La Constitución Española establece en su artículo 6 que «los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.»
Aunque a estas alturas de usos democráticos parece una obviedad apelar a ese precepto constitucional, no está de más recordarlo de cuando en vez. Y, en la ciudad de Cáceres, parece que es preciso hacer algo de pedagogía, para que no se den hechos que, si no se corrigen, pueden provocar dificultades democráticas.
Se trata de unas pintadas que las Juventudes Comunistas han realizado en la puerta de la sede local del PSOE. No se trata tanto del valor económico que tendrá la limpieza de las pinturas, sino del valor (mejor dicho, del detrimento) democrático que una acción como esta representa.
No hay que olvidar que IU, donde están integradas las Juventudes Comunistas, gobierno en coalición con el PSOE, por lo que este tipo de acciones revelan un déficit democrático que revela una grave situación de descomposición que aparece a menudo en los medios de comunicación.
Claro, que es muy probable que los jóvenes comunistas no hagan sino lo que ven en casa, lo que aprenden de sus mayores, y la acción de pintar la sede socialista no sea sino la muestra de lo único que son capaces de aportar a la gobernabilidad de la ciudad.
Conste que no he utilizado, en ningún momento, el vocablo «ataque», porque no lo es. No es un ataque a la sede socialista, es la expresión proyectada por las JJCC en la fachada socialista de un déficit democrático y de una desértica capacidad ideológica, solamente apoyada en consignas sin referentes de consistencia y sin posibilidad de apoyar, cuando se ejerce el gobierno, esas consignas en propuestas de gobierno que mejoren la vida ciudadana y pongan en valor el papel que la Constitución reserva a los partidos políticos.
Vale.
Leyenda colocada en fachada de Palacio de Los Golfines de Arriba (Cáceres), Monumento Nacional

Chimenea «histórica» sobre Monumento Nacional. Palacio de Los Golfines de Arriba. Cáceres.
En las últimas fechas ha aparecido publicada en los medios locales (http://www.hoy.es/ y http://www.elperiodicoextremadura.com/) la información referida a que la fiscalía está investigando posibles deterioros ocasionados en un palacio del casco histórico y monumental de la ciudad de Cáceres con motivo de las obras de construcción de un hotel en terrenos próximos.
Las denuncias de los dueños del inmueble que, al parecer, ha resultado dañado han tenido eco en la administración de justicia que, por investigación de la fiscalía, está reclamando datos e informaciones. Al día de hoy, los elementos que más podrían haber dañado al palacio de los reclamantes ya están concluidos, puesto que se está ejecutando el hormigonado perimetral de lo que serán sótanos del hotel y restaurante, incluida la bodega.
Los propietarios del edificio supuestamente dañado, con apellidos rimbombantes y que tienen alquilada una parte de su palacio para restaurante, han sido beligerantes desde antes del comienzo de las obras. Y, ahora, han atraído sobre su «palacio» las miradas de la gente. Y esas miradas revelan que, si bien pudiera existir algún tipo de daño como consecuencia de las obras del hotel, en su palacio existen elementos que conculcan, claramente, la condición de edificio histórico y que deben ser reparadas.
En primer lugar, sobre la cubierta del Palacio de los Golfines de Arriba, que así se llama el palacio, aparece una chimenea metálica que supone un grave atentado a las características arquitectónicas e históricas que argumentan contra las obras que denuncian.
En segundo lugar, y verdaderamente llamativo, sobre la fachada principal de un edificio que fue declarado Monumento Nacional en 1978 aparece una leyenda que repele la democracia y que entra en contradicción con el artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica. Estoy seguro de que, si se pone en marcha una iniciativa popular para que se elimine de la fachada de un Monumento Nacional un «recuerdo» como el que ensucia su fachada y agrede la sensibilidad de cualquier ciudadano con convicciones democráticas, los propietarios, en primer lugar, y muchos de los que claman por el «respeto» a la ciudad monumental montarán en cólera.
Esa fachada, mancillada por una leyenda que ensalza al autor del golpe de estado que dio lugar a la guerra civil, debe ser limpiada, debe ser devuelta a una contemplación de los ciudadanos que no se sientan agredidos por el recuerdo de la etapa más oprobiosa de la historia de España del siglo XX.
Sin embargo, los propietarios, herederos absolutos de los bienes que la dictadura concedió (por las buenas y por las malas, según los casos) a quienes la alentaron y apoyaron, no permitirán que se toque, cuando cualquier fisura que pudiera haberse producido por las vibraciones de las obras de construcción del hotel puede ser reparada, que hay técnicas para ello, pero el daño moral que a los ciudadanos nos produce la leyenda que con orgullo exhiben en la fachada no tendrá más reparación que con su desaparición.

Vale.

En próximas fechas comenzará el juicio por las identificaciones irregulares de las víctimas del YAK-42. Se ha decidido por el tribunal que juzgará a un general, un comandante y un capitán que no se llamará como testigos a José Bono, exministro de Defensa, Federico Trillo, también exministro y José María Aznar, expresidente del gobieno. Bono había manifestado su disposición a acudir al Tribunal si se le citaba. Trillo y Aznar, sencillamente, se han negado.
Las víctimas, los 62 militares españoles muertos en el accidente del YAK-42, en Trabnszospor Turquía), cuando regresaban de una misión internacional en Afganistán, no se merecen la cobardía de quienes tenían la responsabilidad política de esa misión, Trillo y Aznar, ni que el tribunal que ha de juzgar que fueran mal identificados (por la decisión política del presidente del gobierno y del ministro de defensa de repatriarlos como fuera) se haya convertido en abogados defensores de sujetos sin ética (ni política ni de ningún otro tipo) como Trillo y Aznar.
Esos jueces que no dudan en ir a la huelga contra el gobierno socialista siguiendo las instrucciones de los dueños de la derecha política, dictan sentencias EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY Y POR LA AUTORIDAD QUE LES CONFIERE EL PUEBLO ESPAÑOL, pero privan a servidores públicos, entregados y abnegados, como los 62 militares muertos en el YAK-42 de la dignidad de que se conozca la verdad sobre la causa real de su muerte y sobre las vergonzosas manipulaciones en las identificaciones.
Estos jueces no pueden permitir que un individuo como Trillo comparezca, al menos como testigo, para aclarar la verdad de lo que sucedió. Claro que, seguramente, esa verdad llevaría a Trillo al banquillo o le apartaría definitivamente de la política porque sus responsabilidades políticas en el asunto sobrepasan cualquier nivel ético mínimamente exigible. Trillo carece de ética, y no le importaría, siendo su familia militar de tradición, por ejemplo, hacer maniobras para que a algún familiar metido en´asuntos de drogas en un cuartel no les fuera de aplicación ningún tipo de arresto o de sanción. Bueno, no es que no le importaría, es que no le importó en su momento (año 1986).
Vale.
Durante la reciente campaña electoral al Parlamento Gallego, ha sido muy comentado y hay quien asegura que en algo determinante el coche de lujo de Touriño. Más atrás en el tiempo, un par de meses antes, en Extremadura fue motivo de escandelara la adquisición de un coche de la marca Luxus por la Vicepresidencia Segunda de la Junta de Extremadura. En el primer caso, las elecciones han sentenciado que el Audi de Touriño no era de recibo. En el segundo, en Extremadura, el vehículo se devuelve.
Es evidente que no sólo en tiempos de crisis los responsables políticos han de ser responsables también en cómo gestionan el dinero público. Y está bien que se vayan sometiendo a códigos de buenas prácticas.
Sin embargo, hoy se ha conocido que el presidente del Partido Popular de Galicia y ganador de las elecciones, Núñez Feijóo, que arremetió contra Touriño por el coche oficial, viene disponiendo desde hace tres años de un vehículo de alta gama cedido «gratis total» por la fábrica de Citroen en Vigo. «Feijóo disfruta desde hace tres años de un coche gratis total». Pero no pasa nada. Para eso, el señor Núñez Feijóo es de derechas de toda la vida de dios.
Este gratis total para un dirigente político en España solamente está admitido y es plenamente aceptado si es para alguien de derechas, porque para eso son los dueños del cortijo. ¿Habrá declarado a Hacienda el asunto? ¿Se habrá construido un chalet en una parcela no apta de un pueblo gobernado por el PP el director de la fábrica de Vigo?
Nadie regala nada, y a un cargo político, menos.
Me parecería muy interesante saber qué ha obtenido a cambio la dirección de la fábrica de Citroen en Vigo. ¿Contratará ahora la Xunta vehículos Citroen para todo? ¿Qué dirán los concesionarios de otras marcas?
Núñez Feijóo no es trigo limpio. Él fue el que preparó la privatización de Correos, quien planeó al menos en dos ocasiones el copago en la seguridad social cuando fue presidente del Insalud, él era el vicepresidente de la Xunta de Fraga que puso en marcha la Cidade de la Cultura en Santiago de Compostela, que se ha convertido en un pozo sin fondo donde van invertidos más de 85.000.000.000 Pts. (85 mil millones de pesetas).
Y ahora sale conque tiene un coche gratis total desde hace tres años. ¿A cambío de qué? ¿Por su cara bonita?
Vale.
Después de la torpeza del exministro Bermejo, acudiendo a una cacería con el juez Garzón, que el PP, con Marianín arrastrado por Trillo y con los palmeros de la prensa antisocialista, ha conseguido rentabilizar con la dimisión de Bermejo, ahora resulta que el mismo día en que se conoció la (posible) implicación de Francisco Camps, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, estuvo reunido con Camps. Luego, hizo unas declaraciones que claramente insinuaban que Garzón estaba prevaricando.
Ahora, días después, se conoce que tuvo lugar aquella reunión. ¿De qué hablaron el presidente de la Comunidad Valenciana y el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial? El mismo día, el diputado nacional del PP, José María Michavila, que fue ministro de Justicia con Aznar, y cuyo despacho de abogados aparece relacionado con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y con el presidente del Grupo Begar, Ulibarri, también estuvo con Francisco Camps. ¿Estuvieron al mismo tiempo reunidos Camps, Michavila y De Rosa? ¿De qué hablaron cuando ya se conocía al menos el asunto de los 30.000 euros en trajes que había pagado «El Bigotes» en la lujosa tienda Milano?
Después de la cacería que ha reportado al PP el trofeo de Fernández Bermejo, ahora le toca a Mariano, Trillo y Soraya, «Los 3 Justicieros», dar explicaciones. De momento, el bravo De Rosa parece que se la va envainando en su puesto del CGPJ (o lo mismo ya va viendo que sus «advertencias» al juez van surtiendo efecto y por eso parece que se la envaina). Camps y Michavila miran para otro lado.
Pero, claro, habría que hacer más preguntas y afirmar alguna certeza. Por ejemplo, es fácil entender que Fernando de Rosa actúa conforme a la doctrina Fabra, esto es, que actúa como cautivo de Francisco Camps, a quien le debe su actual poltrona. Camps ha sido jefe de De Rosa cuando este era consejero de Justicia en la Comunidad Valenciana, y fue él el que le propuso para el CGPJ. O lo que es lo mismo: le debe pleitesía. Y, como en la serie Fama, es ahora cuando tiene que pagar los favores recibidos.
Michavila, con despacho de abogados de postín, ligado en su ejercicio profesional (¿o algo más?) a algunos imputados de la trama investigada por Garzón, perteneció al núcleo duro del gobierno de Aznar, y los datos que se van conociendo se refieren a negocios realizados bien con la dirección del PP mientras Aznar fue su presidente, o en las dos legislaturas de Aznar. Y hay que recordar, siempre hay que recordar, que Ana Botella reclamó en la dirección nacional del partido el día de la foto célebre que el cierre de filas también alcanzara a la época en que su maridito era el mandón.
¿De qué habló el Vicepresidente del Consejo del Poder Judicial, Fernando de Rosa, con su jefe político, Francisco Camps el 21 de febrero, cuando ya se conocía la (posible) implicación de este en la investigación? ¿Le pidió algo el presidente a su subordinado? O, más bien, ¿le ordenó algo? Y Michavila, ¿qué hacía por aquellos alrededores, además de mostrar su «solidaridad» con su amigo Camps? ¿Le fue a ofrecer sus servicios como abogado? ¿Coincidieron los 3, Camps, Michavila y De Rosa en la misma reunión?
Estas y otras muchas preguntas deberán ser respondidas por los justicieros Mariano, Trillo y Soraya. Especialmente por Trillo, que para eso es el ángel anunciador de querellas.
Vale.
El Partido Popular está chantajeando al juez Garzón con presentarle una querella criminal por prevaricación si no se abstiene de la investigación de la trama de chorizos que ha campado por Génova, por la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. No se trata, por el modo en que está jugando con este chantaje el PP, tanto de que el juez Garzón se inhiba en la causa sino que de los jueces dejen de tocarle las narices al partido de Aznar.
Lo más curioso de todo esto es el “renacimiento” de un individuo como Trillo, que es quien está haciendo de portacoces de la extrema derecha contra Garzón. Un individuo como Trillo reclamando responsabilidades políticas sobre el exministro Bermejo no deja de sorprender.
Sorprende la caradura de un sujeto como Trillo reclamando rectitud política, al tiempo que su jefe interino, Rajoy (el titular de la plaza sigue siendo Aznar) habla de ética. Trillo, un sujeto de ética distraída, de ética hética, no debería ser ni siquiera escuchado por los medios de comunicación si esos medios fueran medianamente éticos. Pero la ética campa por su ausencia en nuestro sistema.
Un individuo como Trillo, responsable político de la muerte de 62 militares en el accidente del YAK-42, responsable por la nefasta correa de contrataciones, subcontrataciones, seguros, reaseguros, comisiones, no está, no debería estar autorizado, para ser ni diputado, ni concejal, ni presidente de su comunidad de vecinos.
Un sujeto como Trillo, responsable político de los errores de identificación de esos 62 servidores públicos, carece de cualquier capacidad moral y ética para reclamar a los demás lo que no se aplica a sí mismo.
Que sus responsabilidades políticas las pagaran, y las sigan pagando, militares a sus órdenes cuando fue ministro de Defensa, le inhabilitan para abrir la boca siquiera.
El Partido Popular, si quiere incluso chantajear al juez Garzón, puede hacerlo en su estrategia política, pero escoger como portacoces de esa estrategia a un sujeto (no tiene la categoría de individuo) como Trillo, descalifica políticamente cualquier derecho que le pudiera asistir como partido.
Pero Trillo marca esa estrategia, marca el paso en esa huida hacia adelante, a la que, siguiendo las órdenes de Aznar (que Ana Botella transmitió a la ejecutiva del PP, no se olvide), arrastra al pusilánime Rajoy.
¡Ah! Por cierto. Este blog está escrito desde Cáceres, por si algún portacoz local se lo quiere hacer llegar a Trillo.
Vale.
Los estados occidentales, en aplicación de la doctrina Bush tras los atentados del 11-S, vienen aplicando una filosofía consistente en anteponer seguridad a libertad, de forma que justificándose en la seguridad se recortan derechos y libertades. Esta situación, a la que parece que quiere dar alguna solución la administración Obama, que al menos equilibre ambos criterios (es decir, que la seguridad no sea coartada para disminuir derechos y libertades), no tiene correlato en otros campos.
En estos momentos de grave crisis financiera (que nos ha abocado a una grave crisis económica en general), se ha puesto de manifiesto que la inexistencia de controles y la negligencia de los organismos reguladores (más bien de las personas que han de aplicar los criterios de supervisión) ha sido inversamente proporcional a los excesivos controles en materia de seguridad y a la disminución de derechos y libertades.
Los países occidentales están dando ligeros pasos en aumentar los controles financieros y en asegurar que la supervisión funciona. Mientras que los derechos y libertades individuales de las personas se han visto coartados para “garantizar” la seguridad, se ha permitido, consciente e inconscientemente, la desregulación de los mercados financieros y se han suprimido los controles.
Esta filosofía neoconservadora y ultraliberal en lo económico ha permitido comportamientos políticos que, en análisis filosófico, habrían sido calificados de neofascistas (lo son en Italia, con un gobierno dirigido por un sujeto como Berlusconi) de no ser por la fuerte presencia del capitalismo salvaje dominando todos los medios de comunicación.
Ahora, cuando esas teorías y prácticas ultraliberales se han demostrado culpables de la situación económica crítica, los estados buscan métodos para salir de ellas.
Lo mismo que a partir del 11-S se hizo creando registros de organizaciones terroristas, en algún caso con el sólo ánimo de aumentar controles políticos sobre organizaciones extraparlamentarias en algunos países o sobre movimientos antisistema, debería hacerse con los paraísos fiscales.
No se trata de “hacer una lista” con paraísos fiscales, sino de aislarlos y de aislar sus movimientos económicos para evitar que utilicen los medios y mecanismos financieros ordinarios para sus actividades delictivas.
En este sentido, el registro de paraísos fiscales debería tener la consideración de terrorismo económico y perseguir policialmente a todos aquellos individuos y organizaciones que los utilicen y prohibir expresamente cualquier transacción financiera con ellos.
Es evidente que es imposible aplicar estas restricciones, similares a las que se aplican sobre individuos y organizaciones terroristas, porque gran parte de los movimientos de capitales que se llevaron a cabo en los años de la administración Bush y sus satélites son, por un lado, los culpables de la actual situación financiera, y, por otro, fueron realizados, dirigidos, consentidos y aprobados por los mismos reguladores y supervisores del sistema. Los mismos que, sin duda, serán los encargados por los estados de reordenar la situación financiera.
Declarar a todos aquellos “paraísos fiscales”, ya sean estados (Liechtenstein, Mónaco, Barbados…) o lugares (Gibraltar, sin ir más lejos), como organizaciones terroristas financieras debería ser el primer paso. Y perseguir a todos aquellos individuos que los han venido utilizando en los últimos cinco años y los utilicen en la actualidad como incursos en delitos de terrorismo financiero intelectual debería ser una medida higiénica importante.
Seguro que los mismos dirigentes de bancos y entidades financieras y aseguradoras que han recibido ingentes cantidades de dinero para su salvación son los mismos que controlan los mayores y más fructíferos paraísos fiscales.
Vale.
Cuando subí la anterior entrada, refiriéndome a la actitud de Ana Botella en la reunión del Comité Nacional del PP, no conocía las declaraciones del Presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, que, al utilizar inapropiadamente una cita atribuida a Bertolt Brecht, termina acusando ¿a…?
La cita atribuida a Brecht se refiere a que los que vendrán serán los nazis a llevarse por delante a todos los demás. ¿Un señor tan de orden y tan de derechas como Camps citando a Brecht? Inapropiado, pero además, lo utiliza tan mal que le termina traicionando el subconsciente. La cita de Brecht se refería a este poema:
Primero cogieron a los comunistas,
y yo no dije nada porque yo no era un comunista.
Luego se llevaron a los judíos,
y no dije nada porque yo no era un judío.
Luego vinieron por los obreros,
y no dije nada porque no era ni obrero ni sindicalista.
Luego se metieron con los católicos,
y no dije nada porque yo era protestante.
Y cuando finalmente vinieron por mí
no quedaba nadie para protestar.
Pero, claro, tomar prestada una cita que no se asume, que no se interioriza, sino que solamente se utiliza para «dar autoridad» a unos conceptos, a unos «argumentos», termina produciendo un gravísimo error o una monumental confesión. En literatura, la gradación es un recurso poético, que en la canción española tiene ejemplos muy conocidos:
En Sevilla, hay una casa,
y en la casa, una ventana,
y en la ventana, una niña
que las flores la enviadaban.
Es similar a la gradación que el poema asido por Camps plantea, pero su error, o su confesión, lleva a una gradación hacia arriba: «ayer, un concejal; hoy, un alcalde, y mañana, el presidente de una Comunidad Autónoma». En esa gradación, Camps está señalando con el dedo o con la punta de la nariz. En esa gradación, la cadena sería, más completa y precisa: concejal, alcalde, diputado autonómico, presidente autonómico, diputado/senador, presidente del gobierno. Camps se salta algunos para hacer méritos y constituirse en un eslabón de una cadena que siguiendo su razonamiento termina en el presidente del gobierno.
Ana Botella teme y pide cerrar filas también para el período en que su marido era presidente del PP y Camps, en su gradación de imputables en la presunta «conspiración», está señalando con el dedo.
¿Será para no verse solo?
Vale.
De las informaciones en torno a la trama de corrupción investigada en sede judicial, parece haber pasado desapercibida, escondida quizás tras la foto de la dirección nacional del PP, las referencias a que Ana Botella aludió, al parecer, en el seno de dicha dirección, a que el cierre de filas de los líderes de la derecha se extendiera también a la época de su esposo, José María Aznar.
Cada vez que se ha producido una investigación judicial en torno a prácticas corruptas en el entorno de partidos políticos, siempre ha funcionado lo del cesto de cerezas, y ese entrecuzar los rabos de la fruta ha llegado más o menos hasta el nivel máximo que hubiera en el cesto.
Ahora, cuando hoy se conoce que la fiscalía incluye entre los investigados al presidente de la Comunidad Valenciana, cobra mayor valor la “advertencia” (¿o era más un ruego, una invocación desesperada?) de Ana Botella a que la dirección del PP extendiera el cierre de filas a la época anterior, cuando su querido Jose dirigía el partido y presidía el gobierno. Algunas informaciones publicadas, como las referidas a un mitin en Burgos, en 2003, con unas facturas de la agencia de viajes de Francisco Correa, a nombre de Alfonso Bosch, aforado que figura en la lista de la Fiscalía, y la propia afirmación de Rajoy de que a partir de 2004 el principal implicado en la trama había dejado de trabajar para la dirección nacional, deben estar poniendo los pelos de punta a la señora Botella y agriando, más si cabe, su ya de por sí agrio carácter.
¿Qué teme tanto Ana Botella como para reclamar de la dirección nacional de su partido que también se respalde la gestión al frente del mismo de su marido? O peor aún, ¿qué sabe Ana Botella que seguramente le haga temerse que, cuando menos, se produzca alguna investigación sobre ello?
Porque las informaciones de los días en que se produjo la foto de la dirección del PP en pleno no aclaran si Rajoy atendió expresamente la petición de la señora Botella o si simplemente ésta quiso dejar constancia de que todos, también Rajoy, estaba en el mismo barco que José María Aznar cuando Francisco Correa entraba y salía de Génova como si fuera el dueño de la llave y acudía, encantado, alegre y feliz, acompañado del agente de Pajares y actual mamachicho consorte, a la boda de estado de El Escorial.
Vale.
Cuando en la actividad política, a cualquier nivel, se está participando activamente, la carencia de ideología, o la ocultación premeditada de la ideología que uno profesa, el paso siguiente deriva hacia el analfabetismo político o hacia el fascismo. ¿Cuántas veces oímos decir a gentes que son apolíticos? La «apolítica» no existe. Ya lo decía creo que Perich, ¿o era Chumy Chumez en Hermano Lobo?: «yo soy apolítico de derechas, como mi padre». También están los demócrata cristiano ateos. Y los independientes que lo son por haber sido expulsados de los partidos a los que se unieron con la única intención de medrar.
Esta fauna variopinta que, al final, reducen su ideario a «luchar por mi pueblo», es la que carece de ideario político, y que, en la práctica, su único ideario está, como sucede en muchos casos, en la cartera, y en menos, pero se dan, en ver satisfecho su ego personal, pasar a la pequeña historia. También se suelen mezclar, a menudo, egos y carteras.
En Cáceres, el pacto de gobierno local entre PSOE e IU (bueno, entre PSOE y Pavón, porque IU ya no existe) está apuntalado por un concejal encajable en varias de las opciones anteriores, Felipe Vela, si bien prima en su actitud y en sus comportamientos el componente ególatra. Esa egolatría le lleva, la mayor parte de las veces, cuando habla o cuando mantiene reuniones, a ponerse de ejemplo, ya sea como cacereño de pro, o como abogado de prestigio (?), o como especialista en auditorias, para, de ahí, sacar las conclusiones a las que quiere llegar y a las que pretende llevar a los demás.
En la práctica, su aspecto personal, incluso físico, y en la usura con la que plantea sus demandas (cuando exige decisiones de la alcaldía a cambio de grandes beneficios para su ego, para demostrar luego en círculos familiares lo mucho que manda), recuerda especialmente una leyenda cacereña recogida por Publio Hurtado, de un judío que vivía en Las Tenerías.
La usura política en beneficio del ego solamente lleva a la destrucción. El paso de Felipe Vela por el PP se saldó con su salida porque comprobó que no tenía apoyos para ser designado cabeza de lista en la siguiente convocatoria. Esa salida la «razonó» en que su capacidad profesional no le permitía seguir estando en un grupo municipal que no la tenía en cuenta. Normal, porque el PP ponía por delante su ideario político de derecha pura y dura, y la política y la egolatría, al final, terminan estrellándose.
Esa usura la pretende aplicar de nuevo respecto al pacto PSOE-IU, forzando a que la alcaldesa Carmen Heras, «elija» entre él y Pavón, el concejal de lo que queda de IU. Mala forma de medir, porque en la decisión política que se adopte primará el componente político, de manera que si la elección es coherente, esto es IU, Felipe Vela deberá, en ese caso, tomar una decisión también política: renunciar a los acuerdos que tiene con el Pacto y pasar a ser un concejal de a pie, en espera de que sus anteriores «compañeros» del PP le ofrezcan algo.
La usura política convierte a los que la utilizan en personajes como el de esa leyenda cacereña. Y yo me tengo dicho, desde siempre, que de esos individuos no hay fiarse.
No hay que fiarse nunca de los usureros que te prestan el dinero para que se lo devuelvas al doscientos por ciento, ni de los usureros políticos que te prestan su apoyo a cambio de engordar su ego, de convertirse en reinas o reinonas por un día. Y que, cuando se limpia la fachada de su egolatría, se ve que detrás solamente hay mezquindad.
Vale.