Archivos para November 30, 1999

El karma del despido

En el año 2015, cuando salió a la luz el vídeo de un trabajador de la desaladora de Escombreras, la empresa, TEDAGUA, reaccionó despidiendo al trabajador, y el fiscal le acusó de recibir las “mordidas”, también al pintor que grabó la escena y a un exjefe de la planta. El trabajador, que prestaba servicios como administrativo afirmó desde el principio que era víctima de un montaje de la empresa, que cuestionaba su contabilidad. A día de hoy, según fuentes del sumario, ha quedado acreditado que el vídeo lo grabó una becaria, y que él no se quedó con dinero que se contaba.

La empresa, que en 2006, había firmado con HYDROMANAGEMENT, SL, contrato para la construcción e instalaciones, un día después que esta segunda empresa hubiera firmado el contrato principal de la desaladora, creyó que denunciando a su trabajador despedido daría por zanjado el asunto de las mordidas, no contaba con que el exempleado presentara batalla.

En un primer momento, el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, situó en el año 2012, al menos, el inicio del presunto cobro de comisiones ilegales a empresas adjudicatarias de contratos de servicios y mantenimiento en la desaladora de Escombreras, por parte de «algunos empleados» de Tedagua. Es decir, que en un primer momento la empresa, TEDAGUA, de cuya estructura societaria formaba parte Ramón Jiménez Serrano desde 2005, y siguió en la misma hasta 2014, cuando cesó del último cargo que ostentaba, representante, parecía señalar a la infidelidad de algunos empleados y desempleados.

Sin embargo, el fiscal superior de la Región de Murcia comenzó a tirar de un endeble hilo, cuya resistencia aumentó con la declaración prestada ante él mismo por Joaquín Peña, el exadministrativo despedido, además de la denuncia interpuesta por el propio trabajador ante el Juzgado de Instrucción nº1 Cartagena, que a la vista de otras declaraciones realizadas ante él, que reveló el modus operandi de las mordidas, que apuntaban al despedido. Un empleado de TEDAGUA, en este primer caso, Peña, solicitaba a un proveedor un pago en efectivo de una cantidad, 4.500 €, para que se le agilizara el pago de facturas presentadas por trabajos realizados en la desaladora. Si no abonaba la astilla, los cobros se retrasarían.

El vídeo que motivó a TEDAGUA a despedir a Joaquín Peña se grabó, según constaba en un primer momento, por el proveedor que había entregado los 4.500 €. Luego ha quedado acreditado en el juzgado que la grabación la hizo una becaria de la empresa.

En 2017, cuando se conoció públicamente una primera parte de la investigación que llevaba a cabo el Juzgado de Instrucción nº 1, la Fiscalía consideraba que los hechos denunciados por TEDAGUA eran constitutivos de los presuntos delitos de coacciones, extorsión y corrupción en los negocios el fiscal ya contaba con más información. La noticia fue desvelada por el periodista J.A. González, del diario La Verdad.

Pero va, no obstante, más allá. Por eso, además de reclamar la toma de declaraciones a las personas implicadas, y que se recabaran sus antecedentes penales, se adhiere a la solicitud de los letrados Bernardino Guillén y Cristina Ojados para que se revise por la Policía Judicial toda la documentación aportada y se aclaren todos los hechos y se señale a los responsables de los posibles ilícitos penales.

Y he aquí que lo que para TEDAGUA podría haber sido un rutinario caso judicial de despido, se termina (o empieza) convirtiendo en un auténtico berenjenal. El letrado Bernardino Guillén, que cinco años después continúa en la defensa del trabajador Joaquín Peña, insiste en que en el asunto hay mucha materia, mucha materia que aclarar.

Es en este punto cuando el Fiscal afirma que Joaquín Peña hace constar que Peña le aportó «un disco duro con numerosos documentos», en los que se probaba que habían existido «traspasos importantes de cantidades de dinero desde la desaladora a Tedagua sin concepto y sin justificar». También que desde la propia empresa en la que Ramón Jiménez Serrano estuvo nueve años con cargos directivos, se facturaron «a la desaladora y, por tanto, a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, gastos ‘de otras plantas existentes en España y en el resto del mundo’.

Facturas de trabajos inexistentes, de empresas y servicios que nunca entraron en las instalaciones (como decíamos en la entrada anterior, la del alambique) y facturas de servicios de construcción a lo largo de la vigencia del contrato de mantenimiento. Prácticamente, desde 2006.

El karma del despido de Peña le está soltando un buen sopapo a TEDAGUA y poniendo al descubierto las maneras de hacer las cosas por quienes no tienen respeto por lo público.

En sede judicial, ante la fiscalía, el trabajador alegó que además de carecer de cualquier capacidad de decisión, creía no estar participando en actividades irregulares. Fue cuando preguntó a sus superiores si una factura de Rumanía la tenía que tramitar, a lo que le respondieron: “Usted no piense, haga lo que se le dice”.

Fue a partir de ese momento cuando, según sus abogados, se realizó el montaje del vídeo, creyendo que así le harían un lavado de cara a la empresa, despidiendo a Peña acusado de prácticas ilegales y ganar tiempo para hacer desaparecer de la planta de Escombreras los documento comprometedores, ante un posible registro policial. En el bufete que lleva los asuntos del trabajador recuerdan que la Guardia Civil inspeccionó la planta por orden de la Fiscalía unos días después del despido, sin hallar rastro alguno de los documentos que en 2017 vieron su primera luz y que más pronto que tarde serán del dominio público. El karma.

Vale

continuará…

El alambique del Tío Ramón.

Los que hemos escuchado alguna intervención del Tío Ramón o del director general de la minera del litio, recordamos la soberbia con la que responden que ellos no necesitan, que su empresa no necesita subvenciones.

Seguramente así pensaría Ramón Jiménez cuando en 2005 accedió al cargo de Consejero, luego, en 2006, a Consejero Delegado y luego, en 2010 a Presidente de TEDAGUA, S.A., hasta 2011.

Sin embargo, no fue así. El diario La Verdad, publicó en junio de 2017 una noticia cuyo titular era: “La Justicia investiga otro posible fraude al Estado con ayudas para la desaladora”.

En el cuerpo de la información se incluyen elementos de gran interés, y que por la notoriedad que el ex presidente de TEDAGUA se ha ganado en Cáceres se hace interesante para su conocimiento.

Así, mientras el juez indaga si la empresa cargó irregularmente a la Comunidad Autónoma de Murcia hasta un millón de euros anualmente, también el juez busca documentar la recepción de un par de subvenciones del Ministerio de Fomento. O mejor dicho, dos veces la misma subvención de 20.000 euros, y si ha dado uso distinto al que estaban destinadas.

Según el querellante, quien ayer, 22/06/2017, ratificó su denuncia ante el juez, el Ministerio de Fomento dio sendas subvenciones a Tedagua, con cargo a los presupuestos de 2010 y 2011, para impulsar la innovación industrial.

El querellante señala que dos emails de abril de 2013 y 2015, recibidos de la central de Madrid confirmaban que se habrían, efectivamente, recibido las citadas subvenciones de 2010 y 2011, cuando el Presidente de la empresa era Ramón Jiménez.

En concreto, la innovación para la que se solicitó y fueron concedidas las subvenciones fue para «El proyecto supuestamente innovador por el que se recibió informe favorable del Ministerio era la construcción de un alambique, un aparato inventado en el siglo X para destilar líquidos mediante un proceso de evaporación y posterior condensación», según el denunciante.

Un invento innovador a desarrollar en dos fases, una, la construcción del alambique y una segunda su puesta en marcha. El presupuesto de tal avance de I+D rondaba los 900.000 euros.

Desde luego, la empresa presidida por Ramón Jiménez no puede ser tachada poco imaginativa en la proyección de nuevos medios de producción de lo que fuera que pudiera salir de la desaladora.

El periodista de La Verdad, J.A. González continúa completando la noticia en base a declaraciones del denunciante (recuérdese, el trabajador despedido acusado de requerir mordidas a proveedores de la desaladora), que señaló ante el Juez que la empresa [TEDAGUA] “subcontrató a su vez a otros proveedores al objeto de realizar distintos trabajos que desarrollaran el proyecto». Y añade que esas empresas «nunca trabajaron en la planta» y sus trabajadores «nunca entraron» en ella, según acredita el «libro de control de acceso» de la desaladora.

Vamos, que se pretendía construir un modernísimo alambique sin que hubiera personal que lo hiciera. No está mal. No sé si finalmente, el presidente de Tedagua patentó el invento.

El responsable de la querella ve «chocante» que el Ministerio «premie» por un alambique, con el que «está claro que poco se puede regar», a una empresa «cuyo objeto es desalar agua por procedimientos más vanguardistas» y que además tiene «capacidades muy grandes, ya que debe suministrar caudales a gran parte de agricultores de la Región».

Podría tratarse del caso del alambique, a estudiar por Íker Jiménez, o un de un gran documental de megaestructuras sobre el moderno alambique.

Tedagua pidió en 2015, ya no mandaba Ramón Jiménez al Ente Público del Agua (EPA) de la Comunidad Autónoma permiso para «el desmontaje y la retirada del andamio que sujetaba» el alambique, el prototipo «nunca llegó a funcionar».

El colofón de la información de 2017, en un caso que está muy vivo en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Cartagena, lo señala, a mi juicio con una gran frase: «Una vez percibida la subvención, el alambique ha desaparecido».

Vale

…continuará…

Un plato típico de Cartagena

Los michirones son un plato típico del campo de Cartagena y Mazarrón, y consisten en un guiso a base de habas secas, hueso de jamón, chorizo y laurel. Su presentación en cazuela de barro quiere darle un tipismo secular. En exceso, o con mucho apetito, suele ser indigesto, sobre todo para quienes no están acostumbrados a su ingesta.

Algo de eso debió ocurrirle a Ramón Jiménez, que aterrizó en Cartagena-Escombreras a caballo de la empresa Técnicas de Desalación de Aguas, S.A. Una empresa a la que en la entrada 19 de la colección “Las sales del litio”, de esta misma Cerca me refería a una historia mercantil algo convulsa.

Si nos acercamos al grifo del Registro Mercantil (vía www.infocif.es, siempre utilísima) vemos que existen dos sociedades con ese nombre, pero con algún apellido detrás. Por ejemplo, existe TEDAGUA RENOVABLES, SL, con domicilio fiscal en Canarias, y con antigüedad de 4 de octubre de 2007.

Y aparece otra TEDAGUA INT ERNACIONAL, SL, domicilio social en Madrid y con antigüedad de 18 de mayo de 2010. Y ambas con códigos de identificación fiscal distintos.

Por si fuera poco, en el auto judicial de la titular del nº 5 de Murcia se señala que TEDAGUA, empresa contratista de la Desaladora de Escombreras, creada el 06/09/84, y participada en un 99’5% por COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

Ciñéndonos a la TEDAGUA de la que conocemos un C.I.F., podemos obtener un currículum de Ramón Jiménez Serrano en ella.

Fecha Cargo

05/10/2005 Consejero

01/03/2006 Consejero Delegado

23/07/2010 Consejero (reelección)

23/07/2010 Consejero Delegado

27/12/2010 Presidente

17/05/2011 CESES Consejero

17/05/2011 CESES Consejero Delegado

17/05/2011 CESES Presidente

04/12/2014 CESES Representante

Esa empresa fue la que firmó con HYDROMANAGEMENT, SL, en cuyo Consejo de Administración también tenía un asiento Ramón Jiménez, la ejecución de la Desaladora de Escombreras, pero eso ya sabemos que es salina de otro costal.

En concreto, responsables de la Desaladora (TEDAGUA) atribuyeron al trabajador que aparece en un vídeo contando dinero de una mordida, no solamente el cobro la cantidad concreta de 4.500 €, sino que insinúan que podría estar percibiendo otras similares. La persona que grabó el vídeo, una becaria de la empresa, ha declarado ya en sede judicial que el trabajador, que fue despedido por la insinuación, no se quedó con ningún dinero. Y es que el trabajador despedido ha acudido a la Justicia no solamente para demostrar que el despido fue ilegal, sino también para que su imagen y su honor sean restituidos.

Esta situación laboral no se instruye en el Juzgado de lo Social, sino en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Cartagena. Y esa instrucción ha deparado más de una sorpresa, ¿verdad, Ramón?

La instrucción ha deparado el coraje de un trabajador que se siente maltratado en su honor, en su imagen y que ha decidido luchar. Para ello, cuenta con un abogado que cree en su inocencia, que cree que la Justicia le dará la razón y que ya ha demostrado ante el juzgado que él no se quedó con ni un euro, y que la empresa para la que trabajaba y que le despidió era un enjambre de corrupción.

Una empresa en la que durante 9 años Ramón Jiménez Serrano ejerció cargos directivos, cargos que lo mismo la Fiscalía, personada en el caso, investigará, en un sumario iniciado en 2017, y que trata de destripar la información y documentación aportada por el trabajador injustamente despedido, en un disco duro de un terabyte de capacidad.

Vale

…continuará…

Cada uno arrastra sus contradicciones como puede.

En el folleto de propaganda que Ramón, el de la Desaladora, ha presentado como un “proyecto robusto”, contra el que nadie puede, ni un iceberg, se observan anomalías que si no fuera porque algunos somos comedidos, se diría que son anomalías mentales.

En la letra escrita, que no firmada, del citado folleto, se hace como en numerosos documentos que únicamente pretender vender como documentos científicos o sesudamente técnicos: que se toman declaraciones, informes, opiniones de aquí de allá, se enlazan et voilà, ya tenemos un robusto. Robusto lo que sea.

Para validar los disparos contra la población cacereña, su salud, su entorno, sus valores históricos y arquitectónicos no dudan en colocar a Cáceres en un contexto europeo, en un contexto de modernidad.

Para ello, se valen de expresiones huecas, destinadas a discursos huecos para rellenar cerebros huecos: la extracción sostenible y local reduce el impacto ambiental y social dado que se rige por criterios de sostenibilidad más exigente que en países externos suministradores de estas materias primas con normativas más laxa.

Vamos a ver, Ramoncín, el Rey del Litio Frito. Una cosa. Que pretendáis vendernos que extraer litio de debajo de nuestras mesas camilla es más sostenible y reduce el impacto ambiental es sencillamente ofensivo. Y lo es porque al tiempo que parece que alabas a la ciudad y su “contribución” a diminuir el impacto ambiental, lo que estás haciendo, Ramóncín, es meternos en nuestra salud y en nuestras casas el impacto ambiental que volaría, a lomos de corceles de la Bolsa, a tierras australianas. No, Ramoncete, no. El impacto ambiental no se reduce, se multiplica exponencialmente sobre Cáceres, y lo de que los criterios de sostenibilidad en Valdeflores serían más exigentes que en países externos solamente se aguanta sobre el papel. Y lo sabes, Ramón.

Porque, además, y como venís tú y tu empresa haciendo es ningunear y ofender a las autoridades locales y regionales (aunque, te digo, allá ellas que lo consienten), diciendo a voz llena que estaréis dispuestos a cumplir lo que ellas os señalen. ¡Faltaría más!

Pero que los señores que dicen que han redactado el “documento de alcance” pero que no saben (o les da vergüenza, que también podría ser) firmar señalen que es más sostenible vuestra glotonería bursátil de lo que podría ser una pretensión similar de extracción en países externos suministradores de la materia prima. Claro, porque tienen unas normativas más laxas.

¿Puedes, ¡oh Ramón! ser un poco más comedido? Podrías al menos reconocer que para normativa laxa la del Decreto del Litio que os han puesto a la puerta del piso segundo del nº 18 de la Avenida de España, tan laxa, que hasta vuestra madre australiana se ha apresurado a acoger con parabienes y subidas en la bolsa de vuestras acciones.

Cambiar una legislación preexistente, la minera, de común aplicación a todo el que desee realizar una explotación, por otra que os viene como anillo al dedo, por no usar una expresión más gráfica, no es laxa, es descabellada. Porque, además, sabes que de lo que pone el documento de alcance, si finalmente lo conseguís pasar a proyecto, no vais a cumplir nada, como es costumbre en el pirata Adrian Byass, en Plymouth Minerals, en Wolf Minerals, vamos, en el condado de Devon (UK).

También decís en vuestras presentaciones, acompañado de un tal David, de que cumpliréis lo que os ordene la Junta, que en aquellos extremos en los que la Administración, por falta de técnicos adecuados, tenga que recurrir a empresas externas, no os importará que se haga. Pero para eso, el tal David ya se ha creado una empresa de consultoría en ingeniería, con sede en Salamanca, pero cuyo nombre no parece tener ninguna relación con vosotros. Cuando llegue el momento, se modifica la propiedad y listo.

El documento de alcance, Ramoncito, tiene la misma credibilidad que tú, que te apesta el trasero a banquillo.

Vale

…continuará…

Vuelven los soplillos

Si hay algo que realmente deja en ridículo a pretenciosos científicos o ingenieros es lo más sencillo, lo que el sentido común determina. Y en un “proyecto” que muchas veces no parece más que un ejercicio infantiloide de presunta ingeniería.

Así, cuando hemos asistido a alguna charlatana perorata del CEO de la empresa o de su Director General, nos ha sorprendido la rotundidad de los dos cuando afirman, sin ningún rubor, que la “mina de litio en Cáceres” tendrán emisiones cero. Y se quedan tan anchos.

Y a fuerza de repetir en páginas pagadas en los periódicos HOY de Badajoz y El Periódico del Litio de Extremadura que la mina no producirá ningún tipo de emisión al aire, no producirá ningún tipo daño al medio ambiente.

Pero parece que ello no es así. El punto más cercano al casco urbano de la ciudad con elementos especialmente sensibles: la Estación de Tratamiento de Agua Potable, la Residencia Asistida de Mayores, el Hospital Universitario, todos a una distancia menor de unos prudentes (y legales) 2.000 metros.

En la página 28 del “documento” inicial, como toda explicación para algo tan básico y necesario como la ventilación en los espacios subterráneos donde trabajarían los mineros (el escalón laboral más bajo de la pirámide de empleo), se incluye un párrafo:

La ventilación se realiza a través de tres pozos, además de la propia rampa, uno principal que alimenta por ventilación forzada de aire a las galerías, con una potencia de 700CV, y otros dos de ventilación secundaria que funcionarán como salidas de aire de retorno. Se pretende que el emboquille de los pozos se haga coincidir con las ventilaciones mineras antiguas existentes en la antigua mina, minimizando de esta forma el impacto.

Al tratarse de un elemento de seguridad tan básico como la respiración en el subsuelo, pero referirse al escalón más bajo, seguramente los ingenieros no han tenido en cuenta condiciones de seguridad y salud laboral. ¿Para qué, verdad?

La ventilación forzada que plantean se haría con una potencia de 700 CV, mientras que el aire de retorno saldría al exterior mediante otras dos chimeneas de ventilación secundaria. Nada de un estudio pormenorizado de flujos de aire, nada de estudiar volúmenes de aire para la respiración de los trabajadores ni determinar qué cantidades entrarán por la galería de acceso, que la incluyen como elemento natural de ventilación, al que añaden la ventilación forzada.

Una referencia reglamentaria, esto es, obligatoria, pero sin desarrollar para el caso concreto, del Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, que modifica el Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. Vamos, para justificarse un desprecio tan grande.

Además, como ya hemos señalado, la zona de explotación, donde irá la mina, es el punto más cercano a la zona urbana de Cáceres, y a donde previsiblemente irán a parar día y noche, en tres turnos, toda la contaminación que salga del interior. ¿O también dirán los charlatanes de la empresa pantalla de los australianos que será una mina de emisiones Cero?

Cuando se refieren a emisiones cero, se refieren a las emisiones que expelerían al aire en todos los procesos de consecución del litio, desde el machaqueo (en cinta encapsulada) hasta la obtención del hidróxido de litio.

Pero las tierras, las rocas que se desprenden tras las voladuras y explosiones con material presentado a granel, al que se añade ANFO, esto es, nitrato de amonio, que necesariamente al explosionar liberará contaminantes que saldrán por las chimeneas de retorno.

En ningún momento, en el documento presentado, que no cumple, en realidad, ningún parámetro homologable a lo que sería un proyecto técnico, se analizan, como ya hemos dicho, volúmenes de aire respirable por los mineros (unos 245 por turno, según sus propios datos), ni mucho menos los gases que se liberarían con cada voladura y explosión, ni qué tipos de gases, qué composición, qué grado de contaminación conllevarán.

O lo que es lo mismo, una causa más de devolución del documento a quien lo hubiere presentado. Porque a los trabajadores no se les puede dar soplillos para que se abaniquen.

Vale

… continuará…

Menos papeles que una liebre

No es hasta la página 52 del documento sin firma de los autores presentado a la administración que aparecen algunas referencias más determinadas, pero sin concreción, sobre el conjunto del negocio que se pretende. Así, se afirma de modo genérico que “el recinto minero estará perimetralmente delimitado y conformará un único núcleo de trabajo en la superficie.” Parece que menos es nada.

Un poco más adelante se incluye esta tabla:

Pero esa tabla se refiere a unas superficies y a unas distancias que no son las que se deberían adoptar para el conjunto “del núcleo de trabajo en la superficie”, por cuando la distancia al perímetro urbano ha de medirse entre los perímetros urbano y perímetro de la superficie que ocupe el conjunto de la explotación y no las distancias que más convengan al promotor.

Además, en ninguna imagen gráfica, ni en planos que se incorporan al “documento” presentado, aparecen los respectivos datos gráficos de perimetración, ajustados a los textos que se señalan.

En la página 53 vuelve a hacerse referencia al cierre perimetral, “el conjunto de instalaciones irá dotado de un vallado perimetral que impida el paso a personal ajeno a la actividad minera.”

En modo alguno debería haberse admitido a trámite (esto es, debería haberse devuelto el documento a quien lo hubiere presentado) un pretendido documento técnico en el que faltan, por ejemplo, la definición de ubicación del proyecto, la perimetración del suelo urbano, la perimetración de unidades de suelo urbano señaladas conforme a la legislación (puntos del suelo urbano más avanzados en dirección a la explotación minera)…

Por ello, para una primera evaluación del documento, pretendidamente para que se inicie un procedimiento de información medioambietal, deberían presentarse planos a una escala adecuada, con los perímetros y las coordenadas de cada punto de referencia.

Esos planos a escala adecuada señalarán, además, los cerramientos de valla perimetral del conjunto, de cada uno de los elementos determinantes (balsas, naves, depósitos de explosivos, depósitos de reactivos químicos…). También, a efectos de la mejor consideración de conservación de las especies de fauna, dado que se trata de una superficie importante, debería ser el propio Ayuntamiento de Cáceres, aunque dudo que lo haga, quien determine las características del cerramiento, la definición de paso de ganado para especies como el jabalí, o de pasos específicos para especies de menor tamaño (como liebres o conejos), así como han de ser los cerramientos de las balsas de estériles.

La falta de referencias en el documento inicial (lo mínimo que se despacha en papeles para salir del paso) debería contener una especial atención a la llamada zona de explotación, que debería, desde un principio, aparecer acotada, tanto en grafías como las distintas cotas del cerramiento listadas para favorecer su conocimiento. Hay que tener en cuenta que es la zona de explotación la que plantea las cuestiones más complejas (ruidos, vibraciones, desplazamiento de grietas que permitan la inundación química del Calerizo, etc.).

Por ello, desde el Ayuntamiento, al plantear su posición sobre la DIA, deberán especificarse a los promotores la presentación de planos debidamente acotados, y con mediciones reales de distancia y no meros esquemas como los que aparecen en el documento inicial, que más parece un somero texto de un alumno de primero de minas que un proyecto se entiende que redactado (pero no firmado) por un equipo multidisciplinar.

A mi juicio, el documento debería haber sido devuelto a quien lo presentó, para subsanar deficiencias que son clamorosas faltas de respeto de los responsables de su presentación a los propios funcionarios.

Vale

… continuará…

En la entrada (1) de esta serie donde estudio el pretendido proyecto robusto de Ramón Jiménez, analizaba la presentación del “documento inicial” de mina subterránea a cargo de la empresa “Extremadura New Energies, S.L.” señalando que la que ostenta los derechos mineros que serían objeto de extracción es “Tecnología Extremeña del Litio, S.L.”

Analizando la cuestión desde otro punto de vista, en la web de la empresa instrumental, “ENE, S.L.” se señala que habría un retorno económico de 42,9 mill € para Extremadura, durante 29 años.

La realidad es otra. Está claro que la instrumental ENE, con sede en Cáceres, sería la encargada de gestionar la actividad, mientras que los beneficios del material extraído irían a parar a “Tecnología Extremeña del Litio, SL” cuya sede social y fiscal está en C/ Fuencarral 93 3º Iz. 28004 – Madrid. Esto es, en Extremadura quedarían los “beneficios” de la actividad: impuestos locales y/o autonómicos, impuestos derivados de una inicial actividad económica, impuestos derivados de las rentas del trabajo, mientras que los beneficios económicos derivados de la extracción y comercialización del litio irán a parar a la empresa radicada en Madrid.

La intención de los responsables del proyecto es generar los menores impactos económicos en el lugar en que se ubica la extracción y convertir el mineral en lo que buscan: una potente generación de beneficios con los menores costes para lo que serán receptores de los mismos,

Una razón más para que las autoridades autonómicas y locales terminen desechando el proyecto de mina, ya fuera a cielo abierto ya fuera subterránea.

Beneficios para las empresas locales de Cáceres

Desde su aterrizaje en Cáceres, en marzo de 2022, el CEO Ramón Jiménez Serrano ha ido tejiendo una serie de alianzas con diversos colectivos empresariales locales que, al fin y al cabo, no dejan de ser espacios de influencia, unas veces mediante un patrocinio deportivo, otras con charlas dirigidas exclusivamente a un determinado colectivo, con la única intención de hacerlos sentir únicos, distintos de otros. Una técnica muy habitual en los procedimientos de marketing dirigido a públicos segmentados.

En el caso de Cáceres, el CEO Ramón repite siempre que la mina generaría (él utiliza el futuro perfecto, que presume indefectiblemente que habrá mina), además de los empleos directos los indirectos ligados a empresas locales que serían contratadas para diversas actividades mineras.

La mina subterránea, completamente “encapsulada”, de manera que todos los procesos se realizarían en recintos y espacios sin contacto directo con el exterior.

Por eso, una empresa que tuviera como objeto social: “La sociedad tiene por objeto realizar servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico así como la fabricación, instalación y comercio de los equipos periféricos y componentes desarrollados por la propia compañía en el campo de los sistemas de refrigeración.

Una empresa de esa tipología tendría buenas perspectivas de ser auxiliar en el proceso extractivo. Y, claro, una empresa así ya existe vinculada a la posible concreción de la mina.

Se trata de una empresa domiciliada en el Parque de Gardeny, s/n, Edificio CEDICO, Lleida, con un capital social de 3.000 €. Una empresa algo alejada de Cáceres, si no fuera por unas características interesantes.

Su ubicación exacta es en el Consorcio Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida, vinculado a la universidad leridana.

Esa ubicación es estrictamente postal, ya que la empresa en cuestión no tiene sede física. Como toda información puede contactarse con el Consorcio citado, donde, después de solicitarlo, facilitan una dirección de correo electrónico que lleva a la propia UDL (Universitat de Lleida).

Pero, curiosamente, un dato, un simple dato extraído del Boletín Oficial del Registro Mercantil, en la página de Lleida, nos devuelve, de momento, a nuestro… a nuestro CEO, a Ramón Jiménez Serrano, que es el administrador único de la empresa UNIVERSAL SMART COOLING, S.L. ¿Pero cómo acreditar que el administrador único de USC, S.L. es el mismo al que conocemos por nuestra ciudad? Difícil cuestión puesto que no tenemos referencias personales suyas que nos permitan, de modo indubitable, la identidad.

Lleida, dimecres, 22 de juny de 2022 UniSCool obtuvo el premio Empresa Emergente del CEEC de Lleida.

Además, se plantea otra cuestión: ¿cómo acreditar que una empresa de Lleida pudiera tener alguna conexión, aunque fuera remota, con nuestra ciudad y con el concreto proyecto de unos australianos? El mundo es un pañuelo.

Efectivamente, la empresa ilerdense sin sede física inició sus operaciones el 17 de febrero de 2022, cuando la incorporación a la empresa minera de Ramón Jiménez Serrano ya era inminente (marzo de 2022).

Y la cuestión es: ¿qué pueden esperar empresas similares cacereñas o extremeñas de quienes quieren hacer la mina si ya está posicionada una que, además, es del CEO y cuya sede social da igual donde esté?

Y eso si no aparecen otras, que visto lo visto, no sería extraño.

Vale

… continuará…

Bueno, pues heme aquí otra vez escribiendo sobre el amasijo obeso de Ramón, el del litio. ¿O puedo decir de Ramón, el de Tedagua? Sí, mejor, porque no conviene que el muchacho pierda sus orígenes y termine no recordando de dónde viene.

En su rollo bien memorizado con eso del proyecto robusto y de que recibe ataques personales precisamente porque no puede atacarse la robustez de su proyecto me recuerda a aquel CEO que llegó a España hablando de “señores trabajadores”. Habla como los beatos que pululan en torno a un obispo.

Pues en su rollo, y siguiendo su mantra de que no somos capaces de criticar su robusto proyecto, quien esto escribe, de letras, se encuentra con perlas que deberían sonrojarle hasta el balcón de su melena. Una perla que se llama Calerizo.

Este CEO, cuyo proyecto es “mina Cero”, es decir, una mina perfecta resulta que guarda algunas imperfecciones, cuando se refiere al Calerizo, y por ello, lo primero que hace es decir que no está recogido entre las masas de agua por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

En el esquema de funcionamiento hidrogelógico basado en un estudio de Gemma Sánchez, de 2018 los ingenieros que dicen que han hecho el documento inicial, pero que no lo han firmado, escriben:

En el esquema hidrogeológico conceptual de funcionamiento se explica que la divisoria de agua superficial y subterránea se encuentra asociada a los relieves de las cuarcitas, por lo cual se compartimentan en dos sistemas hidrogeológicos controlados estructuralmente.

La divisoria de aguas impuesta por la estructura geológica impedirá que alteraciones en la dinámica del flujo subterráneo en el valle del arroyo de Valhondo influyan hacia el norte o el sur” (Pág. 71 del “documento inicial”).

Está claro: aquí está el Calerizo y aquí la mina, y los flujos líquidos no se “ajuntan”, nunca. Y el CEO afirma, con la seguridad pasmosa del ignorante, que el Calerizo no se verá afectado.

Pero claro, eso de los estudios hidrogeológicos, tiene algunos recovecos. Por ejemplo, cuando uno lee lo siguiente:

Se determinan dos sistemas hidrogeológicos semi independientes y controlados estructuralmente:

El sistema 1 corresponderían a las calizas de la parte central del sinclinal de Cáceres, que formarían el acuífero del Calerizo, y a materiales cuaternarios, presentaría una impermeabilidad y capacidad de recarga mayor.

El sistema 2 correspondería a materiales fracturados poco permeables de los flancos del sinclinal de Cáceres, con volúmenes de recarga y descarga de agua subterránea muy inferiores al borde del Sistema 1.

Estos dos sistemas se encontrarían parcialmente conectados a través de estructuras permeables que los pusieran en contacto.”

Del Proyecto de mina a cielo abierto

Esto es, que no son dos sistemas independientes entre sí como se afirma en el documento inicial presentado por Ramón en la Junta de Extremadura y que es el que le han dicho los australianos que someta a consideración del gobierno autonómico, ahora que corren vientos favorables, tan favorables como que altos cargos autonómicos aparezcan en publicaciones publicitarias de la mina.

¿Que de dónde sale eso de que son dos sistemas hidrogeológicos semi independientes pero parcialmente conectados? Es una pregunta para el CEO perfecto, pero como no va a querer contestar (o no tiene ni puta idea), ya lo digo yo: del proyecto de mina a cielo abierto presentado en su día en el Ayuntamiento, en el que se incorporan estudios de Gemma Sánchez. ¿Por qué creíais que tenía tanto interés el CEO cuando dijo que se eliminaran los documentos que hubiera colgados en internet, que solamente valía lo presentado a partir de ahora?

El Calerizo corre un riesgo grave de contaminación y destrucción si la mina subterránea se lleva a cabo. No hay que olvidar que la opción descartada de cielo abierto se planteaba para una profundidad de 240 metros, mientras que la subterránea supera los 400 metros de profundidad, con lo que ello conlleva en cuanto a vibraciones, ondas expansivas que pueden ampliar las estructuras permeables existentes entre los dos sistemas hidrogeológicos preexistentes.

Vale

… continuará…

Remember

Si los lectores de este modesto blog recuerdan la entrada en la que transcribía lo que decía la prensa en 2016 https://cercadelasretamas.com/2022/09/23/las-sales-del-litio-cont-_20/

En concreto, lo que contaba la prensa en 2016 era que “responsables de la desaladora falsificaron facturas para regalar cestas de Navidad”. Aquella información también apareció en prensa nacional, acompañada de un vídeo grabado en la cabina de acceso a la desaladora, en la que se veía a un trabajador contando dinero. En concreto, responsables de la desaladora atribuyeron al trabajador que aparece en el vídeo no solamente el cobro la cantidad concreta de 4.500 €, sino que, sin atribución directa, insinúan que podría estar percibiendo otras similares.

Pues bien, el trabajador fue despedido y desde 2017 se está sustanciando en el Juzgado nº 1 de Cartagena, ya el trabajador, en su derecho y en el derecho al honor y a la propia imagen, está peleando por restituir su buen nombre, y parece ser que no tardará mucho en que el juzgado le dé la razón.

Pero es probable que los responsables de la empresa que construía la desaladora no se tuviera cuidado acusándole de haberse quedado con 4.500 €, cuando en realidad está acreditado en el propio juzgado cartagenero que ingresó el dinero en caja, y que los hechos probados juegan a su favor.

La empresa que construía la desaladora, TEDAGUA, despidió en 2016, a raíz de conocerse el vídeo citado, a Joaquín Peña Sánchez, quien para vengarse de aquel despido decidió reclamar ante la Justicia y, como se dice habitualmente, “tirar de la manta”.

Y como parece que la sustanciación del despido será más pronto, tanto los abogados del trabajador como la propia Fiscalía decidieron continuar el hilo de la manta abierta.

Y en esas está ahora la situación. Porque parece ser que hay materia que mirar, y mucha.

Por ahora, ya sabemos que la empresa que despidió a Joaquín era la que construía la desaladora de Escombreras. También sabemos alguna información relevante, como que el período que Fiscalía y abogados del trabajador están escudriñando comienza en 2009.

También sabemos que el trabajador aportó un disco duro en su demanda para restituir su buen nombre y atestiguar su inocencia, un disco duro que contiene un terabyte de información.

También sabemos que los abogados del trabajador tienen unos 200.000 documentos, casi todos facturas, correos, albaranes, etc.

También sabemos que se pasaban desde TEDAGUA facturas contra la Administración murciana que no se correspondían con obras ejecutadas en la desaladora.

En fin, también sabemos que desde 2005 hasta 2014, Ramón Jiménez Serrano ocupó cargos directivos en TEDAGUA, desde Representante hasta Presidente del Consejo de Administración, siendo un tiempo máximo responsable de la empresa.

Y esto es (casi) todo lo que podemos contar de este asunto, de momento.. Ah, y me dice Bernardino que recuerdos para Ramón.

Vale

… continuará…?

El vendedor de biblias de litio, Ramón, se vanagloria de presentar un proyecto robusto, pero en realidad es un amasijo de grasa que en términos taurinos está fuera de cacho.

El documento inicial presentado en Mérida, en la Consejería de Transición Energética y Sostenibilidad carece de músculo que sea capaz de darle estabilidad a la grasa acumulada, y carece también de la firma de los autores del documento. Al menos yo no las he encontrado.

Lo que sí he encontrado es una cifra que, por sí misma, invalida todo el documento y se hace acreedor de ser devuelto a corrales. Esa cifra es que la mina se encuentra a unos 3 km de distancia de la ciudad de Cáceres. Una apreciación que en un alumno de bachillerato podría entenderse, pero que en un documento, al parecer redactado por Ingenieros Superiores no deja de ser no ya una incongruencia, sino un desatino que descalifica cualquier cálculo técnico posterior, por muy bien presentado que parezca.

En toda la legislación en la materia del antiguo Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, o en el Decreto 81/2011, de la Junta de Extremadura, o la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de Extremadura, la distancia de referencia para instalaciones mineras es de 2.000 metros, es decir, 1.000 metros menos de donde dicen los ingenieros que estaría la mina de litio.

La distancia a tener en cuenta ha de medirse en plano, línea recta, desde el borde del suelo urbano considerado. Y el documento presentado por ¿Tecnología Extremeña del Litio, SL? ¿Extremadura New Energies, SL? no cumple con esa distancia. Y no lo cumple porque el elemento a considerar más próximo al suelo urbano es la zona de explotación, ya sea a cielo abierto ya sea subterránea.

Es cierto que el muñidor de favores Ramón va diciendo a quien quiere oírle que su proyecto es robusto y que cumplirá todas las normas (¡faltaría más) y todas las indicaciones (¡faltaría más!) que le indique la Junta de Extremadura y que no contaminará, que no producirá ruidos ni vibraciones. Pero es que la Junta no puede indicarle una distancia menor para la zona de extracción, aunque sea subterránea, porque, incluso así, si la Junta tuviera la tentación de incurrir en una ilegalidad y rebajar esa distancia a los 1.000 metros, aún así seguiría incumpliendo esas distancias.

Creo que por mucho que en la Consejería de Transición Energética y Sostenibilidad pretendan retorcer las normas para facilitar los deseos de un grupo de especuladores, porque esa es la realidad que es motor de esta historia, no cumplirán con las distancias legalmente exigibles.

Distancias entre puntos sensibles del suelo urbano y la zona de explotación / extracción del mineral

Parece que desde esa Consejería no se aprende, y cuando abrieron las puertas a la explotación del mayor filón de wolframio de Europa, se decía, el existente en la Mina de La Parrilla, en Almoharín, lo único que se sacó en claro fueron los 5,1 millones de € que se llevó la empresa, y que además dejó sin abonar una ridícula multa.

Se puede repetir la historia. Lo sabemos los ciudadanos que tenemos la curiosidad de leer papeles, de haber visto como asuntos de la naturaleza de la balsa de Aznalcóllar tardan 25 años en llegar al juzgado, porque la intrincada red de derechos y empresas mineras tardó años en llevar a la responsable última, parece ser, la empresa sueca Bolidén.

Jugar con una ciudad que como consecuencia de una gestión política, exclusivamente política, puede perder el honorable título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad no es de recibo.

Jugar con los ciudadanos cacereños, que por el mero hecho de serlo no somos idiotas y sabemos defender nuestros intereses, porque son muchos los que se están informando de fuentes muy fiables de los peligros que supondría la concesión de los permisos.

Y para muestra un botón: me gustaría ver una fotografía tomada en los próximos días en la que apareciera un alto cargo de la Junta, o la propia Consejera, junto al Consejero Delegado de Extremadura New Energies, S.L.

Vale

… continuará…