“Su ejecución tendrá lugar transcurridos 40 días desde el alumbramiento, continuando mientras tanto detenida en la Casa de Maternidad a la que será trasladada con las precauciones debidas. Se ordena al director del Hospital nº 1 donde está situada dicha Casa que avise tan pronto como el alumbramiento tenga lugar a los efectos de ejecución”.
Por tanto, sobre su persona pendía la pena de muerte que por suerte para ella no se cumplió. A principios de febrero de 1938 fue trasladada a la sala de maternidad del Hospital Militar de donde regresó a prisión un mes después. Para entonces, cuando los ecos del supuesto compló de las Navidades se habían aplacado en la ciudad, se reconsideró la pena de muerte y le fue conmutada esa condena por la inmediata inferior: cadena perpetua. No fue pasada por las armas, aunque comenzaba un periplo por las cárceles franquistas que tras su experiencia en la de Cáceres le llevó, en diciembre de mencionado año, a la prisión de Santander. Pero lo más importante: su vida y la del recién nacido habían conseguido preservarla, no pudiendo decir lo mismo de los once compañeros que pasaron consejo con ella el 28 de diciembre de 1937.
(“Tragedia y represión en Navidad. Doscientos republicanos fusilados en Cáceres por el ejército franquista en 1937” Pag. 236. Julián Chaves Palacios. Ed. Institución Cultural El Brocense. Excma. Diputación Provincial de Cáceres, 2008).
Al mismo tiempo, hay jueces que están promoviendo la convocatoria de una huelga para el mes de febrero de 2009.
Ambas noticias confluyen en algo que cambiará, de modo radical y definitivo, la relación que los ciudadanos tenemos con la Justicia.
Si el recurso al Tribunal Supremo sobre la sanción al Juez Tirado no prospera (esto es, si el Supremo avala la negligencia) y si los jueces convocan la huelga anunciada, ya nunca estaremos, los ciudadanos, obligados a sentir el respeto reverencial que los jueces, investidos de su poder, y revestidos de ceremonial, nos imponen. Si los jueces avalan corporativamente la negligencia entre ellos, no estaremos obligados a aceptar demoras ni tardanzas en la resolución de nuestras cuitas judiciales, y estaremos en el perfecto derecho a exigirles, sin más ceremonial que la palabra, que cumplan con sus obligaciones y no podrán, en modo alguno, aplicarnos ninguna variante de desacato. Quien no ejerce con diligencia su poder (que no su trabajo), no tiene derecho a exigirnos compostura y paciencia.
Los jueces están perdiendo la condición de poder del Estado, del ejercicio de un poder del Estado, y en ese momento, podremos anunciar que Montesquieu ha muerto.
Los jueces, los que amparan la negligencia que tiene como consecuencia (involuntaria, evidentemente, pero consecuencia al fin y al cabo) la muerte de una niña, Mari Luz, no pueden ser los que vayan a una huelga sindical.
Los jueces que así se comportan, de llevar adelante sus pretensiones (en realidad, amenazas, porque representan aún un poder del Estado), dejarán de tener el respeto de los ciudadanos, y ya no será necesario que aparezcan ante nosotros investidos de poder, sino investidos de función (que es distinto), y mucho menos consentiremos que aparezcan como sacerdotes en el ejercicio de una función superior: ya no serán, ni por función o trabajo, superiores a nosotros, porque ante los ciudadanos, su comportamiento les habrá llevado a perder el poder que ostentaban.
Y a partir de ese momento, los ciudadanos podrán perderles el respeto, porque, sencillamente, no serán merecedores de respeto alguno.
Véase a Santiago Pavón, cruzado antibritánico(anti Corte Inglés), buscando una oportunidad en las oportunidades de los grandes almacenes, jugándose el físico.
Vale
Al hacerse pública la actitud de IU de Cáceres, con Santiago Pavón a la cabeza, sobre el Protocolo de Intenciones firmado por la Ministra de Defensa, el Presidente de la Junta de Extremadura y la Alcaldesa de Cáceres, tuve la tentación de plantear una acción (solidaria) de pedagogía en favor de Pavón. Pero desistí y desisto. Sería tiempo perdido.
A finales de 2006, el entonces presidente de la Junta de Extremadura, viendo que la «operación» de El Corte Ingés no salía en el Ayuntameinto de Cáceres, dijo por la mañana que le prestaba un concejal al PP paa que se aprobara. A esas horas ya se sabía que había una traidora en las filas de la oposición socialista. El alcalde de entonces, Saponi, aplaudiendo con las orejas, se sintió encantado y saltarín. Por la noche, el presidente Ibarra dijo que a él le daría vergüenza sacar adelante un asunto de gobierno con un voto prestado. Y la operación Corte Inglés tomó otros derroteros. Y debió comenzar a llamarse «asunto Alarcón«.La vuelta del asunto Alarcón viene cargada de novedades. Ahora no es el secretario general del PSOE y presidente de la Junta el que presta votos de concejales, ahora es el presidente del único partido de la oposición (de toda la oposición histórica de la autonomía) el que, por su condición de católico ATS (lo que antes era un católico practicante), pretende realizar el milagro de la bodas de Caná: donde antes se prestaba un voto, ahora se prestan… ¡12!
No se conoce de ningún prestamista que trabaje gratis. Que preste gratis. Es más, los prestamistas están fuera del mercado financiero para prestar, a muy altos intereses, lo que los bancos no fian. ¿Por qué sus concejales no son de fiar y tienen que recurrir al prestamista para sacar un poquito la cabeza?
Vale.
Vale.





