa. Claro es que esa banderita está trufada de intereses políticos. El TSJM, con su posición, avala la anulación de escuchas de las conversaciones entre abogados y defendidos, realizadas en los contactos para preparar la defensa de los imputados. Cuando el juez Garzón, primero, y el juez Pedreira, después, determinaron la procedencia de las escuchas, lo hacían amparados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo conocido de esas escuchas está claro que superaban el derecho de defensa, el derecho a marcar una estrategia de defensa y convertían a los abogados prácticamente en encubridores de los delitos atribuidos a los imputados.
El Partido Popular, otra vez, sale beneficiado de una decisión judicial que ampara a los imputados en la comisión de delitos cuando establecen con sus abogados una estrategia encaminada no sólo a la demostración de su inocencia, sino a que mediante artificios legales, mediante ingeniería jurídica, ni siquiera puedan conocerse los hechos en sede judicial.
Ya en su momento el Caso Naseiro impidió que la justicia investigara al partido de la derecha en un caso de financiación ilegal. Ahora, de nuevo, los jueces, en un ejercicio jurídico que en su momento deberá dirimir el Tribunal Constitucional, avala la ingeniería jurídica para blindar el derecho de defensa sin que el deber de persecución del delito pueda ponerse en práctica.
Los jueces del TSJM han optado por un artificio jurídico para proteger no solo a los imputados sino a sus abogados, antes que ejercer el deber que el Estado confiera a la Justicia, el deber de perseguir y juzgar la comisión de delitos. Los jueces del TSJM, está claro, defienden el concepto privado de la justicia, el concepto ultraliberal que define la prevalencia del individuo sobre el Estado, incluso cuando ese individuo es un (¿sólo presunto?) delincuente.
Desde luego, los jueces del TSJM ejercen sus atribuciones, el poder que el Estado Constitucional les confiere, anteponiendo al individuo sobre la colectividad. Claro está, que esos individuos (¡qué casualidad, como en el caso Naseiro!) están vinculados al partido que, ideológicamente, defiende los mismos principios que ellos, los jueces, aplican en sus resoluciones. Debería existir en el código penal el delito de prevaricación ideológica.
Vale.
Próximo a entrar en vigor el nuevo PGM de Cáceres, me gustaría plantear una reflexión ciudadana sobre urbanismo. Primero, que el urbanismo no es coto vedado de técnicos y juristas, es, debe ser, ante todo, ciudadanía. En la realidad, todos conocemos cuáles son las dificultades que nos encontramos cada día en nuestro caminar (o conducir) por la ciudad. Segundo, y es donde quiero incidir, que nada en el urbanismo es inocente, ni la primera línea sobre el plano. Ni siquiera la que un ciudadano cualquiera pudiera trazar.
Sobre el plano de la ciudad existente, cualquier nueva línea supone una modificación que tendrá consecuencias en el futuro. Dependerá de quién trace la línea, por dónde la trace, que sectores divida… Y ahí entran en juego intenciones e ideología.
El PGM que al final entrará en vigor plantea un futuro con unas 32.000 viviendas nuevas, que habrá que desarrollar a lo largo de los próximos diez o quince años (o más, si la realidad de un cambio de modelo socioeconómico comienza a implantarse). Es un modelo de crecimiento realmente masivo, pero menor que el documento de partida, que llegaba a las 65.000 viviendas sin un horizonte preciso.
La línea que sobre el plano habían trazado los técnicos de la redacción del PGM, encabezados por Porto Rey, se basaba en un concepto ideológico ultraliberal, propiciado por un gobierno de ultraliberales en lo económico y lo social e integristas y reaccionarios en todo lo demás. La Ley del Suelo de 1998, del gobierno Aznar, uno de cuyos redactores fue Porto Rey partía del supuesto de que todo el suelo que no estuviera expresamente protegido podía ser urbanizable. Así, la línea sobre el plano que determinaba un crecimiento fuera de toda razón no era nada inocente: buscaba que el negocio del suelo se perpetuara para mayor gloria de propietarios, muchos de ellos herederos de tierras ociosas que así verían colmados sus sueños de rentabilizarlas sin haber dado un palo al agua en su vida. Bueno, un palo no, un voto sí, a la derecha.
Ninguna línea en el plano es inocente, pero cuando esa línea se traza con el interés, el único interés económico, despreciando la sostenibilidad y el equilibrio social futuros, deja de ser inocente para convertirse en culpable.
Sobre el plano de la ciudad existente, cualquier nueva línea supone una modificación que tendrá consecuencias en el futuro. Dependerá de quién trace la línea, por dónde la trace, que sectores divida… Y ahí entran en juego intenciones e ideología.
El PGM que al final entrará en vigor plantea un futuro con unas 32.000 viviendas nuevas, que habrá que desarrollar a lo largo de los próximos diez o quince años (o más, si la realidad de un cambio de modelo socioeconómico comienza a implantarse). Es un modelo de crecimiento realmente masivo, pero menor que el documento de partida, que llegaba a las 65.000 viviendas sin un horizonte preciso.
La línea que sobre el plano habían trazado los técnicos de la redacción del PGM, encabezados por Porto Rey, se basaba en un concepto ideológico ultraliberal, propiciado por un gobierno de ultraliberales en lo económico y lo social e integristas y reaccionarios en todo lo demás. La Ley del Suelo de 1998, del gobierno Aznar, uno de cuyos redactores fue Porto Rey partía del supuesto de que todo el suelo que no estuviera expresamente protegido podía ser urbanizable. Así, la línea sobre el plano que determinaba un crecimiento fuera de toda razón no era nada inocente: buscaba que el negocio del suelo se perpetuara para mayor gloria de propietarios, muchos de ellos herederos de tierras ociosas que así verían colmados sus sueños de rentabilizarlas sin haber dado un palo al agua en su vida. Bueno, un palo no, un voto sí, a la derecha.
Ninguna línea en el plano es inocente, pero cuando esa línea se traza con el interés, el único interés económico, despreciando la sostenibilidad y el equilibrio social futuros, deja de ser inocente para convertirse en culpable.
Vale.
En un mismo día, el presidente Barack Obama consigue sacar adelante una reforma sanitaria en EEUU con un necesario coste económico que implica una subida de impuestos y la izquierda francesa derrota por un margen de 16 puntos a la derecha de Sarkozy.
La crisis económica que sigue instalada, con algunos países en puestos de salida de la misma (EEUU y Francia, mismamente), supone en el análisis político de la aprobación de la reforma sanitaria americana y de los resultados de las elecciones francesas una lectura que puede trasladarse a España (lo mismo que hacen, interesadamente, desde la derecha los medios de comunicación) y que no augura nada bueno para el PP, instalado no en una visión de reformas sociales y políticas, sino en una anquilosada política neocon y económica ultraliberal.
Mientras el PP aplaudía con las orejas los tímidos buenos resultados económicos americanos y franceses, para atacar con ellos al gobierno de Zapatero, Obama incidía en su reforma sanitaria, que supone un brutal crecimiento del gasto público (se calcula para los próximos años en unos 960 mil millones de dólares) que compensará con subida de impuestos, y Sarkozy se empeñaba en reformas económicas claramente ultraliberales.
Los resultados son evidentes: Obama saca adelante una reforma que permitirá a no menos de 32 millones de norteamericanos acceder por primera vez a un seguro médico y a todos los demás no perderlo (un 60% de las bancarrotas familiares estadounidenses tienen su causa en las facturas médicas). En Francia, la derrota de Sarkozy tiene su origen en que su política económica no ha atendido a las coberturas sociales, y si bien el número de parados es muy inferior al de España, la protección por desempleo no cubre las necesidades sociales, especialmente en los núcleos más castigados por la crisis.
Con estas situaciones, la deriva política de la derecha española (en realidad, extrema derecha) está guiada por un ultraliberalismo económico y el tremendismo verbal, cuando no tremendismo a secas, que lleva a que el presidente del PP se vea arrastrado por la correa tensa y cortita que le ata al cuello la lideresa de Madrid. Y, a su vez, a esta se le produzcan fugas como la del repeinado yerno de Fabra, que dice que se va a la empresa privada, pero que sin duda pasará de inmediato a formar parte del círculo de Mariano.
La extrema derecha, asentada en medios de comunicación ferozmente combativos contra el gobierno, no puede más que sujetar a sus votantes, pero está viendo cómo el discurso político anterior, el españolista, que le ha sido arrebatado por la populista Rosa Díez.
Mientras que el gobierno tiene márgenes de maniobra suficientes, como puede verse en el trabajo del grupo parlamentario dirigido por José Antonio Alonso y Eduardo Madina, el PP está cada vez más enrocado en sus propios desafíos internos, amparando por un lado al corrupto (¿presunto?) Camps y tratando de zafarse de las trampas de la lideresa, e intentando que la Audiencia Nacional no impute a Trillo por el Yak-42 o que Jaume Matas, que llegó a ser considerado delfín de Aznar, no se vea haciendo el paseíllo hasta la cárcel.
Vale.
La crisis económica que sigue instalada, con algunos países en puestos de salida de la misma (EEUU y Francia, mismamente), supone en el análisis político de la aprobación de la reforma sanitaria americana y de los resultados de las elecciones francesas una lectura que puede trasladarse a España (lo mismo que hacen, interesadamente, desde la derecha los medios de comunicación) y que no augura nada bueno para el PP, instalado no en una visión de reformas sociales y políticas, sino en una anquilosada política neocon y económica ultraliberal.
Mientras el PP aplaudía con las orejas los tímidos buenos resultados económicos americanos y franceses, para atacar con ellos al gobierno de Zapatero, Obama incidía en su reforma sanitaria, que supone un brutal crecimiento del gasto público (se calcula para los próximos años en unos 960 mil millones de dólares) que compensará con subida de impuestos, y Sarkozy se empeñaba en reformas económicas claramente ultraliberales.
Los resultados son evidentes: Obama saca adelante una reforma que permitirá a no menos de 32 millones de norteamericanos acceder por primera vez a un seguro médico y a todos los demás no perderlo (un 60% de las bancarrotas familiares estadounidenses tienen su causa en las facturas médicas). En Francia, la derrota de Sarkozy tiene su origen en que su política económica no ha atendido a las coberturas sociales, y si bien el número de parados es muy inferior al de España, la protección por desempleo no cubre las necesidades sociales, especialmente en los núcleos más castigados por la crisis.
Con estas situaciones, la deriva política de la derecha española (en realidad, extrema derecha) está guiada por un ultraliberalismo económico y el tremendismo verbal, cuando no tremendismo a secas, que lleva a que el presidente del PP se vea arrastrado por la correa tensa y cortita que le ata al cuello la lideresa de Madrid. Y, a su vez, a esta se le produzcan fugas como la del repeinado yerno de Fabra, que dice que se va a la empresa privada, pero que sin duda pasará de inmediato a formar parte del círculo de Mariano.
La extrema derecha, asentada en medios de comunicación ferozmente combativos contra el gobierno, no puede más que sujetar a sus votantes, pero está viendo cómo el discurso político anterior, el españolista, que le ha sido arrebatado por la populista Rosa Díez.
Mientras que el gobierno tiene márgenes de maniobra suficientes, como puede verse en el trabajo del grupo parlamentario dirigido por José Antonio Alonso y Eduardo Madina, el PP está cada vez más enrocado en sus propios desafíos internos, amparando por un lado al corrupto (¿presunto?) Camps y tratando de zafarse de las trampas de la lideresa, e intentando que la Audiencia Nacional no impute a Trillo por el Yak-42 o que Jaume Matas, que llegó a ser considerado delfín de Aznar, no se vea haciendo el paseíllo hasta la cárcel.
Vale.
Desde que en las elecciones de 2003, la derecha cacereña acuñó el eslogan “cacereño de toda la vida” para, de modo xenófobo, defender su candidatura frente a la encabezada por Carmen Heras, del PSOE, la prensa local y demasiados opinadores consideran que ser eso, “cacereño de toda la vida” es sinónimo de defensa de los intereses de la ciudad en mejor medida de lo que pueden hacerlo quienes son, sencillamente y llanamente, ajenos.
En realidad, esa concepción “catovi” no es más que la muestra falsamente idealizada de un complejo que arrastra sin capacidad de reacción la derecha localista cacereña. Una derecha rancia, apoyada en su conformación por la superstición, la superchería y unos complejos de inferioridad dignos de análisis psicológico.
La derecha cacereña basa su fundamento ideológico en unos símbolos sin entidad política o filosófica, sino religiosos.
En la práctica, esos catovis, esos cacereños de toda la vida son catetos cacereños de toda la vida, cuya única referencia política son los símbolos religiosos, una iconografía antigua, carente de cualquier reflexión crítica, de cualquier análisis de pensamiento.
Cuando cualquiera, sea natural de Cáceres o importado, critica el catetismo integrista de esos que no van a ver a la virgen cuando la traen a la concatedral, sino que van a ser vistos por los demás y a ejercer el cotilleo puro y duro entorpeciendo el paso en la calle Pintores, se abalanzan sobre él hasta despezadarlo.
Esos cacereños de toda la vida, que no lo son tanto, que no pueden presumir de serlo más allá de una generación (esa es otra), no tienen reparos, como sucede en la empalagosa y antigua crónica de cotilleos que se publica domingo a domingo en El Periódico Extremadura, de ensalzar, como se hace hoy (http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499473), el papel represor que jugaron en el apoyo al golpe militar del general bajito. Bajito de talla como esos catetovis lo son de ideas y de capacidad crítica.
Un detalle: nacer en la calle de la Pulmonía, criarse en el barrio de la Teta Negra y jugar en la Cerca de las Retamas no son más que una circunstancia, que no dan lugar a ser localista en el sentido más xenófobo del término, aplicable a quienes sin reflexión alguna se abrazan a él con más obscenidad que sinceridad.
Vale.
Cada vez que se acerca la celebración por la iglesia católica de la denominada semana santa, aparecen las noticias sobre las dificultades que tienen las cofradías para sacar los pasos en procesión, por las dificultades económicas derivadas de las tardías subvenciones públicas.
No entiendo por qué las administraciones públicas, en un Estado aconfesional, han de aportar dinero público para el ejercicio de un derecho, el de la libertad religiosa, fundamentalmente privado. La excusa de que además de una celebración religiosa es un atractivo turístico me parece bien, pero el botellón también es mundialmente conocido y los grupos de jóvenes que lo practican no piden subvenciones, además de que son arrojados al extrarradio para dar cumplimiento al mandato de que ojos que no ven…
Aun con esa excusa, las cofradías deberían ser autosuficientes para poder sacar los pasos en procesión, y, si no, que estudien, que seguramente habrá mucho listo entre los hermanos mayores, fórmulas para financiarse.
Las ciudades desde cuyos ayuntamientos se ayuda mal que bien al mantenimiento de, si se quiere, esa tradición de una confesión religiosa, deberían valorar, sinceramente, hasta qué punto merece la pena su mantenimiento y la aportación de fondos públicos.
Las celebraciones de la llamada semana santa están cada vez más sujetas a cuestiones económicas (pagar a bandas de música, en algunos pueblos y ciudades a pagar a saeteros, carteles, guías…) que deben interferir, sin duda, en el ejercicio privado de la libertad religiosa.
Sin embargo, entendida la semana santa como un elemento de promoción de ciudades y pueblos, los ayuntamientos se ven obligados a ayudar en lo que pueden, como pueden y cuando pueden a su celebración. Con aportaciones directas en modo de subvenciones, como en aportaciones indirectas (cortes de calles a cargo de las policías locales, apoyo de orden seguramente con horas extras por parte de agentes, y otras muchas pequeñas cosas más que son cuantificables).
Pero ¿Por qué las cofradías, con unas directivas formadas por sabios en la materia, no se plantean la obtención de otras fuentes de ingresos? Hace poco, un grupo de propietarios de terrenos, buscando su mejor negocio (es decir, hacerse ricos) llegaban a pedir por escrito al Ayuntamiento que esos terrenos se incluyeran en el planeamiento para que así la amada patrona de la ciudad tuviera lo que mejor se merece. ¡Coño! Si tanto la queréis y tanto se merece, no hagáis negocio con los terrenos, regaládselos. ¡Hasta podíamos llegar!
Si tan bueno es el negocio de la semana santa para el turismo de la ciudad, para la hostelería, por qué no se consiguen entre todos los beneficiarios (hoteles, hostales, restaurantes, cafeterías, bares, tascas…) esos recursos económicos.
Que la hostelería, beneficiaria inmediata del negocio turístico que aporta la celebración de la semana santa, aporte a modo de patrocinio su apoyo económico no estaría mal. Pero ver a conspicuos cofrades, que, al mismo tiempo, tienen boyantes negocios hosteleros, desfilando a mayor gloria de su caja diaria, chirría un poquito.
No entiendo por qué las administraciones públicas, en un Estado aconfesional, han de aportar dinero público para el ejercicio de un derecho, el de la libertad religiosa, fundamentalmente privado. La excusa de que además de una celebración religiosa es un atractivo turístico me parece bien, pero el botellón también es mundialmente conocido y los grupos de jóvenes que lo practican no piden subvenciones, además de que son arrojados al extrarradio para dar cumplimiento al mandato de que ojos que no ven…
Aun con esa excusa, las cofradías deberían ser autosuficientes para poder sacar los pasos en procesión, y, si no, que estudien, que seguramente habrá mucho listo entre los hermanos mayores, fórmulas para financiarse.
Las ciudades desde cuyos ayuntamientos se ayuda mal que bien al mantenimiento de, si se quiere, esa tradición de una confesión religiosa, deberían valorar, sinceramente, hasta qué punto merece la pena su mantenimiento y la aportación de fondos públicos.
Las celebraciones de la llamada semana santa están cada vez más sujetas a cuestiones económicas (pagar a bandas de música, en algunos pueblos y ciudades a pagar a saeteros, carteles, guías…) que deben interferir, sin duda, en el ejercicio privado de la libertad religiosa.
Sin embargo, entendida la semana santa como un elemento de promoción de ciudades y pueblos, los ayuntamientos se ven obligados a ayudar en lo que pueden, como pueden y cuando pueden a su celebración. Con aportaciones directas en modo de subvenciones, como en aportaciones indirectas (cortes de calles a cargo de las policías locales, apoyo de orden seguramente con horas extras por parte de agentes, y otras muchas pequeñas cosas más que son cuantificables).
Pero ¿Por qué las cofradías, con unas directivas formadas por sabios en la materia, no se plantean la obtención de otras fuentes de ingresos? Hace poco, un grupo de propietarios de terrenos, buscando su mejor negocio (es decir, hacerse ricos) llegaban a pedir por escrito al Ayuntamiento que esos terrenos se incluyeran en el planeamiento para que así la amada patrona de la ciudad tuviera lo que mejor se merece. ¡Coño! Si tanto la queréis y tanto se merece, no hagáis negocio con los terrenos, regaládselos. ¡Hasta podíamos llegar!
Si tan bueno es el negocio de la semana santa para el turismo de la ciudad, para la hostelería, por qué no se consiguen entre todos los beneficiarios (hoteles, hostales, restaurantes, cafeterías, bares, tascas…) esos recursos económicos.
Que la hostelería, beneficiaria inmediata del negocio turístico que aporta la celebración de la semana santa, aporte a modo de patrocinio su apoyo económico no estaría mal. Pero ver a conspicuos cofrades, que, al mismo tiempo, tienen boyantes negocios hosteleros, desfilando a mayor gloria de su caja diaria, chirría un poquito.
Vale.
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