Aunque las apuestas, los deseos, las conjeturas eran múltiples antes del 2 de abril, el anuncio de Zapatero ante el Congreso Federal del PSOE ha tenido efectos devastadores, especialmente en todo el espectro de grises que conforman la derecha política y la derecha mediática. Esos efectos, además, han revelado enormes carencias democráticas en quienes, cuando les interesa, apelan a la Constitución, pero que, en realidad, ni siquiera se la han leído.
El anuncio de Zapatero no es institucional, no es un anuncio del Presidente del Gobierno, sino del Secretario General del PSOE ante el máximo órgano de su partido entre congresos. Por tanto, no afecta, desde el punto de vista institucional, a la Presidencia del Gobierno.
El anuncio de Zapatero es un anuncio democrático, dentro del funcionamiento democrático del PSOE, que cumple el mandato constitucional de que los partidos políticos deben funcionar con criterios de democracia interna. Ejemplo contrario, de funcionamiento no democrático, es el Partido Gurtelar, cuyo actual presidente accedió al cargo sin ningún procedimiento de democracia interna, o, lo que es lo mismo, sin cumplir la Constitución.
Con estas dos premisas, la rabia política que acumulan los dirigentes (iba a decir líderes, pero esa gente les faltan muchos peldaños para alcanzar ese nivel), los han llevado a asumir, ante el anuncio de Zapatero, un único argumento, que gritan y en ese griterío demuestran su incapacidad, su incompetencia y su resentimiento. Sólo quieren elecciones anticipadas. Y según lo dicen algunos, incluso que se les dé el gobierno sin elecciones.
Zapatero ha conseguido, en una sola frase, “no voy a ser candidato”, destrozar la única línea programática del Partido Gurtelar de cara a las elecciones de mayo. Ya no serán un plebiscito sobre Zapatero, ahora se necesitan programas electorales, candidatos que demuestren que, además de repetir como papagayos los argumentarios de Génova, S.A., tienen algo que decir y ofrecer. Acabado el plebiscito, comienzan los programas. De ahí que el argumentario de Génova, S.A., aumentado por los órganos de publicidad y propaganda del Consejo de Administración, se haya constituido en un Plan B de emergencia. Un plan B que pretende, únicamente, tapar las vergüenzas democráticas de unos consejeros que buscan el beneficio, utilizando para ello las gürteles de transmisión que sean necesarias.
Lo que demuestran los dirigentes gurteleros y lo que demuestran los directores (los propietarios) de los medios de comunicación que los imprimen con tintas de babosa es un absoluto desprecio (el desconocimiento ya era palpable) a la Constitución Española.
La derecha iracunda, cegada por las encuestas que se fabrican por sociedades anónimas, solamente quiere elecciones anticipadas, sólo quiere cargar la prueba sobre el Presidente del Gobierno y sobre el PSOE. Porque saben que, aplicando la Constitución, podrían reclamar de los presuntos triunfadores que acudan al artículo 113. Pero es pedirle lo imposible a un grupo de inútiles e incapaces dirigentes políticos que se comportan más como miembros de un consejo de administración.
Para el próximo premio VAMAR, el artículo 113 ni existe ni debería existir. Porque presentar una moción de censura requiere arrestos (castellano clásico), kinders (lenguaje políticamente correcto) o cojones (en extremeño, como le gusta al del morral). Y el presidente a dedazo no tiene ni capacidad política, ni arrestos para acudir al Congreso de los Diputados con una moción de censura. Arrestos que sí tuvieron Felipe González cuando se la presentó a Adolfo Suárez, y Antonio Hernández Mancha que hizo lo mismo con Felipe González. Y los dos, González y Hernández Mancha, sabían de antemano que sus mociones de censura no saldrían adelante porque no tenían votos suficientes. Pero los dos se sentían capacitados para hacerlo y para explicar a los ciudadanos esas capacidades, las propuestas que guiarían sus programas de gobierno si las mociones triunfaban.
Y todavía hay una diferencia mayor entre González y Hernández Mancha con Mariano: los dos sabían que los éxitos, también en política, sobre todo en política, se consiguen trabajando. Y Mariano ha demostrado un día sí y otro también que él no está hecho para trabajar. Que trabajar cansa, como se titula el blog de Isaac Rosa en Público. O que, en un tono más acorde con los niveles culturales de Mariano, “es una lata el trabajar”.
Es lamentable que empresas periodísticas publiquen medios que tienen como horizonte una presencia política y aupar al poder a alguien cuya capacidad de trabajo está fuera de toda duda: no tiene ninguna. Ni ganas, por supuesto. Y si ese es el jefe, a ver que puede esperarse de sus empleados.
Vale.
La todavía candidata de la derecha al Ayuntamiento de Cáceres, Elena Nevado, se ha reunido, acompañada por Valentín Pacheco, Joaquín Rumbo y Domingo Nevado con representantes de la Federación Empresarial Cacereña, organización que hace unos días criticó con dureza y con seguridad en los argumentos, la actitud de la derecha que representa Elena Nevado en el concurso del agua convocado por el Ayuntamiento de Cáceres.
Hoy tenemos una respuesta, la dada por Elena Nevado a la FEC para justificar la decisión de paralizar, primero, la resolución provisional del concurso, y para reclamar, después, por vía de una moción de urgencia, el desestimiento del concurso y el inicio de un nuevo proceso.
Cuando hablamos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y cuando, sobre todo, estamos ante un caso práctico, hay que tener los argumentos sólidamente construidos, amparados en doctrina jurídica asentada y en jurisprudencia contrastada. No valen, no sirven, los argumentos que no llevan detrás aquello de “como establece el artículo” que sea, o “como se reconoce en la STS” que corresponda por analogía o similitud con el caso de que se trate. Fuera de todo esto, los argumentos exclusivamente políticos carecen de valor probatorio en un juzgado, y, en todo caso, su valor probatorio será el que tenga como resultado un acto administrativo impugnable.
Pues bien, en esta situación, la todavía candidata de la derecha y licenciada en derecho Elena Nevado ha expuesto a la FEC los argumentos jurídicos suficientes para haber promovido la aplicación del artículo 135 de la Ley de Contratos y haber conseguido, con el voto mamporrero del talibán Pavón, que el pleno acuerde el desestimiento del concurso y que deba iniciarse un nuevo procedimiento.
Paso, a continuación, a copiar, literalmente, lo que dice la sucursal de Monago en Cáceres, según publica ww.digitalextremadura.com recogiendo un comunicado emitido por la propia filial de la pedanía:
Primero: “Porque el comienzo del mismo [el concurso] se ha realizado con un año de retraso y dos prórrogas”.
Que yo sepa, el comienzo del concurso comienza con la aprobación de los Pliegos de Condiciones Técnicas y Económicas y su convocatoria pública. Lo que sucede antes, por ejemplo, la elaboración del Pliego, son trabajos previos. Respecto a las prórrogas, debe entenderse por la redacción del comunicado pepero, son las realizadas respecto del vigente contrato con Canal de Isabel II, actual concesionaria del servicio. Prórrogas perfectamente legales y que, además, han sido necesarias para garantizar la continuidad de la prestación del servicio. Si para la jurisconsulta Elena Nevado las prórrogas fueran ilegales, debería haberlas recurrido. Si no lo ha hecho, mejor haberse callado.
Además, la abogada Elena Nevado “olvida” que el Pliego de Condiciones se aprobó con su voto favorable. Un pequeño detalle que solamente demuestra que su voto o fue ignorante sobre la materia o fue inconsciente. Pero es algo consustancial al Partido Gurtelar, prefieren pasar por incompetentes antes que dar su brazo a torcer.
Segundo. Porque “el concurso se ha gestionado mal desde el principio hasta el fin, por parte del equipo de gobierno”.
Que yo sepa, las decisiones políticas, el trabajo político de un equipo de gobierno es sometido a control por la oposición, en tanto que los actos administrativos, además, están sometidos a su control, si procediera, por la jurisdicción contencioso-administrativa. O lo que es lo mismo. Si el partido de la derecha catovi ha observado mala gestión, su obligación ha sido durante toda la legislatura ejercer el control político. Y en el caso que nos ocupa, si las decisiones políticas del equipo de gobierno hubieran derivado, en el caso del concurso del agua, en actos administrativos contrarios a la ley, deberían haberlos recurrido conforme a derecho. Si no lo han hecho, es porque no se ha infringido la ley o porque, si se hubiera hecho, demuestran su incompetencia.
A todo esto, ningún argumento de doctrina jurídica ni de referencia jurisprudencial en torno al artículo 135 de la Ley de Contratos.
Tercero. Porque «hay tres empresas de las cuatro que se han presentado, que han estado en primer lugar para la adjudicación de la concesión del Agua”. Bueno, ¿y qué? La mesa de contratación ha ido haciendo sus trabajos, si se quiere mal que bien, y a lo largo de esos trabajos, a la vista de los diferentes informes técnicos, las puntuaciones de las empresas han ido variando. Por cierto, que una de las variaciones se debe a la expulsión que forzó la concejal del Partido Popular de Cáceres de la empresa gobernada por el Partido Popular de Madrid, Canal de Isabel II, y que el juzgado, ahora sí, qué mala suerte, obligó a readmitir.
Aquella exclusión le costó a la candidata tener que esconderse en el asunto y dejarle todo el marrón a V.P. (lo puso ella en su caralibro), que luego supimos que era Valentín Pacheco.
Finalmente, y como no viene en la información derivada del comunicado de prensa de la célula derechista, hay que referirse a la moción que presentó de urgencia en el pleno para forzar el desestimiento. La referencia es a la acusación a un funcionario de estar en el origen de las causas jurídicas (inexistentes, como los espías cospedalianos), y que hoy el talibán Pavón pone la guinda, al establecer una relación entre el trabajo de ese funcionario y el hecho de que su esposa trabaje en una de las empresas… que casualmente no merecería la adjudicación porque hay otra con mejores merecimientos.
Creo recordar que hace tiempo, en una cierta ciudad, un cierto concejal relacionó la suerte de un cierto músico de conservatorio que formaba parte de una determinada formación sinfónica gracias que el padre del citado músico era concejal del municipio que auspiciaba aquella formación sinfónica. Me gustaría saber la opinión del perfecto coherente Pavón sobre el asunto del músico.
Entre las tonterías del talibán Pavón, y la doctrina jurídica de altísimo nivel que nos brindan los sesudos juristas que inundan las listas de la filial de Celdrán en la pedanía cacereña, creo que los cacereños estamos alcanzando notables niveles de conocimientos en los campos musical, familiar y de la jurisdicción contencioso-administrativa… rama grouchista.
Vale.
“Todas las guerras son crueles, pero las guerras civiles lo son aún más”.
Ahora que Naciones Unidas ha decidido intervenir ante la represión llevada a cabo por Gadafi contra el pueblo libio, conviene hacer alguna matización. La primera, y fundamental, que cualquier guerra es un fracaso del hombre.
La segunda matización es que no existen guerras ni santas ni paganas, ni justas ni injustas. En todo caso, existen, por su extensión, guerras totales y guerras limitadas. Pero todo conflicto en el que las armas sustituyen a las palabras es una tremenda derrota de los hombres.
Dicho esto, la realidad, tozuda, nos demuestra que sabiendo que las guerras son crueles, que los conflictos armados comienzan pero nunca se sabe cuándo ni cómo acaban, aunque las estrategias prevean elementos limitados, debemos conocer cómo afrontar estas situaciones.
Ahora, la comunidad internacional (entendida como conjunto, no como suma) ha decidido una intervención militar limitada sobre el régimen de Gadafi. Limitada a la exclusión aérea para tratar de eliminar la capacidad represora del coronel libio y al embargo de armas (para que no pueda comprar más). La exclusión aérea se ha impuesto por la capacidad superior de la fuerza aérea norteamericana y el embargo se impone por mar con navíos de diversos países. La Resolución de la ONU no avala ningún tipo de invasión terrestre.
En este contexto, los pacifistas (utópicos, pero necesarios, muy necesarios) siguen gritando “no a la guerra”, el mismo grito que la derechona mediática recrimina tanto al partido en el gobierno como a todos aquellos que apoyaron las manifestaciones en contra de la decisión de Aznar en apoyo de su amigo Bush. No se trata de igualar, ni mucho menos, la nobleza (y un punto de ingenuidad utópica) pacifista, las dos versiones del “no a la guerra”, pero si constatar que el mismo grito aparece en dos puntos distintos, opuestos, del espectro sociológico.
En lo real, en los hechos que tenemos delante, en la resolución de la ONU (http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1973%20(2011)) encontramos la legitimidad internacional para la intervención, algo que en 2003 no existió. En ese año, a nivel nacional, Aznar atentó contra la constitución ante la pasividad (omisión de su deber) de los jueces del Tribunal supremo.
Ahora, la resolución de la ONU faculta para intervenir. Y en esa resolución se apoya la decisión del gobierno de contribuir, con otros países, a hacer cumplirla. Otra cosa es que la resolución haya llegado tarde, sea suficiente o insuficiente.
Vale.
En el Pleno del Ayuntamiento de Cáceres celebrado hoy, 17 de marzo de 2011, el Partido Gurtelar ha llevado al límite de lo legal el filibusterismo político. Ha propiciado que el Ayuntamiento renuncie a la celebración del contrato de suministro de agua y a desistir del procedimiento de adjudicación, diciendo que se basan en el artículo 139 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La primera consecuencia será la de evaluar cuánto le va a costar el capricho de Elena Nevado a las arcas públicas, es decir, a las arcas de todos. Porque el artículo 139 de la ley determina que deberá compensarse a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, en la cuantía que se hubiera previsto en el Pliego o, en caso contrario, con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración. O lo que es lo mismo: ¿cuánto cuestan los estudios técnicos y jurídicos de una contratación cuyo valor para el tiempo que estaba prevista la contrata es de 300 millones de euros? En el mejor de los casos, si solamente fuera el 1%, ya serían 3 milloncitos de nada. De nada, paga doña Elena.
La segunda, el Partido Gurtelar de Cáceres, o sea, doña Elena, deberá establecer sin ningún género de dudas cuál es la razón de interés público que impide resolver el concurso y adjudicar la contratación a Acciona (primera en puntuación), a Canal de Isabel II (segunda, en caso de no resolverse a favor de Acciona), etc. Porque cualquier razón de interés pública no puede ser motivada, originada o propiciada por ninguna de las empresas que han acudido a la licitación. Y si dichas empresas consideran que la razón esgrimida para no resolver no tiene un auténtico interés público podrán reclamar, y ganar, al Ayuntamiento indemnizaciones multimillonarias por daños y perjuicios.
Además, en caso de determinarse una causa de interés público debidamente justificada, ¿cuándo podría realizarse un nuevo procedimiento?
Estamos ante una situación que, sin duda, terminará por reventar judicialmente, porque la única “razón” que se esconde detrás de esta salvajada jurídica y de este atentado a los intereses públicos, es el ansía de Elena Nevado que piensa que va a ganar de calle las elecciones. Pero lo que está haciendo es ponerse delante de una corriente de agua que se la terminará llevando por delante.
Si en vez de considerarse lo previsto en el apartado 2 (renuncia a la celebración del contrato antes de la adjudicación) se plantea el asunto en base, exclusivamente, al desestimiento de continuar con el concurso, ¿cuál es la infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato? ¿No aprobó el Partido Gurtelar el pliego de condiciones? ¿No ha sido incluso el procedimiento, en algún momento, sometido a decisión judicial?
Si el Partido Gurtelar plantea el desistimiento en base a irregularidades deberá sustentarlas muy bien, deberá argumentarlas muy seriamente, porque, de entrada, las empresas puntuadas, especialmente Acciona (a quien debería adjudicarse provisionalmente, por ser la mejor valorada), y el Canal de Isabel II (que quedó en segundo lugar, y actualmente, como Acciona, en situación de indefensión legal) pueden recurrir las causas que se aleguen, e, incluso, interpretarlas lesivas desde el punto de vista económico, social y de la imagen pública de dichas empresas y emprender acciones legales, tanto civiles, como administrativas e incluso penales contra quienes les privan del derecho, conforme a la Ley, de obtener una resolución.
Por otra parte, el Partido Gurtelar debe detallar, una a una las irregularidades de todo tipo que parece que denuncia, y señalar el momento en que se han producido.
Ahora, también los técnicos municipales que han intervenido en el proceso se encuentran en situación de entredicho, no solamente desde la ética de su condición de funcionarios, sino desde la puesta en entredicho de sus capacidades profesionales para el ejercicio de los cargos que ocupan.
En la práctica, el Partido Gurtelar lo que ha hecho hoy, junto con el talibán de IH (Izquierda Hundida) es huir hacia adelante y tratar de evitar lo que ayer parecía claro (no había más que escuchar lo acojonado que estaba el actor secundario Pavón en un corte de sonido de la Cadena SER): la próxima presentación de demandas de Acciona y, probablemente, de Canal de Isabel II.
Vale.
Hace unos días, la diputada pepera Celia Villabolos aludió en tono despectivo a la enfermedad del vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Esa alusión era una continuación natural del desparpajo mediático de los medios de comunicación al servicio, incluido el servicio previo pago, del Partido Gurtelar.
La exquisitez con la que la izquierda trató a Esperanza Aguirre contrasta con la desvergüenza de la extrema derecha mediática y de gente como Celia VillaBolos, pero la realidad es tozuda y esa desvergüenza tiene su precio.
El pasado viernes, a última hora de la tarde, las agendas de prensa para el sábado 12 de marzo recogían una convocatoria del Partido Gurtelar para un acto a celebrar en Talavera de la Reina, con la participación de la candidata a la presidencia de Castilla La Mancha y Secretaria General María Dolores de Cospedal, la presidenta de la comunidad de Madrid y de nuevo candidata, Esperanza Aguirre, y el candidato a la presidencia de Extremadura, José Antonio Monago. El tema era el AVE.
La señora Aguirre no asistió. Sencillamente, dio plantón a Cospedal y Monago.
En los discursos, según las referencias que he podido ver en los medios de comunicación, ninguno de los dos abandonados candidatos, Cospedal y Monago, aludió para nada a la ausencia de Esperanza Aguirre. La convocatoria no puede achacarse a los medios de comunicación. Esa convocatoria salió de la sede del Partido Gurtelar, de cualquiera de sus sedes. Y colocar a Esperanza en los carteles era un señuelo. Si la presidenta de la comunidad de Madrid no estaba en condiciones de asistir, Cospedal y Monago deberían haber consultado a la doctora Villabolos, que les podría haber explicado, por ejemplo, que a doña Esperanza le traía al pairo las chorradas que se montan dirigentes de medio pelo como Cospedal y Monago.
Quizás, también, la presidenta de la Comunidad de Madrid estará indignada con el Partido Gurtelar extremeño por la actuación de la candidata a la alcaldía de Cáceres en la contrata del servicio de agua, que ha puesto en entredicho la capacidad técnica y jurídica del Canal de Isabel II, y su solvencia empresarial.
Solamente el boletín oficial de Esperanza Aguirre, el ABC, por supuesto, se refería a que no habría podido asistir al encuentro debido a su reciente enfermedad. En Extremadura, el órgano oficial del comité central del Partido Gurtelar, el diario HOY, se refería a que la señora Cospedal había comido queso en Valdefuentes.
Lo que le sucedió el sábado al candidato Monago en Talavera de la Reina fue un plantón en toda regla por parte de Esperanza Aguirre. El que la presidenta de la Comunidad de Madrid no asistiera debido a su salud no puede tomarse en serio si aplicamos la doctrina Villabolos.
Vale.
Gonzalo J. Bartha en un libro del mismo título:
Nuestra religión es el miedo;
nuestro sermón,
el silencio de los cobardes.
Es el mismo silencio, la misma religión de un grupo de cobardes concejales del Ayuntamiento de Cáceres que están llevando a cabo un trabajo que parece más un encargo profesional que la defensa política de unos argumentos.
En los medios de comunicación locales, plagados de anuncios de una carísima campaña política cuya financiación escapa a la economía de un partido en estos tiempos de crisis, las informaciones sobre el procedimiento de adjudicación de la contrata del servicio de agua son escasas y van exclusivamente a remolque de los actos municipales, plenos y comisiones de contratación. Desde que la portavoz del Partido Gurtelar y candidata a la alcaldía decidió, en contra del parecer de parte de su grupo de concejales, que debía eliminar del concurso a la actual adjudicataria, Canal de Isabel II, ninguno de los dos medios escritos (Diario Regional HOY, grupo Vocento, ideario de la Editorial Católica, y El Periódico Extremadura, Grupo Z, en el mercado de invierno de los traspasos) ha publicado ninguna información sobre las razones políticas de la decisión de la portavoz de la derecha.
El silencio de los medios de comunicación responde al silencio de los medios cobardes que son clientes del partido (de su sección de propaganda) de la concejala y que no tienen ni medios, pero sobre todo, no tienen ganas ni interés en saber por qué la candidata del Partido Gurtelar propició descargar toda la artillería política inimaginable contra una empresa cuyo consejo de administración está presidido por un correligionario suyo, y la titularidad jurídica de la empresa es gestionada por el gobierno de la Comunidad de Madrid, de su mismo color político.
Realizada la hazaña, la portavoz, abogada de profesión y, según consta en su perfil del caralibro, es máster en asesoría jurídica de empresas, hizo mutis por el foro y delegó (también es plausible el que fuera obligada a hacer por el foro y delegar) en un concejal de su grupo al que ella citaba en su muro del facebook con las iniciales V.P.
El silencio de la portavoz, no se sabe si voluntario o forzado, no es un asunto que llame la atención a los medios. La presencia de los banners en las páginas digitales esconde ese cobarde silencio.
Al día de hoy, la candidata, con perfil personal en facebook y perfil de candidata, también en el caralibro, pero distinto del personal, sigue sin pronunciarse sobre un asuntos que entre otras cosas está impidiendo al Ayuntamiento la percepción de unos 9 a 10 millones de euros, mientras que en su blog acusa al equipo de gobierno de perder un millón de euros en la gestión de ayudas por las tormentas de 2010.
La candidata guarda un silencio cobarde sobre un asunto de gran importancia para la hacienda pública local (y, por tanto, para los intereses generales) y sobre el que su actuación es, cuando menos, temeraria.
Pero también guarda silencio su partido. Limitado a las preguntas posteriores a las reuniones municipales (plenos y comisiones de contratación), responden con el manual de libro de no querer dar ninguna explicación política. La web del Partido Gurtelar en Cáceres también guarda un silencio, sin duda cómplice. Como cómplice es filtrar a un sólo medio de comunicación que el grupo de concejales se reuniría para con antelación al pleno que debía decidir la adjudicación provisional a la empresa que ha obtenido mayor puntuación por la mesa de contratación, Acciona, cuando en realidad se trataba de una reunión del partido a nivel local porque el follón que tienen en la confección de la lista supera la capacidad de decisión de la candidata y donde concejales ya salientes, amortizados, están tratando, por todos los medios, incluida la amenaza de romper disciplina de voto, de colocar a peones a través de los cuales seguir manejando intereses en el Ayuntamiento.
El silencio cobarde de la candidata está amplificado por una campaña de publicidad cuya financiación deberá ser explicada, y por el silencio de la incapacidad de unos medios para investigar en las razones del baile de la yenka vivido en el salón de plenos, con letra y música del Partido Gurtelar.
Vale.
Vale.
El robo ocurrido en la Base de Bótoa ha de ser esclarecido hasta sus últimas consecuencias, como, sin duda, se hará por el propio impulso de la Ministra de Defensa, Carme Chacón, y el JEME, General de Ejército Coll Bucher. Y ha de ser así por dos razones básica: una, por la propia seguridad de las instalaciones militares y de su personal; otra, porque Defensa no puede permitir que un hecho grave en sí mismo quede sin resolver en todos sus extremos.
Dicho esto, es digno de admirar cómo los portavoces del Partido Gurtelar en el Congreso de los Diputados y el Senado, Beatriz Rodríguez Salmones y Ovidio Sánchez, respectivamente, se han lanzado a reclamar, como les corresponde por su experiencia acumulada en la oposición, la comparecencia de Carme Chacón en ambas cámaras. Y digo que es digno sobre todo viendo los teletipos que hacen referencia a esas peticiones parlamentarias.
Beatriz Rodríguez Salmones “exige” una investigación “seria”, antes de exigir responsabilidad políticas. Si no fuera porque estamos en la crisis del ladrillo, diría que la cara de la diputada del Partido Gurtelar se la ha construido el grupo Begar con diseño de Calatrava.
Otro tanto sucede con los calificativos del senador Ovidio Sánchez. Dice, textualmente, el despacho de agencia: “En este sentido, Ovidio Sánchez precisa que la ministra tiene que investigar «seria y rigurosamente» lo ocurrido y «dar las explicaciones pertinentes en el Senado, cosa que esperamos suceda lo antes posible, dada la gravedad de los hechos»”.
Desde luego (y partiendo, de nuevo, para que no haya ninguna interpretación extraña, de que es preciso aclarar todo lo sucedido), que en un asunto militar los diputados del Partido Gurtelar exijan seriedad y rigurosidad en una investigación por robo de armas en un Cuartel, ante la “gravedad” de los hechos, y que se exigirán, igualmente, las responsabilidades políticas a que hubiera lugar no es sino un insulto a la democracia.
Que esos calificativos, que esa contundencia la exijan diputados y senadores que tienen en su partido a Federico Trillo, responsable político, y, en cualquier país serio, incluso penal, es una desvergüenza.
Que esos diputados y senadores que comienzan pidiendo una investigación seria y rigurosa y en el mismo instante ya planteen que se exigirán responsabilidades políticas cuando tienen sentado a su lado al responsable político de la muerte de 62 militares en el accidente del YAK-42 demuestra la catadura moral (o mejor, la caradura moral, digna de travestismo hipócrita) de gentes que para atribuirse autoridad moral deberían, como mínimo, haber apartado a su correligionario Trillo de la vida pública.
Hoy se ha formalizado la dimisión del Ministro de Defensa alemán, el descendiente del inventor de la imprenta, por haber copiado su tesis doctoral. En España, el responsable político de la muerte de 62 servidores públicos altamente cualificados en lo personal y en lo profesional, no sólo no dimitió, sino que sigue en activo en la vida pública, para vergüenza de todos… menos de sus correligionarios que se reclaman con autoridad moral cuando lo único que se les puede atribuir es desfachatez y desvergüenza.
Ah, por cierto, y también en relación con Federico Trillo: sería muy interesante que explicara qué es, bueno, qué era en su momento cometer un delito de tenencia de sustancias estupefacientes dentro de un cuartel. Seguramente con ese asunto podría dar, con ejemplos directos, alguna conferencia a la diputada Rodríguez Salmones y al senador Sánchez.
Mientras tanto, la ministra Carme Chachón y el JEME Coll Bucher harán su trabajo, no me cabe duda, y darán cuantas explicaciones de la investigación necesarias y políticas en su momento.
Mientras tanto, en el Partido Gurtelar deberían hacer un retiro forzoso: el de Trillo, el que fue solamente minisTrillo.
Vale.
La portavoz del Partido Gurtelar en Cáceres ha manifestado, en el día de hoy, 26 de febrero de 2011, que debe paralizarse la redacción y posterior trámite de un Proyecto de Interés Regional en terrenos de El Ferial y ordenar, junto con los propietarios de terrenos, el Sector. La concejal del Partido Gurtelar se atreve, en su ¿comunicado de prensa? a hacer historia y recordar, algo que es cierto, que la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Cáceres tuvo su origen en la incapacidad del anterior alcalde, de su propio partido, de sacar adelante una escandalosa modificación que era, en realidad, un convenio muy conveniente a algunos intereses privados, incluidos los técnicos que estaban en la operación, y muy lesivo a los intereses municipales, a los intereses generales.
Sobre El Ferial cabe recordar que en todos los documentos de Revisión redactados bajo gobierno del partido de la derecha, los derechos urbanísticos propios del Ayuntamiento sobre los terrenos que actualmente ocupa el recinto ferial habían desaparecido misteriosamente, y solamente en los documentos redactados ya con gobierno de Carmen Heras han podido “recuperarse”. Por supuesto, el Partido Gurtelar ignora (bueno, se hace el ignorante) de cómo era posible perder los derechos urbanísticos de 14 hectáreas.
Se queja la concejala de que no hay nada sobre el Pabellón de Ferias, y, precisamente, la redacción del PIR está motivada porque es la mejor manera de garantizar la construcción.
En el sarampión ultraliberal que tiene su zona cero en FAES, la concejala derechista señala que los terrenos hay que ordenarlos de acuerdo con los propietarios del Sector. El PIR tendrá en cuenta esos derechos, pero ahora mismo los propietarios no están en condiciones financieras de hacer nada. El sector del ladrillo, cebado por las políticas ultraliberales de la derecha más rancia de Europa, no tiene capacidad de reacción y en ciudades como Cáceres, el sarampión sigue siendo epidemia.
Lo que hoy, 26 de febrero, hace la concejala del Partido Gurtelar es lanzar un ¿comunicado? para garantizarse mañana, domingo, un poquito de papel en la prensa local, porque hoy ha habido convención de su partido en Mérida y, de momento, no aparece ni en las crónicas ni en las fotos.
Esa obsesión que le ha entrado por correr detrás de la alcaldesa de Cáceres le hace dar tropiezos como el de hoy.
Ha de saber la señora concejala pepera que El Ferial fue el principio del fin de la manera sobrecogedora que tuvo su partido en hacer políticas de ladrillo, y sacar a pasear el fiambre no hace si no expandir un hedor que hierve por las ventanas de la avenida de Manhattan.
Vale.
Los sucesos de Egipto, que han culminado con la salida del poder de Hosni Mubarak, con destino al balneario de Sarmh El Seik, ha sido televisados al minuto para todo el mundo. Los manifestantes, en la plaza Tahrir, han aguantado 19 días hasta que se les anunció la marcha Mubarak. Algunos, han tildado los sucesos de Egipto como una revolución, pacífica. Y en otros muchos, ha cundido el “ejemplo”, de manera que han hecho de esa presunta revolución, una bandera (¿llegarán a las banderías?) de lo que son la democracia y el poder de los ciudadanos.
Sin embargo, lo sucedido en Egipto, después de lo ocurrido en Túnez (por cierto, ¿cuál es hoy la realidad de Túnez, mes y medio después de las revueltas?), no ha sido ni una revolución ni es un ejemplo de democracia, para nada. La inhibición de los Hermanos Musulmanes en la organización de las manifestaciones de Egipto hacen pensar que el islamismo radical egipcio no consideraba la situación suficientemente madura para capitalizar las revueltas. Madura para sus intereses. Han sido meros espectadores, sin duda esperando una mejor ocasión.
Lo sucedido en Egipto ha sido algo bastante menos romántico que una revolución y bastante menos ejemplarizante desde el punto de vista democrático. Es cierto que al hilo de unas manifestaciones, surgidas por la carestía creciente de productos básicos, la inacción del gobierno de Mubarak ha propiciado una creciente suma de descontentos con el régimen. Solamente al final, con subidas de salarios y alguna otra medida, cuando ya se llevaban más de quince días de manifestaciones, reaccionó la dictadura.
Mientras todo esto sucedía, el ejército ha permanecido a la espera. Los mandos militares egipcios, entrenados y formados al modo de las necesidades USA, han guardado el régimen y han guardado sus relaciones con los egipcios. ¿Por qué? Porque las protestas, como en el fútbol, no iban contra los jugadores (Egipto era y sigue siendo, un régimen militar), sino contra el palco. Los jugadores, por tanto, no han visto peligrar su estatus.
Y cuando las protestas han supuesto el final del mando de Hosni Mubarak, los jugadores han asumido su papel. Es decir, los militares han asumido el poder (o, mejor dicho, han quitado al presidente del palco) y ya podrán poner a otro.
Porque, no se olvide, en Egipto habrá elecciones a la presidencia cuando la cúpula militar tenga un candidato capaz de ganar las elecciones, o cuando estén en condiciones de convocar unas elecciones en las que tengan previamente asegurada la victoria.
En Egipto, como en Túnez, no ha habido ninguna revolución. La revolución habría sido acabar con el régimen militar. Lo que han conseguido los egipcios es quitar a Hosni Mubarak. Nada más.
Vale.
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