El debate social y político sobre la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Econmía Sostenible, bautizada por los agnósticos de la red como Ley Sinde, ha dejado grandes cicatrices. La primera, sobre la que no me voy a extender ahora, es que para los más jóvenes ha quedado claro que todo lo que pueda ser susceptible de cargar y descargar de la red ha de ser gratis. Sin matices.
Ha dejado claro este debate que son muchos los defensores de la libertad de expresión para los que el trabajo creativo no tiene ni valor ni debe tener precio. Gratis total. Es decir, la libertad de expresión está por encima del derecho al trabajo de los creadores. ¿Crear, para qué?
Y esto me lleva a recordar que existe una cosa que se llama valor y otra que se llama precio, y que no son lo mismo.
Valor: “Cualidad de las cosas, en virtud de la cual se da por poseerlas cierta suma de dinero o equivalente.” (RAE, acepción 2).
Precio: “Valor pecuniario en que se estima algo.” (RAE, acepción 1).
Como se aprecia y como la gente no ignora, no es lo mismo valor que precio. Y el debate mediático,sin pies ni cabeza, con gentes aparentemente inteligentes arrastrando sus contradicciones como puede (incluso sin poder arrastrarlas), ha puesto de manifiesto, tras el triunfo de los detractores de la Ley Sinde, la gran importancia de la libertad de expresión, el valor absoluto de la libertad de expresión sobre cualquier otro. Pero ¿cuánto cuesta la libertad de expresión? O mejor: si la libertad de expresión es un valor, ¿cuál es su precio?
La cultura, como valor de una sociedad, ha quedado claro que no tiene precio: ha de ser gratis. La Ley Sinde lo ha aclarado todo. La cultura, como valor, debe ser gratis. La libertad de expresión, como valor, no puede ser objeto de precio alguno.
Veamos algún ejemplo.
Los toros. El parlamento de Cataluña aprueba la prohibición de los toros. En su contra, los españolistas consideran que esa prohibición es un motivo político para ir contra España. Y el argumento para “defender” los toros es decir que son cultura. Contradicciones evidentes: gentes de todo tipo, incluidos inteleStuales, afirman sin pudor que los toros son cultura. Pero los espectáculos culturales denominados toros cuestan un precio… y cada vez son menos, en toda España, los que pagan ese precio por ir a los toros. Los ven en televisión cuando son gratis. Corolario: si la cultura, como valor (en este caso, además, el valor de los toreros) requiere pagar un precio (en euros contantes y sonantes), ya no son tantos los que están dispuestos a pagarlo.
La Semana Santa. En las ciudades con tradición secular en procesiones, son miles de personas las que visitan las iglesias para ver los pasos antes de ser procesionados y asisten a los desfiles procesionales. Hay mucha gente que acude por interés religioso. Nada que objetar. Pero hay mucha gente, cada vez más, que creen que la Semana Santa es una manifestación cultural y visitan las iglesias para ver los pasos antes de ser procesionados y asisten a los desfiles procesionales. Claro, los pasos tienen un valor cultural y artístico y las procesiones, también, como coreografías y vestuarios. Si para visitar las iglesias en Semana Santa o ver los desfiles procesionales fuera preciso pasar por taquilla, serían muchos menos, pero muchos, los que renegarían del valor cultural de nazarenos y vírgenes Marías.
Estos dos ejemplos, y muchos más, demuestran que cuando la cultura se considera como lo que es, un valor de una sociedad hay cada vea menos gente, incluso entre quienes se autoproclaman inteleStuales, dispuesta a pagar un precio en euros.
Recuerdo una campaña publicitaria, creo que era de una compañía telefónica, Amena, que vendía libertad a cambio de comprar un móvil.
Si la libertad de expresión se consigue sin ningún esfuerzo, si el acceso a las creaciones de otros no requiere ninguna contraprestación que permita nuevas creaciones, ya no hay libertad de expresión, será otra cosa.
Y en medio de la polémica sobre la Ley Sinde, una empresa, el grupo Prisa (en manos de una compañía yanki de seguros) cierra un medio de comunicación, CNN+. Y la libertad de expresión, en este caso, no se resiente. Patético.
Vale.

La reciente inauguración del AVE a Valencia completa las grandes ciudades que están enlazadas con Madrid en alta velocidad: Sevilla, Málaga, Valencia, Zaragoza, Barcelona… Eso hace que España se haya convertido en el país con más kilómetros de alta velocidad, y con más gente que, a alta velocidad, comienzan a ser “sensatos”.
Días atrás ya escuché a Carlos Carnicero “reflexionar” en la tertulia de la Cadena SER (Hora 25) sobre si de verdad es tan necesario y tan importante tener una gran red de alta velocidad. Hoy, un diario catalán publica un artículo “La crisis sonroja al AVE”, con un clarificador subtítulo: “Los expertos cuestionan que España continúe con una política tan activa en la alta velocidad”. Claro, Cataluña ya tiene AVE, los demás que se jodan. Seguro que esos expertos eran los que criticaban a comienzos de los 90 que el AVE llegara antes a Sevilla que a Barcelona.
Mientras que el ministro Blanco viene garantizando que la licitacion de los tramos que faltan a Galicia y a Extremadura estará hecha en 2011, son cada vez más los expertos (singularmente los potentes colegios profesionales catalanes, ahora el Colegio de Ingenieros) que dicen, qué casualidad, que no nos podemos permitir tener AVE en toda España.
Volvemos, por tanto, a lo de siempre. Mientras que la tragedia de Puerto Hurraco agotó los bidones de tinta de los periódicos (las empresas de prensa son todas conservadoras, de derechas) vinculando la “España negra” a zonas de mayoría socialista, ahora que en Olot, la Cataluña profunda, negra, suceden hechos trágicos, enseguida se desvía el asunto a analizar los problemas psiquiátricos de los sospechosos, pero no se dice nada de una región que tiene en su interior (y todo nacionalismo, el españolista también) la larva de la endogamia enfermiza que no pueden tapar con portentosas y costosas fachadas modernas en el puerto de Barcelona.
Volvemos, ahora que los ricos ya tienen lo que querían, a cuestionar si lo que ellos han obtenido gracias al esfuerzo de todos es también un derecho para todos. No, no puede ser.
En meses próximos seguiremos conociendo informes de expertos, todos bien instalados, todos bien cercanos a los poderes económicos privados, conservadores por definición, de derechas por convicción. En los próximos meses, mientras la lucha política se circunscribe a titulares de prensa y al ejercicio del “y tú más”, los expertos irán creando el caldo de cultivo que ya ha comenzado para evitar que los recursos económicos del Estado que reclaman para sus intereses no se pueda invertir en despilfarros (desde la entrada en funcionamiento del AVE a la tierra de la derecha más reaccionaria y corrupta, toda inversiónde este tipo en otros territorios, será despilfarro) en regiones poco pobladas, que no se merecen lo que ellos ya tienen.
Vale.