El karma del despido

En el año 2015, cuando salió a la luz el vídeo de un trabajador de la desaladora de Escombreras, la empresa, TEDAGUA, reaccionó despidiendo al trabajador, y el fiscal le acusó de recibir las “mordidas”, también al pintor que grabó la escena y a un exjefe de la planta. El trabajador, que prestaba servicios como administrativo afirmó desde el principio que era víctima de un montaje de la empresa, que cuestionaba su contabilidad. A día de hoy, según fuentes del sumario, ha quedado acreditado que el vídeo lo grabó una becaria, y que él no se quedó con dinero que se contaba.

La empresa, que en 2006, había firmado con HYDROMANAGEMENT, SL, contrato para la construcción e instalaciones, un día después que esta segunda empresa hubiera firmado el contrato principal de la desaladora, creyó que denunciando a su trabajador despedido daría por zanjado el asunto de las mordidas, no contaba con que el exempleado presentara batalla.

En un primer momento, el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, situó en el año 2012, al menos, el inicio del presunto cobro de comisiones ilegales a empresas adjudicatarias de contratos de servicios y mantenimiento en la desaladora de Escombreras, por parte de «algunos empleados» de Tedagua. Es decir, que en un primer momento la empresa, TEDAGUA, de cuya estructura societaria formaba parte Ramón Jiménez Serrano desde 2005, y siguió en la misma hasta 2014, cuando cesó del último cargo que ostentaba, representante, parecía señalar a la infidelidad de algunos empleados y desempleados.

Sin embargo, el fiscal superior de la Región de Murcia comenzó a tirar de un endeble hilo, cuya resistencia aumentó con la declaración prestada ante él mismo por Joaquín Peña, el exadministrativo despedido, además de la denuncia interpuesta por el propio trabajador ante el Juzgado de Instrucción nº1 Cartagena, que a la vista de otras declaraciones realizadas ante él, que reveló el modus operandi de las mordidas, que apuntaban al despedido. Un empleado de TEDAGUA, en este primer caso, Peña, solicitaba a un proveedor un pago en efectivo de una cantidad, 4.500 €, para que se le agilizara el pago de facturas presentadas por trabajos realizados en la desaladora. Si no abonaba la astilla, los cobros se retrasarían.

El vídeo que motivó a TEDAGUA a despedir a Joaquín Peña se grabó, según constaba en un primer momento, por el proveedor que había entregado los 4.500 €. Luego ha quedado acreditado en el juzgado que la grabación la hizo una becaria de la empresa.

En 2017, cuando se conoció públicamente una primera parte de la investigación que llevaba a cabo el Juzgado de Instrucción nº 1, la Fiscalía consideraba que los hechos denunciados por TEDAGUA eran constitutivos de los presuntos delitos de coacciones, extorsión y corrupción en los negocios el fiscal ya contaba con más información. La noticia fue desvelada por el periodista J.A. González, del diario La Verdad.

Pero va, no obstante, más allá. Por eso, además de reclamar la toma de declaraciones a las personas implicadas, y que se recabaran sus antecedentes penales, se adhiere a la solicitud de los letrados Bernardino Guillén y Cristina Ojados para que se revise por la Policía Judicial toda la documentación aportada y se aclaren todos los hechos y se señale a los responsables de los posibles ilícitos penales.

Y he aquí que lo que para TEDAGUA podría haber sido un rutinario caso judicial de despido, se termina (o empieza) convirtiendo en un auténtico berenjenal. El letrado Bernardino Guillén, que cinco años después continúa en la defensa del trabajador Joaquín Peña, insiste en que en el asunto hay mucha materia, mucha materia que aclarar.

Es en este punto cuando el Fiscal afirma que Joaquín Peña hace constar que Peña le aportó «un disco duro con numerosos documentos», en los que se probaba que habían existido «traspasos importantes de cantidades de dinero desde la desaladora a Tedagua sin concepto y sin justificar». También que desde la propia empresa en la que Ramón Jiménez Serrano estuvo nueve años con cargos directivos, se facturaron «a la desaladora y, por tanto, a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, gastos ‘de otras plantas existentes en España y en el resto del mundo’.

Facturas de trabajos inexistentes, de empresas y servicios que nunca entraron en las instalaciones (como decíamos en la entrada anterior, la del alambique) y facturas de servicios de construcción a lo largo de la vigencia del contrato de mantenimiento. Prácticamente, desde 2006.

El karma del despido de Peña le está soltando un buen sopapo a TEDAGUA y poniendo al descubierto las maneras de hacer las cosas por quienes no tienen respeto por lo público.

En sede judicial, ante la fiscalía, el trabajador alegó que además de carecer de cualquier capacidad de decisión, creía no estar participando en actividades irregulares. Fue cuando preguntó a sus superiores si una factura de Rumanía la tenía que tramitar, a lo que le respondieron: “Usted no piense, haga lo que se le dice”.

Fue a partir de ese momento cuando, según sus abogados, se realizó el montaje del vídeo, creyendo que así le harían un lavado de cara a la empresa, despidiendo a Peña acusado de prácticas ilegales y ganar tiempo para hacer desaparecer de la planta de Escombreras los documento comprometedores, ante un posible registro policial. En el bufete que lleva los asuntos del trabajador recuerdan que la Guardia Civil inspeccionó la planta por orden de la Fiscalía unos días después del despido, sin hallar rastro alguno de los documentos que en 2017 vieron su primera luz y que más pronto que tarde serán del dominio público. El karma.

Vale

continuará…